El gobierno ganó la votación, pero el rechazo a la reforma previsional fue generalizado. La oposición a la iniciativa oficial encontró en la opinión pública, en las calles, en las cacerolas y dentro del parlamento a un arco político muy diverso que actuó coordinado. Las escenas repetidas de represión policial hacen crujir la idea de “derecha moderna”. Ante los grupos de tirapiedras, es el Estado el que debe actuar dentro de la ley y garantizar el derecho de miles a protestar, mientras las organizaciones populares deberán encontrar los mecanismos para aislar a infiltrados y marginales que desplazan la confrontación política y social.



Fotos interior: Victoria Gesualdi y Emiliana Miguelez 

 

Hasta el olor ha cambiado en las protestas sociales. Antes, los puestos de choripán y bondiola tendían a dominar espacios importantes cercanos a las plazas. El jueves 14 muchos vendedores ambulantes perdieron todo y ya no aparecieron por el Congreso el lunes 18. Ahora, son los olores de los gases los que dominan movilizaciones carentes de parrillitas. Y de cochecitos y de familias. En El Eternauta, los “Ellos” han tomado armados la Plaza del Congreso. La imagen de Oesterheld no es tan diferente de la de miles de gendarmes armados hasta los dientes. Los que no estaban en aquella historiera eran los “loquitos” a los que haremos referencia al final de esta nota.

 

Con el impulso de su desempeño electoral en octubre, el gobierno le dio un giro a su “gradualismo”. Pasada la prueba, con una oposición fragmentada y con la siguiente elección a la mayor distancia posible, apretó a fondo el acelerador. Su objetivo se sintetizó en varias leyes: previsional, laboral, tributaria y presupuesto 2018. Sus métodos fueron “el diálogo” con el peronismo de gestión y con el triunvirato de la CGT. La ley laboral pareció a la vez acordada con la CGT, aunque modificada y postergada para 2018. Bastante confuso. La tributaria, que significa una redistribución regresiva, resulta tan abstracta para la población que la oposición en su mayoría se mantuvo en silencio.

 

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La reforma previsional desestabilizó el mapa político. Hasta una semana atrás el gobierno había construido dos enemigos internos. Con la invención del “enemigo mapuche” avanzó con gran éxito. Toda la capacidad de movilización que hubo por Santiago Maldonado viró silencio de sepulcro sobre Rafael Nahuel. Otra vez, incluso para los sectores más sensibles a la defensa de los derechos humanos, los muertos indígenas tienen un peso menor, más débil (y es tema para una nota futura). Además, con las detenciones y el pedido de desafuero librados por Bonadío qué duda podía caber acerca de cómo se proponía pensar al kirchnerismo. Si un “traidor a la patria” no fuera un enemigo literal, ¿quiénes se enfrentarían en las guerras? Aunque sean guerras que sólo existieron en la imaginación de un juez.

Ambos temas tendrán larga vida, pero dejaron de ser el eje con la irrupción del proyecto previsional. Es que así como las cuestiones impositivas son complicadas de entender, el manotazo del dinero de la seguridad social resultó como una cuenta sencilla de la escuela primaria. El rechazo social fue generalizado. Incluso se resquebrajó seriamente el consenso mediático. Las posiciones de diversos periodistas y de figuras de la relevancia de Mirtha Legrand muestran que hay algo más complejo que se juega cuando la mayoría de la población de opone a un proyecto.

 

Y se quebró, por primera vez desde la asunción de Macri, la división entre la unidad de la movilización popular altamente diversa y la división constante en el plano de la representación política. Me explico: las grandes movilizaciones de 2016 y 2017 fueron por distintas demandas sindicales, sociales, de derechos humanos, contra la violencia de género, de las universidades, científicos, estudiantes secundarios, de economías regionales. Cada una de esas protestas fue políticamente heterogénea: en cada movilización hubo sectores muy diversos. Pero mientras en el plano social la movilización por los derechos era plural y unitaria, nada de eso acontecía en el plano de la representación política. Ni en el plano electoral, ni en el plano parlamentario. Allí dominaba una fuerte división y una creciente fragmentación.

 

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La oposición a la ley previsional encontró en la opinión pública, en las calles y dentro del parlamento a un arco político muy diverso actuando de modo coordinado y conjunto. La necesidad de que los eventos de la protesta social encontraran una canalización política tuvo por primera vez una respuesta. Y la sesión del jueves 14 no pudo concretarse, produciendo la primera derrota relevante en el Congreso para el gobierno nacional. La aprobación final, en la madrugada del martes 19, por 127 a 116 votos no expresa un triunfo contundente del gobierno.

