Una guerra de fuego y sangre en el Paraíso mapuche

— ¡Los pacos (policías), los pacos! —grita Lefitray y pone la mano en forma de gatillo para disparar al cielo. Asustada por el ruido de un helicóptero que sobrevuela la comunidad mapuche de Temucuicui, la menor de las nietas de don Juan Segundo, de dos años, corre entre las gallinas con una Barbie desnuda en la mano. Llora cuando el sonido del helicóptero se hace más fuerte y se esconde en los brazos de Wangülén (estrella), su prima de nueve años.
En el patio, sin prestarle atención, su tía Griselda Calhueque sirve una tortilla de rescoldo con palta, tomate y ají verde. La sombra de un sauce ayuda a capear los 35 grados de calor. A su lado, su marido Jaime Huenchullán, werkén (vocero) de Temucuicui, dice que la reacción de su sobrina Lefitray es normal entre los niños mapuches de esta comunidad. Así viven, con miedo a las fuerzas policiales.
Hace una semana, Jaime venía con los niños y Griselda desde la casa de su padre por el camino de tierra común de Temucuicui. A las once de la noche, los eucaliptus y las zarzamoras sólo están iluminados por la luna.
Cuando iban llegando al cruce del fundo La Romana (una finca que limita con Temucuicui y de donde los mapuches han recuperado tierras), un bus de la policía uniformada encendió las luces del que bajaron más de diez carabineros. El verde de sus trajes, en medio del bosque a oscuras, los hacía invisibles. A Jaime lo bajaron del auto. Sus hijos Manki y Wangülén, que iban sentados atrás, lloraban.
— ¡Bájate del auto, indio terrorista! —gritó uno de los policías mientras lo apuntaba con un arma.
— ¡Ya poh concha de tu madre! — azuzó otro.
Jaime pidió que bajaran la voz: los chicos estaban llorando. Griselda abrazó sus hijos y les tapó los ojos con las manos para que no vieran nada.
Jaime abrió su billetera, les mostró su carnet de identidad. Lo dejaron volver al auto.
¡Ándate no más, indio! —lo despidieron.
“No fue una cosa aislada. Esto pasa todas las semanas. Es peor desde que murió el matrimonio Luchsinger-Mackay en el incendio de Vilcún. Pero nosotros no hicimos nada, no tenemos la culpa, y mis hijos tampoco”, dice Jaime, masticando ají con sal.

Según las declaraciones de la Fiscalia, el 4 de enero a la madrugada,  la casona de la hacienda Lumahue, a 600 kilómetros al sur de Santiago, fue atacada por un grupo de personas. Allí vivía Werner Luchsinger, 75 años, integrante de una de las familias de terratenientes más reconocidas de Vilcún, junto a su esposa Vivian Mackay.
La versión oficial difundida por la prensa local y nacional relata que el matrimonio dormía en el segundo piso de su casa cuando sintieron ruidos. Los periodistas dicen que el anciano trató de enfrentarse a los intrusos desde la escalera: que disparó, pero lo golpearon y quedó inconsciente. Los dos viejos murieron asfixiados. Los periodistas dicen que en la investigación se descubrió que los atacantes prendieron fuego la casa con líquidos combustibles.
El crimen coincidió con la conmemoración del aniversario de la muerte del joven mapuche y estudiante universitario, Matías Catrileo, asesinado a tiros por un carabinero mientras participaba en la ocupación de una finca de la familia Luchsinger.
El mismo día de la muerte del matrimonio, comenzó la cacería contra las familias mapuches del sector. La policía detuvo al machi de la comunidad, Celestino Córdova, mientras la prensa señalaba que, en la casa, la policía había encontrado folletos reivindicando a Catrileo. 

El presidente Sebastián Piñera anunció querellas por la Ley Antiterrorista, una polémica disposición dictada en 1984, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que permite detener a una persona sin tener que presentarla ante un juez o a una audiencia de control, así como imponer penas hasta tres veces superiores para delitos comunes como incendios o tomas ilegales de terrenos. La ley dice un delito es terrorista “cuando se comete con la finalidad de producir en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie”. Cuando se aprobó, la norma recibió fuertes críticas de organismos internacionales.
Hubo seis casos de jóvenes mapuches menores de edad procesados por la legislación. Uno de ellos fue el de Patricio Queipul: el famoso niño fantasma.

