Ensayo

Inversiones


Un nuevo contrato social

Países de desarrollo reciente como China, Corea del Sur y Malasia -entre otros tigres y dragones asiáticos- tienen una característica en común: tasas sostenidas de inversión pública y privada mayores al 25 por ciento del Producto Interno Bruto. En Argentina, ni las fantasías neoliberales ni los proyectos desarrollistas han logrado garantizar un piso sostenido que supere los 17 puntos. Según el sociólogo Pablo Belardinelli ese es uno de los problemas fundamentales que explica el subdesarrollo. Y propone “un nuevo contrato social” entre dirigentes políticos, empresariales, sindicales y sociales que permita proyectar un futuro en un mundo de conflictos crecientes y amenazas existenciales.

Este año se realizará la vigésima elección consecutiva de legisladores nacionales desde 1983, un récord histórico de normalidad democrática en el país. Aunque las elecciones son provinciales, la competencia estará polarizada entre la coalición popular que gobierna a nivel nacional y sus opositores conservadores. Dos coaliciones que se configuraron en los últimos 20 años pero que están arraigadas en debates que atraviesan la historia del país sobre los símbolos de la tradición nacional, la inserción internacional, las prioridades de la economía, los modelos de estratificación social y las funciones estatales. Entre ambas, es probable que se concentre el 80 por ciento de los legisladores electos.

 

La democracia argentina tiene la fortaleza de la representatividad. Pero las conquistas democráticas contrastan con las dificultades para sostener mejoras persistentes de las condiciones de vida de la población. Uno de los problemas fundamentales que explica el subdesarrollo argentino es la inversión insuficiente.

 

Países de desarrollo reciente como China, Corea del Sur y Malasia, entre otros tigres y dragones asiáticos- registran tasas de inversión pública y privada anuales mínimas de 25 puntos de su Producto Interno Bruto a lo largo de varios años. En Argentina, desde la crisis de deuda de 1981/82, ese indicador se ubica sistemáticamente en torno a 17 puntos, con máximos esporádicos en torno a los 20 puntos.

 

A pesar de que la pregunta por la inversión atraviesa el debate público, no ha habido consensos –ni recetas únicas- para alcanzar un mínimo de inversión de 25 puntos del PBI durante diez años seguidos. 

 

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La fantasía neoliberal que propone el PRO, plantea como solución un conjunto de reglas universales pro mercado. Mientras que la ilusión desarrollista, representada por Roberto Lavagna, pretende la subordinación de toda la sociedad a las necesidades de la cúpula empresarial. 

 

Ambas aspiran a que la rentabilidad empresarial se base en un salario de equilibrio macroeconómico, según la elegante fórmula de Gerchunoff, incompatible con el ejercicio pleno de la ciudadanía de cada uno de nuestros compatriotas y por lo tanto insostenible a lo largo del tiempo.

 

Hoy el 20 por ciento de la población del país percibe el 50 por ciento del ingreso nacional, mientras que el ochenta por ciento restante se apropia de la otra mitad. La mayoría no puede ahorrar y los ahorros de la minoría no se canalizan a la inversión. El desafío de la inversión exige un debate sobre la distribución del ingreso y un replanteo del capitalismo asistido desde el Estado a través de una maraña opaca de contratos, subsidios, exenciones, garantías, créditos, concesiones y beneficios varios. Desde una estrategia popular de desarrollo, el desafío de la inversión es un problema de calidad institucional en tres dimensiones: la estabilidad macroeconómica, la concertación social y la innovación gubernamental.

 

I. Las instituciones de la estabilidad macroeconómica contempladas en la Constitución Nacional son el jefe de Gabinete de Ministros, la ley convenio de Coparticipación Federal de Impuestos, el organismo fiscal federal y el banco federal. Su implementación requiere la construcción de consensos democráticos en el ámbito legislativo nacional y de las provincias.

 

Este debate comprende definiciones respecto al nivel, composición y financiamiento del gasto público y ha estado habitualmente dominado por las voces de los economistas ortodoxos, que proponen poco gasto sin déficit, y los heterodoxos, que impulsan un gasto mayor aunque sea deficitario. Mientras tanto, la realidad es que la inversión pública es insuficiente, el gasto es inequitativo y los déficits son altos.

La estabilidad macroeconómica requiere una priorización de necesidades que aumente las asignaciones a la inversión pública e  incentive el consumo por vía de salarios y jubilaciones al tiempo que garantice la sostenibilidad de los servicios de la deuda con equilibrio fiscal, tal y como se presenta en el siguiente cuadro.

 

CUADRO. Propuesta de nivel y composición del gasto público total como porcentaje del PIB

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II. La construcción de ámbitos de concertación entre empresarios y trabajadores que acuerden niveles de ingresos, producción y empleo, es la alternativa institucional adecuada para alcanzar el propósito de aumentar la inversión y la participación de la masa salarial en un producto nacional creciente que contemple las diferencias de segmentos de mercado, tamaño, actividad y localización de las empresas.

Los acuerdos sectoriales para la competitividad y el Consejo Económico y Social son iniciativas en marcha que deben mantenerse y profundizar.

Los acuerdos sectoriales para la competitividad y el Consejo Económico y Social son iniciativas en marcha que deben mantenerse y profundizar.

 

III. El despliegue de una acción de gobierno intensa, diversificada, eficaz y coordinada al servicio de la ciudadanía requiere la implementación de una agenda de innovación gubernamental que contemple:

 

A) El mejoramiento de los mecanismos de articulación de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones de la comunidad;  

 

B) El aumento de los niveles de transparencia, calidad y eficiencia de los servicios que brinda la Administración estatal;

 

C) El fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Administración y la Sociedad para la formulación de las políticas estatales.

 

Los argentinos necesitamos un nuevo contrato social para proyectarnos unidos al futuro en un mundo de conflictos crecientes y amenazas existenciales. La legitimidad democrática común nos provee el ámbito para consensuar, desde nuestras diferencias, los aportes y beneficios que le corresponden a cada uno. Una nueva generación de dirigentes políticos, empresariales, sindicales y sociales debe asumir este compromiso.