Este proyecto ha sido apoyado por el Pulitzer Center on Crisis Reporting, www.pulitzercenter.org
1. Rojas quiere parecer un lugar donde todo está orden
Viajamos camino a Rojas, Provincia de Buenos Aires. El cielo está fuera de sí. Enormes cantidades de agua caen furiosamente sobre la ruta. Durante la misa en memoria de Úrsula Bahillo, los relámpagos se asoman por las ventanas de la iglesia, el cielo no quiere calmarse. ¿Por qué debería hacerlo? Si Úrsula podría estar viva pero está muerta, asesinada por su exnovio policía.
No era necesario que lo diga. Al abrazarla, se nota lo flaca que se ha puesto Patricia Nasutti. Perdió 38 kilos desde que Úrsula fue asesinada, el 8 de febrero. “Se me cerró el estómago. Yo quiero que empiece el juicio para después decir: ‘ahora sí, hija, volá tranquila, volá en paz’”, cuenta Patricia.
La última Navidad, recuerdan, cenaron juntos en la cocina. Úrsula: 18 años, gran corazón y grandes planes, hincha de River, hija única, un embarazo buscado durante años. Los padres de Úrsula: contentos de que su hija estudie psicopedagogía. Matías Martínez: 25 años, policía y, en aquel momento, novio de Úrsula.
“Se sentó en la silla a tu lado”, dice Adolfo Bahillo, el padre de Úrsula. “Le abrimos nuestra casa”, agrega. No sabían que una exnovia había denunciado a Matías Martínez por violencia de género en 2017. Tampoco que se estaba tramitando una orden de detención por haber abusado sexualmente de la sobrina de otra pareja anterior. Ni que Úrsula le tenía miedo y que ella misma sufría de violencia. El 9 de enero ella lo denunció por primera vez. Siguieron al menos dos denuncias más. El 8 de febrero fue asesinada.
Otro femicidio. Otra vez un policía. Según cifras de la Casa de Encuentro, entre 2008 y 2020, agentes o ex agentes de las fuerzas de Seguridad mataron a 214 mujeres. “El Estado me quitó a mi hija”, dice Patricia, su voz suena a dolor y a rabia a la vez.
Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual.
La foto de Úrsula está en todas partes en Rojas: colgada en muchas vidrieras de los comercios de esta ciudad de 23 mil habitantes y montada sobre bastidores de madera en las cuatro esquinas de la Plaza Central. La policía de Rojas y la Comisaría de la Mujer tienen nueva conducción. El presidente de la Nación recibió a Patricia y Adolfo en Casa Rosada, el Papa Francisco los llamó por teléfono. En la justicia, en la policía, en la política: todos hablan del 'caso Úrsula' como 'un caso bisagra', por haber ocurrido tantas cosas que no deberían repetirse jamás.
Desde entonces, todo sigue igual.
Los negocios de Rojas volvieron a abrir después de la pandemia y los jóvenes circulan en moto y sin casco. El Juez de Paz de Rojas, acusado por la Defensoría del Pueblo de haber tomado medidas preventivas con “injustificable lentitud” sigue en funciones. El juez de Mercedes, que podría haber detenido a Matías Martínez en enero de 2021 pero que no levantó la feria argumentando no ser el “juez natural” de la causa, sigue en funciones. La fachada de la municipalidad luce recién pintada, sin rastros de la pintura rojo-sangre que había quedado de las protestas por la inoperancia jurídica y policial. Rojas quiere parecer un lugar donde todo está en orden.
“Si no vuelvo hagan mierda todo“, escribió Patricia continúa saliendo al patio a fumar. Tal y como quería Úrsula. Úrsula en Instagram. Su mamá Patricia se lo tatuó en el antebrazo derecho. Explica: “Que no rompan banderas, plantas, patrulleros, vasos, sillas, que rompan las estructuras de esto que estamos viviendo. Que las mujeres no somos escuchadas. Que sí somos escuchadas porque somos gritonas pero no nos escuchan cuando vamos a hacer una denuncia o cuando nos vamos a quejar por algo o nos desestiman.”
