En marzo la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará por séptima vez el proyecto para despenalizar el aborto. Dos integrantes se preguntan por qué lxs legisadorxs nos siguen negando el acceso a este derecho urgente y cuestionan que no haya sido debatido durante los últimos 12 años. La foto de Evita con el pañuelo verde que ilustró la nota de Juliana Di Tullio es, para ellas, "un gesto de apropiación fantaseada".



I

 

En las últimas semanas se movió intensamente la opinión pública en relación a cuestiones centrales de los feminismos. Por efecto de campañas articuladas más allá de las fronteras y de una larga lucha de las feministas al interior de nuestro país algunos programas televisivos (especialmente Intrusos conducido por Jorge Rial) se hicieron eco de históricas demandas del movimiento feminista y de mujeres.

 

 

Como integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito queremos poner en palabras la significación de esta articulación federal que desde hace 13 años viene luchando por el derecho y el acceso al aborto desde diversas estrategias y tácticas. Sobre ellas, y para justificar la postergación del debate sobre la despenalización del aborto durante el gobierno kirchnerista, se ha referido Juliana Di Tullio en el artículo Ganar o perder. Paradojas del Aborto.

 

II

 

En el movimiento de mujeres de Argentina, desde 2005, se instala la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CNDALSyG). Entre sus principios fundantes están la libertad y autonomía para decidir sobre el propio cuerpo, así como la idea de justicia y del aborto como la deuda paradigmática de la democracia. La Campaña unifica muchas décadas de luchas dispersas que recorrieron organizaciones feministas frente a un evento propio de la experiencia reproductiva de las mujeres y de toda persona con capacidad de gestar.

 

El embarazo involuntario pone en evidencia que no han funcionado previamente la información, la educación sexual y la prevención. El aborto deshace lo hecho, denota la imposibilidad de una mujer o persona gestante de continuar con un proceso que no puede ser asumido como proyecto propio, independientemente de si fue buscado, anhelado o impuesto por circunstancias violentas.

 

Por eso la Campaña se manifiesta con un lema integral contundente: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, derechos inseparables que es potestad del Estado proteger y garantizar:

 

- Educación sexual integral (Ley 26150/2006) para decidir supone la existencia de políticas públicas que se implementen en el conjunto del sistema educativo.

 

- Anticonceptivos para no abortar revela la importancia de la información y el acceso en el sistema público de salud a métodos anticonceptivos (Ley 25763/02).

 

- Aborto legal para no morir supone la posibilidad de acceso a una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad para toda persona que lo solicite.

 

Según estos principios y en una búsqueda incesante de la legalización del aborto, la Campaña presentó su proyecto durante los últimos 6 períodos parlamentarios desde 2007, y en 2016 lo reformuló para adecuarlo a cambios legales y científico-tecnológicos. En marzo se presentará por séptima vez. Durante 12 años nunca fue debatido, no se giró a las comisiones pertinentes ni se hicieron responsables la innumerable cantidad de legisladorxs de la mayoría o de las minorías que lo apoyaron con su firma. Una dura evidencia del escaso valor otorgado por quienes, ya fuera del ámbito de su responsabilidad y poder institucional efectivo, enuncian su apoyo a esos principios y se proponen para encabezar listas de proyectos.

 

¿Por qué nos siguen negando el acceso a este derecho urgente? Entre otras razones porque el orden político pretendidamente democrático funciona con una lógica de “obediencia debida” más que con los principios éticos de sus convicciones y de la función representativa para la que fueron elegidxs; y porque el sistema patriarcal (a través del sistema político, médico y religioso entre otros) supone saber las necesidades de las mujeres, y hace un uso arbitrario de poder.

 

La foto de Evita con el pañuelo verde que preside el artículo Ganar o perder es un gesto de apropiación fantaseada, tanto del pañuelo como de la figura mítica del peronismo. La ilustración habla de la intención de hacer emblema y sentar propiedad del pañuelo verde. Incorporar al acervo peronista la lucha por el derecho al aborto al modo de “si Evita viviera…” es totalmente indecidible.

