Macarena Valdés junto a su pareja, Rubén Collío y sus hijos, habían llegado en 2014 a Tranguil, un paraje ubicado en medio de la escarpada selva de la precordillera de la región de Los Ríos. Pero su anhelo de recuperar sus raíces mapuche se cruzó con un proyecto para instalar una hidroeléctrica. En agosto de 2016, Macarena apareció colgada en su casa. Fue en medio de amenazas porque se oponían al emprendimiento. El cronista Felipe Montalva cuenta, a través de su historia, los planes de transformar los ríos en fuentes de energía y la resistencia de quienes defienden su territorio.



Fotos: Ana Paoletti y Carlos Morales

 

 

Cuando hablaba con sus amigos sobre Tranguil, el hijo de Rubén Collío les decía: “Te invito a conocer el paraíso”. La familia había llegado a este lugar del sur de Chile hace tres años con el anhelo de vivir como mapuche. Rubén, un ingeniero ambiental de 40 años, había crecido en Santiago mientras su padre y abuelo, mapuche emigrados a la warria, como llamaban a la ciudad, en su lengua, le contaban historias sobre ese sitio al que debían regresar.

 

Fue una amiga quien les cedió el terreno con una casa pequeña y cercano a un cruce de carretera. De ahí salía un camino de ripio hacia el este, rumbo a la comunidad Quillempan. El estero El Mañío, transparente bajo velos de pitras y helechos, era uno de los límites. Enfrente se alzaban, los montes del sector Trafun con sus coigües, tepas, lengas y ñires.

 

Pero los Collío-Valdés no eran los únicos que habían puesto los ojos en Tranguil. También lo había hecho, con propósitos completamente opuestos, la empresa RP Global, de capitales austríacos y chilenos. Su objetivo era producir electricidad mediante centrales de pasada. Ya habían edificado una en Panqui, en 2015, en las cercanías de Curarrehue, un poco más al norte, en la región de La Araucanía, un emprendimiento resistido por las organizaciones mapuche. El lema “Ríos y aguas libres” comenzaba a pintarse (y gritarse) en varios lugares del sur chileno, el Ngulumapu mapuche.

 

No era la primera vez que alguien ajeno llegaba hasta territorio mapuche con la intención de usar los cursos de agua como generadores de energía. Alentadas por el Estado, entre 2007 y 2012, empresas chilenas y europeas pretendieron construir diez megacentrales hidroeléctricas. Una a una, fueron expulsadas por un movimiento de resistencia. Pero, esta vez, el avance fue subrepticio. El modelo elegido era el de minicentrales generadoras de menos de tres megawatts de potencia. Esa característica les permitiría evitar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Fue en el verano de 2016, mientras algunos celebraban el retiro de una planta sobre el lago Neltume, que comenzaron a levantarse una decena de minihidros sólo en Panguipulli, la comuna donde se ubica Tranguil.

 

Desde su hogar, la familia Collío veía montes que tenían dueños. La mayoría era fundos que habían sido privatizados durante la dictadura militar (1973-1990). Las aguas del río Tranguil, incluso las del estero El Mañío, ya tenían sus derechos de uso adquiridos por particulares. La Dirección General de Aguas (DGA) reconoció, en 2016, que eran cerca de 135 los permisos concedidos para fines hidroeléctricos en Panguipulli. En este recóndito paraje de la precordillera mapuche, el modelo económico heredado de la dictadura no sólo le ponía candado a los elementos naturales sino que desplegaba un entramado, donde el dinero campeaba sobre los viejos vínculos sociales.

 

Memorias

 

Pedro Cardyn es un médico jubilado que anda por los 73 años. Acaba de publicar un libro que compila historias que observó y escuchó y no quiso guardarse. “Sangre de baguales. Epopeyas mapuche y obreras en tiempos del Complejo Maderero Panguipulli. Un efecto mariposa inconcluso” es el nombre que eligió para contar el proceso que lo tuvo como uno de sus protagonistas. Fue a fines de los 60 cuando centenares de obreros madereros reclamaron la expropiación de los fundos al recién electo gobierno socialista. En 1970 se creó el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP), en cuyo directorio los trabajadores tenían tres representantes. La lucha tuvo un resultado concreto: por primera vez hubo escuelas en poblados como Enco, Arquilhue, Chan Chan y Neltume. También talleres de oficios, postas de salud y hasta exhibición de películas. Pero fundamentalmente, los madereros conquistaron dignidad.

