El gobierno de Macri quiere terminar con la fórmula de movilidad jubilatoria, que rige desde 2008, para reducir el rojo fiscal y conseguir los 65 mil millones de pesos que la gobernadora Vidal demanda por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Es uno de los ajustes, el más importante por ahora, que propone el oficialismo como parte de un paquete de reformas que debería atraer las inversiones que nunca llovieron. En Casa Rosada lo llaman “gradualismo acelerado”.



¿Cómo actualizan las jubilaciones en otros países? En Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido se guían por la inflación: mejoran ni empeoran su poder de compra. En Canadá tienen en cuenta también el índice de precios al consumidor (IPC), pero vinculado a los recursos de la Seguridad Social: las jubilaciones pueden ir perdiendo capacidad adquisitiva dado que el envejecimiento de la población en países ricos disminuye el número de aportes y sólo es compensado con la inmigración. En Perú, la movilidad depende de los fondos presupuestarios. En Uruguay, de los salarios. En Venezuela, de los sueldos y el IPC. En Alemania, de los salarios, pero también los recursos de la Seguridad Social y la relación entre aportantes y dependientes del sistema. Lo particular en el caso de la Argentina es que ahora quiere modificarse el sistema para bajar el gasto.

 

Lo que se ahorre en jubilados y pensionados irá, sobre todo, a la gestión de María Eugenia Vidal. Lo que se ajuste en asignaciones contribuirá a cumplir la meta que se fijó el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, de disminuir el déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) del 4,2% del PBI en 2017 al 3,2% en 2018. ¿Por qué quiere bajarlo? Por varios motivos. Por un lado, porque necesita fondos para abonar los crecientes de intereses de la deuda pública con el sector privado, que aumentó por el pacto con los fondos buitre para salir del default de 2014 y por el posterior endeudamiento para cubrir el persistente rojo de las cuentas públicas. De hecho, el déficit fiscal financiero (posterior al pago de intereses) se mantendrá igual que en 2017. Es decir, todo lo que el Estado “ahorre” en asignaciones y en reducción de subsidios a la energía y el transporte público, tarifazos mediante, irá a saldar deudas.

 

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Por otro lado, el Gobierno busca que el déficit financiero no aumente porque si no deberá acelerar su ritmo de endeudamiento. Un día, si los especuladores internacionales advierten que la Argentina se ha endeudado demasiado, dejarán de sentirse atraídos por sus tasas de interés altas en relación a otros países emergentes y la dejarán sin financiamiento. Es historia conocida: el país ya cayó en ocho cesaciones de pagos en su historia.

 

Por último, Macri quiere disminuir el gasto público para rebajar a su vez los impuestos y así atraer inversión privada, que es el motor del desarrollo según su concepción. Atrás quedó el modelo kirchnerista basado en el consumo.

 

La reforma en números

 

El presidente Macri, de 58 años, siete menos que la edad jubilatoria, busca rebajar los futuros aumentos de jubilaciones y asignaciones para al mismo tiempo reducir el déficit fiscal y devolverle el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano a la gobernadora bonaerense, y eventual sucesora de él en seis años, María Eugenia Vidal.

 

La Corte Suprema de Justicia se encaminaba a fallar a favor de ella en el reclamo judicial para que le retornaran un fondo creado en 1992 y que a partir de 1997 comenzó a repartirse también entre las otras 22 provincias y que 20 años después sólo le otorga un 2% a la provincia donde está el Gran Buenos Aires y donde vive un cuarto de los argentinos. Pero al quitarles los recursos del Conurbano, la Corte iba a dañar las finanzas de los demás distritos que habitan más de la mitad de los ciudadanos. Entonces, Macri les propuso a los gobernadores peronistas un pacto fiscal por el que les mantenía los recursos, pero los obligaba a congelar en términos reales (es decir, ajustados por inflación) los gastos corrientes (o sea, todos aquellos que excluyen la obra pública y que en provincias y municipios se concentran en empleo público).

