Nahir Galarza nos genera cierta empatía de clase: es blanca, universitaria, una niña bien. Nahir Galarza nos genera espanto: retratarla como cínica nos permite negar que solemos establecer vínculos tóxicos, y que la violencia no es exclusivamente masculina sino un sello patriarcal. La abogada Sabrina Cartabia habla de los estereotipos sociales y de género en el Poder Judicial, y aclara por qué es imposible comparar este fallo con los femicidios de la provincia de Buenos Aires.



En las escalinatas de tribunales, mientras una multitud se congregaba para celebrar el fallo, Gustavo Pastorizzo -el padre de Fernando- dijo ante las cámaras: “Mañana iré al cementerio y le diré: Nando, lo que te prometí. Vos estás muerto acá, pero ella a partir de hoy -3 de julio- comienza a morir día a día. Es una muerte, quizás, tan cruenta como la que tuvo Nando. Morir día a día en la cárcel”. El final de la historia en común entre Fernando Pastorizzo (20) y Nahir Galarza (19) se enlaza con el principio del fin. A ambos protagonistas les espera la muerte como destino.

 

La tragedia se vuelve cíclica en una cultura que enaltece el mito de Romeo y Julieta como la representación más acabada de lo que es el amor. La obra de Shakespeare se publicó en 1597, pasaron 421 años, sin embargo, seguimos usando el tema de la muerte de los amantes como modelo vincular. Si bien Otelo se publicó en 1604, en la actualidad la historia no parece ser muy distinta. Ni siquiera en las parejas más jóvenes.

 

Son numerosos los casos en los que un femicidio termina con el suicidio de quien mata. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación se contabilizaron 225 muertes de mujeres en 2014: 39 de ellos no pudieron ser juzgados por el fallecimiento del imputado. En los informes de 2015 y 2016 no se desagregó ese dato.

 

El crimen de Fernando en manos de Nahir estuvo en el centro de las coberturas de los medios de comunicación desde el primer momento. Frente a la habitualidad de los femicidios, el caso de un varón asesinado por una mujer en un vínculo violento presenta una ruptura, una novedad capaz de llamar la atención.

 

El tratamiento del caso nos lleva a revelar un nivel de crueldad y ensañamiento social inéditos. Aparecen nuevas narrativas que sirven de herramientas para rascar un poco más el fondo de la olla donde se cocina la misoginia. Rubia, bella, atractiva para la mayoría (sic), estudiante universitaria, Nahir Galarza no se corresponde con el estereotipo de persona que nuestra sociedad espera cometa delitos graves. Las condiciones físicas y sociales de la joven entrerriana permiten la construcción de un personaje que rompe el molde. Desdibuja el perfil que suelen tener las personas que son carne de cañón del sistema penal.

 

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Un caso fuera de lo común nos llama la atención y los medios saben explotar esto. La realidad se espectaculariza y se consume como un objeto exótico. Si no, corremos el riesgo de que el caso se vuelva muy peligroso: la forma hegemónica de construir vínculos afectivos puede derivar en escenas dantescas.  La cercanía de Galarza con la clase media blanca requiere de un filtro que modere la intensidad del hecho y lo haga comprensible. Un filtro que permita una lectura que no desestabilice nuestro día a día. Necesitamos explicar su “desviación”. Necesitamos la representación de Nahir como una persona cínica, fría y calculadora para expulsarla de nuestra cotidianeidad. Esa operación es un ejercicio que nos protege: niega que nuestros vínculos puedan estar construidos en claves violentas y que sus derivaciones puedan herirnos e incluso llevarnos a matar y morir por “amor”. Un amor romántico. Un amor posesivo y dependiente que en su fase más extrema implica la destrucción de quienes se aman. Los celos actúan como límite y las dinámicas de control se inscriben en los cuerpos de los amantes. Este modelo vincular es patriarcal. No es patrimonio exclusivo de los varones. Las mujeres también somos patriarcales pues hemos sido socializadas en dentro de estos marcos y hemos naturalizado los lazos violentos, donde en última instancia se romantiza la muerte.

