Anochece en la comunidad Los Amigos. El sol rojo de la Chiquitanía apenas ilumina a las 20 personas que están reunidas en asamblea a los pies de un árbol. En los llanos de Chiquitos, un ecosistema que media entre el Amazonas y el Gran Chaco, vive la cuarta etnia más numerosa de Bolivia, detrás de los quechuas, los aymaras y los guaraníes. Hoy, la zona de bosques tropicales que habitan los chiquitanos tiene una amenaza fuera de control: el fuego.
Doña Ángela le da la palabra a un comunario angustiado.
—Se están muriendo los animales.
La líder indígena está cansada pero logra disimular la preocupación:
—Les pido que sigan adelante y no se desmoralicen.
El ruido de los grillos es cada vez más fuerte. Cuando terminan la reunión, los comunarios organizan un pasamanos para repartir bidones de agua, rastrillos y medicamentos que llegan desde Santa Cruz de la Sierra. Los relatos sobre el incendio no paran de repetirse en todo el Territorio Indígena Monte Verde.
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El municipio de San Javier está a 220 kilómetros de la capital de Santa Cruz de la Sierra. Fundado en 1691, es la primera misión jesuítica en Bolivia. En la región existen seis misiones construidas durante los siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura es reconocida por la UNESCO como “patrimonio de la humanidad”. La iglesia principal aún mantiene su construcción original. En el frente se lee un pasaje del Génesis en latín: Domus dei et porta coeli.
Si bien en la zona siempre hubo incendios provocados por la quema para el chaqueo, este año se desbordaron. Las organizaciones indígenas informan que el fuego afectó a 35 comunidades y arrasó más de 750.000 hectáreas: algo así como cuarenta veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. “No son desastres naturales, no han sido originados por la naturaleza. Los incendios son consecuencia de la actividad humana ocasionada por desmontes y quemas”, plantea el pronunciamiento de la Organización Indígena del Pueblo Chiquitano (OICH). El comunicado exige que el Estado declare el desastre nacional para permitir la ayuda internacional y la anulación de los decretos que habilitan el desmonte y amplían la explotación agropecuaria en tierras no aptas para la agricultura.
Luis Rivero, el cacique de la central indígena Paiconeca, espera a la comitiva del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en San Javier. Se sube a la camioneta y le indica a Don José, el chofer, el camino hacia el Territorio Indígena Monte Verde para poder contactar a los comunarios afectados. Habla lento y claro. Dice que el incendio comenzó en la localidad de Las Conchas, cuando un grupo de campesinos quemó su barbecho. Con el cambio de los vientos, el fuego se descontroló y avanzó hacia el este. Ese es su primer destino.
—Hay una tristeza total. Este invierno cayó la mayor helada en 30 años y la vegetación con la que alimentamos el ganado se secó. Los cultivos se quemaron, las tierras perdieron su abono y ahora tendremos que esperar un año para volver a sembrar. Ya no hay sustento para alimentar a las familias —dice el líder del pueblo chiquitano.
Don José conduce por un camino de tierra mientras mastica su "bolo" de hoja de coca mezclado con bicarbonato. Falta poco para llegar al Territorio Indígena Monte Verde, un territorio ancestral, indivisible e imprescriptible de 974.447 hectáreas. Allí solo los comunarios pueden aprovechar los recursos naturales. Hoy es una de las zonas más afectadas por el fuego junto al municipio de Roboré, también en la Chiquitanía, Charagua, en la región del Chaco, y la Amazonía Sur, en Beni.
La camioneta se sarandea de un lado a otro. El cacique intenta dormir, pero su cabeza choca contra la ventana una y otra vez. A los costados, las marcas en los árboles muestran el paso del fuego y el olor a quemado se mete por la ventana. Algunos aún despiden humo después de la lluvia de la noche anterior.
Varios kilómetros adentro del Territorio Indígena viven las once familias que forman la comunidad de Las Conchas. Ocupan 573 hectáreas y se sustentan de la actividad forestal, la cría de vacas, chanchos y gallinas, y la agricultura. El primero en recibir al cacique Luis es Benito Soqueré, un comunario que reside en el lugar hace cuatro años con sus hijos Julio y Agapito. Este invierno, el cambio climático afectó su economía:
—Antes de la helada sacábamos 30 kilos de queso por semana y los vendíamos en la ciudad a 20 pesos el kilo. Ahora no sacamos nada. Como no hay pasto, las vacas están flacas y no dan leche —explica.
El pasto seco también fue terreno fértil para el fuego de las últimas semanas, que afectó a todo el territorio y quemó la madera que utiliza la comunidad. La institución de desarrollo Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (Apcob) estima que en Monte Verde se quemaron entre 20.000 y 25.000 hectáreas. Pero los comunarios dicen que el incendio dañó otro recurso invaluable: el agua.
—Desde ayer estamos con diarrea. Como llovió, las cenizas se escurrieron hacia el río y contaminaron el agua que tomamos. Además, el veneno del ochoó [un árbol característico de los bosques tropicales cuya resina es tóxica] mató a los peces que comemos— agrega Agapito al relato de su padre.
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Es de noche en la comunidad El Rancho. Las estrellas iluminan más que el foco que alumbra la reunión de cinco comunarios. El cacique Luis y la abogada del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) Débora Díaz Araujo son recibidos con aplausos:
—¿Cómo le va, doctora? ¡Estuvo perdida!— bromea cómplice uno de los comunarios.
Pasaron más de 10 años y los chiquitanos del Territorio Indígena Monte Verde aún recuerdan la compañía de las ONGs en el proceso de saneamiento (el procedimiento legal que regulariza el derecho a la propiedad agraria) y titulación de las tierras comunitarias. Resta aún el proceso autonómico, un derecho reconocido en la nueva Constitución Política que les permite el autogobierno.
