Ensayo

A favor del aborto legal, seguro y gratuito


"En Mendoza somos miles"

“El interior está en contra” del aborto legal, dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti en la televisión. Pero del otro lado de la General Paz el símbolo del pañuelo verde deja huellas. Desde el regreso a la democracia Mendoza es una de las provincias que milita activamente los derechos sexuales y reproductivos desde las organizaciones de mujeres y las universidades: ganaron la calle, rompieron el silencio y eso no tiene vuelta atrás. La doctora en Ciencias Sociales Claudia Anzorena cuenta qué pasa en “el interior” cuando ellas hablan, los gobiernos provinciales se niegan a cumplir las leyes y los sectores antiderechos reaccionan.

3 de julio de 2018

Fotos: gentileza Diario Los Andes, Ignacio Blanco / Gustavo Rogé.

El silencio se viene rompiendo en Mendoza desde hace décadas. Desde que comenzó el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, la provincia protagonizó algunas de las movilizaciones más grandes en el país. Varias activistas y académicas mendocinas disertamos en la Cámara de Diputados. Miles marchamos el 8 de marzo, miles nos manifestamos el 28 de mayo y en otras fechas en los diferentes pañuelazos federales, miles estuvimos en la vigilia esperando la media sanción. Cada día decenas de estudiantes secundarias hacen fila para tener su pañuelo verde y pedir información sobre educación sexual integral que se les niega en las escuelas. Dos de las/os tres senadoras/es por Mendoza estuvieron en la conferencia de prensa que realizó la Campaña para exigir el tratamiento urgente del aborto en el Senado.

Estas expresiones a favor del aborto legal son nuestra respuesta a los dichos de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que dijo en el programa de Mirtha Legrand: “Estuve toda la noche pensando cómo giraría el proyecto. Sentí las presiones. Los senadores representan al interior y todo el interior está en contra. Hay mucha diferencia entre el interior y las ciudades grandes. Había presiones de un lado y de otro”. Y también a los de la diputada Elisa Carrió, que anoche en TN acusó a los “organismos internacionales que vienen por el control a la natalidad”. “Quieren que los pobres tengan menos hijos”, dijo.

No, no se trata de eso sino de funcionarias que sólo escuchan a aquellas voces que sostienen sus posiciones personales. Basta con mirar cómo reaccionan los antiderechos en Mendoza cuando se trata de leyes que amplían derechos: la imparable marea verde sacó lo más agresivo de los sectores conservadores que tienen amplio poder simbólico y económico.

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Quienes estuvimos en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres de Mendoza en 2004 conocemos la saña de la intervención de los sectores fundamentalistas católicos. Aquella vez cinco escuelas donde se iban a realizar talleres sobre derechos sexuales y reproductivos tenían las fachadas y hasta los patios pintados con leyendas contra el aborto, misóginas, lesboficas, etc. A esto se sumó un atentado a un colectivo (rompieron los vidrios, escribieron “no al aborto” y tiraron una bengala en el interior), apedrearon una escuela, prendieron fuego folletos sobre salud sexual provocando un incendio que fue controlado y la explosión con una molotov de la caja de electricidad del club donde se realizaría la peña y el cierre.

La embestida se reedita en estos días cuando agreden a adolescentes que llevan el pañuelo verde colgado de las mochilas. La magnitud que ha tomado este símbolo les apabulla: hemos ganado el poder de la calle, hemos roto el silencio y eso no tiene vuelta atrás.

El día anterior a la vigilia del 13 de junio a una compañera le robaron del auto bolsas con 500 pañuelos verdes: los tiraron a la basura. Logramos recuperar la mitad con la ayuda de la gente que trabaja en el basural.

Durante la vigilia algunas de las pocas personas que hacían la contravigilia provocaron e insultaron a los manifestantes en la plaza. A las 2 de la madrugada hubo una amenaza de bomba a la carpa de la Campaña, que fue desalojada por el personal de explosivos de la policía provincial. Una vez despejada la zona, volvimos a tomar la Plaza Independencia pero varios medios de comunicación mintieron diciendo que se había levantado la vigilia.

Con la media sanción de Diputados/as, estudiantes y docentes contaron que los directivos de algunas escuelas les prohibieron usar el pañuelo y los amenazaron con el argumento de que era una falta de respeto a quienes pensaban distinto.

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Mientras algunas cúpulas de asociaciones profesionales hacen declaraciones en contra de la ley, desoyendo o silenciando a gran parte de sus integrantes, trabajadores/as de la salud han sido amenazados/as en sus puestos de trabajo por estar a favor de la legalización del aborto.

El 28 de junio tres militantes feministas fueron agredidas y golpeadas por vecinas por llevar el pañuelo de la campaña en el Barrio Cano. La policía se negó a tomar la denuncia. Pero los vecinos se organizaron y pidieron apoyo a la Campaña para que puedan volver a sus casas y se les dicte restricción de acercamiento a los agresores.

Mendoza no es el único lugar donde se han registrado este tipo de acciones y provocaciones. Les fundamentalistas están reaccionando de la peor manera como lo hacen cada vez que parte de la sociedad ponen en cuestión sus credos para avanzar en la construcción de un Estado laico y una sociedad más democrática.

