La votación de los diputados a favor del impeachment a Dilma Rousseff no es la palabra final para su gobierno pero se le acerca bastante. El Senado aún debe aceptar el proceso y recién después votar su destitución. Desde Brasilia, el periodista Bruno Lupion explica los pasos que vienen y desmenuza las causas políticas y económicas que permitieron que la oposición, que no tenía pruebas contra la mandataria, sumergiera a la democracia de Brasil en una de sus peores crisis.



Los accidentes aéreos no ocurren por culpa de un único error, pero sí por una secuencia de ellos. El equipamiento que mide la velocidad se congela, el piloto automático se pierde, el copiloto no se acuerda de lo que aprendió en el entrenamiento y el piloto experimentado se queda sin reacción. Si esto pasa en el medio de una tormenta, las chances de caer son mucho mayores.

 

El domingo, ante los ojos del mundo, uno a uno los diputados brasileños, dieron durante seis horas sus razones más inverosímiles para decir “si” al juicio político y sumergir a la democracia brasileña en su peor momento. El 33% lo hizo en nombre de Dios, el 36% de la familia, el 25% por Brasil; uno le dedicó su voto al militar que torturó a Dilma Rousseff y otro lo hizo por el golpe de Estado del ‘64.

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Las reglas de un accidente aéreo pueden aplicarse al gobierno de la presidente brasileña Dilma Rousseff, que tras la votación de los diputados quedó al borde de la destitución por juicio político. La tormenta perfecta la pescó con una gestión que tomó una serie de medidas económicas equivocadas en medio del vendaval de la desvalorización de los commodities y que debió enfrentar una operación anticorrupción, que tocó al corazón del poder. Una lectura rápida podría decir que los presidentes de centro-izquierda están perdiendo fuerza en toda Latinoamérica, pero el contexto internacional no alcanza para explicar lo que pasa en este momento en Brasil. Los elementos entre bastidores que llevaron al drama brasileño son más complejos y permitieron que sin pruebas contra la presidenta se la enjuicie hasta el punto de sacarla del poder.

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Errores en la política 

 

El éxito de un gobierno en Brasil está conectado a la capacidad de un presidente de influenciar y mantener un diálogo con los diputados y senadores del Congreso Nacional, que está fragmentado en 25 partidos. Dilma, que nunca había estado en un cargo electivo en el Legislativo o Ejecutivo antes de asumir la presidencia en 2011 cuando sucedió a Lula da Silva, demostró tener dificultad para llevar adelante esta tarea. Entre los errores que le marcan a Dilma está su poco tacto político. La falta de disposición y habilidad para desarrollar relaciones de buena convivencia con políticos del congreso es reconocida por aliados y oposición. Cuando empezó su mandato en 2011, construyó la imagen de una mujer firme que no se mezclaba con políticos por interés.

 

El enfrentamiento con el Partido de Movimiento Democrático Brasileño fue clave para desencadenar la crisis. El PMDB es el partido más grande de Brasil. Tiene la mayoría de los diputados, senadores, intendentes y gobernadores del país. El vice-presidente de Brasil, Michel Temer, es el presidente nacional del PMDB y asumirá el Palacio del Planalto, la sede del gobierno de Brasil, en el caso de que el Senado acepte someter a Dilma al proceso de juicio político, durante el cual la presidenta será suspendida. Un período que puede llegar a los seis meses.

 

El PMDB nació durante la dictadura para representar los moderados que defendían la redemocratización, y sirvió de base para los congresistas de varios frentes políticos. Pasados los años, perdió su densidad programática. Es un condominio de facciones regionales, donde los líderes no se unen por afinidad partidaria, pero sí para aumentar su capacidad de defender sus intereses. 

 

Dilma intentó reducir la fuerza del PMDB cuando asumió su segundo mandato el 1º de enero de 2015, apostando al crecimiento de otros dos partidos, el PSD y Pros. El plan falló: éstos no crecieron, el PMDB se sintió amenazado y la relación de deterioró.

 

La campaña de 2014 quemó puentes

 

La campaña para la reelección de Dilma fue dura. Las encuestas llegaron a poner a la presidenta empatada con la opositora Marina Silva, y Dilma eligió el ataque para ganar. Además prometió a sus votantes que, si era reelegida, no habría necesidad de un ajuste.