 

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¿De dónde se podían sacar entonces los billetes que demanda Vidal, y que sumarán el año próximo 65.000 millones de pesos? Casi la mitad del gasto presupuestado de la administración pública nacional por Macri para 2018 es de Seguridad Social, es decir, jubilaciones, pensiones y asignaciones. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, llegó al poder hace un año con críticas en la intimidad a otra reparación histórica, la de los jubilados, con la que su antecesor, Alfonso Prat-Gay, aumentó los haberes del tercio que más recibía. Esa medida y la moratoria previsional de los Kirchner, que elevó la cobertura del 63% al 94% de la población mayor entre 2002 y 2015, habían tornado, según el equipo de Dujovne, insostenible el sistema previsional. Entonces el ministro y su secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, idearon la reforma previsional que no se pudo votar el jueves 14 de diciembre y que se volverá a debatir el lunes 18.

 

El Gobierno quiere terminar con la fórmula de movilidad jubilatoria que se aprobó en 2008, que ajusta las pensiones según la recaudación de la Seguridad Social y la variación de los salarios. Con este indicador, los haberes subieron realmente (ajustados por inflación) 38% entre 2008 y 2015 y se mantuvieron estables en los dos primeros años de Cambiemos, según un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA de los Argentinos. La jubilación mínima había subido 26,7% en los últimos siete años K y cayó 5,7% en la era Macri, hasta 7.246 pesos. Después de una negociación con los gobernadores del PJ, el Ejecutivo acordó que el mecanismo de actualización de jubilaciones -que también rige para las pensiones, las asignaciones familiares de los empleados en blanco con bajos salarios y la asignación universal por hijo (AUH) para los desocupados y trabajadores en negro- se regiría por el índice de inflación y el de los sueldos de la economía formal.

 

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En la práctica, en marzo próximo los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirían un aumento del 5,7%, en lugar de uno de entre el 12,7% y el 14,5%, según CIFRA-CTA. Este centro que coordinan Mariana González y Pablo Manzanelli calcula que el Gobierno dejará de darles a los jubilados y pensionados entre 65.000 millones y 75.000 millones de pesos, es decir, lo que irá al Fondo del Conurbano. Si se suman los recortes a los trabajadores con asignaciones, la poda rondaría entre 100.000 millones y 130.000 millones, según admiten en el gobierno. Con el bono compensatorio para los jubilados que menos ganan y los beneficiarios de la AUH (1.412 pesos) que Macri acaba de pactar con los gobernadores para votar la reforma, a esas cifras habría que descontarles sólo 4.000 millones.

 

Las tres reformas

 

En los equipos de campaña de Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa en 2015 existía la confianza de que en diciembre de ese año terminaban los ocho años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lloverían inversiones en la Argentina. No ocurrió. No ocurrió ni ganando un empresario que organizó el gobierno más market-friendly e integrado por CEOs que podría imaginarse en la historia reciente del país. Por eso Macri ha apostado a bajar “los elevados costos argentinos”.

 

Uno de los ocho millonarios locales que aparecen en la lista de Forbes de los ricos que en el mundo superan los 1.000 millones de dólares en patrimonio me dijo este año en un almuerzo a solas: “No hay país en el mundo en que sea menos conveniente producir y más conveniente importar, porque te pagan lo que sea”. Quizás haya exagerado un poco, pero el problema de competitividad de la producción de bienes y servicios está y radica en diversos factores, no en un solo.

