Algunos sindicalistas ya no tienen con quien hablar en el gobierno, otros quedaron alineados y con cargos. El sociólogo Nicolás Damin analiza cómo se perfilan las relaciones con los nuevos funcionarios, muchos de ellos representantes de empresas, y el desarrollo de la primera discusión paritaria. ¿Se unificará finalmente la CGT? ¿Cómo incidirá la interna del PJ y del FPV en la dinámica gremial?¿Qué tan lejos queda el sueño moyanista de llevar a un trabajador a la Rosada?



Foto portada: Agencia Télam

Foto interior: Eduardo Carrera

 

Algunos sindicalistas de la CGT negocian directamente con el presidente Mauricio Macri. Otros con el ministro de Trabajo Jorge Triaca. La mayoría de los Secretarios Generales sólo accede al teléfono de Hugo Moyano (Camioneros), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Gerónimo Venegas (Rurales), Amadeo Genta (Municipales), José Lingeri (Obras Sanitarias) o a sus segundas líneas. Los que apostaron a fondo por la candidatura de Daniel Scioli, como Antonio Caló (Metalúrgicos) aún no tienen interlocutores de peso en el nuevo gobierno. Las elecciones nacionales modificaron de forma radical los vínculos políticos entre los sindicatos peronistas y el Estado, y alteraron ganadores y perdedores en los beneficios del ingreso privilegiado a las oficinas públicas.

 

Ante esto aparecen varios dilemas. ¿Cómo se perfilan las relaciones con las flamantes autoridades, muchas de ellos, CEOs representantes de empresas? ¿Cómo se desarrollará la primera discusión paritaria en un gobierno en el cual el PJ no forma parte de la coalición? ¿Se unificará finalmente la CGT? ¿Cómo incidirá la interna del PJ y del FPV en la dinámica gremial?

 

“Algún día los trabajadores llevarán un trabajador a la Casa Rosada”, dijo Hugo Moyano en un acto de las 62 Organizaciones Peronistas de Capital Federal en el microestadio de Ferro en el año 2010. El conflicto de su sector y el Frente Para la Victoria comenzaba a percibirse y finalizaría con la CGT Azopardo fuera del gobierno y en apoyo, años más tarde, a la candidatura presidencial de Cambiemos.

 

El verano del 2016 se presenta como explosivo para el universo sindical. La devaluación de la moneda, el incremento de los precios básicos de alimentos y servicios públicos, los despidos y la no renovación de contratos de miles de empleados estatales (nacionales, provinciales y municipales), producen una sensación generalizada de incertidumbre en los sectores asalariados y presionan sobre aquellos que intentan reivindicar su representación legal. En este contexto, el sindicalismo vive su mayor fragmentación en décadas, con cinco centrales obreras y más de tres mil sindicatos que, en muchos casos, compiten por la misma base de trabajadores. Más del treinta por ciento de ellos se encuentra no registrado. Un porcentaje mucho mayor, por supuesto, no está sindicalizado. A pesar de ello, el gremialismo argentino conserva niveles de afiliación y de infraestructura como en sus mejores épocas, con universidades, hospitales, colonias de vacaciones y hoteles en todos los centros turísticos del país. ¿Cómo se posicionará ante la administración?

 

La respuesta parecía evidente el 17 de diciembre de 2015 cuando el plenario de casi todas las asociaciones se inclinaba por la re-unificación de la CGT y un acuerdo amplio con el gobierno electo. El mismo estaría basado, según el reclamo gremial, en mantener el nivel de salarios y ocupación, la reducción del impuesto de las ganancias, el aumento de las asignaciones familiares y la distribución de los fondos para las obras sociales. Recursos que se calculan en 26 mil millones de pesos. Pero con el correr de los días se hizo evidente que las exigencias sindicales para adherir a un acuerdo social de gobernabilidad colisionaban, por lo menos, con los planes del ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay para “la estabilización macroeconómica y combate a la inflación”. Según sus dichos era necesaria una contracción inmediata del consumo y de la emisión monetaria para la atenuar el incremento galopante de precios.

 

Los márgenes para el pacto sindicatos-gobierno se achicaron. Los teléfonos empezaron a sonar con invitaciones a comer y opciones de salvación individual ofrecidas por las nuevas autoridades a cada Secretario General. Colocar un hombre de confianza en algún cargo clave. Asegurar futuros recursos para la rama de actividad. Un contacto de más alto nivel con el gobierno nacional. Entonces, la re-unificación de la CGT comenzó a posponerse para marzo o para el invierno. En ese marco, la tensión entre pelear por la propia asociación gremial, por los trabajadores del sector y por el resto de la clase trabajadora desde una posición común resulta conflictiva para los delegados.

