Forzar a los docentes a una derrota “ejemplificadora”, puede desmoralizar el activismo, aislar a las organizaciones y erosionar la idea de que existen alternativas. La mayoría de la dirigencia opositora, dice Alejandro Grimson, no comprendió la relación de fuerzas político-culturales en juego. En su “batalla cultural”, el gobierno nacional estigmatiza y polariza para que un sector de la sociedad tramite su bronca contra piqueteros, obstruccionistas y maestros desalmados.



El deterioro social es la razón por la cual una cantidad pocas veces vista de argentinos salieron a las calles en marzo de 2017. Pero el gobierno nacional niega esta causa. Su argumento es anti-sociológico: si esos centenares de miles hubieran ido “por el choripán”, como dicen, podrían haber ido seis meses antes. Pero hace un semestre, muestra el análisis social, el gobierno estaba mejor que en marzo. Es la economía, querido. Y también, la economía política de la cultura.

 

Desde febrero el gobierno había estudiado los pasos que daría para destruir la paritaria nacional docente, con el objetivo de provocar a los maestros e intentar forzarlos a una derrota que pudiera resultar “ejemplificadora”. Derrotar para ajustar. Las estabilizaciones de planes económicos y políticos similares al actual requieren de derrotas sociales que desmoralicen al activismo, que aíslen a las organizaciones, que erosionen la idea de que existen alternativas. Así fue con el Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959 o con ferroviarios y telefónicos en 1991-1992 y hay más ejemplos. Las dictaduras derrotan con represión sistemática, los gobiernos electos necesitan otras derrotas, incluso para apelar a la fuerza represiva en nuevas condiciones.

 

La mayoría de la dirigencia política y social opositora no comprendió que en el conflicto docente está en juego mucho más que una paritaria. No está en juego sólo la educación, sino una relación de fuerzas político-culturales. Es el sitio exacto donde se tramita el proceso hegemónico en esta coyuntura. El futuro inmediato depende de su resolución. Y hasta ahora hemos visto tanta imaginación política del gobierno como fragilidad del amplio arco opositor.

 

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La coyuntura previa fue negativa para el gobierno desde el escándalo del Correo y las movilizaciones de marzo. Sin embargo, ante el “clima de movilización”, se presentaron dos problemas. El primero es que la minoría intensa de la población que desprecia esas protestas compró (casi antes de que le vendan) algunas ideas: que la multitudinaria marcha del 24 de marzo se asocia a uno o dos dirigentes; que la esencia de la marcha de la CGT fue su conflictivo final; y así sucesivamente. La idea que subyace es más extensa: si no estás de acuerdo con ciertas medidas, sos opositor; si sos opositor, sos kirchnerista; si sos kirchnerista, sos antidemocrático o corrupto. Así, una masa tan heterogénea como la del 7, el 8, el 24 de marzo o la Marcha Federal se reconvirtió en “destituyente”. Ya lo dijeron las autoridades: el gobierno no tiene problemas con los docentes, sino con unos pocos sindicalistas.

 

“Destituyente”: el gobierno utiliza claves heredadas del kirchnerismo para nombrar su propia polarización. Equipara las calles de marzo, y sobre todo la fabricación de una “argentina bloqueda”, al conflicto por la Resolución 125 del año 2008. No sólo eso: también ellos van a dar la “batalla cultural”. Claro que no tendrán su patio de las palmeras literal, pero cuidado que a más de uno se le puede escapar “vamos por todo”.

 

Esas operaciones por las cuales quien no está de acuerdo termina siendo corrupto, en antropología hace décadas que ese llaman estigmatización. Y es el procedimiento favorito del presidente: “fueron por un choripán”. Los “otros” son carentes de voluntad, no son sujetos de derecho.

 

Se trata de reconvertir reclamos ciudadanos, demostraciones cívicas y protestas gremiales en acciones corporativas, egoístas, llevadas a cabo por locos, corruptos o desestabilizadores. Allí mismo está el espesor hegemónico. No es sólo la acusación. La acusación tiene un excedente de sentido, que puede derramar legitimidad a un gobierno obstruido, tan transparente y republicano, tan atacado por incorregibles.

 

De ahí, la polarización como estrategia. La Argentina está en una guerra de palabras y de símbolos. Y corre el riesgo de agravar esa belicosidad que atenta contra el debate democrático. A ese riesgo ahora se le sumó otro: que una cara de esa belicosidad adquiera cada vez más la forma del machete y del gas pimienta que Baby Etchecopar celebra a los gritos contra “los negros de mierda”. Porque en la Argentina no hay racismo. Ni negros. Sólo palazos al ritmo del himno nacional, según sus palabras. Y como él dijo: son palazos con nuestros impuestos. Y contra nuestra Constitución.

 

El exasperante discurso de Etchecopar que celebra la represión genera adhesiones y rechazos de minorías intensas. Pero posiblemente apunte a más: a ensuciar a todos los que protestan, a amedrentar a eventuales adherentes. Pero esto también exige una pregunta: si este in crescendo de la polarización incluye represión, ¿qué sucederá si esa represión le ofrenda otro muerto a las fuerzas represivas? Sabemos que cuando las fuerzas de seguridad tienen libertad de acción jamás hay seguridad acerca de los resultados de su accionar.

