Los pasos resuenan en la escalera del centro clandestino de detención, cada vez más nítidos.
— ¡Quique, Quique, tu mujer tuvo mellizos!
Rubio, percherón, de unos recios ojos claros, a Pablo se lo escucha entusiasmado. Convaleciente, vendada y esposada a los hierros de un camastro, esta tarde de abril de 1977, la mujer de Quique, María Rosa Tolosa, ha parido dos varones.
Los mellizos serán robados, apropiados por un policía de la federal y, dentro de más de veinte años, restituidos por la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Pero eso nadie lo sabe.
Para eso falta.
Hoy, a pesar de todo, Enrique Reggiardo y Maria Rosa Tolosa fueron padres.
La feliz noticia la trajo el compañero Pablo.
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La infancia de Claudio Grande no parece sombría ni extremadamente feliz. Lo dicen los testimonios orales indirectos, las actas judiciales y las cartas abiertas a la comunidad que el hombre difundió desde la cárcel. Nació el 3 de diciembre de 1951 en esos arrabales productivos de La Plata donde su padre se había instalado para trabajar la tierra.
La relación entre padre e hijo fue intensa: Claudio terminaría por conseguirle trabajo, lo contrataría en su veterinaria como ayudante y muchos años después, cuando el hombre se enfermase de cáncer, lo llevaría a vivir a su casa para que muriera en sus brazos y no en la cama de un hospital.
El veterinario tuvo al menos dos hermanos, un varón y una mujer: no se sabe mucho, apenas son un murmullo de su historia. Fantasmagorías que aparecen, alguna vez y por descuido, en las conversaciones de los últimos veinte años. Varias de sus clientas de años piensan que es hijo único. Todo lo que se sabe de ellos es que su hermana cursó en la vieja Escuela de Trabajo Social, y que el varón, según ha dicho él mismo, ha muerto en un accidente automovilístico en el año 2003.
Grande hizo sus estudios primarios y secundarios en La Plata. A los dieciséis años entró en mayordomía del Consejo de Ingeniería del Ejército. Se casó muy joven. En 1970, sin haber cumplido veinte años, inició un largo derrotero de bodas y divorcios con la madre de sus primeras tres hijas. Cuando estaba por graduarse, aún siendo un adolescente secundario, un principal del Ejército de apellido Podestá lo recomendó al Destacamento de Inteligencia 101. El momento exacto es difuso: se sabe que en 1974 Grande empezó a cursar en la Facultad de Ciencias Veterinarias, aunque las listas oficiales de la dependencia marcan como su fecha de ingreso diciembre de 1975.
El Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército dependía de la Décima Brigada de Infantería de La Plata, pero reportaba la información obtenida por sus dobles agentes infiltrados en la calle y — dicen algunos sobrevivientes— en los interrogatorios bajo tortura, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército, y al Batallón de Inteligencia 601. El personal civil que se incorporaba al Destacamento tenía un escalafón propio: Grande dice haber ingresado como IN16, Cuadro A2: redactor dactilográfico.
En ese puesto declaró haberse ocupado, sucesivamente, de las áreas gremiales y políticas: hacía seguimientos de cuántas fábricas funcionaban, cuáles estaban de huelga, y por supuesto, quiénes eran los revoltosos. Recibía información de la policía y la gobernación, y seguía de cerca los partidos políticos hasta que en 1976 fueron disueltos. Armaba estadísticas y hacía síntesis de prensa elaborando coeficientes con los temas más publicados en la prensa.
En febrero de 1977, se había ganado de sobra la confianza de sus superiores, tanto que le permitían que llevara su gato a la oficina. Cuando supo que necesitaban un mozo, se animó a proponer como candidato a su padre. Marcelino empezó el 12 de febrero, pero renunció poco tiempo después.
Grande congeniaba a la perfección su tiempo como estudiante universitario y espía del ejército. Con el aval de sus jefes militares, dejaba su puesto para cursar las veces que fuera necesario.
Treinta y cinco años después, en la Facultad de Veterinaria de La Plata, nadie quiere acordarse de que el hombre alguna vez existió. Roberto Acosta, que entró a la facultad en 1970, dirá que lo conoció un poco pero nunca sospechó de sus ocupaciones extracurriculares. Diego Sánchez Viamonte, que ha dirigido el área de zoonosis de la Municipalidad de La Plata y tiene un hermano y una nuera secuestrados, contestará por teléfono que no lo recuerda, que tal vez si viera una foto.
La única referencia la dará Luis Orlando Perea, un camarada del Destacamento 101 imputado en la misma causa que Grande. Perea dirá que era un chico obstinado en sus estudios, que en las propias oficinas del Destacamento mostraba las rarezas del oficio manipulando cadáveres de animales.
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La Plata, con algo más de medio millón de habitantes, fue una de las ciudades argentinas más devastadas por la represión ilegal del gobierno militar que entre 1976 y 1983 secuestró, asesinó y desapareció a 30.000 personas. En la región, se produjeron más de 2.000 secuestros. La logística represiva consideraba a la ciudad como un foco de riesgo, por dos razones: concentraba el aparato burocrático-administrativo de la provincia más poblada del país y tenía una de las Universidades más prestigiosas, donde el activismo político era intenso.
Para terminar con estos “nidos de subversivos”, como los llamaban, el régimen reclutó hombres de extrema confianza. A mediados de 1976, Guillermo Gilberto Gallo, que había sido decano de la facultad de Veterinaria, asumió la Rectoría de la Universidad Nacional de La Plata. Desde entonces, los vínculos entre el Rectorado y las fuerzas de seguridad fueron más que fluidos: se requerían nombres, números de documento, domicilios y fotografías de los alumnos que eran girados a las autoridades policiales y militares. Según los archivos de la Universidad, durante la dictadura, en la capital provincial hubo 765 estudiantes y docentes asesinados o desaparecidos.