***

Don Juan Segundo Huenchullán, padre de Jaime, mira en silencio sentado en una banca de madera. Tiene un aspecto taciturno: aún cuando está contento porque sus nietos fueron a visitarlo, se ve triste. Al costado de su casa hay un invernadero que construyó con sus propias manos, donde cultiva y cosecha papas, cebollas, pepinos y habas.
Don Juan Segundo escucha. No habla, pero podría contar mucho: sabe de angustia. Llegó a tener a seis de sus hijos presos por la Ley Antiterrorista.
De las 1.798 comunidades mapuches chilenas, hay 42 en conflicto. Reclaman las tierras ancestrales, derechos de agua, autonomía y, entre otras peticiones, la protección de sus lugares sagrados.
Eso dice Juan Segundo: que su familia lucha por un derecho ancestral.
Lo que hoy le sucede a los hijos de don Juan Segundo Huenchullán le sucedió a sus abuelos, a los abuelos de sus abuelos y, tras el golpe de 1973, también a él.
Durante el proceso de Reforma Agraria, a inicios de la década de 1970, la comunidad de Temucuicui recuperó el fundo Alaska. Tres años más tarde lo habían convertido en un pequeño paraíso de casas, animales y huertas. Tres años después, un golpe militar derrocaba a Salvador Allende.
Don Juan se alisa los pantalones con la mano y la sonrisa bonachona se le borra de la cara cuando recuerda los días posteriores.
— Ese día se llevaron a las mujeres para arriba —dice señalando los cerros.
“Todos fueron torturados. Las mujeres torturadas, quemadas con fuego. Y las liberaron con una advertencia: 'bajen y díganles a los demás que les va a pasar lo mismo'”, recuerda serio y dice que escuchó la historia a los 17 años. Se acuerda, junto a un fogón de una ruca.
El amedrentamiento, las amenazas no eran nuevas. Durante la ocupación militar de la Araucanía, en 1880, había pasado lo mismo.
A principios del siglo XX, los mapuches ya sufrían desalojos, asesinatos, y el armado de deudas falsas que después permitieron el embargo de sus tierras.
Hay diversas crónicas de Horacio Lara citadas en los textos del historiador José Bengoa (Historias del pueblo mapuche siglos XIX y XX) que hablan de los primeros enfrentamientos: cuenta una que un grupo de colonos asaltó la casa de un cacique, violaron a las mujeres y, luego, las asesinaron junto a sus hijos. Dejaron los cadáveres atravesados con estacas a modo de advertencia. El único mapuche sobreviviente a esta masacre se sublevó para vengarse con la gran rebelión de 1880 y 1881. En pocos meses, los indígenas arrasaron los campos en toda la comarca.
Algunos días, la familia Huenchullán revive ese encono ancestral. Cuando van a Ercilla a comprar a abarrotes o cuando necesitan sacar un turno en el médico. Al ver algún integrante de la familia Urban, o a René Urban, el latifundista, dueño de la hacienda La Romana, en una de sus camionetas todo terreno o caminando en el mercado.
Se quedan quietos, mirándose fijos, provocándose desde lejos.
— Luego seguimos de largo, meterse con él es meterse en los cachos del diablo —dice Griselda.