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El gobierno nacional ha mostrado grandes reflejos para modificar los discursos y estrategias políticas. Después del Correogate (que quizás fue el momento que Mirtha Legrand no recordaba cuando intentó precisar “cuándo empezó el derrumbe”) y de las intensas y multitudinarias movilizaciones de marzo, el gobierno recuperó la iniciativa. Y despliega una ofensiva que puede resultar riesgosa para el país.

 

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No es el primer cambio de Macri. Su momento más moderado fueron los meses previos a la elección presidencial cuando afirmó que no modificaría nada de lo que se hizo bien. En contra de la opinión de los “halcones”, su discurso de asunción planteó tres objetivos: “unir a los argentinos”, “pobreza cero” y terminar con el narcotráfico. Mientras estrenaban sus despachos, la mayoría de los funcionarios pensaba que la economía arrancaría rápido. Por su propia presencia y por tres medidas que aumentarían la llamada “confianza”: liberación de venta de dólares, baja de retenciones y pago a los fondos buitre.

 

Pero la economía no arrancó y los números del mini-crecimiento de 2017 se parecen a lo que algunos economistas llaman “promedio testicular”. La mitad de la población del mundo tiene dos testículos y la mitad no tiene. El promedio es un testículo por ser humano, pero no hay (casi) seres humanos con un testículo. Es decir, la fiesta de unos pocos sectores se promedia con el aumento general de la pobreza, del desempleo y la caída del salario real. Y aunque el excel pueda dar bien, las grandes mayorías están peor.

 

Cuantos menos éxitos económicos, más polarización. Hasta fines de 2016, una porción de la población afirmaba en las encuestas que no estaba mejor, pero que confiaba en estar mejor en el futuro. El gobierno tenía crédito. Cuando explotó el correogate, el teflón de los Panamá papers se quebró y el presidente bajó su popularidad. Mientras sonaban las alarmas en Palacio, más gente salía a reclamar a las calles. Inviabilizado aquello que el economista ortodoxo José Luis Espert denominó “populismo de buenos modales”, el gobierno sentía que estaba contra la pared del déficit fiscal. Y desenfundó la espada.

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¿Qué busca el gobierno? Ese amplio sector de la población que le dio tiempo y se desilusionó tiene resquemor, bronca. Pero esa bronca, incluyendo la que otorgó caudal a las movilizaciones de marzo, no tiene automáticamente representación política. La enorme heterogeneidad de tradiciones ideológicas, partidos, organizaciones sindicales y sociales, y de “gente suelta” a raudales no puede hoy ser sintetizada por ninguna figura política ni por ninguna identidad definida. Ese es el mayor problema de la oposición: nadie ni nada sintetiza la heterogeneidad de las calles. Y nada indica ni que se haya comprendido cabalmente ni que estén dadas formas para una resolución. No sólo porque es difícil que surja una figura que sintetice esa diversidad antes de las elecciones, sino porque tampoco se ven decisiones para iniciar el arduo camino de articular las diferencias en una confluencia contra el neoliberalismo.

 

En ese contexto, el gobierno decide disputar, significar y reconducir la bronca. Resignado a que un sector se oponga crecientemente a sus políticas, apuesta a que sea minoritario y a vencer en octubre. A través de la estigmatización y la polarización busca que al menos un sector tramite su bronca contra piqueteros, obstruccionistas, maestros desalmados, choripaneros de toda calaña y ya que estamos, por qué no, también inmigrantes.

 

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Para soñar con ese país unido sin peronismo, con una democracia que amenaza con proscripciones, el gobierno cuenta con multiplicar el volumen de la voz de unos pocos dirigentes opositores sin volumen político, que les resultan funcionales por recurrir ellos mismos a procedimientos idénticos de estigmatización, simplificación y doble estándar. Maniobra para identificar con esas pocas voces a la heterogénea fragmentación opositora. Y cuenta con una audacia de marketing que por ahora paga dividendos. No sólo son intrépidos al agigantar la marcha del 1 de abril, que fue analizada por Pablo Semán en Revista Anfibia. También se ve en el discurso del presidente aludiendo al paro del 6, cuando dice que “no paró el país”, sino que fue un “activador del cambio”. Y en la represión a los docentes del domingo 9 de abril, que sobrepasó los límites del propio gobierno hasta ahora.

 

¿Tiene chances de éxito esta estrategia del gobierno? En términos electorales y de opinión pública, los intentos de dividir el país en dos y deslegitimar los reclamos, pueden tener éxito. Los votantes no son estáticos. Si lo fueran, Menem hubiera perdido las elecciones de 1991 y de 1995. Para sostener su capacidad hegemónica el gobierno está lanzando al mercado político nuevos productos para incrementar la polarización. Y no puede descartarse para nada que haya sectores que los compren con fruición, tanto al contado como en cuotas. Ese éxito no sólo tendría consecuencias electorales, sino que consolidaría una cultura política de creciente violencia simbólica. Y lamentablemente, puede que no sólo simbólica.

 

Se trata de un momento muy delicado de la cultura y la política en Argentina. Después del momento de “derrumbe”, el nuevo Palacio pretende edificarse sobre la evaporación de todos los matices, de todas las “militancias por la despolarización”, de todos aquellos que deseamos garantizar todos los derechos para que se debatan distintas opciones y caminos posibles para el país. Que se discutan sin destruir al que piensa diferente, porque eso atenta contra nuestra propia convivencia democrática.


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