Leandro Miguel Alcaraz manejaba un colectivo de la línea 620, atravesando La Matanza de punta a punta. El domingo, dos jóvenes subieron sin crédito en la SUBE. Discutieron y unos minutos después lo mataron de dos balazos. La profesión de colectivero, un empleo formal, estable, sindicalizado, se convirtió en algunas zonas en un trabajo de riesgo: hay 15 ataques diarios contra los trabajadores del volante. Y los que se jubilan, terminan maltrechos. La crónica de un chofer de la línea 60.



Es el tercer domingo de abril y hay menos tráfico que el habitual. Las calles de La Matanza lucen vacías. Detrás del volante del interno 103 está sentado Leandro Miguel Alcaraz, chofer de la Línea 620. Leandro conduce despacio, atiende el timbre y cobra boletos mientras atraviesa, de punta a punta, las calles desparejas del municipio más habitado de la Argentina. El colectivo se bambolea entre los pozos, circulando entre una hilera de casas bajas. Para en una esquina y suben dos jóvenes de unos 20 años. No tienen crédito en la SUBE y le piden al chofer que los lleve. Discuten. Una pasajera se ofrece a pagar los boletos, pero Leandro desiste y los deja pasar. No quiere problemas, menos en un barrio como San Justo. Sin embargo, los jóvenes comienzan a insultarlo. El chofer los ignora y fija su vista en el recorrido. Al llegar a la esquina de Burela y Concordia, en Virrey del Pino, los jóvenes se acercan a Leandro, lo insultan. Vuelven a discutir y el cruce de palabras termina en dos disparos: uno en la cabeza y otro en el corazón del chofer. Los jóvenes huyen y Leandro queda sentado sobre el asiento del colectivo. La camisa, el asiento y el piso quedan cubiertos de sangre.

 

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¿Desde cuándo ser colectivero se convirtió en una profesión de riesgo? Delincuencia hubo siempre, pero atentados contra los choferes no. Al menos no de la manera en que se vienen repitiendo en los últimos tiempos. “Antes había códigos, el delincuente era un señor que cumplía su trabajo: subía, con un buenas tardes, te sacaba ‘la reca’ y se iba. Era otra cosa, tenían códigos, no como ahora que estos guachos te boletean por un celular”. Carlos Guido Spano es jubilado en el transporte, mientras habla sus compañeros asienten. Los choferes insisten en que los tiempos cambiaron, como cambió la sociedad -y la delincuencia también, por supuesto-. El cambio se percibe en cifras. De acuerdo a los datos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los choferes, ocurren 15 ataques diarios contra los trabajadores del volante. “Esto no da para más”, dicen.

 

Por los grupos de whatsapp circula una foto de Leandro. En ella se ve sangre sobre el parante del colectivo, sobre el vidrio y en las cortinas. Leandro está detrás, abandonado en el asiento del conductor. Comentan los testigos que uno de los pasajeros condujo el micro hasta el hospital Evita; agregan que el esfuerzo fue en vano, que pese a las buenas intenciones, Leandro murió en el camino. En la cabecera de Pontevedra, sobre la colectora de la General Paz, bajo el techo de chapa de un tinglado mal pintado, sus compañeros repiten “Leandro está muerto, a Leandro lo mataron”. La respuesta de los casi mil choferes fue inmediata: sin esperar una asamblea ni la autorización del sindicato, paralizaron el servicio. Los conductores de la empresa La Nueva Ideal, que gestiona las líneas 620 y 382, dijeron basta. En el tercer atentado en menos de una semana, y después de perder a uno de los suyos, cortaron por lo sano y antes de la medianoche se congregaron sobre las puertas de la comisaria segunda, adonde llegaron exigiendo justicia y de donde no se retirarían sin una respuesta.

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La imagen es triste. Cientos de camisas celestes aplauden al unísono y cantan en coro: “justicia, justicia, justicia”. Uno de los manifestantes, con el rostro empapado en lágrimas, la voz ronca y entrecortada, dice: “La hija cumple años mañana. Él sacrificó su franco porque no le dieron el día lunes para festejar con su hijita. Era un muchacho muy humilde en toda condición”. Otro de los choferes se acerca a consolarlo, lo abraza con fuerza y lloran juntos. Los trabajadores están unidos, en la desgracia, pero unidos al fin, y eso es algo difícil de romper. Tan difícil que pasan la noche sin dormir y antes de que amanezca ya están cortando la ruta 3, paralizando el tráfico en todos sus sentidos. Para eso cubren los accesos con los colectivos y queman llantas sobre el pavimento. Buscan soluciones, saben que no la tienen fácil, que la respuesta no llegará del Estado ni del gremio. “Mucho menos del gremio”, comenta un chofer.

