Los crímenes de responsabilidad, que justificaron la destitución de Dilma Rousseff, no solo fueron rechazados por la defensa por cuestiones técnicas sino también porque fueron práctica corriente durante los gobiernos anteriores e, inclusive, hechas por la mitad de los gobernadores actuales de Brasil. La politóloga brasileña e investigadora de la UNSAM, Ximena Simpson, ahonda en el proceso político que sacó al PT del poder; repasa la historia reciente, la evolución de la sociedad y la lógica de los actores para poder entender el escenario actual.



Fotos: Agencia Brasil

 

En el prefacio de su libro As Razoes da Desordem (1993), el reconocido cientista político brasileño Wanderley Guilherme dos Santos (WGS) alerta de un gran error cometido por muchos especialistas en ese país: creer que existen teorías explicativas para los países ricos, otras diferentes para aquellos en proceso de desarrollo y otras diferentes para los países pobres. WGS argumenta que para entender las especificidades de los diversos procesos histórico-políticos no hay que construir leyes diferenciadas, pues todas las sociedades modernas enfrentan cíclicamente problemas comunes. Así, al analizar las trayectorias observadas entre Brasil y otras naciones, afirma que es justamente lo que hay de idéntico entre ellos lo que explicará sus diferencias.

 

Tomando el modelo de democracia poliárquica de Dahl (1997), de acuerdo al cual el orden social pluralista emerge del fortalecimiento y ampliación de la competencia entre los diversos grupos sociales y su posterior y progresiva inclusión en la política, WGS apunta al hecho de que la relación entre ética y política, en términos de la relación entre la producción material de la riqueza y la distribución de bienes y valores disponibles, es la misma para países capitalistas desarrollados y en vías de desarrollo. Sin embargo, la forma en cómo se desarrollan los procesos de integración, participación y distribución de la riqueza a lo largo del tiempo es lo que explicará los diferentes grados de institucionalización democrática del presente.

 

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Mientras que en las poliarquías estables la participación surge de la institucionalización del proceso de competencia política, en el caso de gran parte de los países latinoamericanos, el proceso se dio de forma contraria. Las masas fueron incorporadas a la dinámica de la competencia antes de que el proceso de competencia política estuviera planamente institucionalizado. Como consecuencia de esa inversión, la tercera etapa del proceso de construcción poliárquica, la distribución de la riqueza, se transformó en un instrumento auxiliar de la ingeniería política: como solución para el problema de la ampliación de la participación con una baja institucionalización de la competencia.

 

Resumiendo el argumento, esta peculiaridad generó un círculo vicioso en el cual es el tipo de relación entre el Estado (en sus diferentes niveles) y la sociedad la que termina definiendo la inestabilidad del sistema político, y constituye el factor que explica la dificultad en alcanzar una mayor institucionalización de la cultura cívica en determinados países. En este caso, Brasil.

 

 

 

Sabemos que la historia es dinámica y que sus procesos políticos son procesos al fin. Como tales, suponen la posibilidad de cambios, retrocesos y también de ciertos parámetros de continuidad. En ese sentido, Edson Nunes (1997) ya señalaba que el sistema político brasileño se conformaba por cuatro tipos de gramáticas diferenciadas o cuatro patrones de relación entre el Estado y la sociedad civil. Son ellos: el clientelismo, el corporativismo, el aislamiento burocrático y el universalismo de procedimientos. La combinación entre ellas a lo largo de la historia ocurre de forma e intensidades variadas. Algunas tal vez parecían ya superadas o transformadas. Los procesos vividos en esta última semana me hacen creer que no.

 

Es a partir de las contribuciones de WGS y de Nunes que creo posible entender un poco más el resultado del proceso de destitución de la presidente Dilma Rousseff (2011 –2016). Los cargos por los que se acusa a la ahora ex presidente Dilma Rousseff (“Pedaladas Fiscales” y autorización del gasto a través de decretos) son tema de amplia controversia entre especialistas y políticos. Los aclamados crímenes de responsabilidad, en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, no solamente son rechazados por la defensa por cuestiones técnicas, sino también porque fueron práctica corriente durante los gobiernos anteriores e, inclusive, práctica actual entre más de la mitad de los gobernadores (16 de un total de 27).