 

“La lucha de los madereros se inscribe en otra más profunda, la de los mapuche del territorio, muchos de ellos obreros del mismo Complejo”, aclara Cardyn.

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Esta experiencia fue ahogada por el Ejército durante las jornadas posteriores al Golpe de Estado de 1973. Decenas de trabajadores fueron fusilados en Liquiñe, a pocos kilómetros de Tranguil, o en la ribera del río Toltén, en Villarrica o en Chuihuío con una crueldad que buscaba ejemplarizar. Muchos fueron asesinados con corvos, el cuchillo insignia de los militares chilenos. Hace apenas unas semanas, los restos de algunos de estos hombres fueron entregados a sus familiares para sepultura.

 

En medio de la matanza, centenares de obreros fueron encarcelados y torturados. Muchos se exiliaron. En los años siguientes, Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet, fue designado gerente del COFOMAP. Su misión era el desmantelamiento. Los terrenos fueron vendidos por sumas bajísimas. Bienes estatales como edificaciones, maquinaria o cabezas de ganado fueron entregados a particulares de un modo que jamás se reveló. No es descabellado sostener que este fue el inicio de la fortuna de Ponce Lerou, personaje que -como hoy es público- a través de sus empresas financió a una porción generosa de parlamentarios y políticos desde inicios de la democracia. Los veintiún fundos del Complejo quedaron en manos de los apellidos de las mayores fortunas chilenas. Pero Cardyn sobrevivió para contarlo.

 

Comprando conciencias

 

Después de abandonar Lanco, una pequeña ciudad localizada en un cruce de la Panamericana, a unos 770 kilómetros al sur de Santiago, y tras cruzar algunos valles, Panguipulli surge entre lomajes que descienden al lago que los mapuche llamaron Huanehue. Su actividad comercial se aprieta en un puñado de calles. En algunas esquinas, en medio de las tiendas y las instituciones estatales, están los puestos mapuche que ofrecen mote, miel, merkén (el ají seco, ahumado y molido), el mültrüm (o catuto, el pan mapuche), las habas, papas y arvejas. Panguipulli, al igual que todo el sur chileno huele a leña encendida. Es otoño, la estación que los mapuche llaman rimü. Hace frío, llueve y una mezcla de humo y niebla corona la ciudad al atardecer.

 

Para llegar a Tranguil hay que tomar un pequeño ómnibus que sale desde la terminal. Tal como el andén, el vehículo es un lugar de encuentro. Muchos han venido al pueblo a comprar, a atenderse en el hospital o a realizar trámites. El bus se va llenando con cajas de supermercado, sacos de harina o insumos para motosierra. El verano es la temporada de los turistas y de la abundancia. Pero el otoño y, sobre todo el invierno, sigue siendo riguroso para los lugareños. 

 

La llegada de las empresas hidroeléctricas provocó la división de las comunidades. Sucedió en el lago Neltume, hace 7 años, cuando la italiana Endesa-Enel se propuso edificar una central cuya capacidad de generación llegaba a 400 megawatts. O en el río Pilmaiquén, kilómetros al sur. O en 2014, cuando RP Global apareció con su proyecto en Tranguil. El modus operandi es conocido. Un vecino conocido es captado (cuando no contratado) por la empresa para que convenza a sus cercanos de las bondades del proyecto. La empresa ejecuta lo que en su sitio web proclama “Relaciones con la comunidad”: ofrece dinero, traslados al hospital, funerales, asados, materiales de construcción o trabajo, derechamente.