 

Los choferes insisten en que la delincuencia no es la única fuente de violencia en su trabajo; también denuncian patoteadas por parte del sindicato. Según afirman, el gremio liderado por Roberto Fernández tiene una larga trayectoria de amenazas y aprietes. Hablan de barras bravas de los clubes Chacarita y Nueva Chicago. Los primeros en denunciarlo fueron los Metrodelegados, también lo hicieron los choferes de la Línea 60, al igual que los transportistas cordobeses. Un trabajador, que prefiere el anonimato, dice: “La UTA siempre mandó patotas, sino fijate en lo que pasó en la Plaza Once (se refiere a la movilización de choferes autoconvocados contra el aumento paritario del 8%), está todo filmado, ese día le pegaron a Kike en la estación, y a Zabala de la 165 lo dejaron internado, casi se muere y eso que él no había ido a la marcha, estaba pidiendo que le autoricen una orden porque tenía a la hija internada; para peor, cuando salió del médico, la Metropol le mandó el telegrama de despido”.

 

Tampoco confían en las acciones de los gobiernos. “El gobierno es lo mismo, no quiere quilombo. Nos arreglan con promesas que después no cumplen”.

 

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Los gobernantes hicieron promesas para frenar la delincuencia en el transporte. Cada gestión repitió el mismo discurso: se habló de botones anti pánico, de cabinas blindadas y de cámaras de seguridad. Sin embargo, ninguno de estos elementos se ha implementado. Uno de los manifestantes reconoce que algunas unidades cuentan con cámara de vigilancia: “Eso lo usa la empresa para sancionarnos si nos mandamos alguna. Decime vos, ¿en qué te puede ayudar que te filmen mientras te roban? Fuera de broma, es un chiste eso”. Un chofer de la línea 60, que se acercó al corte para brindar solidaridad, dice: “En el 2010 le cortaron el dedo a uno de nuestros compañeros, hicimos un terrible quilombo, cortamos todo, bajó (Daniel) Scioli y nos dio una reunión, todo muy lindo, pero no solucionaron nada: pusieron un par de policías en las paradas y al mes ya no estaban. Todo siguió igual”.

 

Otro de los factores de peligro que denuncian los choferes son las zonas liberadas por la policía. No hay cifras oficiales, por supuesto, pero hay varias sospechas de que las zonas liberadas son fuente clave de “recaudación” de las comisarías, como se hizo público luego del caso Luciano Arruga. Mientras los trabajadores mantienen el corte sobre la ruta 3, un grupo de choferes se comisionó para levantar el reclamo en el municipio de La Matanza. Luego de varias horas de espera se fueron de allí con las manos vacías. “Nos dijeron que vayamos a protestar a La Plata, que ahí está la Gobernadora. Dicen que Ritondo se va a reunir con la UTA”.

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Los empresarios, junto con el sindicato y el Estado, son el tercer factor de desprotección de los choferes. La política de las compañías tranviarias se traduce en lo siguiente: acumular la mayor ganancia posible mediante subsidios estatales e invertir lo mínimo indispensable. Las condiciones en las que circulan la mayoría de los 19 mil colectivos que cubren el radio de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires no son las mejores; tampoco la frecuencia con la que trabajan. Y son los choferes los que ponen la cara ante los usuarios y sus quejas. Daniel Silveira, con 15 años de antigüedad, dice: “Yo entiendo a los pasajeros cuando se enojan porque el colectivo no pasa, pero ellos tienen que entender que la culpa no es nuestra, sino de la empresa. Mi familia se toma el bondi, yo me tomo el bondi también. Los que se la roban toda y no invierten en poner los coches en la calle son los patrones. Y a ellos no les importa, ellos viajan en auto, olvidate”.

