¿Qué debe tener la muerte de un individuo para ser políticamente relevante y ser capaz de interpelar a los poderes públicos y propiciar cambios? A partir de esta pregunta, Gabriel Kessler y Sandra Gayol trazan una mirada sociohistórica sobre los casos conmocionantes que construyeron la vida democrática de un país en el que reclamar por los muertos es un acto tan politizado como asesinar o encubrir. Un fragmento de “Muertes que importan” (Siglo XXI).



El poder disruptivo de la muerte violenta generalmente se asocia con hombres y mujeres públicos, pero sabemos mucho menos sobre  la capacidad transformadora de  algunas muertes violentas de seres anónimos. En efecto, hay muertes que son profundamente desestabilizadoras e inauguran un tiempo histórico particular; hay otras que devienen hechos sociales y políticos pasajeros y espasmódicos, pero la mayoría  de las muertes violentas no logran ningún impacto público. Este libro  se interroga por  las razones de esa disparidad. Para ello, pone el foco en una  serie  de  muertes violentas  sucedidas en la Argentina, la mayoría de ellas provocadas por  agentes del Estado, que despertaron reacciones sociales, interpelaron a los poderes públicos y están asociadas con cambios particulares.

 

La conmoción social, la inflexión que  provocó la muerte y la participación directa o indirecta de funcionarios estatales en  el hecho fueron los puntos de  partida que nos  guiaron en  la selección –dentro del  conglomerado de  muertes violentas  posibles–,  así como en el proceso de  reconstrucción de los derroteros trazados por cada una de ellas. ¿Qué  debe tener la muerte de un  individuo para resultar políticamente relevante, es decir,  para  ser capaz de interpelar a los poderes públicos y propiciar cambios? ¿Por qué algunas muertes generan conmoción social y otras, similares, no provocan la misma reacción? ¿Por qué algunas muertes logran que un grupo variable  pero significativo  de la población se involucre emocionalmente con ellas, participe en el reclamo de justicia y exija respuestas del Estado?

 

Para  responder a  estas  preguntas nos  centramos en  la muerte violenta  provocada a personas indefensas por  individuos  o grupos de  individuos que  ocupan posiciones de poder. Consideramos sólo algunas muertes violentas que se produjeron en  distintos momentos y en diferentes espacios geográficos de  la Argentina, entre 1985 y 2002. Fue  en este lapso temporal cuando se concentró un número significativo de muertes violentas que iniciaron un proceso social de interpelación a los poderes públicos y cuestionaron distintas  aristas de la violencia estatal. 

 

Nos concentramos, entonces, en la muerte del banquero Osvaldo Sivak, secuestrado el 28 de julio de 1985 y luego  asesinado en la ciudad de Buenos  Aires por integrantes de  la Policía  Federal Argentina y ex integrantes de los servicios de inteligencia del Estado  (vinculados con el terrorismo de Estado); la de tres jóvenes de Ingeniero Budge, localidad de la provincia de Buenos  Aires, asesinados en 1987 por la Policía  Bonaerense mientras bebían cerveza  en  la vereda  de un  almacén; la de María  Soledad Morales,  violada  y asesinada en una  fiesta en septiembre de 1990, a los 17 años, por jóvenes vinculados de manera directa al poder político de la provincia de Catamarca; la de Omar Carrasco, encontrado muerto el 6 de abril de 1994 en el cuartel de Zapala, provincia de Neuquén, donde cumplía el servicio militar  obligatorio; y los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes  del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), cometidos por  la policía  en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 26 de  junio  de  2002. Si cada  una  de  estas muertes ocurrió en un momento preciso, nos interesamos también en su conversión en  “casos”: esto  es, en  la dinámica política  y social que la muerte estimula y modela. En este sentido, cada caso tiene  una  temporalidad propia, con momentos de visibilidad,  de repliegue en el espacio  público y potencial reactivación. Es decir,  los casos tal como se conciben en este libro no pueden decretarse como  definitivamente clausurados.

 

(…) Las muertes analizadas vuelven visibles asesinatos previos,  los rescatan del anonimato o del  olvido. Unas y otras permiten reconstruir categorías, establecen series, diseñan filiaciones, fijan genealogías, plantean nuevos temas  o legitiman otros  que ya estaban presentes pero que no lograban articularse como  demandas a los poderes públicos.

 

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La experiencia de la muerte es irrecuperable, entre otras razones porque afecta a una singularidad. No obstante, como veremos,  la especificidad de cada una de las muertes no debe ocluir rasgos comunes que es importante subrayar.  En primer lugar, se trata  de  la muerte violenta de seres  anónimos carentes de militancia política  previa –a excepción de Kosteki y Santillán–. Ninguna de  las víctimas aparece vinculada o sospechada de haber cometido un delito  penal. Eran  hombres y mujeres, la mayoría  adolescentes y jóvenes  pertenecientes a los sectores  populares o a los sectores  medios  de  distintos lugares  de la Argentina, cuyas muertes podrían no haber trascendido del fuero  privado.