El Presidente quiere abaratar la Argentina para atraer inversión, pero sin devaluar el peso. Por eso, la reforma previsional. Por eso, el pacto fiscal que congela el gasto y el empleo en las provincias y municipios, tan proclives a aumentarlos en años electorales. Por eso, la reforma tributaria, que baja el impuesto a las ganancias de las empresas que las reinvierten y de los trabajadores autónomos, las contribuciones patronales al sistema jubilatorio, el tributo al cheque y los gravámenes a la electrónica importada, los autos y las motos de gama media, pero le aumenta Ganancias a ciertos empleados en relación de dependencia, los aportes de los asalariados más ricos a la Seguridad Social, grava más la renta financiera y los aviones privados y los barcos caros, la cerveza, la bebidas espirituosas, los cigarrillos y empieza a cobrarles a los servicios de Internet que antes estaban exentos como Netlfix y Spotify. Todas movidas para alentar la inversión, pero sin disminuir la recaudación tributaria para no agrandar el déficit.

 

Para Macri, tampoco habrá inversión sin flexibilización laboral, algo que, en la campaña, su candidato a senador bonaerense, Esteban Bullrich, había negado. Se trata de una reforma rebajada respecto del proyecto original por un pacto del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el triunvirato de la CGT (Juan Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña), pero rechazado por los Moyano, la Corriente Federal del bancario Sergio Palazzo y las dos CTA. El proyecto de ley, cuyo tratamiento el peronismo amigo del Gobierno postergó para febrero próximo, incluye beneficios para que los empleadores blanqueen trabajadores que mantienen en negro.

 

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En la última campaña, uno de los empresarios favoritos del Gobierno, uno de los ocho supermillonarios, uno de los unicornios (aquellos que crearon compañías tecnológicas que valen más de 1.000 millones de dólares), uno de los fiscales de Cambiemos en las últimas elecciones, Marcos Galperín, había reclamado una reforma laboral a la brasileña. Advertía que sin ella, las inversiones esquivarían la Argentina. Desde la Casa Rosada, un hombre cercano a Marcos Peña le respondía así: “Comparto los objetivos de Galperín, pero estos empresarios se quedaron enamorados de (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo. Piensan que si las reformas no son abruptas, fracasan. No aprendieron de la crisis de 2001, de las reformas que se hacen de manera unilateral y autoritaria. No veo que acá sea necesaria una reforma como la de Brasil. Así como estamos, la economía crece al 4%, el empleo sube 1%, con mejora salarial, ganamos las elecciones y tenemos el apoyo del mercado. Todo será gradual o no será. Todo despacito”.

 

La economía aceleró al 4% a mitad de año, pero comenzó a desacelerarse tras los comicios, dado que el Gobierno frenó pagos de obras públicas, aflojó con el reparto de microcréditos a los beneficiarios de la AUH y el Banco Central elevó aún más las tasas de interés.

 

Macri, Peña y sus vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, sostuvieron durante los primeros dos años que Cambiemos debía ser gradual porque de otro modo terminarían como todos los gobiernos no peronistas desde 1928: eyectados antes de tiempo. “Para tener una Argentina más abierta, moderna, capitalista, hay que seducir a los argentinos de que les conviene”, decía Peña.

 

Después de la victoria del 22 de octubre y con la perspectiva de dos años más de gestión, en el gobierno se ilusionaron con que entre noviembre y diciembre aprobarían todas las reformas que querrían. Acelerarían el “despacito”, la gradualidad, con la perspectiva de que en 2018 y en el electoral 2019 sería más difícil aprobar todo. Pero la resistencia en la oposición y la calle complicó parte de sus objetivos.

 

El gradualismo acelerado

 

