Cada 2 de noviembre, el Cementerio de Flores recibe a miles de personas para despedir a las almas de sus difuntos. Allí se come, se conversa, se bebe, se reza, se escucha música: diferentes maneras de ponerse en contacto con los muertos y con la Pachamama. Desde hace unos años, el control estatal está en aumento. Como si fueran “sospechosas”, el fin de semana pasado cien agentes de la Metropolitana vigilaron constantemente las prácticas andinas. La Doctora en Antropología Brenda Canelo, autora de "Fronteras internas. Migración y disputas espaciales en la Ciudad de Buenos Aires", publicado por Editorial Antropofagia, da algunas pistas para analizar este proceso.



Fotos: Brenda Canelo

 

Tómese unos segundos para pensar en rituales colectivos de principios del mes de noviembre cuyo tema sea la muerte. Muy posiblemente hayan aparecido imágenes de chicos celebrando Halloween o festejos con calaveras mexicanas.

 

Si ocurrió esto puede interesarle saber que la Ciudad de Buenos Aires –así como distintos espacios del AMBA y de las provincias argentinas- es escenario de otras formas colectivas de recordar a los difuntos. Formas cuya existencia tiende a ser desconocida, pese a realizarse aquí desde hace más de quince años y contar con un número creciente de participantes, que en 2013 -estiman- superaron las 40.000 personas.

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Cada 2 de noviembre a partir del mediodía el Cementerio de Flores recibe a miles de personas para despedir a las almas de sus difuntos, a las que recibieron el día anterior en sus hogares. Año a año, se reúnen en torno a la sepultura de la persona conmemorada, la limpian con cuidado y arman sobre ella una “mesa” con alimentos y bebidas que el homenajeado disfrutaba en vida. Después se quedan a su alrededor durante el resto de la tarde conversando, comiendo, bebiendo, rezando, escuchando música y, en ocasiones, mascando coca. Diferentes maneras de establecer y expresar vínculos entre sí, con los difuntos y con la Pachamama.

 

Rostros “aindiados” y “pieles cobrizas”, faldas y largas trenzas, bolsas repletas de alimentos y bebidas, instrumentos musicales, conversaciones agitadas, niños que corren, otros que juegan. Por unas horas, el Cementerio deja de ser un lugar solitario y solemne para convertirse en un ámbito de asistencia masiva y prácticas comunitarias de tono celebratorio. Prácticas que expresan a la cosmovisión andina: la muerte es parte de la vida y lo fundamental ante ella es compartir.

 

Cerca del mediodía, más de veinte personas se reúnen alrededor de una sepultura para conmemorar a un ser querido. Con ayuda de dos chicas, una mujer organiza los panes (tantawawas) y las frutas. Agradece a los presentes por el momento compartido. La señora de al lado extiende sus manos y entrega las ofrendas que preparó. Poco después, llaman a una banda de músicos para que toquen algunas melodías en homenaje al fallecido.

 

 

Desde los comentarios hostiles a los dispositivos de control estatal organizado

 

Durante el trabajo de campo que realicé en el Cementerio de Flores entre los años 2005 y 2010, me di cuenta que los agentes estatales cuestionaban estas prácticas fúnebres con argumentos laborales y/o morales. Los primeros remitían a la suciedad resultante de la jornada -producida por la escasez de baños y de personal de limpieza- y a la prolongación del día de trabajo: al cerrar el Cementerio la gente “no se iba”.

 

La objeción moral era por, al menos, tres motivos: la ocupación de sepulturas lindantes, el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas y la presencia de música. Cosas que, según los agentes estatales, incumplían la Ordenanza 27.590/73 vigente. Sin embargo, el artículo sólo indica que la Dirección de Cementerios debe “vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre moralidad e higiene” (Artículo 65), disposiciones cuya no explicitación sugiere que se las considera obvias y compartidas. Otras normas relativas a los usos de espacios públicos tampoco prohíben explícitamente este tipo de prácticas fúnebres. Así por ejemplo, el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires contempla la posibilidad de sancionar a los músicos en tanto perturben el “descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia” (Ley 1472/04, Artículo 82), pero también castiga a “quien impide o perturbe la realización de ceremonias religiosas o de un servicio fúnebre” (Ley 1472/04, Artículo 68). Conclusión: el criterio a aplicar queda difuso.

 

Las expresiones desaprobatorias que los agentes estatales efectuaban en este período no se fundaban en la normativa vigente, sino en su adhesión a los estándares morales constitutivos de la hegemonía cultural desde la que se instituyeron los usos “adecuados” de los espacios públicos porteños.

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A partir de 2010 los comentarios hostiles de los agentes estatales hacia quienes clasificaban como “bolivianos” se fueron transformando en dispositivos de control organizado que tenían por foco a las prácticas fúnebres y, a través de ellas, a sus actores.

 

Ese año fue transicional. La Asociación Civil Federativa Boliviana (ACIFEBOL) asumió parte del control del evento: personas con remeras distintivas inspeccionarían el ingreso de alcohol y alimentos al Cementerio y colaborarían con la desocupación al horario de cierre. El accionar de esta asociación no podría haber ocurrido sin el aval y/o pedido del GCBA.

 

En 2012 y 2013 los dispositivos de control instrumentados por el Estado en el Cementerio adquirieron un tinte inusitado. El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso oficiales de Gendarmería Nacional. Cortaron el tránsito cien metros a la redonda. Decían que, de esta manera, “la gente podría caminar más tranquila”.