 

“Cuando hay necesidad de monedas, la gente no cuestiona mucho; se deja llevar”, interpreta Jorge Weke, werken (vocero) del Koyagtun (Parlamento) de Koz Koz, una de las organizaciones mapuche del territorio. “Cuando se fumigan muchas platas la gente tiende a dividirse, a pelear y no toma conciencia del valor real que significa permitir estos proyectos. Yo siempre digo que cuesta construir y es fácil destruir. El gobierno y las empresas van por lo fácil: destruir a las organizaciones sociales y al itxo fill mongen (biodiversidad natural, para el pueblo mapuche) a cambio de transformarlo en productos de capital”.

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El viaje toma cerca de dos horas y media. Como de costumbre, llueve y los montes cubiertos de selva fría, parece se difuminan tras los vidrios. En el bus, alguien lee la Biblia. Otro charla. Los carteles al costado del camino enumeran: Pullinque, Coñaripe, Trafun, Cuesta los Añiques, Tranguil…

 

La muerte

 

Con los derechos de agua sobre una porción del río Tranguil comprados a un particular, RP Global logró la aprobación de su proyecto eléctrico en 2012. La empresa sabía que se instalaba en medio de una comunidad mapuche y algunos predios habitados por colonos chilenos. En aquella ocasión, de nada sirvió la tibia oposición de una funcionaria regional de turismo que le recordó al Servicio de Evaluación Ambiental que Panguipulli era una Zona de Interés Turístico y una Reserva de la Biósfera. Mucho menos que se vulneraba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección a pueblos originarios. La legislación, refrendada por el Estado chileno en 2008 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, ha tenido una aplicación ineficaz en todos los conflictos socio-ambientales ocurridos en tierra mapuche.

 

Los habitantes de Tranguil se enteraron gradualmente lo que se bosquejaba en sus tierras. Algunos estuvieron de acuerdo con el plan de RP Global. Fueron aquellos que recibieron regalos y ofrecimientos laborales tales como mantención de caminos y cuidado de faenas. La empresa inició obras en el otoño de 2016. Los que se oponían a la construcción de la hidroeléctrica le pidieron ayuda a Collío. Así surgió la Coordinación Newen (Fuerza) Tranguil de la que el ingeniero ambiental fue nombrado werken. El corte de la ruta CH-201, en la zona de Reyehueico, el 1° de agosto, marcó un antes y después en el territorio. El objetivo era mostrar lo que, hasta ese momento, sólo sabían los miembros de la comunidad Quillempan, a quienes la empresa ya había destruido dos cementerios tradicionales. El gobierno provincial fue conminado a hacerse presente. Comenzó un diálogo entre algunas instituciones estatales y los mapuche. Se realizaron supervisiones a la obra. 

 

Collío recuerda que en los días siguientes mucha gente lo comenzó a saludar diferente. “Se exigió respeto y la gente se sintió digna”.

 

El 21 de agosto, Mónica Paillamilla, propietaria del terreno donde vivía el ingeniero ambiental y su familia fue visitada en su casa, en las cercanías de Villarrica y a varios kilómetros de Tranguil, por dos lugareños que trabajaban para RP Global. Le dijeron que lo desalojara porque estaba complicando la situación. Además, le señalaron que algo malo podría pasarle. Al otro día por la tarde, Macarena Valdés apareció colgada de una viga en el interior de su casa. La encontró uno de sus hijos.

 

“Yo no busqué esto. Fue una comunidad que me pidió ser werken y ayudarlos contra la empresa”, dice Collío meses después en la cocina de su casa. Ha hecho un alto en su trabajo de orfebre de joyas mapuche mientras sus hijos más pequeños reclaman su atención. Bebe mate. Afuera llueve.

 

El sello policial

 

En 2016, el año de la muerte de Macarena Valdés, las Fuerzas Especiales (FFEE) de los Carabineros se hicieron presentes de un modo notorio en la región de Los Ríos. Primero fue en Lanco, donde tras algunos ataques contra maquinaria forestal en un fundo en litigio, realizaron allanamientos en varias comunidades mapuche. Por decisión del Ministerio del Interior se instaló un cuartel de FFEE en Malalhue, en las dependencias de un colegio católico.

