“Te metiste con mi gente, ahora vas a ver. ¡Fuera el veto, los discas están primero!”. En Córdoba, Emi Ozan no necesita presentación: militante y autoridad disca de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH., su voz arenga desde el micrófono frente a cientos de personas en la Plaza San Martín. Es una de las voces centrales en la jornada de paro y movilización, convocada por organizaciones de todo el país, para repudiar el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Le siguen otros compañeros y compañeras que manifiestan el pedido de que los legisladores “se pongan las pilas”, comparten relatos personales, cantan y expresan emociones muy diversas. Se alternan con las voces de familiares, trabajadores y profesionales del campo de la discapacidad. La plaza principal de la capital de una provincia que hace casi dos años apoyó en un 74 por ciento la llegada al poder del gobierno libertario hoy está colmada de carteles que lo repudian.
Un día antes, el Gobierno había publicado en el Boletín Oficial el veto a la ley aprobada por el Congreso. Un grupo de organizaciones de todo el país le respondió con un comunicado colectivo: “Desoyendo las millones de voces no sólo del colectivo de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad argentina, el gobierno plasma con su veto el sello de una política de la crueldad, maquillada con la falacia del equilibrio fiscal”. Es el capítulo más reciente de una vertiginosa agenda de reclamos que no es nueva, pero que adquirió una dimensión insólita a partir de la brutal avanzada libertaria.
Una respuesta a la política de la crueldad
La Ley de Emergencia surge como una respuesta de organizaciones de la sociedad civil —y luego acogida por la oposición en el Congreso— a la política de avasallamiento sobre los derechos de las personas con discapacidad y al ajuste inédito al sistema de prestaciones que impuso el Gobierno.
Uno de los primeros golpes de La Libertad Avanza fue la derogación del decreto que permitía la compatibilidad entre pensión por discapacidad y trabajo formal. Esta compatibilidad había sido celebrada como una conquista histórica de un colectivo de más de cuatro millones de personas que tiene a más del 75 por ciento de la población económicamente activa desocupada. Las oportunidades de empleo a las que acceden las personas con discapacidad suelen tener condiciones precarias: sueldos bajos e inestabilidad. El riesgo de la suspensión o pérdida de la pensión, que luego es muy difícil recuperar, ha sido siempre una barrera frente la lejana promesa de un empleo formal. En estas escenas sucede lo razonable: las personas con discapacidad y sus familias suelen optar por lo seguro. La compatibilidad, en cambio, funcionaba como un aspecto positivo. Sin el miedo a perder la pensión, las personas adquirían seguridad para transitar las oportunidades de empleo y proyectar el desarrollo laboral. Es decir, un apoyo en términos del modelo social de la discapacidad.
Esta temprana decisión fue parte de una serie de medidas que allanaron el camino para instalar la idea de hacer una auditoría, el eufemismo favorito del Gobierno. A una efectiva campaña mediática de desprestigio sobre la política de pensiones le siguió la modificación de la norma que reglamenta el acceso a las pensiones por discapacidad.Se reestablecieron los criterios que habían sido declarados inconstitucionales y sobre los cuales, en reiteradas oportunidades, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había instado al Estado a modificarlos. Con esos nuevos (viejos) criterios inició la mentada auditoría. Organizaciones de todo el país han denunciado continuamente un mecanismo opaco y plagado de irregularidades: procedimientos inaccesibles, nulo respeto por el derecho a la información y a la defensa, confusiones y falacias al momento de publicar resultados. Las organizaciones manifestaron que el Estado debía controlar, pero mediante procedimientos transparentes y respetuosos de los derechos. Lo que llamaron auditoría fue en realidad un plan de recorte y una continua campaña de desprestigio hacia un Estado que garantiza derechos.
