Si su precaria salud le permitió leer la nota central sobre los Pandora Papers publicada por The Guardian el domingo pasado, a Julian Assange se le habrá dibujado una media sonrisa. El texto incluía el siguiente párrafo:
“No todos los nombrados en Pandora Papers están acusados de un acto deshonesto. Los documentos filtrados revelan que Tony y Cherie Blair ahorraron 312.000 libras en impuestos a la propiedad cuando compraron un edificio en Londres que pertenecía parcialmente a la familia de un prominente ministro de Bahrein. El exprimer ministro y su esposa compraron la oficina en Marylebone por 6,5 millones de libras mediante la adquisición de una empresa offshore de las Islas Vírgenes británicas. Si bien la movida no fue ilegal, y no hay pruebas de que los Blair buscaran premeditadamente evadir gravámenes a la propiedad, la operación pone de relieve una rendija que ha permitido a los ricos no pagar impuestos”.
Líneas antes el Guardian, pionero de las filtraciones globales, repasó nombres manchados de gobernantes y VIPs de Jordania, Chipre, Azerbaiyán, República Checa, Ucrania y otros "de África a América Latina hasta Asia". A ninguno le regaló la conmiseración periodística con la que salvó al expremier laborista. Para Vladimir Putin, “quien no aparece en los archivos” de Pandora, una “fortuna secreta”, su amigo de la infancia y supuesto testaferro y una mujer “con la que el líder ruso tuvo supuestamente una relación romántica” sirvieron como metralla. Con la corrección del manual de estilo, el Guardian aclaró que Putin y su entorno no respondieron la oferta de brindar explicaciones.
Assange, fundador de WikiLeaks, aguarda en una prisión al sudoeste de Londres que jueces ingleses encuentren el vericueto legal para extraditarlo a Estados Unidos por haber filtrado, en 2010, 252 mil documentos de comunicaciones entre las embajadas de Washington y el Departamento de Estado.
Pasó agua bajo el puente desde la irrupción de WikiLeaks en 2010. Once años después, el impacto de una revelación global como Pandora Papers ya no es el mismo
Pasó agua bajo el puente desde aquella irrupción de WikiLeaks en 2010, con la difusión de las imágenes de un helicóptero Apache aniquilando a civiles iraquíes —Collateral Murder— y, luego, con los textos de las embajadas estadounidenses que desbarataron la agenda internacional y, para algunos, germinaron lo que se tituló como Primavera Árabe. Once años después, el impacto de una revelación global como Pandora Papers ya no es el mismo. Cambió la lectura de todos; en especial, la del propio Assange, que vio su vida devastada al quedar en la mira de Washington.
El periodista australiano lleva diez años de enojo con el Guardian, al que consideraba “un faro” de un periodismo innovador y valiente hasta que comprobó -según dijo- que buscaba censurar “nombres de mafiosos y de compañías supuestamente corruptas” que aparecían en los cables (Cuando Google encontró a WikiLeaks, Capital Intelectual, 2014).
Assange se sintió traicionado. “Cuando la derecha norteamericana se puso a pedir que me asesinaran, The Guardian no publicó un solo artículo en mi defensa”, se quejó en su autobiografía no autorizada (Del Zorzal, 2012).
El capítulo latinoamericano de WikiLeaks fue obsceno. Durante meses, El País de Madrid comandó el aterrizaje de los cables en América Latina y entretuvo a la audiencia con revelaciones superfluas, como que algún diplomático había escrito que Cristina era bipolar. En Argentina, La Nación tomó la posta y aportó poco y nada. Página 12 complementó —pero no completó— la información. Qué paradoja. Confesiones, operaciones, acuerdos y traiciones en la cima del poder puestos sobre la mesa, con el encanto del texto burocrático, summum de la transparencia, y los medios poniendo lo mejor de sí para enterrar esa información. Con el tiempo, libros como ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell (Sudamericana, 2011), y Wiki Media Leaks, que escribí junto a Martín Becerra (Ediciones B, 2012), ayudaron a reparar esos silencios.
Edward Snowden marcó un hito en 2013 con la develación de un programa masivo de espionaje pergeñado por George W. Bush y Barack Obama en complicidad con las principales empresas de telecomunicaciones y de internet. Los reproches del periodista que filtró los archivos de Snowden, Glenn Greenwald, hacia The Washington Post sintonizaron con aquéllos de Assange hacia el Guardian (Snowden, sin lugar donde esconderse. Ediciones B, 2014). Había que proteger la “seguridad nacional”, adujo algún columnista de la gran dama de la capital de Estados Unidos.
El capítulo latinoamericano de WikiLeaks fue obsceno. El País (España) comandó los cables de América Latina y entretuvo a la audiencia contando que algún diplomático decía que Cristina era bipolar
Siguieron los Swiss Leaks, archivos extraídos por el empleado del HSBC en Ginebra Hervé Falciani. Fue el turno del Consorcio Internacional Periodistas de Investigación (ICIJ). En Argentina, La Nación tuvo la delantera. La primera difusión dejó a salvo nombres de dueños de esas cuentas secretas, como el de Elsa Mitre, hermana de Bartolomé. El periodista Marcelo Zlotogwiazda subsanó ese olvido en Veintitrés.
