¿Qué pasó entre las 11:32 y las 11:39 de la mañana del 1 de agosto de 2017 a orillas del río Chubut? Son siete minutos fundamentales sobre los cuales, en un año de investigación, el Poder Judicial argentino no pudo explicar con detalle cómo ocurrieron los hechos. El cuerpo de Santiago Maldonado apareció. Los peritos determinaron que murió ahogado. Y allí terminan las certezas.



11.32 de la mañana del 1 de agosto de 2017 es la hora que marcó la biografía de Santiago Maldonado con un destino fatal. Es el momento exacto en el que el primer gendarme saltó la tranquera de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Los efectivos volvieron de la orilla del río Chubut a las 11.39. En ese lapso de siete minutos se monta una escena irreversible. Los siete minutos más importantes del último año: los hombres encapuchados corren, las mujeres y los niños se quedan en la casilla, los gendarmes disparan balas de goma. Siete minutos sobre los cuales, en un año de investigación, el Poder Judicial argentino no pudo explicar qué pasó. Siete minutos que se clavaron en la historia política del país como una estaca. Una línea de tiempo a la que Santiago no sobrevivió.

 

El destino de Santiago Maldonado fue una incógnita absoluta durante 77 días. La investigación judicial tardó ese tiempo en responder la pregunta inicial que se replicó en marchas, redes sociales y recorrió el mundo: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Con el hallazgo del cuerpo la muerte reemplazó a la ausencia y desplegó nuevos interrogantes que obligan a volver sobre lo que pasó en los siete minutos fatales.

 

Cuando una persona desaparece y muere en un operativo represivo coordinado por funcionarios del poder político no alcanza una autopsia para explicar esa muerte. Una desaparición en democracia no puede ser analizada bajo un microscopio, en un laboratorio aséptico, sin entender el contexto en el que se produce. Es necesario mirarla en una serie que va desde las históricas vulneraciones a los derechos humanos pero también con los nuevos escenarios que plantean las formas de violencias institucionales actuales en la que se yuxtaponen distintas capas que van desde la violencia física hasta la negligencia, la indiferencia, la inacción o la complicidad judicial y política. Cuando los agentes del Estado actúan por fuera de los estándares permitidos y el uso de la fuerza es irracional y desproporcionado puede derivar en múltiples formas de violencias y en diversos niveles de intensidades, desde el hostigamiento policial hasta la desaparición forzada. No hay una idea unívoca: así como no toda desaparición de una niña, adolescente o mujer adulta configura el delito de trata. El Estado no deja de ser responsable, pero los delitos son otros y resulta urgente buscar nuevas formas de enunciación. Hasta ahora, el Poder Judicial omitió este contexto y  no complejizó el escenario.

santiago_zaninelli_portyap_02

***

El sargento Orlando Yucra, un mendocino de 43 años con más de dos décadas de servicio en la fuerza, fue el primero que saltó la tranquera y entró en territorio mapuche. Mientras él cruzaba, otros cortaban la cadena para permitir el paso de las camionetas. Eran las 11:32 de la mañana del 1 de agosto de 2017. El operativo había comenzado el día anterior, cuando los miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen cortaron la ruta 40 para reclamar la libertad del lonko Facundo Jones Huala.

 

El relato de los siete minutos después de que Yucra saltó la tranquera es difuso. Sólo se conocen fotogramas de una película incompleta. Los diez encapuchados que habían cortado la ruta escaparon en abanico hacia el río. Uno de ellos no conocía el territorio: Santiago Maldonado, el Brujo, el Lechu, siguió al resto. Hasta ese momento no había avanzado más allá de la casilla de guardia. Había llegado el día anterior, después de diez meses de viajar por Chile y la Patagonia argentina, y era la primera vez que visitaba la comunidad. Se había puesto a disposición para defender el territorio ancestral pero las reglas mapuche no le permitían atravesar ese límite.

 

Cuando uno de los peñis dio la orden de replegarse porque Gendarmería avanzaba, la única regla era escapar. Una foto registró la huida. Esa imagen, la última de Santiago vivo, es una de las pruebas que Gendarmería intentó ocultar y que fue rescatada de uno de los discos rígidos secuestrados. A las 11 horas 32 minutos y 33 segundos se lo ve corriendo a unos pocos metros de la casilla de guardia. La campera celeste que le había prestado uno de los peñis resalta entre el gris y el verde del paisaje. Esa era la primera de varias capas de ropa que se había puesto para capear el frío patagónico.

santiago_zaninelli_caja_03

No hay fotos de lo que pasó en la persecución. La única evidencia que tiene el Poder Judicial para saber lo ocurrido hasta las 11 horas y 39 minutos son los testimonios mapuche y gendarmes. De acuerdo a estos relatos, Santiago volvió sobre sus pasos, agarró la mochila negra que estaba en la casilla y escapó algunos metros detrás de Lucas Pilquimán, un mapuche de 19 años que había participado del corte de ruta. Entre ocho y diez encapuchados llegaron a la orilla y se tiraron al agua en distintos puntos del río. “En un momento iba nadando y me hundí por la ropa y en un pozón que hay, el agua me tapó”, contó el joven en diciembre de 2017 cuando declaró como testigo ante el juez federal Gustavo Lleral. Relató que para no ahogarse se sacó la campera y se dejó arrastrar por la corriente. Ahí vió al Brujo.