 

No pretendo entrar en discusiones técnicas. Lo que me interesa en este artículo es ahondar en el punto netamente político del proceso de destitución, en el cual la interpretación de la Constitución fue el punto central de las discusiones entre acusados y defensores. Y es justamente a partir de este punto que podemos buscar un cierto orden en el caos.

 

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Yendo a lo empírico, principalmente a comienzos de los años 80 era lugar común afirmar que Brasil era uno de esos casos de inexorable fracaso político-institucional. Entre un extremo multipartidarismo, un sistema partidario de baja institucionalización y un sistema federal robusto, Brasil no parecía poder ir más allá de un destino turístico de playas y caipirinhas. Sin embargo, principalmente a partir del siglo XXI, Brasil mostró ser mucho más que sus bellas playas. En términos político-partidarios mostró estabilidad, mayor previsibilidad y, hasta 2010, un considerable crecimiento económico apoyado en un aceptable consenso interno respecto a los pilares centrales del desarrollo nacional. Reforzó su histórica búsqueda por la hegemonía regional y levantó la bandera de la gobernanza global con el ímpetu de transformarse en un jugador internacional de peso.

 

En términos sociales Brasil parecía haberse despegado de su pasado y, finalmente, haber superado los condicionantes estructurales de la desigualdad y la pobreza extrema. El gobierno del PT iniciado por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y seguido por Dilma Rousseff (2011-2016) disminuyó en 1% el índice de desigualdad social (Índice de Gini) y aumentó el valor real del sueldo mínimo del trabajador (superando la inflación). Como resultado, asistimos a la incorporación de una masa significativa de brasileñas y brasileños a la ciudadanía (40 millones de personas accedieron a las clase C en los últimos 10 años). El desempleo cayó a valores nunca alcanzados (4.8% en 2014) y el número de estudiantes matriculados en la enseñanza fundamental, de 4 a 17 años, subió de 88.9% en 2003, para 93.6% en 2016.

 

Sin embargo, de un modo general, a partir de junio del 2013 el escenario parece cambiar nuevamente. Surgen inéditas y masivas manifestaciones en las principales capitales y urbes en contra del deterioro de la economía y de las políticas de austeridad que el gobierno de Dilma empezaba a tomar. Esta nueva coyuntura vuelve a desafiar a los analistas políticos sobre la realidad brasileña.

 

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Esas jornadas de junio pueden entenderse a partir de la incorporación de esos 40 millones de brasileñas y brasileños. Esta nueva ciudadanía impulsó a que se exija no solamente más, pero más y mejor. Por más derechos sociales, políticas universales y por más transparencia política. Definitivamente, el problema de la corrupción entró en la agenda pública. Como en su tiempo fue la responsabilidad fiscal. Esto muestra, sin duda, que hubo un proceso de maduración de la sociedad brasileña, un aprendizaje, que exige que se refleje en los dirigentes políticos.

 

A su vez, la economía, en ese entonces, ya mostraba señales de estancamiento con una fuerte caída del producto interno bruto (llegó a – 3.8%) y una escalada sideral del desempleo (11.6% en 2016) y de la inflación (10%). El gobierno de Rousseff iba en caída libre en términos de popularidad cuando empezaron las investigaciones sobre actos de corrupción. El llamado Petrolao y la Operación Lava Jato destaparon una explosiva caja de Pandora que involucró a gran parte del sistema político brasileño.

 

La operación denominada Lava Jato, comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño. El caso llevó hasta el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero. Su testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, fue la chispa que hizo estallar un escándalo de dimensiones inimaginables hasta el momento.