 

En este  sentido, difieren de las pérdidas de  personas muy reconocidas, que generan una gran repercusión, especialmente visible en sus funerales (una referencia clásica son  los funerales de Estado  de presidentes, ex presidentes o dirigentes políticos en  ejercicio;  y también de figuras  del espectáculo o del deporte), en las expresiones públicas  de dolor  e involucramiento y, en ciertos casos, en sus historias post mortem. Otras muertes, incluso  de seres anónimos, suelen causar conmoción por  el lugar  que  ocupaba la persona en  la estructura social, en especial  en sectores  medios  y altos, y de este modo es más probable que,  por  algún  tiempo, acaparen la atención de  la opinión pública. Esa no era la situación en que se encontraba la mayoría  de las personas cuyas muertes analizamos aquí.  Si nos guiamos por  casos previos  de similares  características, se trata  de muertes que deberían haber quedado circunscriptas, al menos en principio, al ámbito del duelo privado –entre sus familias,  amigos  y conocidos–. Pero  no  fue  así. Tuvieron un impacto social y político imposible de prever  en la medida en que  otras  muertes parecidas, sucedidas antes  y después, no despertaron reacciones comparables. Nos proponemos develar entonces las razones y los modos  a través de los cuales estas muertes marcaron discontinuidades.

 

El eslabón mayor que las une es el Estado. Los Estados modernos siempre articularon la transición de  la vida a la muerte a través  de  leyes, instituciones y prácticas específicas. El disciplinamiento de  la población –viva y muerta– es una  forma  moderna de  la gubernamentalidad y su biopolítica (Foucault, 2007),  así como  la celebración de  los “grandes  hombres”, un punto de unión y de identificación de los límites  simbólicos de  una  nación en  relación con  otras (Anderson, 1983).  Para  Mbembé (2011), la soberanía en su versión  moderna es el derecho a matar  de formas  que  exceden  las normas legales de la política  institucionalizada. Es la necropolítica, sostiene, la que define quién es desechable y quién no, y la que determina el destino posterior del cadáver (Hansen y Stepputat, 2005). 

 

Los asesinatos analizados corroboran la endeblez, la fragilidad de las vidas y de los cuerpos muertos en manos del poder soberano. Las respuestas sociales que  dispararon, sin embargo, constituyeron una impugnación a este poder. En la muerte, como  en la vida, el cuerpo no es necesaria ni completamente maleable para  quienes ejercen la soberanía. Apropiados por los familiares, por los militantes sociales  y políticos, y/o por  sectores amplios  de la población, esos cadáveres los empoderan y les permiten contestar e interpelar el “hacer morir estatal”. Reclamar por los muertos es un acto tan politizado como provocar las muertes o encubrirlas.

 

Este libro, entonces, explora también el vínculo de la muerte con la política. Nos interesan las prácticas del Estado,  que no  se reducen a su arquitectura normativa o a su institucionalidad y que  anidan en  actos,  espacios  y jerarquías. Pero también buceamos en las reacciones y los usos múltiples que distintos actores  hacen de una  muerte violenta.  La frase “Me tiraron un  muerto”, atribuida al gobernador de la provincia de  Buenos Aires,  Eduardo Duhalde, cuando en  enero de 1997 apareció maniatado y calcinado José Luis Cabezas  –en una  cava ubicada en  un  camino cotidianamente transitado por  el mandatario–, refleja  en  toda  su crueldad el potencial político y emocional que los dirigentes y la sociedad pueden atribuirle a la muerte.

 

Recurso de  la política, la muerte no siempre se doblega, y los efectos  y sentidos de su politización tienden a ser imprevisibles y difíciles de controlar. Katherine Verdery  (1999), que  ha  estudiado el  valor  de  los  cuerpos muertos como vehículos y símbolos  políticos en la Europa del Este postsocialista, señala  que se trata  de cuerpos multívocos, es decir  que  cada  ser vivo puede darle  su propio significado, ya que los muertos no hablan por su cuenta o, como subrayan trabajos etnográficos recientes, no lo hacen con la suficiente elocuencia (Fontein y Harries, 2008).  En la Argentina, veremos, los cadáveres hablan por  sí mismos  y, simultáneamente, “todos” hablan o pretenden hablar por  ellos con intenciones y estrategias diversas.  Nos referimos tanto a la interacción y circulación de  discursos  públicos como  a las versiones,  chis- mes y rumores expresados en  palabras, contestados pública- mente y que a menudo están en el origen de las movilizaciones en pos de la verdad  y la justicia.