***

Son las 11 de la mañana. Jaime Huenchullán llega al cruce de Ercilla, salta una cerca con la naturalidad de un felino y nos saluda. Llega vestido con una camisa a cuadros, jeans y una mochila al hombro. Me estrecha la mano de forma apretada y luego extiende la mano al fotógrafo, siempre en un tono muy formal.
— Tenemos que ir a la audiencia de Collipulli a ver a unos peñis (hermanos) —dice serio mientras arregla su cola de cabello negro.
En mapudungún, la lengua de los mapuches, Collipulli quiere decir “Tierras coloradas”.
Tomamos una micro en la que se mezclan pasajeros mapuches y winkas (así le dicen los mapuches a quienes no lo son), mujeres y niños pobres con canastas y chicos de colegios privados. Un niño rubio lleva Ipad y nos lanza una mirada escrutadora. El fotógrafo dice que ese gesto no es nada, que en la cuidad de Victoria, llena de colonos alemanes, el racismo es aún peor.
En Collipulli caminamos por el medio de una feria de pollos y gallinas y allí todo el mundo saluda a Jaime Huenchullán. Él devuelve el saludo con el orgulloso gesto de un alcalde.
En la puerta del tribunal espera Víctor Queipul, el lonko (jefe de la comunidad mapuche), para supervisar el juicio de José Queipul, Rubén Queipul y Aníbal Queipul, miembros de la comunidad de Temucuicui que fueron detenidos por desórdenes públicos cuando el presidente Piñera estuvo en Ercilla.
El fiscal expone los hechos.
La audiencia dura casi tres horas. El juicio se aplazará hasta marzo.
— Pedimos la exclusión de dos declaraciones que estaban transcritas. Ni siquiera pedimos que se sacaran las declaraciones que estaban mal escritas o ilegibles —dice la defensora pública Karina Riquelme, mientras ordena sus carpetas.
Está cansada, como todos los demás. Se sienten los más de 37 grados y el sol qie se desploma seco en las calles de tierra de Collipulli. Uno de los comuneros señala una camioneta roja. Dice que siempre es la misma. Que siempre está ahí: a la salida de los juicios para tomarles fotografías a ellos y a la gente que los acompaña como una acción de inteligencia.
Debemos seguir a Temucuicui.
El lonko nos dice que el fotógrafo no va a poder entrar a la comunidad.
— Usted sabe, debemos tener cuidado, no quiero ahondar más —dice mirando al suelo. Como si se disculpara.
Luego explica que a Temucuicui han entrado hombres infiltrados fingiendo que son fotógrafos.
No es paranoia. Es persecución. Es una camioneta que te observa, son las fotos que te sacan, las amenazas a periodistas, a fotógrafos que registren cualquier situación de violencia contra los mapuches. Es una especie de mensaje de los carabineros. Si te metes con ellos, si ayudas a los mapuches, vas a pasarla mal.
El mensaje lo recibió la cineasta Elena Varela, directora del documental Newen Mapuche. Primero le robaron varias veces: nunca le desapareció nada de valor. En 2008, la detuvieron acusada de “asociación ilícita por delinquir y de dos delitos de robo con violencia”. Estuvo cuatro meses en la cárcel. Luego, le dieron prisión domiciliaria. Después de un año y medio de investigación, la absolvieron.
El hostigamiento aún no cesa.
El fotógrafo dice que en 2009. mientras sacaba fotos del allanamiento a una comunidad recibió perdigones en la cara. Que los fotógrafos que trabajan junto a los mapuches, deben subir las fotos a Internet inmediatamente después de sacarlas. Que para resguardar el material de posibles allanamientos tienen que dejar las computadoras lejos de sus casas.
— Una vez en una comisaría de Arauco me rompieron el lente de la cámara y me robaron dos tarjetas de memoria con el material — dice para explicar por qué acepta tan sumiso la decisión del lonko. Luego se aleja. Se despide con la mano.
Cuando llegamos al cruce de Ercilla, Jaime dice que entraremos a la comunidad en su auto, un Chevette caprichoso que a veces arranca y otras no. No enciende. Pero esta vez tenemos suerte, el bombero de la gasolinera, se ofrece a empujar. El auto arranca.
En el trayecto, vemos pasar una camioneta de carabineros. Los consejos del fotógrafo cobran sentido. Jaime me cuenta que un bus de la policía no se mueve de los límites del fundo La Romana. Y en el camino a Pidima, muy cerca de la comunidad, están construyendo una estación de policías de Fuerzas especiales.
— Ahora sí que estaremos rodeados —dice alzando las cejas en un gesto de resignación.
Comienza a llover goterones gruesos. Jaime saca la mano por la ventana. 

Hace dos años, cuando se graduó de cuarto medio, Vania Queipul, hija del lonko de la comunidad de Temucuicui, quiso ir a recibir su diploma con la vestimenta típica mapuche: con su trarilonko (cintillo de joya) y su küpam (vestido). El director del Liceo Publico de Ercilla dijo que no. Vania insistió. Hizo público su conflicto, alegó discriminación, y a fines de diciembre del 2011 pudo llegar a la fiesta enfundada en las ropas de sus ancestros.
Ahora, sentada en la banca de una ruca, vestida con una camiseta calipso y calzas negras, dice que no siempre las cosas salen como uno quiere.
A los 15 años, acusada de quebrar los vidrios de la Fiscalía de Collipulli, pasó una noche en el calabozo. Después de un juicio que duró meses, fue declarada inocente. El fiscal apeló la medida pero ella volvió a ser absuelta.
“El otro día, mi mejor amigo Jorge, me dijo que su mamá no quería que se juntara más conmigo. Dijo que mi familia y yo éramos unos terroristas —dice con la voz entrecortada—. He perdido hartos amigos porque sus papás les dicen lo mismo. Y cuando la gente me mira de forma extraña, de reojo o habla a mis espaldas, yo lo siento. A mí me gustaría que supieran que sufro, que a veces me siento sola”.
En octubre del año pasado, durante la visita del presidente Sebastián Piñera a la ciudad de Ercilla, allí estaban las mujeres de las comunidades vestidas con trarihues (fajas) y munuloncos (pañuelo en la cabeza).
— ¡Vendido concha de tu madre! ¡Ándate de aquí! —gritaban mientras agitaban palines de chueca.
La policía las seguía de cerca.
Esa mañana, Vania sintió una cosquilla en la mano derecha, un pálpito que le decía que no tenía que ir. Pero fue.
Los gritos subían de volumen y la policía se acercaba. Se llevaron a los hombres a rastras.
“Durante todo el día tuve un witán (presentimiento)”, dice rodeándose la muñeca con la mano izquierda.
La subieron al bus a empujones. Cuando tropezó y cayó al suelo uno de los Carabineros le pisó la mano derecha, que le empezó a sangrar. En la tenencia de Collipulli una policía mujer la abofeteó y le tiró del pelo. Ella aguanto callada. Fue la única mujer detenida por la policía de fuerzas especiales.