 

Si bien existen mujeres que reproducen violencia contra los varones, las estadísticas señalan que nos llevamos la peor parte. La violencia se da en mayor medida sobre nuestros cuerpos: entre 2008 y 2017 los Equipos Interdisciplinarios de la Oficina de Violencia Doméstica atendieron un total de 87.320 presentaciones. El 89 por ciento corresponde a mujeres agredidas, en su mayoría, por parejas y ex parejas.

 

El nido de amor es un lugar peligroso para las mujeres, el refugio se vuelve infierno con frecuencia. Existen casos en los cuales mujeres han repelido ataques ejerciendo su derecho a la legitima defensa, los medios masivos de comunicación no se hicieron eco de esas historias.

 

La obligación de superar los estereotipos de género en la actuación del Estado compele a realizar investigaciones que hagan foco sobre las dinámicas relacionales de las personas. Cuando una mujer mata a su pareja o ex pareja el contexto de violencia debe ser investigado. Según la misma fuente que se cita en el párrafo anterior, el 25 por ciento de los femicidios (60 de ellos) registraban denuncias previas por violencia de género. En el 22 por ciento de los casos (55 causas) no se consignó este dato. Entonces frente a un sistema que no logra protegernos ni erradicar la violencia, defendernos de los ataques es un derecho.

 

En cuanto nos hacemos cargo de que el caso no es exótico, ni es una desviación sino la consecuencia lógica de un paradigma del amor romántico nos vemos obligados/as a escuchar con más atención la frase popular “juntos hasta que la muerte nos separe” y a repensar qué lógicas reproducen que la muerte se señale como el lugar de unión eterna de los “verdaderamente enamorados”. La violencia en los vínculos íntimos se encuentra socialmente construida y se sostiene en una serie de mitos que se reproducen con la velocidad de los guiones de las novelas que podemos ver a la tarde. Mientras no cambiemos la forma de desear y de vincularnos difícilmente el patriarcado se vaya a caer.

 

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En redes sociales hemos visto críticas centradas en el doble estándar que la justicia habría tenido en relación a la lentitud con la que avanzan los procesos donde se investigan femicidios en comparación con la celeridad que se imprimió en el caso Pastorizzo-Galarza. Los señalamientos apuntaban primero al poco interés que tiene el poder judicial en investigar y llevar a juicio oral a femicidas en tiempos razonables, y en segundo lugar al hecho de que al ser un caso mediatizado habría generado presión en la justicia para trabajar con una rapidez pocas veces vista.

 

Sin la intención de negar la sistemática falta de perspectiva de género que exhibe el poder judicial de nuestro país, es oportuno hacer algunas aclaraciones. Por supuesto, la celeridad debiera ser la regla. Que los procesos sean rápidos y eficientes es una garantía de justicia y una obligación del Estado. Las personas debieran pasar el menor tiempo posible en prisión preventiva, y este recurso sólo debiera usarse en casos donde se acredite el peligro de fuga o el entorpecimiento en las investigaciones. Sin embargo, los datos señalan que se realiza un uso desmedido de esta herramienta desnaturalizando su función, y que las principales víctimas son las mujeres.

 

En el caso Pastorizzo-Galarza la justicia entrerriana actuó con rapidez, es probable que el foco mediático haya impulsado los tiempos procesales. Como punto de comparación tenemos el femicidio de Micaela García en la misma provincia, donde en 6 meses se completó la instrucción, se realizó un juicio oral y se condenó a Sebastián Wagner. En ambos casos la materialidad y la autoría del hecho nunca fue discutida, lo cual acorta sensiblemente los tiempos procesales pues se requiere producir menor cantidad de medidas de prueba para llegar al debate oral. Aquí es importante señalar que conocemos de muchos otros casos en los que la relevancia pública no ha logrado el mismo efecto, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que comparar la celeridad de la justicia de provincias como Entre Ríos y Buenos Aires puede conducirnos al error.