 

Frente a los fracasos registrados en el Congreso, la Campaña siguió sumando más distritos y más organizaciones que la apoyan (en este momento son 501) así como personas destacadas y anónimas. De ello da cuenta la enorme cantidad de pañuelos verdes que acompañan todo tipo de manifestaciones callejeras que metaforizan la importancia del apoyo social. Juliana Di Tullio expresa su optimismo con el presente marcando la diferencia con otros tiempos, como si no hubiera habido movilizaciones. La realidad desmiente ese argumento pero deja claro que la bancada mayoritaria no lo propició.

 

El aborto no llegó solo a la televisión. Fue por la acción y el compromiso de muchas mujeres, entre las que hubo muchas kirchneristas, que lo gritaron en las calles, los medios, las escuelas, las universidades, los movimientos sociales, los ENM, talleres, capacitaciones y casos judicializados. Es oportuno recordar que aquellas movilizaciones trajeron estas marchas y esta presencia en los medios populares.

 

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III

 

Muchas veces lxs políticxs nos dijeron que faltaba debate social. Sin embargo, decimos que estos 13 años han significado una profunda despenalización social. Fue lograda por el activismo articulado en diversas estrategias como las de Socorristas en red (que acompañan a mujeres que abortan), Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, Red de docentes por el derecho al aborto, Red de comunicadores por la legalización del aborto, Red de abogadas para el litigio estratégico, entre otras. Y también por la construcción de los múltiples feminismos populares que pusieron en sus agendas cuestiones referidas a derechos reproductivos (entre ellas el aborto).

 

Generamos instancias de debate y formación en muchos espacios. Sumamos el apoyo de universidades nacionales que armaron cátedras en diversas facultades. El logro paradigmático es la inclusión de una materia en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, que pronto estará también en la Universidad de Buenos Aires.

 

Participamos en acciones internacionales acompañando a delegaciones oficiales del país en conferencias de las Naciones Unidas con especial eje en los derechos sexuales y reproductivos y el aborto. En los EPU (Examen periódico universal), por ejemplo, se generan recomendaciones de los organismos vinculantes -Comité de la CEDAW o la CIDH- sobre la necesidad de adecuar la legislación sobre abortos de manera compatible con la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y los convenios internacionales que forman parte de nuestra Constitución. En el 2013 la Argentina firmó, junto con todos los países de América Latina y el Caribe, el Consenso de Montevideo que propone taxativamente la despenalización.

 

IV

 

Circula en ciertos medios que las feministas y el movimiento de mujeres no se han hecho cargo en los últimos años de una intensa movilización callejera para demandar la legalización. Respondemos que la Campaña ha asumido el lema feminista “revolución en las calles, en las casas, en las camas” y se expresa permanentemente, hace muchos años, tanto en actividades propias, como acompañando acciones como el #NiUnaMenos o el Paro Internacional de Mujeres. También participamos en movilizaciones por reivindicaciones populares y derechos humanos.                               

Quizás habría que poner la mirada en otros lugares.

 

¿Cuál es la responsabilidad del sistema político? ¿Qué implicancias o compromisos han significado firmar los proyectos o ser primera firma de los mismos? ¿Qué cuestiones profundas moviliza la demanda por el derecho al aborto legal? ¿Por qué se les exige sólo a estos proyectos condiciones que a ningún otro se le solicitan? ¿Qué supondría un acompañamiento social contundente? ¿Sería necesario un plebiscito como aclamación del conjunto de la ciudadanía? ¿Se puede honestamente descalificar el debate social existente al mismo tiempo que se obtura el debate parlamentario? ¿El reclamo público por la legalización del aborto sólo es posible cuando la condición de minoría política “garantiza” una impotencia que goza de la conveniencia del fracaso? ¿Se le ha exigido a otras leyes controvertidas las mismas reglas para ser puestas en debate?  