Los padres de la víctima se preguntan: ¿Por qué el juez de paz desestimó una denuncia por incumplimiento de la perimetral? ¿Por qué no se ordenaron medidas de protección inmediatamente, siendo varias las denuncias? ¿Por qué Martínez no estaba en prisión preventiva, si en enero el fiscal ya había pedido el arresto por abuso de una menor de edad?
Tampoco llora delante de los demás. Como Úrsula hubiera querido.
2. Pehuajó, el femicidio de Barbi y las amenazas que siguen
Oscar Zabala es el papá de Barbi, asesinada el día 6 de diciembre del 2019: “Era evitable: por parte de la jueza de paz, por parte de la comisaría de la mujer, por parte del fiscal, por parte del personal que estaba patrullando, hay muchas falencias. La jueza de paz le levantó la custodia dos días antes [del femicidio]. Sin ningún argumento, cuando había infinidad de denuncias, se la levantó. Para mí, es mala praxis”, opina.
Barbi podría seguir viva. Fue asesinada por su ex pareja, un policía. Como Úrsula, había presentado denuncias. Incluso ya antes de que Barbi conociera a su novio y futuro asesino, Braian David Dirassar había sido denunciado por violencia de género antes de terminar la escuela de policías. El padre de Barbi se enteró después de su muerte.
“Nunca me enseñaste a vivir sin vos. Te extraño cada día más hijita”, dice el estado de Whatsapp de Oscar Zabala. Cuenta que está "quebrado por el dolor". Ha escrito un libro de ayuda para mujeres en riesgo y para su entorno, con observaciones sobre noviazgos violentos, en el intento de ayudar a víctimas en su decisión de liberarse de una relación. “Para que no mueran más mujeres”, dice el padre, su pantalón y la camisa le quedan un algo grande. Le está costando comer. Nos encontramos en la casa de su madre donde se está quedando desde la muerte de Barbi. ¿Cómo volver a la casa familiar luego de todo lo que sucedió? Los recuerdos igual lo siguen, no importa dónde esté.
Zabala conoce bien las estructuras policiales: es experto en desactivación de bombas de la Bonaerense, uno de los pocos especialistas en Argentina. Estuvo en actividad hasta que su hija Barbi fue asesinada con 19 años. O con 20 para ser exactos, contando la hora y media que pudo vivir de su año nuevo de vida, hasta el día 6 de diciembre de 2019 a las 1.30 de la mañana.
La violencia ya se había anunciado: cuando Barbi se aisló y se alejó de sus amigas, cuando se mudó con Dirassar, cuando su celular aparecía destruído. Barbi no lo contó durante mucho tiempo: “Por miedo, por protegernos. La amenazaba. Le decía que mataría a alguien de su familia, de su entorno, que mataría a una de sus hermanas”, cuenta el padre.
El 26 de noviembre de 2019, Barbi volvió a vivir en la casa familiar. Pero las amenazas continuaron y presentó una denuncia. A partir del 30 de noviembre, por pocos días tuvo custodia estacionada frente a la casa. Dirassar violó la prohibición de acercarse a ella y golpeó su ventana. Poco después la Jueza de Paz retiró la custodia permanente y, en vez de eso, empezaron a pasar patrulleros regularmente, pidiendo firmar una planilla, “para confirmar que Barbi estuviera viva”, dice el padre. El 5 de diciembre, un día antes del cumpleaños de Barbi, Oscar cortaba el césped cuando vio que Dirassar se acercaba. La madre llamó al 911 pero ningún patrullero apareció. A las 18:00 horas Barbi presentó otra denuncia por violación de la perimetral. A medianoche, la familia cantó el “Feliz cumpleaños".