 

En abril, tras el cierre de una obra caminera en Neltume, un corte de ruta protagonizado por trabajadores y sus familias fue dispersado con gases y balines de goma. Una bomba lacrimógena cayó en el interior de una escuela. Hubo pánico entre los niños. Por la noche, algunos carabineros detuvieron a dos jóvenes que golpearon brutalmente. Uno resultó con doble fractura maxilar. Muchos habitantes del antiguo pueblo maderero recordaron las represiones uniformadas de 1973 y 1981. También fue vehementemente vigilado el corte de ruta de la comunidad Quillempan, en Reyehueico. Tras estos hechos, la Fiscalía de Panguipulli realizó una denuncia por alteración del orden público que amenazó con cárcel, durante meses a dirigentes mapuche y periodistas.

 

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Tras la muerte de Macarena Valdés aparecieron las dudas sobre el desempeño de miembros de Carabineros. Fueron acusados de alterar la escena de la muerte. En octubre, Rubén Collío fue golpeado por la policía durante una protesta contra el cableado que se instalaba para unir la central hidroeléctrica con el sistema central.* Las imágenes grabadas por los vecinos muestran que en el operativo había vehículos blindados, camionetas, furgones y un puñado de uniformados con cascos, chalecos antibala y fusiles. Todo esto contra un hombre desarmado y sus hijos. Y sin autorización de la gobernación provincial.

 

En octubre de 2016, Rubén Collío andaba con su dolor a flor de piel. Apenas habían pasado un par de meses desde la muerte de su mujer. En su casa, sus palabras surgían entre las lágrimas. Ya nadie cultivaba el huerto. “La negra era una weichan” (guerrera), dijo aquella vez.

 

Pedro Cardyn interroga: “¿Por qué el GOPE (Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros) se ha paseado por el territorio, pasando por encima de los protocolos policiales, actuando sin orden judicial, sin orden del gobierno provincial, y ha llegado a grados de violencia con tiradores de élite y armamento de guerra? ¿Quién dio esas órdenes? ¿Por qué todos los rumores que hay en el territorio son coincidentes? Esto es terrorismo de Estado. Acá no hemos empuñado las armas; todo lo contrario, hemos llamado a la cordura. Decimos: ‘Siéntense a conversar pero respétennos’”. 

 

Seguir en pie

 

Julia Quillempan es menuda y cuando se exaspera pide disculpas. Fue una de las primeras de su comunidad en constatar las regalías de RP Global, sus ofrecimientos de dinero, electricidad más barata y “cajas de comida para el invierno” al comité de adultos mayores. Ella era una de sus miembros. “¿Qué íbamos a hacer con dos millones y medio de pesos (US$ 3.700) para un grupo de 20 personas. ¡Es una miga! Para ser una empresa tan grande”, enjuicia.

 

Su hermano no tuvo tal convicción y hasta hoy trabaja como cuidador de la central. Tras la muerte de Macarena Valdés, Julia recibió decenas de amenazas telefónicas. “Te va a pasar lo mismo que a la mujer del Collío”, cuenta que le dijeron. En febrero pasado, se aburrió y les respondió con un fuerte insulto. Desde ese día, las amenazas pararon, dice. 

 

La autopsia al cuerpo de Macarena Valdés fue cuestionada por legistas en los últimos meses de 2016. Rubén Collío presentó una querella criminal contra quienes fueran hallados culpables de la muerte de su mujer. En marzo pasado, la Fiscalía de Panguipulli trató de cerrar la investigación caratulando como suicidio la causa de muerte. La presión de las organizaciones mapuche y chilenas se lo impidió. Hoy este proceso se mantiene vigente, tal como el que entabló la comunidad Quillempan contra RP Global por usurpación de tierras. “¡Qué devuelvan el terreno y saquen la planta!”, exige Julia. 

 

-La llegada de estas empresas, ¿atenta contra un modo productivo propio?- es la pregunta que surge.

 

-Nos envuelven como si fuéramos un caramelo para dárselo a los monos. Mapuche y no mapuche no se dan valor con sus tierras. Muchos no siembran ni una mata de cilantro. Todo es comprar y comprar. Antes la gente trabajaba la madera pero no sembraban nada… Ahora llegó la empresa y los santos tontos les creyeron, responde. 