La Ley de Emergencia podría ponerle un freno a estos retrocesos. Las pensiones hoy llamadas “por invalidez laboral” tendrían un criterio de “Pensiones por Discapacidad para la protección social”. El cambio es sustancial: mientras en la actualidad las personas deben demostrar una incapacidad total hacia el trabajo para acceder a este derecho, con la Ley de Emergencia, “toda persona que cuente con Certificado Único de Discapacidad, y que esté en situación de vulnerabilidad social” podría acceder a la pensión. Y, a la vez, restituye la compatibilidad con el empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Una muestra del carácter modesto de la Ley de Emergencia es que no modifica el monto magro de las pensiones: el 70 por ciento de una jubilación mínima. A la vez, la pensión también brinda acceso a la cobertura de salud. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto entre el 0,22 y 0,42 % del PIB.
La Ley de Emergencia también contempla una reparación urgente a un sistema de atención que atraviesa una crisis terminal: aranceles desactualizados, instituciones colapsadas, profesionales migrando a otros rubros. La ley propone aumentos extraordinarios para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023 y una fórmula automática de actualización. Incluye, además, un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias y de seguridad social de prestadores. En síntesis, la ley busca reparar parcialmente un escenario de crisis transversal a todo el colectivo. Por ejemplo, en los talleres protegidos —espacios cooperativos de producción en rubros diversos como panificadoras, carpinterías o imprentas, donde muchas personas acceden a empleo— cada operario con discapacidad recibe 28 mil pesos por mes. La actualización de esta asignación estímulo que propone la Ley representa apenas el 0,0008 por ciento del PBI.
Crueldad disfrazada de equilibrio fiscal
En paralelo a las movilizaciones, nació una campaña con epicentro en Córdoba: “Córdoba defiende la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Videos con testimonios de personas con discapacidad, familiares y trabajadores circularon por todo el país, articulado con otras provincias en un grito federal. Mercedes, mamá de Augusto, un niño de 12 años con autismo, lo dice con la bronca que todas las familias también sienten: “Las terapias se interrumpen, los profesionales cambian a otros trabajos por cuestiones económicas. En el recorrido educativo de mi hijo cambiamos siete veces de maestra integradora”.
Desde los micrófonos en las plazas, la respuesta al veto insiste: “Más allá de que la Oficina de Presupuesto del Congreso ya estimó que el costo de esta ley es ínfimo, no vamos a hablar de números. No es un tema de costos. La política en discapacidad no es un gasto. Es una obligación del Estado. La cuenta discapacidad no es responsable del déficit fiscal”.
Este paisaje de concentración se repitió en muchas ciudades del país. Pero en la movilización frente al Congreso Nacional la indignidad escaló a nuevos límites: se desplegó un burdo operativo que incluyó a la Policía Federal y la Gendarmería para controlar y amedrentar a personas con discapacidad que se movilizaban de forma pacífica. “Están pegando a gente en silla de ruedas, esto no lo vimos nunca en la historia argentina”, manifiesta una madre en una entrevista para la señal LN+. Antes había sintetizado con un dramatismo conmovedor el sentido de la jornada: “Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela y sin sus terapias; que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender los derechos de mi hijo. Todos importamos, no sólo la gente que tiene plata”. El video circuló por todo el país.
El comunicado de las organizaciones expresa los próximos pasos. “Ahora es el momento en que los legisladores tienen la posibilidad de ponerse a la altura con dignidad y sostener la vigencia de la ley lograda en el Congreso Nacional. El movimiento de la discapacidad los está viendo. Desde las plazas, en las redes, en los medios, sosteniéndonos entre todos, como podemos, pero más unidos que nunca”. Hoy, los bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados, pero el veto a la Ley no está dentro del temario porque no tendrían los votos asegurados para voltearlo. Además, con o sin los números necesarios, se especula con que tratar el veto cerca de las elecciones puede significar un costo más alto para el Gobierno.
Estas son algunas de las marcas sociales de la irrupción de este movimiento en el que destacan las voces discas, las formas lisiadas de participación política, como gestos de estas movilizaciones, que transforman un reclamo sectorial en una disputa sobre la concepción misma de la discapacidad, como producción social.
En palabras de la militante disca Gianna Mastrolinardo, “los seres humanos somos seres interdependientes, necesitamos unes de otres, no sólo las personas con discapacidad, todos, todas, todes necesitamos de otres, lo que venimos a hacer desde el colectivo de personas con discapacidad es recordarle a la sociedad, una y otra vez, su humanidad”.