 

En este punto se pueden hacer diferentes preguntas: ¿Hay una nueva estrategia del bloque kirchnerista? ¿Hay un nuevo posicionamiento del Frente Renovador? Si fuera así, ¿se debe al contexto postelectoral, a la gravedad del proyecto o a sus figuras parlamentarias?

 

El gradualismo acelerado y la nueva frontera

 

Los resultados electorales del 22 de octubre generaron celebraciones y autoconfianza en el gobierno. Le dieron aire, espacio para avanzar. Dio inicio al gradualismo acelerado, con el mandato de “ahora o nunca”. En dos años no tendrían derecho a quejarse de lo que no hubieran conseguido después de sus logros en las urnas y de la fragmentación de la oposición. Desde su óptica, las buenas noticias podían prolongarse en el fallo de Bonadío, en el Pacto con los Gobernadores, en el acuerdo con la CGT por la Reforma laboral, en la reunión de la OMC y –por poco– en el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Forzando la interpretación de los datos, el oficialismo se dispuso a celebrar los resultados de las pericias de Santiago Maldonado (como si el pibe hubiera estado paseando por la costa del río Chubut) o la declaración del gobierno iraní que contradice a Interpol. Una borrachera interpretativa.

 

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Las borracheras de los éxitos electorales pueden marear a ganadores de izquierda o de derecha. Los buenos resultados electorales dejan la pelota en manos del ganador. Pero cuando es impulsada con prepotencia y soberbia puede conducir a enredos y fracasos. O triunfos pírricos. Un poco porque el gobierno consideró que había que aprovechar el impulso del 22 de octubre y otro poco quizá cansado de tanto negociar y acordar, le ley previsional cayó en el parlamento para ser aprobada a libro cerrado. Era algo novedoso.

 

Errores de negociación y un salto en la política represiva fueron un boomerang contra el acelerador exacerbado del gobierno. Ahora bien, la derrota del oficialismo del jueves 14 -como la victoria ajustada en los votos del lunes 19- no debiera ser menospreciada ni exagerada. Si fuera subestimada, la oposición no podría comprender la relevancia de dejar a un lado las luchas por protagonismos individuales o de fuerzas, para pasar a otra estrategia relacional vinculada a la unidad respecto de los derechos. Si fuera exagerada no se comprendería que el gobierno tiene capacidad de revertir la situación. Y que más allá de éxitos o fracasos coyunturales, aún estamos en otro capítulo del empate argentino analizado hace décadas por Juan Carlos Portantiero: cuando ningún sector tiene capacidad de imponer, pero sí de bloquear a los otros sectores.

 

Las dos fronteras del macrismo: el kirchnerismo y lo social

 

Para el oficialismo acicatear la grieta con el kirchnerismo era el pan de cada día. Aunque daña la calidad del debate democrático, porque cada crítico es estigmatizado como kirchnerista y cada kirchnerista es estigmatizado como corrupto, pagó sus dividendos en octubre. Pero desde octubre el gobierno apuró su agenda y colocó rápidamente dos fronteras vivas: la social y la democrática. Estas fronteras y otros reclamos sociales habían estado presentes (como en la marcha contra el 2×1) pero nunca con la potencia alcanzada en diciembre.

 

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En ese plano, la prepotencia y la soberbia avanzó hacia nuevos mecanismos represivos. Con las prisiones preventivas de personas que la Constitución Nacional manda a presumir inocentes (y nadie ha propuesto aún cambiar la Constitución) se apunta específicamente al kirchnerismo. Con las balas de goma, los gases y las balas de plomo nadie pregunta sobre identidad política. Ni Macri ni Bullrich le preguntaron a Santiago Maldonado o a Rafael Nahuel. Las fuerzas de seguridad atacaron por igual a Mayra Mendoza, Leonardo Grosso, Victoria Donda y otros diputados.

 

Funcionarios del gobierno y periodistas oficialistas insultaron de manera incesante a quienes protestaron el jueves en la Plaza y a quienes trabajaron para que no hubiera quórum. Atacan a todos los opositores afirmando que ahora “parecen kirchneristas” y contra los kirchneristas diciendo que ahora “parecen de la izquierda dura”. Su indignación frente a la unidad de la oposición debería ser muestra suficiente de la relevancia política del episodio. En un fuera de quicio argumentativo los acusan de protagonizar la violencia. Mientras centenares de hombres armados disparaban contra la población civil durante horas, como mostró en Anfibia Cecilia González, dicen que los violentados son los violentos. El conocido truco de culpabilizar a las víctimas. Las policías van para actuar bajo el amparo de la ley en contra los infiltrados o provocadores, van por el desalojo de la población civil de cualquier zona de protesta social. Por la anulación de facto de ese derecho.