 

—Vamos, peñi, vamos —le gritó.

 

—No puedo, peñi, no puedo —respondió Santiago con el agua hasta el cuello.

 

Lucas Pilquimán logró cruzar del otro lado. “Ahí salgo y me saco el buzo y veo a Santiago que está agachado escondido entre los sauces. Esa fue la última vez que lo vi”, le dijo al juez. “Había gendarmes en la barranca arriba tirando con 9mm, escopeta y piedrazos, pero abajo en el agua estaba solo Santiago”, agregó. La versión de las balas de plomo se repite en relato mapuche; según el expediente solo hubo postas de goma.

 

En la corrida de siete minutos los gendarmes avanzaron hasta la orilla en dos grupos. Ahí Yucra se topó con dos compañeros. “Es todo como un sauzal. Veo un masculino metido en el agua, más o menos por la mitad del cuerpo. Solamente le vi la espalda”, declaró el sargento.

 

Unos 30 metros río arriba había alrededor de diez gendarmes. “Lo veo a Vera con intención de meterse al agua porque había un manifestante. Ya estaba metido en el agua y otro metido en el río tratando de cruzar”, contó el cabo primero Cecilio Fernández. En su declaración interna ante un representante del Ministerio de Seguridad, el cabo Darío Zoilán admitió haber realizado “uno o dos disparos” de postas de goma a un encapuchado que cruzaba el río. También contó que escuchó detonaciones de otros compañeros.

santiago_zaninelli_caja_04

Los testimonios de gendarmes y mapuche que llegaron hasta el Río Chubut coinciden en una escena que se repetía a lo largo de la orilla: manifestantes en el agua, uniformados disparando con escopetas antitumulto en la barranca. ¿Alguno de esos manifestantes que vieron los gendarmes era Santiago Maldonado?

 

La reconstrucción de los siete minutos que van desde las 11.32 hasta las 11.39 está incompleta. En parte por falta de testimonios de mapuche y gendarmes que permitan ubicar de forma precisa a cada uno de los actores en escena. En un año de investigación declararon menos de la mitad de los agentes que entraron a la Pu Lof y solo tres de los encapuchados que escaparon hacia el río. Algunos testimonios son incompletos o contradictorios. ¿Todos contaron todo o saben más de lo que dicen?

*** 

En la sala de la planta baja del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia se hacen entre tres mil y cuatro mil autopsias por año. El 20 de octubre de 2017 hubo una que fue inusual.  Un altar para Santiago, con velas, fotos y carteles se instaló alrededor del edificio sobre la calle Junín, en el centro porteño para hacer un duelo colectivo.

 

Adentro, cincuenta y seis peritos, especialistas y veedores rodearon el cuerpo del joven en la camilla durante doce horas. La diversidad de subespecialidades que participaron en el procedimiento no fue habitual: hubo anatomopatólogos, peritos en papiloscopía, radiólogos, tanatólogos, entomólogos, biólogos, palinólogos, odontólogos, radiólogos y antropólogos forenses, criminalistas y médicos legistas de los organismos de derechos humanos y de las fuerzas de seguridad.  El único momento de intimidad para el cadáver inerte de Santiago fue cuando su familia llegó a reconocerlo.

 

La Junta Médica confirmó el 24 de noviembre de 2017 que Santiago Maldonado murió por “asfixia por inmersión” coadyuvada por “hipotermia”. Eso explica que la muerte no fue inmediata: “se instala un proceso: se adormecen las piernas, el tronco, los brazos y después se ahoga”, explicó una especialista que intervino en la autopsia. El estudio confirmó que el cuerpo no presentaba golpes ni heridas cortantes o de arma de fuego y que no hubo arrastre.

 santiago_zaninelli_caja_05

—¿Qué preguntas quedaron sin responder de la autopsia?

 

—Todas las preguntas que se habían planteado se contestaron —dice la perito que estuvo en el lugar.