 

Pese a estar concluida, la central sobre el río Tranguil aún no entra en operaciones. Rubén Collío relata que el proyecto inicial declaraba usar la corriente fluvial por dos kilómetros. Después RP Global solicitó que se extendiera hasta ocho kilómetros. La comunidad Qullempan ha interpuesto ante la Dirección General de Aguas (DGA) un reclamo para frenar dicha pretensión*.

 

“A mí me costó retomar el rol de werken, de asesor de la comunidad”, cuenta Collío. “Era lo que buscaban al asesinar a la negra: infundir miedo, desarticular y desestabilizar la lucha que se estaba dando. Pero no tenemos miedo. La pena, la rabia, el amor son energías que uno puede reconducir hacia cuestiones positivas. Con la ñaña Julia nos reorganizamos y seguimos en pie”.

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Una épica inédita

 

Esta noche hay una actividad a beneficio en el Trafkintuwe, lugar de intercambio, en mapudungun, la lengua mapuche . Hasta hace algunos años, este galpón pertenecía a la estación ferroviaria de Panguipulli. Tras negociar con el municipio, el Parlamento de Koz Koz instaló aquí lo que considera una materialización del küme mongen,* el buen vivir para los mapuche. El Trafkintuwe es sitio de reunión de organizaciones dispersas en valles y montes. Además, opera como centro de venta de los productos de huerteras. También, es espacio para encuentros, conferencias y recitales.

 

El objetivo de esta ocasión es reunir fondos para el proceso legal que Rubén Collío comenzó en la Justicia para esclarecer la muerte de Macarena Valdés. No es el único. En Choshuenco, en Neltume, incluso en Santiago, a centenares de kilómetros de distancia, se realizan similares eventos.

 

Hombres y mujeres, mapuche y chilenos, menudean en las mesas. Hay edades diversas, mantas de lana, abrazos como saludo y bocanadas de vapor donde se mezclan charlas en castellano y mapudungun, en torno a vasos de vino y cerveza. Algunos sonríen con un relato recién traído desde una comunidad en el campo. Todos se sirven un humeante pullmay, un plato repleto de choros y almejas combinados con pollo, cerdo ahumado, papas y trozos de chorizo. Los mariscos llegaron gracias a una organización mapuche en Mehuin, localidad costera ubicada a decenas de kilómetros, que ha resistido por década y media a Arauco, una de las empresas forestales más grandes del mundo, y su proyectado ducto para verter residuos industriales al océano.

 

Sobre un pequeño escenario, flanqueado por banderas, se presentan los Werkenes del Amor, una banda liderada por Rafael Pichun, hijo del célebre lonko Pascual Pichun, de la comunidad de Temulemu, ejemplo de lucha para recuperar las tierras del fundo Santa Rosa de Colpi, al norte de Temuco.

 

Los Werkenes del Amor tocan sus corridos y guarachas. Esta noche alinean como dúo y Pichún rasguea una guitarra y canta con picardía. A su lado, su acompañante sopla, de tanto en tanto, un clarinete o una trutruka, la trompeta mapuche. Se arman las parejas y la pista se motea de bailarines. En el campo chileno y mapuche, la música mexicana dejó, desde hace poco más de medio siglo, un trazo indeleble con sus historias de amor no correspondido, alcohol y fiesta. Desde su explosivo nombre, en Los Werkenes del Amor se señalan otras cuestiones. Son mensajeros o voceros aunque no todo es amor en sus composiciones. Las letras poseen un sentido del que carecen los centenares de exponentes chilenos del género y que les emparenta, más bien, con los mexicanos Los Tigres del Norte. Son historias de resistencias, de campesinos mapuche que se enfrentan a la policía que está al servicio de las forestales; de un amor que no se extingue pese a estos apuros. De una épica, hasta hace poco, invisibilizada. De un proceso que comenzó, que tiene centenares, miles, de protagonistas, y que pareciera reiterar el refrán mapuche “Küñe Tranapule, mari witrapürayayngün”: Donde uno cayó, diez se levantarán.


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