Luego Barbi salió a tomar algo con tres amigas, ¿qué podía pasar estando en grupo? Ya camino al auto, para volver a la casa, las cámaras de seguridad registraron a Dirassar apuñalando a Barbi con un cuchillo de asador. Más tarde, ese mismo día, la familia volvió a cantar el “Feliz cumpleaños”. Pero frente a un ataúd.
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En su celular, el padre guarda todos los historiales de chat con Barbi. Cuando se desplaza hacia arriba, los símbolos más frecuentes en la pantalla del teléfono son corazones, chicos y grandes. Barbi acababa de empezar a estudiar psicopedagogía y soñaba con conocer Francia. En su cumpleaños de quince había pequeñas torrecitas Eiffel en todos los centros de mesa.
Son muchas las preguntas que el padre se hace: ¿Por qué Dirassar pudo llegar a ser policía, a pesar de tener una denuncia por violencia de género? ¿Por qué la jueza de paz levantó la custodia dos días antes del asesinato? ¿Por qué Dirassar no fue arrestado por desacato cuando rompió la perimetral? ¿Y por qué la policía local no impidió el crimen?
Oscar explica: “Supimos que dos móviles policiales hablaban entre ellos sobre por qué calles circulaba Barbi con sus amigas y sobre que Dirassar las seguía. Eso queda todo grabado: ‘Acá va Bárbara Zabala y acá va Dirassar, a 100 metros’. A la tarde había roto la perimetral. Si lo vieron ¿por qué no la siguieron? En ese momento decidieron terminar con la vida de mi hija.” Barbi murió cuando un policía intentó reanimarla. Es exactamente lo que no debe hacerse en casos de puñaladas en el pecho, en cercanía del corazón.
Frente a Oscar, sobre la mesa, hay un proyecto legislativo: está recogiendo firmas en la web, “para que la ley tenga que ser tratada en la cámara de diputados”. Ya lleva más de 46 mil firmas. Propone herramientas que permitirían mejorar la evaluación de riesgos a través de pericias psiquiátricas y psicológicas a la persona denunciada, para luego poder definir si la víctima necesita de medidas de seguridad extremas, cómo podría ser una custodia. Además, según Oscar, “el veredicto de la justicia debería ser una detención para siempre, sin posibilidad de salir, teniendo en cuenta el convencimiento, la conducta y la psicopatía del agresor que son irreversibles”.
Está preocupado por las hermanas de Barbi. Dice que Dirassar amenazó por teléfono con matarlas o hacerlas matar. “Cuando amenazó a Barbi, lo cumplió. ¿Qué me dice que no lo va a volver a cumplir?”
3. Cómo contarles a los padres: su hija está muerta
Chacal (sust.): Un chacal es un miembro de cualquiera de tres especies de mediano tamaño de depredadores del género Canis, halladas en África, Asia y el sudeste de Europa. (...) También puede referirse a un asesino serial, violador serial, pedófilo, terrorista, psicópata o alguien que tenga cualquier trastorno antisocial de la personalidad”.
El 8 de febrero a las 20.20 horas Patricia envió un mensaje de Whatsapp a Úrsula preguntándole si estaría para cenar a las nueve. La respuesta llegó a las 20:28: "Ahí voy mamá". Sin embargo, para entonces Úrsula ya estaba muerta. "Con la pericia nos enteramos que me la mata a las ocho de la noche. Así que el 'ahí voy mamá' me lo contestó él", recuerda Patricia.
"Él" dice la madre, "el chacal". Desde el asesinato de Úrsula, para la madre, Matías Martínez ya no tiene nombre. La perrita de Úrsula, un caniche blanco, salta sobre su faldón. Por lo demás, nadie se mueve.
Esa noche, Patricia y Adolfo ya estaban en la comisaría cuando aparecieron las primeras noticias en las redes sociales. Algunos manifestantes se empezaban a reunir frente a la comisaría y Patricia observaba a través de las ventanas del edificio antiguo: “Yo estaba a los gritos, diciendo ‘necesito a mi hija’. Y siento una voz que grita: ‘hay que esposarla’. Dos policías me pegaron una patada en las costillas de lado derecho, me machucaron la espalda, la rodilla y la pierna derecha. Caí, me esposaron para atrás y ahí es donde la gente se enloquece, empiezan a romper porque me ven esposada, porque todos sabían en las redes sociales que a Úrsula me la habían matado y yo no lo sabía.”