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“¿Qué es el ajuste fiscal?”, se preguntó Dilma ante los medios. “Un gran recorte por el cual se corta todo para pagar los intereses a los bancos. Eso no es necesario”, aseguró. Ante las cámaras también explicó que si ganaba Marina Silva faltaría la comida en los platos más pobres. Poco después de ser reelegida, Dilma implementó un fuerte ajuste fiscal que empezó a afectar a los más empobrecidos, endureciendo las condiciones para recibir el seguro de desempleo. Esas promesas no cumplidas de campaña fueron recordadas en las protestas recientes contra la presidenta.

 

El personalismo de Lula

 

El ex presidente Lula decidió que Dilma sería su sucesora en 2009, cuando era ministra, en un proceso de reflexión individual que no involucró al su partido, el Partido de los Trabajadores (PT). La decisión lo fortaleció personalmente, pero debilitó al partido que tenía otros nombres para disputar el cargo, incluso con más historia partidaria.

 

Ahora que Lula está siendo investigado por la Justicia, el gobierno federal de Dilma y el PT se fundieron en la defensa jurídica y simbólica del ex presidente. Este escenario tiene trazos en común con el personalismo en la política latinoamericana y vincula al futuro del PT, uno de los más grandes partidos brasileños, al futuro personal de Lula. Las encuestas aseguran que de adelantarse de las elecciones, una posibilidad que maneja el oficialismo para evitar la pérdida del poder, él sería el ganador.

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Errores en la economía

 

El PBI brasileño se quedó estancado en 2014, disminuyó 3,8% en 2015 y deberá caer más del 3,6% este año. Es la peor recesión de la historia del país. El desempleo está a punto de superar la línea del 10%, lo que no pasaba hace nueve años. Además la industria se ha debilitado y la dependencia de las commodities ha crecido. La participación de la industria en el PBI cayó de 18% en 2004 a 9% en 2015. Esto ocurrió por la falta de inversiones en investigación científica, desarrollo e infraestructura. En este escenario se fortaleció la idea de que Brasil sería un país con vocación para entregar granos y minerales al mundo. Algo que puede ser viable cuando el precio de las commodities esta alto, pero no ahora, que están bajos.  

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Artificios contables

 

El gobierno Dilma intentó disimular las señales de la fragilidad de la economía por medio de los llamados artificios contables. El principal fue retrasar pagos a bancos estatales que realizaban políticas públicas, como el llamado “Bolsa Familia” (subsidio a las familias más desfavorecidas) y préstamos para empresas con interés subsidiado. La oposición afirma que el gobierno, cuando hizo eso, sacó un préstamo disfrazado, lo que es prohibido por ley, para financiar las ayudas sociales. Esta es una falta administrativa y es el motivo del pedido de juicio político que el domingo tuvo luz verde.

 

La reelección retardó la corrección de ruta

 

Las señales del deterioro económico eran claras en 2014, año electoral, pero el gobierno decidió no reducir gastos ese año para asegurar la reelección de Dilma. Este retraso empeoró la situación de la economía.

 

Algunos precios, como lo de los combustibles y la electricidad, y que estaban controlados por el gobierno, sufrieron grandes aumentos en 2015, elevando la inflación. Una vez que se obtuvo su reelección, Dilma también bajó el presupuesto para la construcción de barrios populares, para la financiación de becas universitarias y para estimular a la producción a través de préstamos de bancos públicos. El resultado fue el enfriamiento de la economía.

 

La tormenta de la operación “Lava Jato”

 

Además de los equívocos en la conducción de la política económica, Dilma tuvo la mala suerte de ser la presidenta en el mismo tiempo que ocurría la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.

 

Iniciada en 2014 con la detención de Alberto Youssef, un personaje que se movía en el mercado cambiario y el contrabando. Una vez detenido, y para obtener los beneficios que otorga la ley a los arrepentidos, habló ante la Justicia para que se abra la investigación sobre los esquemas de corrupción en la más grande empresa brasileña, Petrobras, y que también involucró las mayores constructoras del país y partidos políticos.

 

El Ministerio Público Federal y la Policía Federal, con la supervisión del juez Sergio Moro, siguió ofreciendo beneficios a los que delataran a otros integrantes del esquema. Los primeros detenidos -la mayoría cueveros de financieras- indicaron el camino hasta los directores de Petrobras, que a su vez, ayudaron a llegar a los presidentes de las constructoras y a los políticos. Hay, por lo menos, 22 diputados y 12 senadores investigados o respondiendo penalmente a cuestiones conectadas al Lava Jato.

