¿Qué idea de Nación se nos presenta cuando se reduce un desfile al vitoreo de las fuerzas armadas? ¿Qué modelo de relación cívico–militar se nos propone cuando el Estado se desentiende de la conducción política y les asegura a los uniformados una celebración libre de civilidad? Las tensiones, los debates y el contexto judicial detrás de la presencia de militares vinculados al terrorismo de Estado y al golpismo antidemocrático en los festejos del Bicentenario.



El 8 de julio, las críticas más agudas sobre el alcance de los festejos del Bicentenario de la Independencia llegaban a la caracterización de los actos por venir como una puesta insulsa y de factura billikenesca. Les sobró audacia a los organizadores: dos días después distintos sectores, incluso de la alianza gobernante, hablaron de reivindicación del terror cívico–militar y golpismo antidemocrático como protagonistas de la celebración patria.

 

El malentendido comenzó antes de la aparición en escena de los militares del Operativo Independencia y Aldo Rico: frente a la realeza española se redefinió aquel episodio histórico de 1816 como fuente de angustia y ya no de libertad ni gloria. No quisiera dejar de anotar que a unos cientos de kilómetros de la presencia del Rey que ostenta el mismo linaje monárquico en cuyo nombre el continente entero fue sometido a explotación, saqueo y exterminios, en la cárcel de Alto Comedero en la vecina provincia de Jujuy pasa sus días ilegítimamente privada de su libertad una de las principales dirigentes sociales de nuestro país, Milagro Sala.

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La relación no es caprichosa; más allá de la maleabilidad jurídica, —aún con fuerte raigambre en la tradición inquisitorial que los españoles impusieron a pura espada, pero en nombre de la Justicia—, Sala está presa fundamentalmente por haberse atrevido a desafiar a fuerza de dignidad indígena, las matrices mismas del colonialismo de antaño que reproduce capacidad de sometimiento aunque bajo nuevos ropajes.

 

Hasta ahí, 9 de julio al mediodía, sabíamos de la presencia del Rey y de un discurso presidencial que ponía una instancia para el desconcierto. Lo que no conocíamos todavía era la impronta del desfile militar como forma dominante del festejo patrio, colocando al frente, con presencia firme, auténticos arquetipos de los horrores de nuestro pasado más reciente. Lo que sigue está escrito con la premura del estupor.

 

La(s) independencia(s) en Tucumán

 

Si en 1816 Tucumán fue testigo de la liberación definitiva de España y el nacimiento como República, 160 años después se implementó un operativo militar homónimo. Un horror superior al contrasentido semántico, consistente en transformar el territorio provincial más pequeño del país en un campo de concentración a cielo abierto. En nombre de una guerra inexistente, el Operativo Independencia fue el ensayo general previo al despliegue a escala nacional -con conexiones internacionales vía Plan Cóndor- de la máquina de sangre, tortura y desaparición más feroz que conocimos en estas tierras, luego de la invasión española.

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Hubo preavisos. Los pioneros: los bombardeos del año 1955, en los que de manera inédita a escala mundial aviones de la Armada creada para defender la soberanía y por lo tanto al pueblo, tiraron bombas sobre civiles, trabajadores, a plena luz del día, eligiendo presas fáciles, muchedumbres en hora pico en pleno centro de Buenos Aires. Luego, ya transitado largamente el plan CONINTES y entrenados en esto de la Doctrina de la Seguridad Nacional, consistente en volver enemigo a lo popular en sí mismo, llegó el 22 de agosto de 1972 con los fusilamientos cobardes de personas en situación de indefensión, emulando, porqué no, a las ejecuciones contra Valle y sus compañeros en 1956.

 

Pasaron varios años desde 1983 para que la dictadura dejara de ser nombrada como militar para ser llamada correctamente cívico–militar y también llevó su buena cantidad de tiempo comprender que el genocidio desatado en 1976 tenía precedentes en los hechos enumerados más arriba.