Cuenta Patricia que había psicólogas en el lugar pero ninguna se atrevía a decirle que Úrsula estaba muerta. El resto es sabido: disturbios frente a la comisaría, un patrullero en llamas, los policías disparando balas de goma a los jóvenes, y una chica herida en el ojo.
Dos días más tarde, ya junto al féretro, los padres tomaron la mano de Úrsula y observaron un dedo que parecía estar cortado y "pegado". ¿Tal vez Úrsula se había defendido? Cuando retiraron los objetos personales de la morgue, les quedó claro: el anillo de oro con la insignia UB (Úrsula Bahillo) había desaparecido. Los padres llamaron a la morgue indignados. Unos días después, una persona del lugar dijo haber encontrado el anillo en el pasto y lo devolvió. "Estaba impecable, como recién limpiado", dice Patricia. Los primeros en llegar al lugar de los hechos habrían sido los bomberos y la policía.
4. “Las herramientas para prevenir son insuficientes”
En Junín, a 50 kilómetros de Rojas, el fiscal confirma que se encuentra en el lugar de los hechos con vastos elementos probatorios, necesarios para elevar la causa a juicio. Lo frustran las limitaciones del sistema judicial y legislativo.
El 8 de febrero de 2021 Sergio Terrón se reincorporó a juzgado, luego de sus vacaciones. El femicidio de Úrsula fue la tercera muerte registrada en un solo día, luego de un suicido y de un chico ahogado en una pileta. Ha lidiado con varios femicidios en su carrera. En uno de ellos, la víctima apareció empotrada en los cimientos de una casa. A fin de año deja la fiscalía.
En el caso de Úrsula todos los indicios le permitieron llegar rápidamente a una hipótesis: “Ella trata de escapar y él la apuñala primero por la espalda, luego por el dorso y la termina de ejecutar en el cuello. Un acto brutal, despiadado”.
Dice que Úrsula y Martínez habían pautado un encuentro. ¿Habrá sido para dialogar, para acabar con las amenazas? ¿Para proteger a los padres? El Fiscal aclara: si Úrsula se subió al auto voluntariamente o no, es irrelevante: “La alevosía consiste en privar a la víctima de cualquier posibilidad de pedir auxilio o ser socorrida por una tercera persona. Si yo llevo el arma y la llevo a ese paraje quiere decir que tengo una intencionalidad bien clara”. Más allá del caso de Úrsula, se nota la frustración del fiscal cuando explica que muchas veces es imposible detener a un agresor: “Los delitos que no superan los tres años de prisión no son detenibles. Se requieren medidas más fuertes”.
Terrón considera las dos herramientas de prevención que tiene la justicia como “simbólicas”. Y explica: “Si a mí me notifican que no me puedo acercar, cumplo si quiero. Y si le ponemos un botón antipánico a la víctima, cuando la policía llegó ya la maté. ¿Se dan cuenta? Mejor sería que el acosador tenga una tobillera con GPS y que haya más medidas que fortalezcan a las mujeres para que salgan de una relación peligrosa”. Respecto a la posibilidad de poner custodias, retruca: “Nos entran 250 nuevas denuncias por violencia de género por semana. Si quisiera poner custodias, ¿de dónde saco tantos policías? ¡Es imposible!”.
El fiscal elevó la causa de Úrsula a juicio en sólo 19 días. El 22 de febrero, dos semanas después del asesinato, Matías Ezequiel Martínez fue condenado a cuatro años de prisión por "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas" en otra causa. La denuncia es de una ex novia en 2017.