 

El gobierno de la Alianza Cambiemos y aquellos sectores que históricamente alientan la represión a las comunidades originarias se aferraron a esta información para plantear una vez más el cierre del caso: Santiago Maldonado se ahogó y punto

 

“No hay dudas sobre la causa de muerte. Pero esa información requiere la producción de datos contextuales, una relectura de cada uno de los peritajes pueden cobrar una nueva dimensión, tener otro sentido. Falta el trabajo de poner en diálogo las múltiples pericias con la información contextual”, explica la antropóloga forense e investigadora Celeste Perosino, otra de las expertas que participó de la autopsia.

 

El resultado científico de la autopsia, firmado por todas las personas que intervinieron, no consoló a la familia ni a parte de la sociedad. Tampoco a algunos sectores del periodismo, que todavía buscan respuestas dándole voz a peritos que ni siquiera participaron de la autopsia.

 

La ausencia de golpes, disparos y heridas de arma blanca y la confirmación de que Santiago murió en el lugar en el que se encontró el cuerpo desmoronaron el imaginario construido alrededor de la imagen del militante desaparecido por las fuerzas de seguridad.

 

“El problema es que se trabaja con imágenes prefabricadas de la verdad. Se apura la construcción de sentido y se imponen determinadas construcciones que son difíciles de constatar con la realidad. Es muy difícil revertir ese proceso y aceptar los resultados”, sostuvo Celeste Perosino. La investigadora trabajó durante once años en el equipo de Antropología Forense. En 2012 impulsó la creación de la organización Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) para investigar las desapariciones vinculadas a este delito. Ahora, la organización se transformó en la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV) porque entienden que detrás de una desaparición existen diferentes formas de violencias. “Como investigadores debemos trabajar con cautela y no clasificar de antemano el tipo de delito: tener hipótesis múltiples y avanzar en todas, aún cuando hay una más fuerte”, dice Perosino.

santiago_zaninelli_caja_06

***

Desde que la comunidad cortó la Ruta 40, el día anterior a la desaparición de Santiago, hasta hoy se abrieron cinco causas judiciales alrededor del operativo. El primer expediente es contra los manifestantes. En esa causa el juez Guido Otranto procesó a dos mapuche por un amplio repertorio de delitos: corte de ruta, resistencia y desobediencia a la autoridad, daños, amenazas y lesiones graves a dos gendarmes.

Un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el 2 de agosto de 2017 inició la búsqueda de Santiago Maldonado. Tres días después, ante la sospechas de la actuación de las fuerzas de seguridad, se abrió una causa por “averiguación de delito”. El 24 de agosto la fiscal formalizó el reclamo de la familia y los organismos de derechos humanos: la carátula del expediente 8232/2017 pasó a ser “desaparición forzada”. El hallazgo del cuerpo, el 17 de octubre de 2017, no modificó ese título que hasta hoy se sostiene así.

 

La cuarta causa está en Comodoro Py. A partir de la denuncia de la legisladora porteña Myriam Bregman, el juez Daniel Rafecas investiga a Gendarmería y al Ministerio de Seguridad por tareas de espionaje ilegal contra la familia Maldonado y  organizaciones sociales.

 

La última investigación judicial se inició a partir de la denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación en enero de 2018 contra siete integrantes de la comunidad y un amigo de Santiago Maldonado por “falso testimonio” por sus declaraciones en la causa de desaparición forzada.

 

Una paradoja que se vuelve síntesis para mostrar el accionar del poder judicial en este caso: de cinco expedientes que tramitan en la Justicia Federal, con una persona muerta que el Estado no pudo encontrar durante casi tres meses después de un violento operativo, los únicos procesados son dos mapuche.

 

“Desde el comienzo la Justicia no tuvo un interés real de saber lo que pasó. Eso se ve claramente en la actuación del juez Guido Otranto: las medidas que tomó iban más en línea con los dictados del Ministerio de Seguridad que con medidas urgentes para investigar lo que había ocurrido”, dice el abogado Martín Alderete, querellante por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

santiago_zaninelli_caja_07

Durante el tiempo que el juez Otranto estuvo al frente de la causa negó medidas de prueba clave como la intervención de teléfonos y eludió la posibilidad de investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Seguridad. También demoró los allanamientos a los escuadrones de Gendarmería. Con el peritaje de los celulares se comprobó que hubo filtraciones que permitieron que los gendarmes supieran de estos operativos antes de que ocurrieran.

 

A su vez, el juez apuntó la investigación al entorno de la víctima.  Antes de ser desplazado de la causa por sus declaraciones mediáticas, Otranto ordenó la intervención de los celulares de Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, de Claudina Pilquimán y otra mujer vinculada a la comunidad mapuche y de Ariel Mariotto Garzi, amigo del tatuador. Este accionar que pone a las víctimas en el lugar de sospechosos es un patrón que se repite en otros casos de violencia institucional ocurridos en democracia. En las causas por las desapariciones de Luciano Arruga en Buenos Aires e Iván Torres en Chubut los investigadores pincharon los teléfonos de las familias que buscaban a los jóvenes. 