 

Aún con todos los refugios legales y políticos que la impunidad logró conseguir a fuerza de condicionamiento sobre la gobernabilidad democrática, no pudo sustraerse a la larga marcha de la resistencia que no dejó fisura por presionar, foro internacional ante el cual reclamar, manifestación popular por convocar, escrache por realizar. La inmensidad de esa gesta de la resistencia lo hizo posible. Todo lo demás, acompañó u obstaculizó.

 

Así, tras la impunidad negociada desde 1989 con indultos que se sumaron a las vergonzosas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hubo que esperar casi 26 años para que aquel globo de ensayo que fue el Operativo Independencia fuera sometido a juicio oral y público. Apenas largado, quienes se reivindican como combatientes del “operativo”, y por lo tanto lo validan, desfilaron como “héroes de la patria” en la fiesta oficial del Bicentenario.

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Un rosario de provocaciones

 

No hay, la verdad, señales de entusiasmo con la política de memoria, verdad y justicia y estos procesos requieren mucho más que indiferencia por parte del Estado. En apenas seis meses a) nos visitó el Presidente Obama en una fecha sensible y no hubo ningún énfasis presidencial en reclamar cooperación para desentrañar los apoyos de ese país para el desarrollo del terrorismo de Estado, además de los que dieran cuenta del ahínco con el que lo impulsó;  b) el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ocultó una reunión con la militante política Cecilia Pando, cuyo contenido es sospechoso por la opción ministerial por el secreto y la oscuridad, además de informaciones sobre sucesivas reuniones con abogados de represores; c) se vació de hecho, y casi como reflejo apenas asumida la gestión, el Programa Verdad y Justicia, de apoyo imprescindible para los juicio; d) se lapidó la política de Derechos Humanos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, al punto de disolver la propia dirección, antes dependiente de la máxima autoridad ministerial; d) la primera medida del Ministro de Defensa de la Nación para el área de derecho humanos fue eliminar la prohibición de que el personal militar se atendiera en hospitales militares, prohibición que el exministro Agustín Rossi estableció luego de una espectacular fuga de uno de esos hospitales. No quisiera dejar fuera de estas provocaciones la insistencia negacionista del ex secretario de Cultura de la Ciudad, cuya condición ministerial pretérita es fruto de la presión social y no determinación de sus jefes.

 

El fallo judicial del Bicentenario

 

En estos tiempos en que el poder judicial es señalado por su volatilidad frente a los cambios en los signos políticos en el Poder Ejecutivo, podría no sorprender que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, haya absuelto a los acusados de haber participado en la masacre de Villa del Rosario, en la provincia de Catamarca. Allí, el 8 de octubre de 2013, un tribunal oral había condenado a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta por “homicidio calificado agravado por alevosía” a la pena de prisión perpetua. En la masacre fueron asesinados 14 militantes del ERP – PRT. Al momento de ser fusilarlos, en medio de la montaña, ya se habían rendido y estaban completamente desarmados.

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El hilvanado histórico que la lucha popular consiguió establecer encontró un corte abrupto, un tirón con forma de sentencia. Los jueces de la mayoría, Riggi y Catucci, entendieron que por la fecha en la que ocurrieron aquellos hechos, bajo la vigencia de un gobierno democrático -subrayando que fue elegido por el 60% de los votos- quedaba desacreditada la existencia de plan sistemático, como si eso impidiera que se configuren delitos de lesa humanidad.

 

Ese hecho ocurrió el 12 de agosto de 1974, apenas dos años después de la Masacre de Trelew, condenada en el año 2012 como delito de lesa humanidad. También en 1974, unos meses después de aquel agosto, en el mes de noviembre, la CGT colocó una placa que aun luce vergonzosamente en la plaza de Armas del Ministerio de Defensa de la Nación y dice, según recuerdo: “De las fuerzas del trabajo al Ejército Argentino, por su lucha contra la subversión apátrida”. Cualquiera puede ir y visitarla.

 

No es a la autocrítica sobre las responsabilidades políticas dentro de los períodos democráticos a la que debemos el esclarecimiento sobre los antecedentes de terror en plena formalidad democrática. Fueron otra vez los organismos y familiares desde la lucha quienes dejaron claro que la apelación al crimen político no era patrimonio exclusivo de militares ni gobiernos de facto.