El año próximo será, se supone, el último año en que la electricidad, el gas y el transporte público aumenten más que la inflación. También seguirán recortando el déficit de Aerolíneas Argentinas y las demás empresas públicas, como el Correo Argentino. A diferencia de las provincias y los municipios, para la Nación el gasto en personal no es primordial. De todos modos, habrá poda de cargos políticos y de contratados, como los 115 recientemente despedidos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Empleado público que renuncia o se jubila no se reemplaza. El proyecto de presupuesto 2018 prevé, además, ajustes en defensa, seguridad interior, cárceles, ciencia, promoción del empleo, vivienda y urbanismo, los de comunicaciones, medio ambiente y apoyos a la industria, el comercio, el turismo y el agro (se recortó ya el apoyo a la agricultura familiar). Hay más rubros de la Seguridad Social que se podan: habrá 6.000 jubilados y pensionados menos en las ex cajas provinciales, respecto de 2016, 38.000 pensiones menos por invalidez, 14.000 menos para madres de siete hijos, 11.000 menos de las otorgadas por legisladores y 8.000 menos por vejez, lo que totaliza un recorte de 77.000 asistencias. Además se eliminan 9.000 subsidios por tarifas.

 

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En la Casa Rosada profesan el gradualismo acelerado y echan al que no lo comparte con el argumento de que o no sabe trabajar en equipo o no es idóneo o las dos cosas. Entre los eyectados hay economistas que en las últimas semanas han alertado sobre el plan económico: Alfonso Prat-Gay, que reclama más gradualismo en la política de tasas de interés altas contra la inflación del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. O Carlos Melconian, que pide menos gradualismo en el ajuste fiscal.

 

Varios economistas amigos del gobierno han comenzado a dar voces de alerta en las semanas poselectorales. Juan Carlos De Pablo, profesor de las universidades de San Andrés y del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) y habitué del programa “Animales sueltos”, dice que fue el primero en hacerlo. “En la calle me paran las viejas a cagarme a bastonazos por antimacrista, pero yo doy la pelea para que esto funcione. Yo vivo acá y las crisis duran años. En economía tomás decisiones drásticas cuando pensás que si no las tomás, te vas al carajo. Pero hoy en el gobierno no tienen ese miedo, se matan con la oposición, pero no tienen ese miedo. Pero acá, entre el déficit fiscal de la Nación, las provincias, los municipios y el Banco Central tenés un rojo del 7 al 10% del PBI. Muchachos, tenemos un problema serio. Si no hacés algo, chocás. Tenemos el tiempo en contra porque un día te van a dejar de prestar. Eso ya lo conocemos. Yo lo viví por lo menos cuatro veces en mi vida”, relata por teléfono De Pablo, de 74 años. Y sigue: “Hay que dejar de joder con el gasto público. Tenés dos millones de empleados públicos que metió el anterior gobierno. Hay que rajar. Este año, por las elecciones, no subiste el boleto del transporte público… no puede ser que en Córdoba paguen 15 pesos el colectivo y acá, 6,50. El ítem principal de gasto es Seguridad Social, pero además hay cosas simbólicas como bajar cargos políticos o que no afanen más en el Correo”.

 

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Uno de los economistas que más sabe de deuda, Francisco Eggers, ex funcionario de carrera de Crédito Público y actual profesor de la Universidad de La Plata, dice: “El sector público está endeudándose a ritmo peligroso. El nivel de déficit ya era muy alto en 2015, el de 2016 será mayor aún y el de 2017 no disminuiría mucho. La esperanza es que en 2018 confluya un fuerte aumento del crecimiento privado, con mayor recaudación tributaria y fuerte voluntad de no aumentar el gasto público. Algunos memoriosos podrían decir ‘esta película ya la vi’, era la misma esperanza que había en la convertibilidad, y si no ven indicios claros de desaceleración de la deuda, empezarán a retirar sus capitales de todo lo que implique riesgo argentino”.

 

La deuda pública aumentará del 54% al 58% del PBI entre 2015 y 2017, según la consultora First Capital Group, pero dentro de ese monto se ha reemplazado el tipo de acreedor. Se redujo el endeudamiento con organismos públicos y el Banco Central, de modo de reducir el impulso inflacionario de la emisión monetaria, y creció con inversores privados, que pasó del 12,4% al 28,5%. El tiempo dirá si la Argentina sufre su noveno default con esos inversores privados, un hecho económico que antes, durante y después se traducirá en sufrimiento humano.


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