 

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño también destinó un número creciente de agentes de la Policía Metropolitana para que revisaran exhaustivamente a los asistentes en los ingresos y para que recorrieran el Cementerio en busca de alcohol.

 

El año pasado se realizaron tests de alcoholemia y la Dirección General de Cementerios del GCBA informó en un cartel pegado en la entrada que estaba prohibido vender o suministrar bebidas alcohólicas en un perímetro de 500 metros desde cuatro horas antes y hasta una después de finalizado este “espectáculo masivo”, bajo la amenaza explícita de inhabilitar o incluso arrestar hasta por quince días a quienes incumplieran esta normativa. Este año esa tarea la hicieron 80 cadetes y 25 oficiales armados de la Policía Metropolitana:

 

- Señora, ¿qué está haciendo?

 

- Estamos recordando a mi marido- responde, sorprendida.

 

- No pueden vender

 

- …

 

- No estamos vendiendo nada- agrega una segunda mujer.

 

- ¿Y por qué este muchacho no supo decirme el nombre del difunto, luego de que ustedes le dieran un vaso de gaseosa?

 

- Dijo unas oraciones. Hay mucha gente que no conoce al difunto pero igual le reza y le agradecemos así.

 

- Está bien. Pero no pueden vender ni tomar alcohol. Que quede bien claro.

 

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La Policía Metropolitana también controló la desocupación y cierre del Cementerio. Media hora antes del horario pautado (18hs), unos cuantos oficiales organizaron un cordón que avanzaba militarmente desde la Avenida Lafuente hacia Varela, obligando a todos los presentes a retirarse por la única salida habilitada.

 

El operativo fue recibido de modo desigual por quienes conmemoraron el Día de los Difuntos. Algunos estuvieron de acuerdo: “no se puede traer alcohol al Cementerio”, “quienes traen alcohol hacen quedar mal a los bolivianos”, “hay que adecuarse a los modos en que celebra aquí, siendo respetuosos de otros muertos”. Muchas de estas personas se enteraron días antes de las restricciones que habría para el ingreso de alcohol a través de radios comunitarias, que circularon similares posicionamientos y llamados a la “buena conducta”. Otros se expresaron en contra de tal accionar institucional, denunciando las implicaciones criminalizadoras y extranjerizantes de medidas que, en definitiva, impedían la realización de prácticas andinas, preexistentes a la conformación del Estado nación argentino.

 

Los efectos del accionar institucional: estigmatización, restricción de derechos y disciplinamiento

 

Una mirada antropológica de estas prácticas estatales requiere analizar los efectos que persiguen. Y ellos son, al menos, tres.

El primero, estigmatizar. En ningún otro día del año el Cementerio de Flores está rodeado por Gendarmería Nacional. Nunca se registró la cantidad de policías que hubo el último 2 de noviembre. Nunca. Cualquier vecino de la zona que haya pasado por la zona o concurrido al Cementerio ese día debe haberse ido con la idea de que “esa gente” hace cosas peligrosas o es peligrosa, por lo que hace falta que el Estado despliegue tamaño operativo. El hecho de que éste haya comenzado luego del conflicto y represión ocurridos en el Parque Indoamericano de fines del 2010 no es un dato menor.

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El segundo efecto: restringir el ejercicio de derechos. La Ordenanza 27.590/73 que regula los usos de los cementerios municipales garantiza la libertad de culto (Artículo 4°), sin explicitar restricciones al respecto. Vale preguntarse si este derecho no está menoscabado de hecho cuando el Estado impide la presencia del alcohol requerido para culminar una jornada ritual vinculando a los vivos entre sí, con los difuntos y con la Pachamama. Como explica el antropólogo Thomas Abercrombie acerca del consumo de alcohol en comunidades andinas: “la bebida se asocia más bien con los acontecimientos rituales colectivos, donde compartir bebidas alcohólicas es un importante medio de reciprocidad, un signo de hospitalidad y, en suma, un significativo medio de comunicación social organizado” (1993: 142)  [1] 

 

Finalmente, los mecanismos de control estatal realizados sobre las prácticas fúnebres andinas en los últimos dos años buscan disciplinar a sus actores. El mensaje brindado mediante ellos explicita qué y quiénes pueden expresarse en los espacios públicos porteños, qué preceptos morales hay que adoptar para evitar controles y sanciones que dispone el Estado, aún sin respaldo normativo.
¿Qué nos muestra el caso analizado? Que para construir una comunidad de iguales, en este caso “los porteños”, las prácticas estatales tratan de erigir frente a ella un “otro interno” disruptivo y peligroso; y que uno de los modos en que lo hacen es instituyendo fronteras sociales y simbólicas que establecen qué y quiénes son “normales” en el espacio público, así como proveyendo a los actores sociales de poder desigual para modificar estos estándares. En otras palabras, nos muestran las dificultades existentes en la Ciudad de Buenos Aires para que los migrantes andinos, principalmente bolivianos, dejen de ser considerados parte de esos “otros internos” y adquieran legitimidad en la esfera pública metropolitana como iguales.

 

[1] Abercrombie, Thomas. 1993. “Caminos de la memoria en un cosmos colonizado. Poética de la bebida y la conciencia histórica en K’ulta”. En: Saignes, Therry (comp.) Borrachera y memoria. La experiencia de lo sagrado en los Andes. La Paz: Hisbol/IFEA (139-170).


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