¿Y por qué no se detuvo al asesino de Úrsula en enero? El fiscal dice que si el crimen nunca duerme, la justicia tampoco debe detenerse. Y que así es, al menos en su fiscalía. Por lo demás, refiere a las investigaciones en la propia justicia. De momento, no han llegado a ninguna conclusión.
5. El temor a la impunidad
“Ni la complicidad ni la negligencia pueden seguir siendo respuestas del Estado en situaciones de violencia de género”, decía la convocatoria para una marcha por Úrsula en febrero, pocos días luego del femicidio. "Quiero vivir sin miedo", se leía en algunos carteles. “De la policía, ¿quién nos cuida?”, decían otros.
Cuando Gustavo Melmann ve una mariposa, piensa en su hija Natalia. Siente la conexión con ella, más allá del dolor que no se va. Un grupo de policías la violaron y mataron en Miramar, en 2001. Tenía 15 años.
El padre se sienta en un banco en la plaza Tribunales, en el centro de Buenos Aires. En su pecho cuelga una foto de Natalia: pura sonrisa, flequillo marrón. Parece estar acariciando con las manos un ramo de flores, apoya la cara en ellas.
El caso de Natalia representa los temores de los familiares de mujeres asesinadas en manos de agentes de policía: modificaciones en la escena del crimen, cambios inexplicables en las declaraciones de testigos que al principio dicen primero una cosa y luego otra, persecución dentro de la fuerza hacia un perito que trabaja bien.
Melmann recuerda cómo se manipularon pruebas frente a sus ojos, estando al lado del cuerpo de Natalia: “Entró una mujer, me dice ‘esto lo pide el fiscal urgente’ y le cortó las uñas. En una violación seguida de muerte lo primero que se colectan son las uñas pero en la autopsia, con un cuidado especial. Lo que hizo esta mujer fue limpiarle las uñas por si tenía vestigios de piel de esta gente. Luego, la prueba, por supuesto, dio negativo”.
De todas maneras en el cuerpo de Natalia se encontraron restos genéticos de cinco personas cuando lo llevaron a La Plata: restos de semen de cuatro masculinos más un vello pubiano. Cuatro policías fueron identificados y tres condenados. Uno sigue en libertad, le espera aún un nuevo juicio. La 5ª muestra de ADN nunca fue cotejada con los datos de otros policías que estaban de servicio en Miramar el 4 de febrero de 2001, el día del crimen. El abogado de la familia Melmann insistió con el pedido del cotejo a la Corte Suprema Bonaerense en febrero de este año.
“Quieren darlo como caso cerrado”, supone el padre. Uno de los asesinos, en su momento lo amenazó: “Los platos más ricos son los platos fríos. Cuando salga de estar preso te mato”. Gustavo no se rinde pese a que los tres condenados están cerca de salir de la cárcel.
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Gustavo Melmann y Oscar Zabala forman parte del grupo de familiares "Atravesados por el femicidio". Hay personas cercanas a otras víctimas también asesinadas por agentes o ex agentes de policía, como Cristina “Beba” Rodríguez o Florencia Albornoz, el primer caso argentino presentado frente la ONU, contra un Estado que no logró la protección de una mujer en situación de violencia de género y no garantizó el acceso a la justicia.
La hermana de Florencia, Fernanda Albornoz, explica cómo funcionaba la complicidad policial: “Mi hermana había hecho 18 denuncias y no llegaron a la justicia porque sus compañeros las hacían desaparecer. Él compraba un lechón por cada denuncia cajoneada. Solo la última de las 18 denuncias llega, la hecha en la fiscalía”.
En el grupo también está Claudia Garnica, la madre de Karen López, fallecida el 16 de febrero del 2020: su hija era policía; la pareja, también. Él asegura que Karen se suicidó. "Imposible", dice la madre. "Karen tenía un hijo, tenía planes y nadie se suicida con un tiro en el pecho." En el aniversario de la muerte de su hija, su mamá Claudia se puso un disfraz de Spiderman y protestó frente a la fiscalía Número 11 de Morón, especializada en violencia familiar y de género. El día que visitamos la fiscalía, había 8059 causas a cargo de dos fiscales de investigación, un fiscal de juicio y ocho empleados.