El Consorcio
Cuentan Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, los periodistas del Süddeutsche Zeitung que recibieron los archivos con 11,5 millones de documentos, que uno de los primeros indicios de lo inabarcable que serían los Panamá Papers surgió cuando abrieron los primeros archivos PDF enviados por un tal John Doe. Un primer gugleo de los nombres de sociedades offshore contenidas en los PDF remitió a indagaciones del fiscal argentino José María Campagnoli. De allí, Google derivó al interés de NML, el fondo de Paul Singer, por hallar vinculación de los Kirchner con empresas anotadas en el paraíso fiscal de Nevada, Estados Unidos. Eran comienzos de 2015. Argentina se metía en un año electoral con el cimbronazo de la denuncia de Alberto Nisman y su posterior muerte.
Obermaier y Obermayer comprendieron que no podían solos. En mayo de ese año, la directora del ICIJ, la mendocina Marina Walker, contactó a Hugo Alconada Mon: “Tengo algo con un ángulo argentino fuerte”. Con asesoramiento del Foro de Periodismo Argentino, los archivos fueron compartidos con una periodista de Canal 13, Grupo Clarín.
NML, el fondo de Paul Singer, estaba desesperado por hallar vinculación de los Kirchner con empresas en paraísos fiscales. Pero pescó en el río equivocado: Mossack Fonseca había sido un imán para el mundo Macri
Otoño de 2016: primavera del macrismo. Pepín Rodríguez Simón digitaba la botonera de Comodoro Py y Animales Sueltos calibraba amedrentamientos a la medianoche. Jorge Lanata comandaba la búsqueda de “la ruta del dinero K”, etiqueta adoptada como propia por gran parte del sistema de medios.
Bastian Obermayer escribió en el prólogo de Panamá Papers — El club de los evasores de impuestos (Planeta, 2016): “Nuestros compañeros de La Nación estaban entusiasmados de airear los negocios secretos de la entonces presidenta. Pero tampoco encontraron nada ilegal ni que incriminara a la pareja” Kirchner. “Es cierto que no tenemos ninguna prueba que relacione a Cristina Fernández de Kirchner ni a Néstor Kirchner con una de las ciento veintitrés empresas en Nevada, pero tenemos información sobre su sucesor en el cargo”, ampliaron los autores del libro.
Resultó que el estudio panameño Mossack Fonseca había sido un imán para el Mundo Macri: padre, hermanos, el primo, amigos, socios, ministros, secretarios de Estado… Paul Singer había pescado en el río equivocado, a excepción del fallecido pez engordado por decenas de millones de dólares Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner.
Una lectura sobre la forma y los tiempos en que los nombres de los Panamá Papers fueron publicados en La Nación permite inferir que Alconada Mon y su equipo procuraron seguir adelante, pese a las condiciones adversas, no sólo con el Mundo Macri, sino también con apellidos como Pérez Companc, Magnetto, Coto, Pagani, Blaquier, Eurnekián, López (Cristóbal) y Saguier (accionista del medio). Con el correr de las semanas, La Nación fue desprendiendo los nombres más caros a su corazón y sus finanzas.
Tras la experiencia árida vivida por Alconada Mon, ICIJ abrió un poco el juego y depuró su padrón. Pasaron los Paradise Papers (2018), Panamá Papers II (2018), FinCen Files (reportes de operaciones sospechosas de la unidad antilavado de Estados Unidos compartidos por Buzzfeed News, 2020), OpenLux (2021, informe del que participó Alconada Mon junto al Organized Crime and Corruption Reporting Project). Aparecieron nombres como los de Marcelo Tinelli, Pan American Energy, Vicentin y, omnipresente, Gianfranco Macri.
Alconada Mon y su equipo avanzaron, pese a las condiciones adversas, no sólo con el mundo Macri, sino también con apellidos como Pérez Companc, Magnetto, Coto, Pagani, Blaquier, Eurnekián, López (Cristóbal) y Saguier
Otras filtraciones alla argentina, sin la mediación de consorcios internacionales, causaron estruendo. La lista de adherentes al blanqueo dispuesto por Macri en 2016 y los Cuadernos de Centeno fueron un festival de nombres poderosos y de recortes, censura y vendettas entre los medios.
En los últimos años, el vínculo argentino con el ICIJ recayó en Alconada Mon, Emilia Delfino (elDiarioAR; antes Perfil), Iván Ruiz (antes La Nación; hoy Infobae) Sandra Crucianelli (Sólo Local, de Bahía Blanca; hoy Infobae) y Mariel Fitz Patrick (antes Canal 13 y América 24; hoy Infobae).
El trabajo colaborativo tiene una ventaja: todos los periodistas del consorcio comparten la información. También tiene una desventaja: todos los periodistas del consorcio comparten la información.