 

También es necesario poner de relieve que el poder judicial bonaerense se encuentra colapsado y es ineficiente en sus investigaciones. Araceli Fulles desapareció un día después que Micaela García, en el Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Desde el primer momento se desplegaron una serie de estereotipos sobre la joven que demoraron su búsqueda. Se detuvieron a 8 personas por el crimen, y cinco meses después 7 de ellas fueron liberadas. La Sala I de la Cámara de San Martín entendió que “debido a la ausencia en autos del resultado de gran cantidad de diligencias probatorias, dada la ineficiencia del sistema investigativo de esta Provincia basada en el accionar de las agencias estatales que laboran en el campo específico de la recolección de probanzas, los imputados no pueden permanecer privados de su libertad.”

 

Esto nos lleva a golpear el corazón de un poder judicial que no se encuentra a la altura de brindar justicia porque no cuenta con las herramientas técnicas que permitan una adecuada recolección de pruebas pues esta se sostiene en la impericia y falta de formación de una policía corrupta y desinteresada en las labores de investigación . La postal del caso de Araceli se repite en la Provincia en una serie de nombres que resuenan cíclicamente: Candela Sol Rodríguez, Melina Romero, Lucía Pérez. El mismo día de la condena a Nahir, la justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó la prueba contra el único acusado por el femicidio de Natalia Mellman en Miramar. El crimen fue hace 17 años. Miembros de las fuerzas de seguridad están involucrados en el hecho y en el entorpecimiento de la investigación.

 

En mi país, en mi provincia, en el conurbano bonaerense las pibas aparecen muertas. Fanáticas de los boliches que dejaron la escuela secundaria, las mejores alumnas que rehúyen a la noche, pibas que se drogan o que nunca probaron ni un pucho, fiesteras, santas, militantes o desconectadas sociales, las que usan shorts y las que se visten como monjas, todas pueden aparecer muertas. A veces las encuentra la policía, otras veces no las encuentra nadie, porque nadie las busca.

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El femicidio de Micaela Garcia fue utilizado como bandera para endurecer las leyes de ejecución de la pena. En abril de 2017 el Colectivo Ni Una Menos sintetizó en el documento “No en nuestro nombre” la postura en contra de esta trampa punitivista que a su vez expuso en las audiencias del Senado. La mano dura no es una herramienta que proteja a las mujeres e incluso las puede perjudicar severamente. Con el castigo penal se eluden las responsabilidades institucionales. Mientras nosotras reclamamos recursos, capacitación y políticas públicas para garantizar autonomía económica a las mujeres el estado nos responde con más cárcel. El derecho penal siempre llega tarde, para que sus mecanismos se activen es necesario que nuestros cuerpos ya hayan sido atravezados por el sufrimiento. Gracias al endurecimiento de esa ley, Nahir se verá privada de poder acceder a salidas anticipadas.

 

 

La incorporación de la perspectiva de género en la justicia es una obligación que impone la CEDAW. Sin embargo, nos encontramos muy lejos de ese mandato. La formación de operadores jurídicos con estas competencias es escasa, las universidades en nuestro país no transversalizan en sus programas este tipo de contenidos y en los concursos para ocupar cargos pocas veces se examina el conocimiento sobre cómo debieran conducirse los procesos judiciales para evitar caer en estereotipos que frustren el acceso a justicia. Todavía estas estructuras no están a la altura de las circunstancias y los pobres resultados para prevenir, investigar y erradicar la violencia contra las mujeres son prueba de ello.

 

Si miramos la realidad con un solo ojo perdemos la percepción de la profundidad. La perspectiva feminista es necesaria y fundamental para analizar cualquier tema, porque el mundo está atravesado por el género y organizado por él. El ejercicio del derecho sin esta premisa es parcial y erróneo, pues se elude la mirada que debe tenerse para incorporar los derechos y las experiencias del 51 % de la población. En caso contrario el trabajo del Poder Judicial caerá en las mismas trampas que una cobertura hegemónica mediática que a su vez dicta, al ritmo de los estereotipos de género, una quema de brujas que muy lejos se encuentra de los cambios estructurales que el feminismo propone para lograr vidas libres de violencias.

 


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