 

Llevó décadas romper el cerco de la formalidad jurídica y las resistencias políticas para insistir con el artificio de que el terror de Estado no empezó el 24 de marzo de 1976, algo que bien saben los sectores populares que, como con sorna parece decir la mayoría de la Sala III, votaron en un 60% a un gobierno que luego fue ganado por los sectores internos, que desplegaron acciones represivas indetenibles sobre propios y ajenos. El fallo judicial, al enfatizar la foto histórica del voto y desatender las complejidades políticas que se desplegaron luego, lejos de asegurar justicia contribuye con las teorías que niegan el terror de Estado, haciendo responsable a las víctimas.

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El fallo aún está apelado (incluso por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es querellante) y podría ser revocado por la Corte Suprema. No obstante ello, desde que la Casación los sobreseyó, Carrizo Salvadores y Nakagama están libres. Tanto así, que el primero de ellos pudo marchar bajo el estandarte de ex combatientes del Operativo Independencia. Las decisiones judiciales, vemos, tienen consecuencias bien directas.

 

En lo que aquí interesa, habrá que estar atentos: el juicio penal, oral y público por el Operativo Independencia comenzó, oh causalidad, apenas un mes antes de que la Cámara de Casación Federal entendiera que bastaba con el carácter democrático de un gobierno para negar el terror de Estado como realidad.

 

Qué se discute en Tucumán

 

El despliegue del Operativo Independencia se justificó en el combate de la guerrilla del ERP–PRT, pero lo cierto es que la represión desplegada ya desde antes de 1975, privilegió jóvenes y obreros de la industria azucarera, nucleados en la combativa FOTIA. Tal como enseña Eduardo Basualdo, Tucumán mostró la estrecha relación entre las necesidades represivas para el desarrollo del bloque económico dominante y la instrumentación del poderío militar para eliminar todo lo que fuese obstáculo.

 

Así, según el Tomo I del Informe “Responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad en la Argentina”, luego de la aprobación del decreto 261/1975 del 5/02/1975 con que se inició formalmente el Operativo Independencia dirigido a “aniquilar la subversión”, aquel “ (…) tuvo hasta 1979, y de forma sucesiva, la conducción de los generales Acdel Edgardo Vilas, Antonio Domingo Bussi y Luis Santiago Martela. El mismo Vilas explicó que el epicentro de su accionar en la provincia se llevó a cabo en el “ámbito gremial y dentro del mismo el objetivo principal era la Fotia”.

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Los delitos que se juzgan desde el 5 de mayo en Tucumán van desde la violación de domicilio, el secuestro, las privaciones ilegítimas de la libertad, las torturas, el abusos sexuales hasta homicidios contra 270 personas, muchas de las cuales permanecen aún desaparecidas. En cuanto a la procedencia sectorial de las víctimas, el informe sobre responsabilidad empresaria que acabamos de citar más arriba, basado en datos de la causa judicial, señala que el 40% eran obreros o sus familiares directos, un 15% dirigentes sindicales o gremiales, y sólo un 7% de las víctimas estaban vinculadas al ERP–PRT o Montoneros.

 

Además de Isabel Perón, que ni siquiera fue convocada como testigo, también quedaron fuera de este juicio los grandes empresarios azucareros que —tal como se sospecha fundadamente de los Blaquier en Jujuy a través de su Ingenio Ledesma— han sido soporte fundamental del Operativo. Por ejemplo, a través de distintos mecanismos; algunos formalizados, como el Fondo de Apoyo Patriótico Azucarero aprobado por decreto 4635 del año 1976 y administrado con fuerte liderazgo del padre del actual ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

 

Bien mirado, en perspectiva y poniendo del lado de la justicia la densidad que el paso del tiempo aporta a nuestra comprensión de lo sucedido, es mucho más que un operativo militar lo que se juzga hoy en Tucumán. Es más que un paso fundamental en la historia del genocidio. Es el disciplinamiento por vía de exterminio que condicionó no sólo a las víctimas directas, sino al desarrollo nacional.