 

La respuesta es evidente. Ninguno de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso se ha hecho cargo de lo que supone presentar un proyecto de despenalización/legalización del aborto en los últimos años, cuando la Campaña ha sido un interlocutor ineludible. Parece claro que, si se han promulgado leyes profundamente controvertidas sin ningún tipo de exigencia “popular”, lo planteado específicamente para esta ley supone una incoherencia que es imprescindible dilucidar.

 

Como en otros casos, se pone en evidencia la lógica verticalista, jerárquica y de un orden “normativo” propio que responde, no a las supuestas convicciones personales, sino a reglas evidentes de negociaciones acordes a otros intereses.

 

El cuerpo de las mujeres y las diversidades sexuales han sido y son la “carta” de negociación frente a intereses múltiples que se supone constituyen la real politik. Así, dejan de lado el efecto devastador de la clandestinidad de una práctica donde la punitividad no hace mella.

 

¿Qué razones alberga la legalización del aborto que hacen tan complejo y controversial su debate y promulgación?

 

En un reciente artículo de La Nación nos sorprende la siguiente afirmación: “El resultado está a la vista: un terremoto que está haciendo tambalear la estructura de una cultura machista fuertemente arraigada; un replanteamiento de conductas naturalizadas (y muchas veces, invisibilizadas) hasta no hace mucho tiempo; una revisión de roles y estereotipos que plantean desde la crianza igualitaria y compartida de los hijos hasta la distribución de las tareas en el hogar o la igualdad en el ámbito laboral”.

 

Las mujeres llevan la carga de de-construir sus roles de “naturaleza” patriarcal. Aún en un artículo que se hace cargo de poner voces de mujeres feministas a este “terremoto”, la falta de mención de la libertad reproductiva íntimamente ligada con la práctica del aborto, hace estruendo. Como si la voz pública de políticas y funcionarias dijera: hasta aquí llegamos. ¿Es ese el destino del grito callejero por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cuando las mujeres, incluso feministas, accedemos al espacio público que expresa la dominación patriarcal de la vida social? Al final del artículo se habla de  “Una nueva mirada de la maternidad” pero no se menciona el papel del aborto que permite elegir otros caminos para vivir como mujer.

 

La práctica del aborto es un cuestionamiento radical al orden social y al poder. Supone la apropiación de los cuerpos como un territorio de libertad y autonomía para decidir sobre los proyectos de vida. Interpela al orden patriarcal, desnuda las problemáticas de la salud pública, pone en discusión el modelo de familia hegemónico al escindir placer de reproducción y desnaturaliza la maternidad como destino.

 

De esto y tanto más no se han ocupado lxs legisladores que hacen un mea culpa poniendo el eje en cuestiones que la realidad desmiente. Las leyes no se instituyen en el debate televisivo aunque los medios tengan un lugar clave. Es la falta de decisión y voluntad política lo que ha impedido que en los 13 años de existencia de la Campaña Nacional no se haya debatido sus proyectos.

 

La historia parlamentaria de nuestro proyecto de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) ilustra una forma de dominación política: fue creado por elaboración colectiva como demanda de las mujeres que están fuera de la estructura del poder partidario. Incluso la voluntad y la afirmación de principios que motivan la adhesión de lxs legisladores son des-operativizadas por las lógicas de conducción vertical, autoritarismo bajo cualquier ropaje popular, descalificadoras del pensamiento propio y que subsumen las acciones políticas prometidas y adeudadas en los discursos electorales a las del aparato de sostén del poder autocrático del gobierno. Lo que se sostiene en este –digamos benévolamente- equívoco es un título parlamentario de pacotilla.

 

La “deuda de la democracia” se saldará con legisladorxs que hagan de su responsabilidad una práctica soberana.

 


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