 

Sandra Gayol y Gabriel Kessler en su libro “Muertes que importan” (Siglo XXI) caracterizan estas operaciones como affaires. “Los intentos de transformar las muertes en affaires, es decir, convertir a las víctimas en victimarios o, en todo caso, hacer que cierta sospecha sobre ellas erosione y dificulte el proceso de victimización. De este modo, se rompe la unanimidad de la condena y las posiciones públicas se polarizan”, dicen.

 

“Esos problemas al inicio de la investigación impactan en el estado actual de la causa”, sostiene Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria.  Las querellas se completan con el trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

 

En los diez meses desde que el juez Lleral está al frente de la pesquisa, ¿qué cambió? “La visibilidad y repercusión que tuvo el caso, las movilizaciones, la solidaridad y conmoción generaron que el segundo juez sea más cauteloso y que la investigación sea más puntillosa”, explica el abogado Alderete.

 

Lleral logró establecer un diálogo con la comunidad y realizar un nuevo rastrillaje que permitió el hallazgo del cuerpo. También planteó la inconstitucional de la intervención de los teléfonos del entorno de la víctima y la comunidad, tomó declaración a los buzos que participaron de los rastrillajes y a Lucas Pilquimán, y rechazó el planteo de la fiscal Silvina Ávila y del Ministerio de Seguridad para cambiar la carátula de “desaparición forzada” a “muerte dudosa”.

 santiago_zaninelli_caja_08

De todos modos, las querellas creen que el juez se conformó con el resultado de la autopsia y no avanzó en la investigación para determinar la responsabilidad de Gendarmería en la muerte del tatuador. “Desde la autopsia hasta ahora prácticamente no hubo avances”, dice Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado.

 

“¿Qué dudas hay en la investigación? Todas”, pregunta y se responde Heredia, quien exige que se conforme una comisión de expertos y expertas internacionales que garanticen una investigación independiente, imparcial y efectiva.

 

La abogada enumera los puntos que plantean huecos en la investigación: todavía no se sabe qué pasó con el celular del joven ni con la mochila que volvió a buscar a la casilla de guardia durante la huída; la cantidad de días que el cuerpo estuvo en el agua; por qué apareció en una zona que ya había sido rastrillada por los buzos de Prefectura; el contexto de militarización y de violencia desplegado por Gendarmería; y lo más importante: qué pasó durante los siete minutos en los que Santiago escapó desde la ruta hasta el río Chubut.

***

Un desaparecido en Argentina en el contexto de una protesta social remite casi de inmediato a un imaginario social instalado en la memoria colectiva por el terrorismo de Estado. La historia de las violaciones masivas de los derechos humanos lo colocan en una serie de continuidades. Sin embargo, la desaparición y muerte del joven de 28 años no puede ser analizada únicamente desde esa óptica: la construcción de sentidos y las estrategias de investigación deben adecuarse a nuevos escenarios de violencias.

santiago_zaninelli_portyap_01

 

“Es un trabajo bien arduo el de construir sentido sobre la violencia que nos atraviesa actualmente en contexto de democracia de baja intensidad”, señala Perosino. Y traza desafíos para investigaciones judiciales que puedan cercar la impunidad: “la violencia no es monolítica ni unidireccional. Estamos ante una gran diversidad de violencias que no tienen mensajes único ni se pueden investigarse con las estrategias de los ´70″.

 

En esta historia la investigación judicial resulta insuficiente: una de las medidas de prueba sustanciales de una causa es la reconstrucción de los hechos, que aún no fue realizada. Todavía falta que declaren gendarmes y mapuche. La ciencia ya aportó lo suyo con la autopsia: solo resta un estudio que está realizando el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre el DNI que Santiago llevaba en su bolsillo, para confirmar el tiempo que estuvo sumergido.

 

Después de la vorágine que produjo la autopsia, la causa se ralentizó. Parece haber quedado en aguas tan estancas como las del río Chubut. El ritmo y devenir que tome la investigación está en manos de Lleral y la construcción de la verdad depende de una serie de voluntades que empiezan con él.

 

A un año de la desaparición de Santiago Maldonado las posiciones más fuertes discuten en una lógica binaria: si se ahogó solo o si el cuerpo fue plantado. Ninguna de estas dos posturas permite centrar el debate en torno al operativo ilegal de Gendarmería, que incluyó el uso de piedras y palos, la quema de casas, robo de pertenencias y la responsabilidad en la muerte de Santiago a partir del despliegue de una violencia desproporcionada. ¿Por qué alguien que le teme al agua se metió en un río helado vestido con ropas pesadas? ¿Qué terror tan grande lo persiguió en esos siete minutos?


¿Te gustó la nota?

Suscribite al boletín de Anfibia

AUTORES

LECTURAS RELACIONADAS