 

En ese sentido, la decisión de vivar a quienes se presentan como combatientes de una guerra que, según cifras como las que dimos, no fue tal, es una fraude múltiple. Desde un punto de vista republicano ¿a qué tipo de confusión apuestan, con el ruido de aplausos, quienes marchan reivindicando aquello que la justicia, la misma a la que dicen venerar, está investigando? En perspectiva militar, ¿qué versión del honor se alimenta de reivindicaciones de los peores capítulos de la historia de las tropas que integran? Me refiero aquellos que, como en el Operativo, desplegaron reincidentemente su poder contra trabajadores, estudiantes y militantes políticos. ¿Qué tipo de mensaje recibimos los silenciosos testigos directos de nuestra historia, viendo a los verdugos reivindicar la pedagogía del terror que aún hoy atraviesa intergeneracionalmente nuestros cuerpos?

 

La reivindicación golpista

 

El domingo 10 de julio, el Presidente no se quedó descansando como anunció por Twitter y presenció el desfile estrictamente militar, tal como días antes había anunciado un entusiasmado artículo de La Nación.

 

Ante la mirada del Presidente de todos los argentinos y del Ministro de Defensa, vimos pasar a Aldo Rico. El carapintada sufrió un derrotero político que lo tenía en el ostracismo al que quedaron condenadas las bravuconadas antidemocráticas, luego de haberse reciclado políticamente en el peronismo durante todos los ’90, exprimiendo las posibilidades del vergonzoso indulto menemista. En esas arenas, no le quedó fracaso por protagonizar: a las derrotas electorales (más allá de su intendencia en San Miguel) le sumó una gestión como ministro de Seguridad de Ruckauf. De aquel paso por la provincia de Buenos Aires se recuerda que habilitó la tortura sistemática, según las denuncias judiciales y de organismos de control, y que nunca redujo ni el delito ni la violencia.

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En estos días dicen que hace de asesor sheriff en un municipio del conurbano bonaerense. El domingo aprovechó y volvió a escena disfrazado de militar. Digo disfrazado porque Aldo Rico no es militar desde el 5 de febrero de 1988: ese día fue dispuesta su baja obligatoria. Como todos sabemos, su obstinación golpista fue tan obscena que ni siquiera pudo resistir el endeble poder real que el gobierno tenía por entonces sobre las Fuerzas Armadas. Ya perdida su condición militar, el ex Teniente Coronel Aldo Rico se haya registrado con el legajo 2260 dentro del Ejército.

 

La historia tiene sus vueltas: 28 años después de la baja de Aldo Rico, nos toca ver justo a un radical dejar libre la posibilidad de un borrón y cuenta nueva con forma de desfile, honras y reivindicación pública. El ministro Martínez declaró que a Rico no lo convocó el Ministerio, que fue una decisión de las organizaciones de ex combatientes que participaron del desfile. Toda una declaración de principios en materia de control político de las Fuerzas Armadas: mejor que no hacer, es dejar hacer a otros. Tampoco transmite confianza el estupor del Ministro frente a lo que señaló como un hecho consumado que vio pasar ante sus ojos en pleno desfile.

 

No es el único contrapunto que el radicalismo macrista tiene con su versión alfonsinista. Al fin y al cabo, la sorpresa del Ministro es la expresión mundana de la decisión tomada de dejar grandes porciones de la administración de las fuerzas armadas en manos de los propios jefes militares, sin indicar cómo piensa garantizar control político efectivo. Eso es lo que ocurrió con el Decreto 721/2016, mediante el que se eliminó, hace pocas semanas, un pilar fundamental del control político que Alfonsín había establecido recién asumido, en febrero de 1984, a través del decreto 436/84 . Lo que pasó con Aldo Rico en el desfile es un ejemplo concreto de lo difícil, sino imposible, que es controlar cuando se opta por dejar hacer.