Una periodista que tiene en su haber investigaciones que afectaron al macrismo, al kirchnerismo y a grandes empresarios resalta que un corpus tan inabarcable, con millones de archivos, textos legales, planillas de excel y listados con códigos, sólo puede ser abordado eficientemente mediante el trabajo mancomunado. Cuando un periodista establece una conexión, la canta con sus colegas del ICIJ. El grupo establece una campana de largada y un cronograma para la divulgación de los nombres.
Esa virtud constituye a la vez un riesgo de colusión o del simple sesgo en la mirada, como pasó en algunos países del continente con WikiLeaks en 2010 y vuelve a ocurrir con Pandora en 2021. La competencia periodística queda en pausa y todos respetan el cronograma de la filtración. Así, no podría ocurrir que un medio publique una información el día uno si el acuerdo es hacerlo tres días después. La cronista con conocimiento del mecanismo ICIJ evalúa que la coordinación puede tener algún costado inconveniente, pero suma un matiz. Un periodista puede vencer barreras impuestas por su propio medio para proteger a algún nombre con la advertencia del descrédito que significaría que lo divulgue otro. “La colaboración actúa como un resguardo”, razona.
Pandora anestesiada
Si en 2016 hizo ruido que La Nación procurara disimular cualquier afectación a Macri de los Panamá Papers, el hecho de que el mismo diario no publicara una línea de los Pandora Papers en su tapa del lunes 4 de octubre pasó inadvertido.
La trama de Pandora es reveladora de ese segundo país oculto, evasor y coimero, pero los nombres, hasta ahora, resultaron más o menos previsibles. Un Macri, una Menem, el secretario López, Di María… A ciertos medios latinoamericanos les pareció que la noticia pasaba por Julio Iglesias, un hombre que canta hace décadas que, de tanto ocultar la verdad con mentiras, se olvidó de vivir, y entonces se mudó al Caribe, donde no cobran impuestos.
Si en 2016 hizo ruido que La Nación procurara disimular cualquier afectación a Macri de los Panamá Papers, el hecho de que el mismo diario no publicara una línea de los Pandora Papers en su tapa del lunes 4 de octubre pasó inadvertido
Una foto imaginaria de partícipes, padres fundadores e inspiradores del Grupo de Lima serviría para ilustrar la dimensión política de la Caja de Pandora. Sebastián Piñera por Chile, Guillermo Lasso por Ecuador, Horacio Cartes por Paraguay, Pedro Pablo Kuczyinski por Perú, Branko Marinkovic por Bolivia, Andrés Pastrana y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por Colombia y el agradable Paulo Guedes por Brasil. El club de los tenedores de offshores obsesionados con Venezuela contaría hasta con un asesor de marketing, Jaime Durán Barba, y un relator. Como recordó Daniel Molina, no por nada, tras la media docena de preguntas que Mario Vargas Llosa le hizo en 1981 a Jorge Luis Borges sobre el dinero, los bienes materiales y la austeridad del departamento de la calle Maipú, el autor argentino contó que lo había visitado un peruano, “que dice que es escritor, pero yo creo que era agente inmobiliario”.
El expediente Piñera es de manual. Un fideicomiso ciego, medidas de gobierno inintencionadas que benefician a la empresa que le vendió a un amigo y una cuenta en Islas Vírgenes, con sus hijos como beneficiarios, que recibe un pago de 138 millones de dólares. La vida de cada país se desarrolla con sus propias lógicas y tiempos. Al presidente chileno le quedan poco crédito político por defender y poco tiempo para finalizar su mandato. Aun así, quizás sea expulsado de La Moneda mediante acusación constitucional.
Aquí, en Argentina, Mauricio Macri protagoniza una trama que parece calcada. Es probable que algún juez federal mantenga una denuncia viva, o bien que un camarista de Olivos mande el expediente a archivo. Futurología, puede fallar. Que el expresidente y sus exfuncionarios en la UIF sostengan con desparpajo que evadir es una forma lícita de zafar de las garras del Estado elefantiásico no parece tener costo electoral, y hasta podría arrimarles algún voto.
El oleaje político o un Poder Judicial que se demuestra infalible para no producir un solo acto de justicia que afecte a los poderosos contribuyen a la anestesia social, aunque el sistema económico aporta razones de peso. El susto de la crisis “terminal” de 2008 pasó, pero las mamushkas financieras y las empresas offshore se reacomodaron rápido bajo la estricta supervisión del G20. HSBC, el protagonista estelar de los escándalos de lavado de dinero en todo el mundo, pervive como actor primordial del mercado de capitales. El ejemplar Uruguay recuperó esta semana su sitial en la lista gris de guaridas fiscales elaborada por la no menos ejemplar Unión Europea, mientras los depósitos en dólares en Montevideo crecen a tasas de dos cifras anuales.
En tanto, Techint consigue contratos en Buenos Aires con Cristina, Macri o Alberto Fernández, se autopresta euros desde Madrid, arma sociedades en Uruguay, no tributa en Luxemburgo y obtiene absoluciones mágicas en Comodoro Py y en la pantalla de TV.
¿Alguien se conmovería si en unos días sale a la luz un sello de un Rocca de las entrañas de Pandora?