La vicepresidenta manifestó públicamente una posición contraria al aborto basada en argumentos que se sostienen en el statu quo –la criminalización del aborto y la obstaculización de las excepciones que son legales-. Se niega a escuchar las voces de quienes rompen el silencio en pos de ampliar sus derechos y mejorar sus condiciones de vida*. Acá no estamos hablando de los abortos individuales y su moralidad, sino de la injusticia que implica que nos impongan las creencias de unos (muchos o pocos lo mismo da). Sobre todo, cuando esas creencias atentan contra la salud pública, la justicia social y los derechos humanos de la ciudadanía.

¿Cómo se puede decir que se quiere ser ecuánime cuando la posición personal le impide escuchar los argumentos fundamentados de quienes estamos exigiendo una ampliación de derechos y la atención a una cuestión que se plantea claramente como un asunto de salud pública?

Porque para quienes venimos desde hace décadas estudiando e instalando la necesidad de que el Estado deje de eludir el tema del aborto y asuma una intervención activa y responsable en los asuntos de derechos sexuales y reproductivos es dable pensar que no es inocente ni ecuánime la jugada que intentó hacer en el Senado: girar el proyecto a las comisiones de presupuestos y asuntos constitucionales (aunque finalmente presupuesto salió). En qué cabeza cabe que ésto puede ser ecuanimidad: hasta la propia Legrand le dijo “no lo entiendo”.

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Del mismo modo, la alusión al “interior” y sus diferencias con las “grandes ciudades” es una expresión poco feliz, porteñocéntrica, descalificatoria y homogeneizante de una “periferia” que es, nada más ni nada menos, un país que evidentemente la vicepresidenta desconoce. No son audibles para ella las cientos de disertaciones que hubo de especialistas y activistas de todo el país, del mismo modo que no es visible para ella la federalidad del movimiento de mujeres, feministas y disidentes sexuales en Argentina.

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“El interior”, si se refiere a las provincias y a sus diferentes localidades, no es un todo homogéneo. En el “interior” somos cientos de miles quienes estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, quienes venimos activando este derecho desde el retorno a la democracia. Lo hacemos en nuestros lugares de origen y en los Encuentros Nacionales de Mujeres que se realizan en diferentes provincias desde el año 1986 (algo inédito a nivel mundial pero que quizá la vicepresidenta también desconoce).

En “el interior” las mujeres y las personas con capacidad de gestar abortan y lo hacen en condiciones marcadas por su clase social, su raza/etnia, en el campo y en la ciudad.

De “el interior” son también las/os senadoras/es que se han pronunciado a favor de la ley. En “el interior” somos muchos/as/es que estamos en contra de la clandestinidad del aborto. Porque con aborto legal o ilegal, las mujeres y las personas con capacidad de gestar abortan igual.

Vivo, trabajo y activo en Mendoza. Las activistas mendocinas somos parte de las colectivas de “el interior” y de las “grandes ciudades” que construimos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El contexto mendocino está marcado por tres gestiones que se han negado a cumplir con los abortos legales en los casos de violación y peligro de la salud o la vida de la mujer/persona gestante, ha obstaculizado la adhesión del protocolo ILE, y ha sancionado una ley nefasta que restringe la venta y uso del misoprostol en hospitales, que impide conseguirlo en las farmacias.

Esta restricción, del mismo modo que la ley que penaliza el aborto voluntario, lejos está de disuadir a las mujeres de abortar, sino que las arroja a un territorio de desolación y desesperación, a ser vulnerables a estafas y víctimas de quienes lucran con la clandestinidad, a condiciones insalubres, a amenazas, a psicópatas fundamentalistas que intentan hacerlas cambiar de opinión con maniobras espurias.

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“¿Qué tipo de voz está rompiendo el silencio, y qué tipo de silencio se está rompiendo?” La pregunta de Adrienne Rich en Artes de lo posible debería interpelar a los/as funcionarios/as públicos cuando al menos un millón de personas concentran en el Congreso de la Nación y en lugares simbólicos de todo el país para seguir el tratamiento de una ley que aborda un tema en el que se les va la vida, los cuerpos y los derechos humanos en el día a día.

Porque el aborto se presenta como una opción concreta, real, palpable en la vida de todas aquellas que se enfrentan con un embarazo que no pueden continuar: la cuestión es cómo. Y la cuestión es cómo en CABA, en la Quiaca y en Ushuaia. En la ciudad y en el campo. En el country y en la villa.

Para ser ecuánime, como se jacta la vicepresidenta, primero hace falta ver y escuchar a quienes estamos rompiendo el silencio, y también a las reacciones de quienes se oponen a la transformación. La legalización del aborto no obliga a abortar, pero la penalización sí obliga a una maternidad forzada o a un aborto clandestino.

Quienes hacen políticas no deben dejarse amedrentar ni ser necios ante lo que se plantea como un dato de la realidad. Reitero lo que dije en la Cámara de Diputados: El Estado tiene que enfrentar el asunto. Evitarlo es no asumir la responsabilidad social e institucional de las fallas y la discriminación en el acceso a la salud y a la justicia en que vive la mitad de la población en el país. Como hemos dicho incansablemente: el aborto legal es la gran deuda que la democracia tiene con las mujeres en el camino que emprendió de reconocerlas como ciudadanas.

*Belfiori, Dahiana (2018) Código Rosa. Relatos sobre aborto. Ediciones La Parte Maldita. Buenos Aires.

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