Bautista Corpaniti no se llamaba así. Pero su hermana, entrevistada en esta nota, pidió reserva de identidad: que no se supiera su nombre ni su apellido, ni el de su hermano. A ella, la bautizamos como Catalina. A él, le diremos Bautista. Baustista estudiaba antropología y militaba en la Juventud Peronista, el frente juvenil de la guerrilla peronista. Tenía veinte años. El 5 de febrero de 1977, caminaba por una calle céntrica con un amigo. De golpe, se abrieron las puertas de un auto sin patente y varios hombres con camperas de cuero y armas largas les dieron la voz de alto. Los jóvenes apuraron el paso: su amigo se mezcló entre el gentío que salía del cine y se salvó. A Bautista lo alcanzaron. Desde la ventanilla de un colectivo, una amiga de su hermana vio como lo subían al auto de los pelos. No lo encontraron nunca más.
Un día de 1992, luego de haber decidido dejar atrás la noche funesta del viejo Cine San Martín y no recordar más la desaparición de su hermano, Catalina Corpaniti encuentra en la calle un perro con sarna. Le pesa demasiado la desproporción entre el suyo, que duerme tibio en la casa, y ese cuzco de mirada lastimera. Una mujer que pasa caminando le habla de una veterinaria muy humilde: queda cruzando los galpones abandonados del ferrocarril, en el barrio Hipódromo. Le dice que lo puede llevar ahí, para que lo cuiden hasta que se recupere.
Catalina lo lleva. El hombre detrás del mostrador, un cuarentón rubio de ojos profundos, se muestra dispuesto a ayudarla. El local es una sala pequeña y desangelada, casi sin luz natural, con los rincones de las paredes manchadas por la humedad y tres caniles al fondo. El veterinario le explica que en otros dos ambientes pegados a ése, igual de carenciados, vive él: Claudio Grande, mucho gusto.
Después de saludarlo, Catalina piensa que ha sido un buen debut como benefactora de animales. A ese rescate lo siguen otros. Siempre, o casi siempre, en todos los años que asista a animales callejeros, volverá a esta humilde veterinaria para que Claudio los trate: no cobra casi nada y ella sabrá –como lo saben ahora el resto de las mujeres proteccionistas– que no hay mejor veterinario que él.
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A contraluz de la resolana matutina, dos hombres jóvenes con gorras de visera y borceguíes cruzan la puerta de la veterinaria. Los siguen un hombre y una mujer de traje, y dos oficiales de justicia. No pueden ser un buen presagio: esas ropas no son las apropiadas para este pegajoso día de verano.
— ¿Claudio Raúl Grande?
— Soy yo.
— Tiene que acompañarnos. Está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
El hombre de 58 años no pregunta por qué. No insulta ni se enfurece. Cuando los oficiales lo apresan no arma ningún revuelo. Si algo se ha desatado, bulle por dentro. Parco como casi todas las mañanas de los veinticinco años que lleva en el oficio, con voz afelpada y serena, Claudio Raúl Grande prefiere pedir:
— Por favor, no me saquen esposado.
Mientras estaciona, Adriana, la bioquímica que analiza la sangre de las mascotas de la veterinaria, ve una camioneta de la policía y dos patrulleros cortando diagonal 80. Adentro, la laboratorista encuentra al veterinario rodeado por su joven ayudante, los dos funcionarios de la justicia y dos policías.
— ¿Puedo ayudarte en algo? —alcanza a preguntarle.
Sin perder la compostura, el veterinario pide que lo dejen buscar en la heladera el tubo con la muestra de sangre de un perro que, como habían pactado por teléfono el día anterior, ella pasaría a retirar.
Claudio Grande sale escoltado de cerca por los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que desatendiendo los pasos del protocolo, lo llevan sin esposas. Afuera esperan más efectivos, las patrullas, el camioncito en marcha con las sirenas titilando y algo peor, la curiosidad del barrio. Estudiantes universitarios, apostadores que salen del Bingo y jubilados de boina vasca y bombacha de campo se han convocado frente a la puerta de su local. Grande camina los siete metros que lo separan del patrullero mirando las baldosas flojas, como si lo hubieran sacado desnudo de un prostíbulo.
Son las 10:45 del miércoles 17 de febrero de 2010 cuando el convoy ululante que llegó a buscarlo abandona el barrio. Nadie entiende cómo puede ser que se hayan llevado detenido al bueno de Claudio Grande.
Adriana, la bioquímica, se abre paso entre la gente. Encara al joven asistente, que mira con cara de nada en el vano de la puerta.
— ¿Qué pasó?
— Tienen que resolver un trámite judicial.
Los días que siguen, el socio de Grande y el dirigente de la Obra Social de Veterinarios de la provincia, Mario Fregosi, colega y amigo, abrirán y cerrarán el negocio a la hora de siempre. Sin embargo, la noticia gateará de boca en boca, correrá por teléfono, volará en internet.
Las escuetas crónicas periodísticas de esos días dirán que durante la dictadura Claudio Grande actuó como Personal Civil de Inteligencia del Ejército. El teléfono del consultorio no parará de sonar. Los foristas virtuales de las asociaciones proteccionistas lo absolverán: una mujer exigirá que se haga justicia y pedirá que alguien limpie su buen nombre y honor. Otra, lo invitará a esperar a la Justicia de Dios, la única verdadera, y prometerá orar por él. Todos destacarán su espíritu solidario y humano, y ratificarán su pericia profesional.
Estamos para lo que necesites. Eso le dirán.
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