Juliana Miranda, investigadora del CELS, observa que el acceso a la justicia no es igual en todos los casos, especialmente si los victimarios son de las fuerzas de seguridad: “El peso del impulso de las causas judiciales sobre esos funcionarios recae sobre las familias, los allegados o incluso las víctimas cuando son sobrevivientes. La justicia funciona de una forma cuando existen estas familias que están atrás y funciona de otra cuando no”, analiza.
6. Cambiar a la policía
"Cambiar la policía, ¿será posible?", es la primera pregunta para Agustina Baudino, directora de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La respuesta es clara: “Yo creo que podemos hacer algo. Si no, cerremos todo, apaguemos la luz y nos vamos”.
Su escritorio en el Ministerio parece demasiado grande para Agustina Baudino, una mujer a finales de sus 30, con pelo semilargo, espontánea. Su tarea es la de llevar la perspectiva de género y derechos humanos a toda la Policía Bonaerense. “Tenemos la posibilidad de incidir en la formación a través de distintas estrategias”, dice. Sin embargo, la tarea es compleja y gigantesca. La Bonaerense es tan grande como un pequeño ejército, con 90.000 agentes. El 60% de los funcionarios son hombres. A través de un pedido de acceso a la información pública del medio Perycia, se conoció que entre 2013 y 2020 casi 6 mil funcionarios fueron denunciados por violencia de género. Según indican, el 80 por ciento sigue en funciones.
Baudino admite que el tema preocupa: “Hay casos que serán desafectados y exonerados, pero no todos. Necesitamos tener un trabajo fuerte desde la formación en relación al personal que queda dentro de la institución. Hemos formado un equipo capacitador que ya empezó a trabajar con ese personal”. En septiembre fue aprobado por el ministro Sergio Berni el “Programa de abordaje socioeducativo para policías en situaciones de violencia familiar y/o de género”. Baudino destaca que no se trata de reemplazar acciones y sanciones judiciales tanto penales como civiles, ni medidas administrativas, “es contribuir a la prevención.” Más allá del personal denunciado, hay capacitaciones permanentes por temas de género en las policías locales, las comisarías y en los comandos. Según Baudino, 26.000 oficiales ya participaron.
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Estamos en una capacitación en la ciudad de Navarro, a una distancia de menos de dos horas en auto desde Buenos Aires Ciudad. En un salón enorme de la municipalidad, piso de madera, ventanas altas, hay alrededor de 40 mujeres y hombres. La mayoría son jóvenes, tienen uniforme y botas pesadas. Están sentados en un círculo grande, con distancia entre las sillas, para evitar posibles contagios de COVID. Escuchan atentamente, en ningún momento sacan los teléfonos para chatear, participan cuando se les pregunta: ¿Cómo se trata a una víctima de violencia de género?
— ¡Siempre tomar la denuncia!
— ¡Nunca desestimar la palabra de la mujer!
— Si ella dice “él matará a los niños!”, entonces tenemos que protegerlos.
— Es importante evaluar el riesgo: ¿Hay amenazas de muerte? ¿El agresor sabe artes marciales? ¿Tiene un arma? ¿Consume alcohol o drogas? ¿Tiene antecedentes penales?
Luego se pasa a un tema sensible: ¿Qué ocurre cuando una mujer policía denuncia a un compañero? Una abogada explica una novedad: pronto, las mujeres policías que denuncian a otro oficial podrán solicitar una licencia por violencia. Hasta ahora se solía dar una licencia psiquiátrica para estos casos, que luego era un estigma en el currículum y que podía convertirse en obstáculo para un ascenso.
