La legisladora Samanta Acerenza da sus razones para dejar de lado posturas personales, no entra en el debate sobre ideología política y feminismo, y piensa el tema como una crisis de la salud pública. La responsabilidad de las políticas sociales para prevenir también la altísima tasa de embarazo adolescente del NOA.



“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.” Esta frase que hemos escuchado, que hemos visto pintada en las calles, que está en los carteles que se sostienen en tantas marchas, es –ni más ni menos– el puntapié inicial de un debate que considero nos debemos desde hace mucho tiempo. Nos debemos no sólo los que ocupamos cargos de responsabilidad pública, sino también todos los argentinos como sociedad.

 

Entiendo que aunque se trate de temas tan movilizantes como éste, que tocan fibras sociales, culturales, religiosas e ideológicas, es necesario avanzar en el debate y dar prontamente una respuesta que ya se hace imperiosa. Para eso se requiere la madurez suficiente para escuchar al otro, apartarnos de nuestras vivencias y prejuicios e ir más allá. Entendiendo que dicha respuesta no debe enlazar términos morales y mucho menos posturas tan dicotómicas como la elección de la vida o la muerte.

 

En este sentido, celebro que sea nuestro Presidente quien, a pesar de estar en desacuerdo, haya impulsado -sin mezquindades ni autoritarismo- el debate sobre la legalización del aborto en nuestro país. Es tiempo de que nos escuchemos, de que haya espacio para todas las voces y posturas, y lleguemos a un pronto acuerdo. Por eso considero que este 2018 será un año muy importante a nivel legislativo, por tener el enorme desafío de debatir, tras cuantiosos años de espera, el tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el cual acompaño como Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, pero principalmente como mujer.

 

Si bien se trata de un tema complejo, que abarca múltiples aristas, constituye una de las principales deudas de nuestra democracia, y un gravísimo problema de salud pública que merece ser abordado con la seriedad y pluralidad que corresponden a un tema de esta dimensión para nuestra sociedad. Es allí, justamente, donde está el foco de la cuestión y donde debemos centralizar el debate.

 

En lo personal, desde hace tiempo, estoy convencida de que el aborto debe abordarse como una problemática de salud pública, evitando criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y que se ven obligadas a realizarlo en condiciones inseguras e insalubres, poniendo en riesgo su vida y su salud.   

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El proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que garantiza el derecho de toda mujer a decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación, no busca en ningún momento definir cuándo es el comienzo de una vida ni justificar moralmente la interrupción de un embarazo, sino que encara la problemática desde la salud pública tomando en consideración el elevado número de mujeres que mueren año tras año, por realizarse abortos inseguros.

 

El desafío es reducir las altas tasas de mortalidad materna por complicaciones derivadas de abortos en nuestro país, al tiempo que se debe profundizar la labor de concientización e información para evitar los embarazos no deseados, dándole a mujeres y hombres todas las herramientas para que puedan llevar una vida sexual informada y segura.

 

En la actualidad carecemos de cifras oficiales que reflejen la cantidad de abortos que se realizan por año, lo que es una de las tantas consecuencias de la ilegalidad de la práctica. Sin embargo, diversos estudios estiman que en nuestro país se realizan aproximadamente 500 mil abortos por año. Cifra muy superior a las que experimentan países que han legalizado el aborto, con población incluso mayor que la Argentina. En este punto vale insistir sobre algo fundamental, la despenalización del aborto no obliga a abortar, sino que legaliza y brinda seguridad a quien decide hacerlo, evitando situaciones de clandestinidad que causan la muerte de miles de mujeres.

 

Alrededor de 60 mil mujeres deben internarse por año por complicaciones con abortos inseguros. El aborto representa la principal causa de mortalidad materna en Argentina según lo han afirmado estadísticas oficiales del Ministro de Salud de la Nación.

 

De ahí que indudablemente el debate debe centrarse como una cuestión de salud pública. Y como tal, debemos procurar garantizar a todas las mujeres del país a que, en condiciones de igualdad e independientemente de su situación social, puedan acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo de manera segura y gratuita, sin poner en riesgo su salud o su vida.

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La legalización del aborto es un paso fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y adolescentes, pero no debemos quedarnos solamente con ello. Las cifras de embarazo adolescente en nuestro país son preocupantes, con un porcentaje que se ha mantenido estable en los últimos años en torno del 15% sobre el total de nacidos vivos en el país. Peor escenario se configura aún en las provincias del norte, donde la incidencia del embarazo adolescente es muy superior a la media nacional, por encima en algunos casos del 23%. De ahí que quienes tenemos la responsabilidad de participar en la función pública debemos redoblar los esfuerzos, recursos y políticas en aras de promover y garantizar el efectivo acceso de toda la población a una educación sexual integral, de calidad y a métodos anticonceptivos seguros.

 

El 8 de marzo se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer, una fecha que habla de las luchas ganadas y las que quedan por delante. Fecha propicia para replantearnos como sociedad -sin mirar para un costado, sin negar la realidad de lo que indefectiblemente sucede, dando muestras de madurez civil y democrática-, qué postura tenemos frente a la despenalización del aborto, tratando de entender que no se trata de historias personales sino de cientos de miles de mujeres que están desprotegidas.

 

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En ese sentido, tenemos la enorme responsabilidad de llevar adelante un debate serio, honesto, maduro y respetuoso, convocando y escuchando a todas las voces para que a través de las comisiones de asesoramiento puedan expresar sus diferentes posturas y realizar los aportes que estimen pertinentes. 

 

Insisto: la despenalización del aborto no obliga sino que permite elegir, sin clandestinidad ni criminalización. De nuevo y siempre: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.  


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