 

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La última represión de esa magnitud que este columnista recuerda en persona fue el brutal desalojo de Brukman en abril de 2003. Hubo otros episodios muy criticables posteriormente en la Panamericana y en zonas alejadas del país. Pero ahora hay un cambio cualitativo, un salto de la violencia desplegada. Es la RAM urbana. En el sur arguyen que hay guerrilla y lucha armada, cuando en realidad no hay sino inventos de un enemigo interno para justificar la militarización. Cualquiera que haya visto el operativo en el Congreso antes del inicio de la represión el jueves 14 a las 14 hs. sabía que iba a haber represión. Técnicamente, sólo precisaban un provocador. Pero el fotógrafo del diario Perfil, Marcelo Silvestro, denunció que vio que la Policía Federal nunca apuntaban sus armas a los provocadores (a los que tiraban piedras “no les hacía nada”), sino a la multitud pacífica que estaba detrás de ellos. ¿Tan simple como eso? ¿No se le dispara a un compañero de trabajo? ¿No se dan cuenta los agentes que si no denuncian órdenes aberrantes son cómplices de un delito? ¿Alguien les dio en el siglo XXI un curso contra la Obediencia Debida?

 

Esto se acompaña de la idea creciente de que todo disidente es un enemigo. Los oficialistas acusan de “violentos” a diputados que pretenden ingresar al recinto o que alzan la voz. El fraude discursivo y los disparates argumentativos también son formas de violencia simbólica, anudadas a los gases y los camiones hidrantes. Diputados que son la avanzadilla de neofascismo al reivindicar las golpizas a legisladores, o la represión porque había “diez encapuchados”, son la cara más acabada de una petulancia que no sólo está provocando daños muy serios a la frágil democracia argentina, sino que además serán protagonistas en arrastrar al gobierno nacional a la derrota en el futuro.

 

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Porque hay una tercera frontera para el macrismo, que es la frontera democrática, que no hace distinciones por identidades políticas. En el sentido común, el único territorio relevante de toda batalla cultural, la sociedad argentina tiene amplias reservas para defender la vigencia de las garantías constitucionales. Incluso ante el renacer de fuerzas minoritarias de extrema derecha, lo cual debe llevar a preocupación.

 

Como en todo análisis político, no se trata ni de idealizar ni de menospreciar los avances del sentido común. Movilizados por Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel no genera consecuencias similares. Es triste: un batallador cultural ahí. Pero la vanguardia del neofascismo, que festeja los palazos contra cualquier legislador opositor, empuja al gobierno a desafiar la frontera democrática más profunda. O a los sectores recalcitrantes a la inventiva de hechos que quizás aún no podemos imaginar en este vértigo argentino.

 

Eso no plantea ninguna crisis que el gobierno no pueda manejar en el corto plazo. La economía depende de las relaciones de fuerzas políticas. Aunque muchos auguran que ningún modelo neoliberal puede sostenerse en el tiempo por razones puramente económicas, la realidad es que sí puede hacerlo (como lo ha mostrado en tantos países) si logra derrotas sociales y derrotas políticas de sus opositores. La economía depende de la dinámica del conflicto social y el conflicto social no tiene posibilidades de éxito al margen de sus representaciones políticas. Incluso, una crisis inevitable del neoliberalismo o del capitalismo financiero jamás ha tenido ni tendrá asegurada una resolución política positiva. Las soluciones políticas son justamente eso, nunca un efecto mecánico de la economía.

 

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Hay varios pecados capitales en la política. Uno de ellos es olvidar los rasgos que definen a los procesos políticos. Para comprender lo que está sucediendo en estas semanas en Argentina recordemos dos. La política es siempre una relación entre dos o más sectores. La política siempre es dinámica. Y en la Argentina un poquito más dinámica o vertiginosa que en otros países. El gobierno demostró que tiene la capacidad de aprobar esta ley específica (que no es menor), lo cual eventualmente no significa automáticamente que tenga capacidad de aplicarla más allá de este mandato presidencial. El tiempo también dirá si el gobierno tiene capacidad de retomar la fragmentación de la oposición. Y eso tampoco depende sólo del gobierno. Las diferentes fuerzas de la oposición tendrán que analizar si pueden y quieren contribuir a representar las pluralidades sociales, que colocan en foco la defensa de los derechos de las argentinas y argentinos.