 

Si enero fue un mes de silencio, evaluación, discusión interna y vacaciones de muchos sindicalistas ante la ola de 25.000 despidos, febrero comenzó con el inicio de las discusiones mediáticas por la próxima paritaria: una guerra de declaraciones sobre el techo del aumento salarial, fijado en 25% el 2 de febrero por Triaca y criticado por los gremialistas de la CGT y la CTA. A última hora de ese día, el presidente mencionó a la prensa que convocarían a los sindicalistas para “dialogar”. Aparentemente, la presión tuvo éxito, y la negociación sería directamente con Macri. Los sindicatos quieren ser otra vez un factor de poder, que los tengan en cuenta en la toma de decisiones. Es materia de futurología saber si lo lograrán.


 

El conflicto desatado por el derrumbe de los precios internacionales del petróleo muestra dos resoluciones del nuevo gobierno. Por un lado, en Chubut, ante la paralización de la producción por la nula rentabilidad y con la posibilidad de licencias generalizadas, los gremialistas hicieron asambleas masivas, movilizaron a la población y a los políticos locales, llevaron la confrontación a las últimas consecuencias y, al final lograron una solución similar a la aplicada por la administración anterior: subsidiar, entre la nación y la provincia, 10 dólares cada barril de crudo y no cesantear por seis meses a los trabajadores. Por otro lado, en la cuenca neuquina, ante la misma situación, el sindicato liderado por el senador nacional Guillermo Pereyra alcanzó un acuerdo con las empresas (la más grande es YPF) y el gobierno para conservar a los 1500 operarios que están parados en sus domicilios. En este caso, el corazón del pacto fue el compromiso sindical de apoyar la re-conversión de los equipos de extracción petrolera a gasífera (shale gas), que pueden ser utilizados por los mismos empleados, y 2500 suspensiones rotativas por tres meses con el pago de medio sueldo no remunerativo (20.000$ de promedio). En ambas zonas productoras se espera que un importante contingente de petroleros pueda jubilarse, dado que en septiembre pasado el ministro Tomada amplió el beneficio a todos los trabajadores de la actividad que cuenten con 25 años de servicios y 50 años de edad. Subsidios públicos, suspensiones y el compromiso de alteraciones en la producción fueron los ejes de los acuerdos a cambio de una paz social provisoria. Es posible que en las áreas estratégicas, donde el poder sindical es mayor, este sea un combo para las próximas semanas.

 

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Una situación diferente enfrentan los empleados estatales, que generan beneficios sociales y no rentabilidad empresaria, donde los despidos alcanzan decisiones político-ideológicas, en áreas clave como derechos humanos. La estratagema gubernamental fue la finalización masiva de contratos, muchos de ellos precarios, pero otros con décadas de antigüedad. Los gremios reaccionaron de forma dispar y fueron criticados por numerosos actores sociales, muchos de los cuales, paradójicamente, no están sindicalizados. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro para el 24 febrero por la reincorporación. La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y ATE realizaron el 3 de febrero, una concentración en el ministerio de Cultura para exigir una negociación. Parece un cambio de modalidad, ya que ambos sindicatos raramente actúan de forma conjunta, y da cuenta de la percepción de la magnitud de la crisis del empleo estatal que no solo se concentra en supuestos trabajadores sin funciones, contratados en los últimos días del gobierno de CFK, sino en la totalidad de los empleados públicos y en la estabilidad legal de sus tareas. El escenario está abierto y recién comienza. En marzo terminan miles de contratos renovados por tres meses a principio de año por el decreto 254/2015 del gobierno de Macri. Se prevén resoluciones distintas en cada actividad y delegación, que dependerán del poder de presión y acumulación de apoyos externos e internos de los gremios y, en todos los casos, de los propios trabajadores. La represión para finalizar el corte de ruta de los obreros de la empresa avícola Cresta Roja y la detención política de la dirigente de la CTA Milagro Sala son caras de la misma ecuación.