 

Casi la totalidad del sistema de transporte de corta y media distancia se encuentra en manos de 4 grupos societarios: DOTA, La Nueva Metropol, ERSA y Azul SATA. Estos oligopolios se hicieron fuertes durante el menemismo, cuando comenzaron a controlar la totalidad de las concesiones. Consolidaron su poder gracias a un decreto de emergencia dictado por el gobierno de Eduardo Duhalde en el que preveía los subsidios al transporte. De aquel tiempo a esta parte, la principal entrada económica de las empresas dejó de ser la venta de los boletos y pasó a estar representada en los subsidios estatales. Por esta razón, los empresarios privilegiaron mantener las unidades estacionadas y así ahorrarse las cargas que representan los trabajadores. Hasta que el gobierno de Cambiemos cerró los datos públicos del SISTAU (Sistema de Transporte Automotor), se podía acceder a la información y conocer la cantidad de compensaciones otorgadas a cada empresa, que superan ampliamente los 100 mil pesos por cada colectivo. Además, continúan siendo beneficiadas con un precio preferencial en la compra del gasoil y obtienen del Gobierno préstamos a tasa negativa para la renovación de las unidades. Teniendo en cuenta que estos grupos fabrican sus propios micros, el negocio sería redondo: ellos ganan y ganan y los pasajeros, bien gracias.

 

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El cuarto factor de desprotección se desprende de la profesión misma. La realidad de los choferes dista de ser la ideal: si bien la jornada está establecida en 7 horas 40 minutos, en la mayoría de los casos los turnos rondan entre las 8 y las 15 horas diarias, obligados a cumplir un horario acotado, con un sueldo básico que apenas supera los 20 mil pesos mensuales. Los choferes están expuestos a los riesgos del tráfico, de la delincuencia y al desgaste propio de la profesión: padecen enfermedades crónicas como estrés, obesidad, hipertensión arterial y otras dolencias cardiovasculares, problemas cervicales, entre otras. Además de estar establecido como “trabajo insalubre”, es el oficio con más cantidad de muertos por infartos y, de acuerdo con los datos de la ART, un chofer que entra a trabajar a los 25 años y logra jubilarse a los 55, tiene en promedio una sobrevida de apenas cinco años más. A su vez, trabajadoras del transporte no están contempladas en el convenio colectivo de trabajo. Y denuncian que no se les respeta el receso entre vuelta y vuelta y que no cuentan con el “día femenino”.

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Por las los grupos de Whatsapp y Facebook de los colectiveros se vive un debate en torno a la figura de los victimarios. En el grupo de Facebook “Todas las líneas argentinas (Oficial)”, foro de debate de los colectiveros, se expresaron mensajes como estos: “Vi el video es tremendo dan ganas de ir con una 9 y buscar a cada hdp que arruinó esta familia y cargarlos a tiros”. Y también: “Si son estos 2 cachivaches ¡encima le tenemos q dar de comer 25 años q se comen en cana ¡hay q cortarles la cabeza y listo”.

 

Pese al sentido de justicia por mano propia, ampliamente difundido, no todos los choferes creen que esa sea la salida. Marcos Ayala, ex delegado de la empresa Nueva Metropol, dice: “No hay que cederle la mano al Estado y decir que hay que poner penas más duras, más policías y más cárceles, eso es una gran mentira: acá hay que poner más escuelas. Todos los gobiernos están recortando el dinero que va a la educación y lo extienden en rejas”. Sí alguien sufrió la violencia al volante en carne propia es él: primero en 2016 y la segunda hace poco más de un mes; terminó hospitalizado con contusiones graves y el tabique partido.

 

A las diez de la noche del lunes 16 de abril, los trabajadores mantienen el corte sobre la ruta 3. El fuego que sale de las llantas ardiendo ilumina los rostros de los choferes. La autopista se ve vacía, a excepción de un pequeño despliegue policial. Por los grupos de whatsapp se comenta que ya entregaron el cuerpo y que pronto comenzará el velorio. Dicen que la familia está llegando desde Corrientes y dicen, también, que el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, acaba de anunciar por los medios la implementación de cámaras de seguridad y la promesa futura de los botones antipánico. Se escuchan puteadas. Ninguno de los compañeros de Leandro fue citado a esa reunión, de la que sólo participaron miembros de la UTA y de la cámara empresaria. Todo parece indicar que el crimen de Leandro Alcaraz no será el último. Mañana, cuando se levante el paro de transporte y los más de 100 mil choferes vuelvan a las calles, el riesgo de una nueva tragedia estará latente. Pero eso será mañana, hoy deben velar a otro compañero.


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