 

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La propia Petrobras afirma que los desvíos descubiertos sumaron en 10 años unos 2.000 millones de dólares, pero la fiscalía (Ministério Público) calcula que la cifra puede ser mayor, ya que, por sus cálculos, la red de corrupción desvió entre el 1 y 5% de cada contrato firmado por la compañía estatal entre 2004 y 2014. Según los fiscales, un “cartel” de 20 empresas que incluye las mayores constructoras y contratistas de obras públicas de Brasil, entre ellas multinacionales como Camargo Correa, Odebrecht y Andrade Gutiérrez, se repartía entre sí todos los contratos de Petrobras, con la connivencia de políticos de peso. Muchos de ellos del principal partido de la coalición de Rousseff, el PMDB, del opositor, PSDB de Aécio Neves e inclusive entre miembros del Partido dos Trabalhadores.

Dilma Rousseff, sin embargo no tiene ningún cargo de corrupción en su contra. Dilma Rousseff, sin embargo, no interfirió en ningún momento para detener la sangría que la Lava Jato producía. Ese, quizás, fue su gran error.

 

Al no impedir el enjuiciamiento del Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha del PMDB, por cargos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencia, éste aceptó un pedido de destitución elaborado por dos diputados opositores al gobierno.

 

Los problemas económicos se unieron así a la crisis ética. El descontento de las calles de junio de 2013 se mezclaron al rechazo por la corrupción generalizada, intensificando la caída de popularidad de la presidenta y fortaleciendo, frente a la opinión pública, el pedido de destitución patrocinado por la oposición. Ya a esta altura formada también por miembros de los partidos más fisiológicos de su base parlamentaria (el PMDB y el llamado Centrao).

 

Eso fue posible por dos razones principales, primero porque en muchos puntos la Constitución de Brasil es ambigua, a pesar de demasiadamente detallista. Segundo, porque a pesar de tener un sistema partidario relativamente disciplinado, el multipartiarismo sumado al hecho de que hay un sólo partido que prácticamente alcanza la mayoría necesaria para implementar establemente una agenda de gobierno. Eso obliga a que cualquier gobierno que quiera llegar al poder tenga que negociar con él. Last but not least, este partido es el PMDB.

 

El talón de Aquiles se encuentra, justamente, en las características del PMDB: un partido altamente fisiológico, débilmente ideológico con una alta fragmentación interna. Entonces, la suerte del gobierno, en términos de las posibilidades de implementación de su agenda (y ahora vemos que también de su sobrevivencia), dependía de la relación del partido del Ejecutivo con su principal socio. El humor de este socio dependía, a su vez, de la red de distribución de cargos y recursos dentro del Gobierno. O sea, entre la riqueza y las ventajas clientelares.

 

En el caso de Dilma ocurrieron tres cosas: una se refiere a su poca voluntad política para contener a su socio mayor (este presionaba por más cargos); su política de no intromisión en los casos de corrupción (Lava Jato, entre otros, que generó roces con su base parlamentar) y la crisis económica (en gran parte consecuencia de su mal manejo de la cuentas públicas). Esa coyuntura, en gran medida, llevó a que se diera curso al proceso de impeachment y a su inexorable condena.

 

Retomando el argumento de WGS y las gramáticas propuestas por Edson Nunes, mientras que la sociedad brasileña parece no aceptar más la corrupción como medio de hacer política y mientras vemos que se fortalecen los parámetros de transparencia en términos del control en los intercambios políticos de distribución de la renta, también mantiene, comparativamente con otros países de América Latina, una estructura institucional sólida y una burocracia, en algunas áreas, meritocrática. No obstante, la paradoja histórica es que no deja de convivir con gramáticas altamente conservadoras y patrimoniales que, como camaleones, se inmiscuyen en los aliceres republicanos y muestran los dientes cuando peligra su sobrevivencia.

 

 

 

 

Referencias:

Dahl, Robert. 1997, Poliarquia: Participaçao e Oposiçao. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

Nunes, Edson. 2010, A Gramatica Política do Brasil – Clientelismo e insulamento burocrático – 4ª Ed. Garamond.

Santos, WG dos. 1993, As Razoes da Desordem. Rio de Janeiro: Editora ROCCO.


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