 

El presidente de la más grande constructora del país, Marcelo Odebrecht, fue detenido en junio de 2015 y sigue en la cárcel hasta hoy. Otros presidentes y directores de constructoras también están presos, algo inimaginable en Brasil hasta hace poco tiempo.

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La operación también paralizó varias obras de infraestructura, que llevaron a despidos masivos de operarios y a la quiebra de empresas menores. En 2015, la operación tuvo un impacto negativo de 2,5% del PBI, según el cálculo de consultores.

 

La investigación llamada “Lava Jato” aumentó la inestabilidad del escenario político. El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha -que llevó adelante toda la operación para votar el “sí” al juicio político a Dilma- y el presidente del senado, Renan Calheiros, están involucrados en el caso Lava Jato. Los dos son del PMDB.

 

En febrero de 2016, la investigación llegó hasta Lula, acusado de que las obras en una finca usada por él fueron financiadas por constructoras involucradas en la operación “Lava Jato”. También el juez sospecha que él podría haber sido beneficiado por obras en un departamento en Guarujá, ciudad en el litoral del sureste brasileño. Las habrían financiado las constructoras investigadas.

 

Uno de los días más dramáticos de la crisis política fue el 16 de marzo, cuando el juez Sergio Moro habría filtrado a la prensa las grabaciones de audios entre el ex presidente y Dilma, quien le decía que le enviaría la documentación de su designación como funcionario de su gobierno. La oposición los acusó de que la maniobra sería para que el ex presidente pudiera tener fueros en caso de que la Justicia avance sobre él. En ese momento se hablaba del riesgo de que Lula fuera arrestado.

 

Posteriormente, el ministro Teori Zavascki, del Supremo Tribunal de Justicia, que revisa las acciones de la investigación Lava Jato, frenó las acciones de Moro y criticó la divulgación de las escuchas.

 

Una protesta en la Avenida Paulista, corazón financiero de la mayor ciudad de Brasil, São Paulo, reunió 500 mil personas. Se la calificó como la mayor manifestación de la historia de la ciudad. Su héroe, Sergio Moro, y el motivo, la lucha contra los corruptos. Congresistas de partidos de oposición, con gran parte de sus miembros investigados por corrupción hablaron ante la multitud y fueron ovacionados. Como respuesta, las calles se llenaron de partidarios del PT para apoyar la continuidad del gobierno. Pero después de que el Lava Jato se acercó al núcleo del PT, la narrativa del “combate a la corrupción” alcanzó su fuerza máxima como discurso para sumar apoyos a políticos que tenían como objetivo sacar a Dilma del poder, aunque ella no fuera investigada. El lema anti-corrupción demostró ser eficaz, aunque corruptos haya en todos los partidos y sobre todo en la Cámara de Diputados: de los 513 legisladores, 299 tienen causas judiciales.

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El riesgo de caer

 

Después de la votación del domingo en la Cámara de Diputados, hay dos grandes obstáculos que Dilma debe superar si no quiere ver caer su gobierno. Uno es que la Cámara de Senadores decida avanzar en el juicio político y la reemplace durante ese proceso –que puede llegar a seis meses- por su vicepresidente Michel Temer, un político del PMDB y que ya ensaya discursos como presidente. La otra es una acusación en la justicia electoral por la financiación en la campaña electoral para su reelección, que habría utilizado dinero desviado de la Petrobras.

 

Impeachment

 

En Brasil, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia pidiendo el juicio político (impeachment) de un presidente de la República por “crimen de responsabilidad”. Una categoría que involucra graves delitos específicos, como corrupción, hasta otros tan amplios como infringir la ley de presupuesto.

 

Los pedidos llegan a la Cámara de Diputados y el presidente de la casa decide si se le da continuidad o se lo archiva. En septiembre del año pasado, tres abogados brasileños presentaron una denuncia que fue aceptada en diciembre por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, enemigo de Dilma y acusado de recibir coimas y de lavar dinero.