 

También participó del desfile el Teniente Coronel (Re) Emilio Nani, sancionado en diversas ocasiones por reivindicar el terrorismo de Estado y condecorado por su desempeño en el asalto al cuartel de Villa Martelli, La Tablada. Con independencia del juicio de oportunidad y valor que nos merezca la decisión de quienes coparon el cuartel, los amantes del derecho y la institucionalidad deben saber que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por las aberraciones cometidas en nombre de la defensa de ese predio. Aún hoy, Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Ruiz y José Díaz continúan desaparecidos aunque fueron capturados vivos. Estos hechos son investigados por la justicia penal, en una causa que sigue abierta porque así lo decidió la Corte Suprema en diciembre de 2014.

 

Tras el manto de Malvinas

 

Podríamos enumerar otros participantes del desfile conocidos en su condición de sospechosos, cuyos rostros no han sido visibilizados: el paso del tiempo, en materia de impunidad, hace estragos. Pero para muestra, nunca mejor dicho, bastan tres botones. Carrizo Salvadores, Rico, Nani marcharon como héroes de Malvinas.

 

La condición de combatiente de Malvinas es suficiente para obturar todos los demás horrores que ostentan y reivindican personajes como este trío. ¿Se mantiene la condición intachable de combatiente mientras no se esclarezcan las denuncias por abusos sobre la propia tropa?

 

La misma artificialidad con la que se pretende un cisma entre las articulaciones previas del terror y su máximo esplendor a partir de 1976, opera cuando la guerra de Malvinas queda encapsulada como un episodio ajeno al dispositivo de terrorismo estatal.

 

Quienes fueron señalados como activos torturadores en Centros Clandestinos de Detención ubicados en la plataforma continental, también fueron acusados por haber extendido esas prácticas a la propia tropa. Durante la gestión de Agustín Rossi, la Dirección de Derechos Humanos del ministerio de Defensa de la Nación hizo un exhaustivo análisis de archivos entre las fuerzas sobre lo ocurrido en Malvinas, a partir de las denuncias de varios de los combatientes que en estos días se negaron a marchar aduciendo que entre los invitados había represores. Sobre ese informe dijo Clarín, el 14 de septiembre de 2015: “Un documento secreto -firmado por el entonces comandante en jefe del Ejército, teniente general Cristino Nicolaides, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la guerra- revela un plan de la dictadura para ocultar esos delitos cometidos en las islas. En el texto -rotulado como “secreto” por el Ejército- Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas y vejámenes que aplicaron a los conscriptos, en una nota dirigida al comandante del V Cuerpo del Ejército. Unos meses antes, en febrero, la Corte Suprema había cerrado la vía judicial local en una decisión que el constitucionalista Gil Dominguez calificó de inexplicable. El fallo cerró el caso, pero no el debate.

 

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¿Qué comunidad nos proponen imaginar?

 

Si el despliegue militar fue el artefacto con el que se nos propuso en esta ocasión proyectar el imaginario nacional, ¿qué idea de Nación se nos propone cuando se reduce la exposición a lo militar, a diferencia de 2010, donde participaron con igual nivel de protagonismo los trabajadores, las organizaciones barriales, las colectividades, en fin, el pueblo entero? ¿Qué modelo de relación cívico–militar se nos propone cuando un ministro se desentiende de la conducción política y les asegura a los uniformados una celebración libre de civilidad? Si además, la escena es copada por lo peor de esa institucionalidad, la del terror de estado, la del golpismo, ¿qué tipo de comunidad imaginada podremos ostentar cuando se nos propone, desfile mediante, reivindicar estas expresiones de lo más abyecto de nuestra historia?

 

Se ha insistido con la cantinela del pasado: la carga de la mochila de los hombres y las mujeres de hoy de las cuentas irresueltas de quienes los precedieron. El proceso de memoria, verdad y justicia al que trataban de achacarle esa consecuencia, por el contrario, es un gran parteaguas, una oportunidad. Es el silencio corporativo y la falta de coraje de los responsables de entonces los que han siguen poniendo a la militaridad completa bajo sospecha.

 

La aludida falta de responsabilidad ministerial en la decisión sobre esas presencias en los desfiles se llama dejar hacer. No hay márgenes para que creamos ingenuamente que de carambola llegamos al festejo del bicentenario con una foto de la república en la que se ningunea a San Martín y se festeja a Aldo Rico.


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