 

La muerte es el final  de  una  vida, por  supuesto, pero no siempre equivale  a un límite  absoluto. A partir de  ciertas  muertes violentas  se inició  un proceso dinámico y muy complejo de transformación social y política. ¿Por qué  esas muertes y no otras? Porque, tal como intentaremos mostrar, invadieron el espacio  público e ingresaron  en  la agenda política  y, al mismo  tiempo, alentaron apropiaciones, usos, sentimientos colectivos  y disputas inmediatas y póstumas por su significado. Así, por los cambios  que motorizaron y por  su capacidad de  plantear nuevos  problemas, nutrieron a la democracia de nuevos contenidos y significados, y contribuyeron a reconfigurar la sociedad argentina.

 

(…) Las muertes violentas  que  estudiamos suceden en democracia pero se vinculan, de maneras diferentes, con el pasado reciente. El conocimiento público de las prácticas dictatoriales sobre  las personas y los cuerpos muertos en confluencia con mutaciones que venían  erosionando la moral  sexual tradicional,  junto con  expectativas sociales  sobre  una  “buena muerte” y un “buen  entierro”, propiciaron una  sensibilidad que orientó la recepción de  ciertos  acontecimientos y consolidó una nueva manera de tratar varios temas, entre ellos, la muer- te evitable. Las prácticas de desaparición y/o de muerte del pasado reciente alentaron la reacción social  y la resistencia pública contra la violencia  instituida del Estado  y reclamaron la obligación de este de responder por sus crímenes. Por otra parte, sugerimos que la atención en las muertes violentas  del pasado que devenían públicas, el descubrimiento de los cadáveres NN, la interpelación de los despojos y la construcción de su memoria relegaron a otras muertes violentas  de las preocupaciones ciudadanas y políticas.

 

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El pasado reciente y los debates públicos que suscita desde los años ochenta son el horizonte de inteligibilidad indispensable.  La democracia es un  corte  evidente con  respecto a la dictadura. Su “restauración”, para  apelar a la denominación más frecuente, permite reposicionar motivos y valores que  la dictadura clausuró. Pero  también, y he  aquí  el segundo argumento general de este libro, la “restauración democrática” implica  nuevas  cuestiones, la enunciación de problemas y la emergencia de  debates que  se construyen en  el curso  de  la dinámica social y política. Las muertes violentas ordenan y de- finen  temas,  retoman argumentos del  pasado, descartan explicaciones ya obsoletas e incorporan problemas casi ausentes antes,  como  aquellos ligados a los riesgos y a la violencia  contra las mujeres. Entenderlas meramente como  “deudas de la democracia”, frase que  presupone un  concepto inmutable y prefijado de esta, soslaya que las muertes muestran el carácter de construcción interminable del pasado reciente y el sentido histórico de su definición.

 

La muerte violenta  sucede, y en la mayoría  de los casos es socialmente condenada. Sin embargo, y este es el tercer argumento general, no debe  ser pensada en clave analítica como una  patología de la vida social y política  o como  un  resabio extemporáneo del pasado. Es un  hecho social y es un  recurso de  la política:  un  instrumento del  que  se puede valer  el Estado,  a través  de  actores  diversos,  para  alcanzar determinados  objetivos.  También, una  vez acaecida, la muerte nutre y alienta el discurso, la discusión y las prácticas políticas,  e inicia un decurso con consecuencias imprevisibles.

 

La eficacia  de  algunas muertes para  volverse visibles –por el escándalo que provocaron y por las demandas y problemas generales que plantearon– y la invisibilidad de otras se debe, y este es el cuarto argumento general, al tema  con  que  cada muerte en particular se relacionó: a la interacción con la coyuntura política  en la que se produce, a la forma  en la que varios actores  se involucran con  ella, a su capacidad de remitir a otras muertes similares,  y a su presencia en la agenda de los medios  masivos de  comunicación. En esta configuración de variables la muerte ya no entraña sólo la ruptura del lazo con los vivos sino también un proceso de comunicación e interacción social y política.

 

La aproximación micro  y macroanalítica permite constatar la coexistencia de historias y sentidos disímiles de una muerte y, a su turno, muestra que  los cambios  y las experiencias que se asocian  a ella  también son  distintos. Ninguna muerte, y este es el quinto argumento general del libro, es reducible ni asimilable a una escala de análisis en particular. Las narrativas y experiencias que articula en el lugar  donde aconteció difieren  de las que  puede suscitar  en el resto  del país. El alcance de la historicidad del hecho también lo es: alejadas  del espacio donde sucedieron, las secuelas pueden ser tenues.

 

Pero las escalas tienen atributos, una historia propia e imágenes más o menos cristalizadas que confluyen para otorgar a ciertas muertes violentas  un sentido diferente. El sexto argumento general es que cuando los medios  de comunicación de alcance nacional construyen determinado espacio social destacando sus vínculos con el delito  y la violencia,  las muertes que allí acontecen conmueven socialmente mucho menos y carecen de impacto político. La muerte violenta refuerza el estigma.


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