 

La oposición necesitaba 342 de los 513 diputados para proseguir el impeachment, lo que logró ampliamente el domingo. Ahora, el destino de Dilma se juega en el Senado, donde continúa el proceso. Como sucedió en Diputados, una comisión primero analizará si dará curso al juicio político. Si lo acepta, lo lleva a una votación al plenario que también deberá refrendar la decisión. Por lo menos 41 de los 81 senadores tendrán que votar que “sí”. Recién ahí se abre el juzgamiento. Durante ese proceso, entre la aceptación del impeachment hasta la votación final, la presidenta deberá dejar el poder temporalmente. El lapso puede ser de hasta seis meses. Si no se llega a una decisión, podrá volver al poder mientras sigue el juzgamiento.

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Eduardo Cunha es un enemigo personal de la presidenta y también uno de los acusados en la causa de Lava Jato. Empezó en la política juntando recursos para la campaña del ex presidente Fernando Collor, destituido en 1992. Pero él también –además de la acusación en la operación Lava Jato- tiene un proceso en su contra en la Cámara de Diputados, piden la destitución de su cargo acusándolo de mentir cuando dijo no tener cuentas en el exterior y que luego fueron descubiertas por el Ministerio Público de Suiza.

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Aunque en la votación de los diputados del domingo 18 de abril para enjuiciar a Dilma las razones fueron las más diversas, las causas formales son dos. El retraso de pagos a los bancos estatales que realizan depósitos para aplicar políticas públicas. Los bancos pagaban a las personas y a las empresas sin recibir el depósito oficial, lo que se considera una “pedalada” porque según la oposición fue un crédito encubierto, algo prohibido. La otra razón fue la firma de decretos para ampliar el presupuesto sin pasar por el Congreso. Formalmente estos cargos fueron los que, tras seis horas de desfile de diputados ante el micrófono, sumaron los 367 votos a favor del impeachment. Hubo 137 votos por el “no”, 7 abstenciones y 2 ausencias. Uno de los últimos legisladores en votar a favor de la continuidad del gobierno calificó al proceso del juicio político como una votación indirecta encabezada por un “ladrón”, Cunha, y un traidor, Temer, con el fin de anular el voto popular del 5 de octubre de 2014.

 

Luchar hasta el final

 

El oficialismo, y parte de la clase jurídica, afirman que no hay pruebas de que Dilma cometió un “crimen de responsabilidad”. Para ellos, la oposición quiere aprovechar el momento de crisis para quedarse con el gobierno. Además hay entidades poderosas en Brasil que tienen motivos para apoyar el impeachment. La federación de las industrias del estado de São Paulo es una de las articuladoras que están detrás de la causa contra Dilma y también la apoyan la Orden de los Abogados de Brasil.

 

Si Dilma logra escapar del impeachment, algo muy difícil en el escenario actual, deberá enfrentar rápidamente la investigación que se tramita en la Justicia Electoral que piden la destitución del gobierno del PT, que incluye a la propia presidenta y esta vez también a su vice, Michel Temer, por la financiación de su campaña para la reelección de 2014.

La acusación aún está por ser probada. Pero el volumen de datos que llegan desde los testimonios del expediente de la Operación Lava Jato no es despreciable. Ante esta situación, el oficialismo ve una posible salida en el llamado a elecciones anticipadas. La tormenta perfecta que rodea a Dilma la sitúa en una posición muy frágil. A su favor cuenta que no ha sido probado que se haya beneficiado por las coimas de Petrobras. Lula sigue como un influyente líder. Parte de la clase jurídica, de estudiantes y artistas apoyan la permanencia de Dilma en el cargo. Esta es una diferencia de lo que ocurrió en 1992 con el ex presidente Fernando Collor, cuando todo el país estaba unido en favor de su destitución.

 

Por ahora, Dilma aún tiene la lapicera presidencial en su mano y puede negociar con el resto de los partidos. Su base en el Senado es un poco mejor que en la Cámara de Diputados, lo que podría ayudarla a sobrevivir. Una posibilidad remota.

 

Las próximas semanas van a ser imprevisibles en Brasil y, pase lo que pase, los próximos años serán turbulentos para la población brasileña. La economía va tardar en recuperarse y no hay, en el escenario electoral, una salida clara que atienda a las ansias por la renovación en la política. La historia se hará cargo de responder si esto por fin sucederá o si un representante de la clase política de siempre -y responsable de llevar a Brasil a esta crisis- sea quien ocupe el Planalto.

 

Colaboró Felipe Dias


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