 

Estos días señalaron cuál es hoy la única posibilidad de construir una alternativa. Para que una unidad plural en defensa de lo social y de las libertades democráticas sea factible, deberá haber desplazamientos tectónicos en concepciones de la política y quizá también en conducciones opositoras. El gobierno, en su arremetida, logró una muestra casi de un día para el otro. Que no sea efímero, que no sea simplemente opositor, que sea una alternativa de futuro, implica aún un largo recorrido.

 

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Acerca de la violencia, los derechos y la democracia

 

En el proceso histórico, a lo largo de los años, las tendencias a la concentración de ingresos o a una mayor distribución se definen en una dinámica de construcción de hegemonías. Hay mayorías coyunturales y mayorías más persistentes, luchas por el sentido común y la opinión pública. Y batallas en las urnas y en las instituciones. La ley previsional puede revertirse en dos años, pero solo si los opositores a esta ley estuvieran a la altura para construir una alternativa política al proyecto de “Cambiemos”.

 

 

Mientras quienes proponen políticas de ajuste ganen elecciones en las urnas y tejan alianzas presionando al “peronismo a cargo de la gestión”, los movimientos sociales y políticos de oposición tienen que ampliar su capacidad de movilización y protesta. Esto, además de ser un derecho constitucional, es imprescindible para lograr una reducción de los daños del ajuste. Sin embargo, si al mismo tiempo no procuran construir una alternativa política que interpele a las grandes mayorías, las políticas de ajuste se profundizarán.

 

Cualquiera sea el origen de los grupos que tiran piedras, su actitud es completamente funcional a las políticas de ajuste. La violencia, sea infiltrada o de un vanguardismo marginal, desplaza la confrontación social y política. Y genera el repudio de la mayoría de la sociedad.

 

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Ahora bien, debe quedar muy claro que si en una movilización como la del lunes 18, donde había decenas o centenares de miles manifestando pacíficamente, hay grupos que tiran piedras, el Estado tiene la obligación de impedirlo dentro de la ley y de garantizar también el derecho a protestar de quienes se oponen a la reforma previsional. Desalojar a través de la violencia por parte del Estado una gran movilización porque hay grupos que tiran piedras constituye una total violación del derecho a la protesta. Quienes justifican una represión que ataca a personas ancianas, a ciudadanos de a pie que son atropellados, a miles de jóvenes que son gaseados, porque existen unos grupos violentos, deberían preguntarse si por ese camino no terminarán justificando acciones irreparables. El hecho es que esos argumentos, utilizados tanto para el Operativo Independencia como para el golpe de 1976, constituyen una erosión de los valores democráticos. Por eso, resulta sorprendente que haya periodistas e intelectuales que se hayan confundido o que hayan caído en esa confusión que mañana se usará contra ellos mismos o contra sus hijos.

 

A su vez, las fuerzas populares necesitan comprender las características de la lucha hegemónica y prepararse para estructurar modos de protesta que puedan generar un claro aislamiento de estas actitudes que ponen en riesgo sus luchas y a sus organizaciones. En el futuro, no resultará suficiente con continuar con la protesta pacífica, habrá que encontrar mecanismos para aislar activamente a infiltrados y marginales que ayudan a la política neoliberal.

 

La estigmatización de los críticos de la ley previsional como “los violentos” buscó ocultar que tres cuartos de la población se opone a la misma, según las encuestas que el gobierno maneja. Todo ese dispositivo tuvo su fracaso cuando se iniciaron cacerolazos en los más diversos barrios de Buenos Aires y marcharon hacia el Congreso. Nadie los había previsto. Habrá quien quiera negar el sentido de los cacerolazos. Pero por ese camino corren el riesgo de terminar insultando a los manifestantes, a los encuestados y finalmente a los votantes. En realidad, desde ese fondo democrático de la sociedad argentina emergió una reacción no sólo ante una ley regresiva, sino ante demasiados intentos de manipulación. El significante vacío del estruendo de una cacerola, ya recibido por tantos presidentes argentinos, se dirigió desde el lunes a la noche a los diputados.

 

El giro hacia un mayor ajuste y hacia la represión del gobierno mostró que el hecho de haber ganado por elecciones no la convierte en una derecha democrática. Efectivamente, entre las viejas recetas de la ortodoxia económica hay algo nuevo. Es una derecha que pretende seguir ganando a través de elecciones y para eso hacen política y despliegan una maquinaria territorial. Eso no la convierte en absoluto en una derecha moderna respetuosa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Ahora bien, si la oposición se conformara con esos rasgos autoritarios y se autoproclamase “campeona moral”, podría asegurar por muchos años su propia derrota. Porque no será con denuncias e hipérboles que logrará reconstruir un proyecto que atraiga a las mayorías para el futuro.

 


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