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La licencia por violencia de género es un avance significativo, asegura Florencia Veloz, policía y exnovia de Matías Ezequiel Martínez, antes de que éste empezara a salir con Úrsula. Ha sido víctima de agresiones de Martínez. Una vez casi lo denuncia, pero él, llorando, le pidió que no lo hiciera. En parte por el pedido de Martínez, por sus promesas de cambiar, pero también por saber lo que podía succeder. Florencia dice entender a mujeres policías que sufren de violencia de parte de un hombre que también es policia y no lo denuncian: “Se van cubriendo y te hacen quedar a vos como la loca,. Te llevan a callar, a no querer denunciarlo. Es diferente a lo que pasa en las personas civiles, no tienen ningún problema de denunciar”.
Al final, Florencia decide denunciar a Martínez en julio del 2020, cuando se entera que él había abusado de su sobrina, una chica menor de edad. Ella misma llamó a sus jefes para ponerlos al tanto: “No obtuve respuesta, ni un llamado telefónico. Y él seguía en servicio, seguía portando arma, mi sobrina tenía miedo. Entonces llamé a Asuntos Internos.” Esa denuncia podría haber salvado la vida de Úrsula, si Martínez hubiese sido arrestado en enero, cómo pedía el fiscal de la causa.
Luego de denunciar a Martínez y viendo que no pasaba nada, Florencía pide una licencia psiquiatrica, para no seguir cruzándose con Martínez en el trabajo. La posibilidad de una licencia por violencia de genero no existía en este momento. Para ella, llegó tarde.
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A nivel nacional, a partir del caso de Úrsula se creó el Consejo Federal para la Prevención de femicidios, travesticidios y los transfemicidios, para coordinar protocolos y actuaciones entre las provincias. Para la periodista especializada en género Mariana Carabajal, es un paso importante. Pero se pregunta: “El consejo federal empezó a reunirse con los poderes de cada provincia, las áreas de la mujer y diversidad, de la justicia, para poder coordinar protocolos. ¿Cómo, no había coordinación? No, no había”. Agrega que le preocupa sobre todo la situación en la provincias: “Es cierto que hoy hay una prioridad desde el estado nacional, con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Pero, ¿qué pasa con las provincias y con la justicia que no depende del gobierno nacional? Ahí creo que hay un vacío, hay cambios necesarios y posibles.”
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se trabaja en un Sistema Único de Registro de denuncias por violencias de género, con el objetivo de implementar el sistema aún este año como proyecto piloto en al menos una provincia. “Es fundamental para la evaluación de riesgos”, explica Carolina Justo von Lurzer, Directora Nacional de Políticas de Género.
“Los problemas no se van a resolver de un día para el otro”, admite Agustina Baudino. Pero, se observan primeros cambios, al menos entre policías jóvenes. En mayo treinta cadetes de la Escuela de la Policía denunciaron a un comisario general que recomendaba a las futuras agentes tener relaciones sexuales con los jefes de las dependencias “para estar más acomodadas”.
7. Por Úrsula, por todas
Adolfo Bahillo: “Mi única meta es que Martínez y todos los que fueron partícipes necesarios, la paguen. Jueces, fiscales, políticos, todos. Hubo muchos partícipes y hoy están esperando a ver como zafan, pero vamos a seguir hasta la última consecuencia. Es lo único que me queda por hacer en la vida”.
Los padres muchas veces hablan de Úrsula en presente: “ella es”, “a ella le gusta”. Falta poco para que se cumpla un año del femicidio, y hay momentos en los que parece que no puede ser verdad. Que el tiempo puede volver atrás si se quita la sábana que cubre la minimoto de Úrsula que está en el living de la casa, junto a la puerta principal. Pero un cartel que está arriba del sofá en seguida recuerda la realidad de su ausencia, pidiendo “justicia por Úrsula”.
Se avecinan tiempos de confrontación, de burocracia y a partir del 3 de diciembre, de juzgados. Los padres piden cambios "¡para que no haya más Úrsulas!", dice su papá.
Sólo en este año ocurrieron al menos 142 femicidios entre enero y agosto, según la ONG Mumalá. De ellos, 16 fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
Patricia a veces se acuesta en la tumba para estar cerca de su hija.