 

En ese contexto, la interna peronista y kirchnerista aparece como un factor posible de contención o debilitamiento sindical, en función de las líneas y agendas que sigan las autoridades partidarias y las alianzas que tejan con los gremios. Si el Frente para la Victoria (FPV-PJ) elige una estrategia de confrontación, los sindicalistas que adhieran a ella tendrán un vital apoyo extra. Si la coalición del FPV se fractura, los sindicalistas que quieran apoyar al nuevo gobierno tendrán refuerzos de diputados, senados y gobernadores para negociar con Macri. Por ejemplo, el Partido Fe liderado por Venegas es parte integrante de CAMBIEMOS y el diputado moyanista Jorge Mancini es miembro de la bancada oficial.

 

Hoy se pautó una reunión Consejo Nacional del PJ para avanzar en la renovación de autoridades. Se comenzarán a divisar los realinamientos internos y el conteo de fuerzas y miembros de cada grupo, a saber: los leales a CFK, los críticos a su liderazgo y los indecisos. Las derrotas electorales del 2013 y 2015 generaron un replanteo de la agenda partidaria y de las lealtades. Hace algunas horas, un grupo de diputados, entre los que se encuentra Diego Bossio y las redes que responden al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey se alejaron del bloque de diputados del FPV, que perdió la primera minoría de la Cámara de Diputados. El encuentro se realizó en el sindicato de taxistas que conduce Omar Viviani. En este contexto, un sector de las bases que participó activamente en la segunda vuelta electoral inició una campaña de reafiliación al PJ. La Juventud Sindical Peronista, ligada a la CGT Alsina y a los sindicatos que siguen a Caló, junto a UPCN, Curtidores y el Suterh, entre otros, son la base sindical de la iniciativa.


 

Numerosos analistas han señalado que el núcleo duro de toma de decisiones del PRO está conformado por CEOs de grandes compañías, con escasa o nula experiencia política o de gestión estatal. Sus trayectorias personales y profesionales se forjaron en la disputa cotidiana e íntima con los sindicalistas en los lugares de trabajo.

 

El desempeño de los gerentes en esas batallas diarias es vital para lograr los objetivos fijados por los propietarios de las empresas: evitar paros, negociar cambios de horarios y de salarios, ampliar y reducir el personal y la producción, etc. Sus carreras dependen de ello. Los CEOs aprenden en la dinámica de la producción a ser tiempistas en sus relaciones con los gremialistas, a ganar, empatar y perder, a vivir en tensión permanente, a negociar, a conocer su educación sentimental, sus deseos secretos, virtudes y miserias.

 

El ministerio de trabajo está ocupado por algunos de ellos, conocedores del mundo sindical, con contactos personales y familiares de años. En su primer momento, Jorge Lawson fue postulado como ministro, pero los sindicatos lo vetaron por sus vínculos empresariales. Luego, Triaca asumió el cargo y su Viceministro escogido es un ex gerente de Recursos Humanos de la multinacional Techint. El nuevo gabinete se completó con personas ligadas al entramado y a las redes gremiales: Ernesto Leguizamón (jefe de Gabinete) y Ezequiel Sabor (secretario de Trabajo) tienen relación directa con Moyano, Barrionuevo, Mangone y los denominados “Gordos” o gremios de servicios. El esquema se completa en otros ministerios, como el superintendente de Salud, Luis Scervino, hombre de Lingieri, encargado de regular, controlar y distribuir los fondos de las obras sociales sindicales. Eso hace suponer que los sindicalistas mantendrían en Trabajo una institución de negociación con el Estado que ganaron en la década del cuarenta y siempre han intentado conservar, independientemente de quienes sean las autoridades nacionales.

 

El resultado de las paritarias y de las relaciones entre sindicalistas y Cambiemos es incierto y depende de la evolución de los planes oficiales, aún no totalmente conocidos. También de la cintura política de los funcionarios, la incidencia de la interna peronista, que casi todos los sindicalistas juegan y, fundamentalmente, de la evolución de la economía, que desvela a las almas de quienes disputan recursos en el mundo de la producción y el consumo.

 

Durante este verano las colonias y los hoteles sindicales estuvieron con ocupación plena. En unos días, las mochilas, guardapolvos y útiles escolares llegarán a los hijos de los afiliados sindicales, que es históricamente un momento de felicidad para la familia sindical. Alguno de ellos se casará y tendrá su luna de miel gratuita pagada por el gremio. También desearán el asado dominical, comprar ropa y actualizar el auto. Entonces sus delegados se debatirán en cómo organizar el descontento generalizado.

 

*Investigación periodística: Sonia Budassi


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