—Nosotros trabajamos para que el fuego no avance. Está controlado, aunque no totalmente apagado. En nuestra comunidad no llovió y por eso estamos alerta —explica el comunario Sandro Macoñó—. Pero nos preocupa aún más el problema del agua. Hasta el año pasado teníamos un poquita: hoy los ríos y arroyos están casi secos.
Los comunarios se muestran molestos ante la falta de ayuda del gobierno nacional y municipal. En las comunidades de Monte Verde, el avión SuperTanker contratado por el Gobierno para combatir los incendios pasó, pero no tiró agua.
—Nos preocupan nuestros cultivos. A un vecino la helada le quemó la mitad del cultivo de papaya. Es una pérdida muy grande —concluye Sandro.
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En Concepción, a 500 km de la frontera con Brasil, el sol calienta a tierra colorada. Por el centro del pueblo pasean menonitas en carros a caballo. Frente a la plaza principal, la Catedral Inmaculada Concepción repite el pasaje del Génesis, pero en castellano: “Casa de Dios y puerta del cielo”.
A una hora y media del centro, en la comunidad Palestina, viven cerca de 40 familias. Las casitas de madera y adobe se alzan entre los chanchos, las gallinas y los árboles de grey (como llaman al pomelo). Luis muestra el árbol y bromea:
—Calman la sed… ¡Y calman la hambre!
Las mujeres de la comunidad están preocupadas por su emprendimiento colectivo de plantaciones de cusi: de las semillas de las palmeras extraen un aceite amarillo similar al aceite de coco. Más allá de ser un antiséptico natural, se usa mucho en la industria cosmética. "Si se mete el fuego nos quedamos sin el aceite para hacer el shampoo y las cremas", dice Lorenza, mientras invita chicha al cacique. Si en San Javier el disparador del fuego fue la helada, los comunarios de Palestina creen que el descontrol del fuego y el rebrote de los focos se debe a los fuertes vientos.
La organización de base como forma de democracia directa está muy asimilada en la cultura de los pueblos indígenas bolivianos. Las deliberaciones pueden durar horas. Reunidos en asamblea, Isael Zavala, del Consejo de Justicia Comunitaria, agradece la presencia de la doctora Débora y el cacique e informa que el foco del incendio está en Río Blanco: 146 bomberos y voluntarios divididos en tres grupos intentan controlar el fuego. A diferencia de las anteriores comunidades, en Palestina existe una gran preocupación por el avance del fuego. El vicepresidente de la organización territorial de base, Don Pedro Masay Chuvé, propone abrir una brecha que defienda al cusisal:
—Las palmeras están altas. Si el fuego llega ahí no lo apagamos más. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestras familias si se queman nuestros chacos?
El problema de la sequía y la falta de agua se vuelve a repetir en Palestina. Si los pozos se secan, el río más cercano está a 7 kilómetros.
En medio de la reunión, un grupo de bomberos forestales y voluntarios se acerca a la asamblea para pedir ayuda. Quieren establecer un campamento base de 40 personas. Informan que desde el rastrillaje satelital observaron 37 focos de calor. Proponen trabajar de noche, cuando calma el viento y la altura del fuego desciende de 1,40 metros a 40 centímetros. Los comunarios agradecen la ayuda y se ponen a disposiciòn. Además de darles un lugar para poner las carpas les ofrecen el alimento y agua diarios.
En el camino de vuelta a Concepción, aparecen dos focos de incendio que no estaban a la ida. La naturaleza le pone imagen a los relatos de los comunarios: el viento sopla y el fuego crece. La doctora Débora comenta que esta es sólo la primera parte de la tragedia.
—Cuando se apaga el fuego, comienzan las enfermedades respiratorias, estomacales y en la vista. Y después vienen los problemas económicos: además del ganado y los cultivos de plátano y yuca queda perjudicada la actividad forestal, la fuente de recursos más importante.
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Leonardo Tamburini es un abogado argentino que vive desde hace años en Bolivia. Trabaja en el CEJIS y es una de las referencias del país en temas en medio ambiente. Acompañó las luchas indígenas por el territorio en la Chiquitanía y participó del proceso de saneamiento y titulación de tierras de Monte Verde. Está cansado: en los últimos días no paró de dar entrevistas. Ahora participa de una de las marchas contra los incendios en Santa Cruz de la Sierra. Dice que, más allá del cambio climático, la ampliación de la frontera agrícola acordada entre el Gobierno y los empresarios del sector agrícola-ganadero es la gran responsable de la catástrofe ambiental.
—Los decretos y paquetes sancionados desde 2013 abrieron la válvula para el desmonte y los incendios. Y los órganos que deberían controlar la actividad están desfinanciados y no pueden cumplir con la fiscalización. Es urgente cambiar el modelo productivo agroextractivista que supone la liquidación de los bosques nacionales.
Mientras la multitud reclama ayuda internacional y corea “Basta, basta, basta, de deforestar; con estos incendios, nos van a matar”, Tamburini agrega que la transformación en el modelo económico tuvo un hito: la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” de 2015. Allí se estableció el Plan de Desarrollo Económico y Social (2016-2020), que fijó ampliar la frontera agrícola de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas. Para eso, el Gobierno habilitó medidas que perdonan los desmontes y las quemas no autorizadas. Tamburini distingue dos: la ley 741 y el Decreto Supremo 3973. La primera dio un nuevo impulso al desmonte en regiones antes protegidas. Después de su sanción en 2015, el chaqueo aumentó en áreas donde esta práctica era ilegal, se generó mayor tráfico de madera y se crearon “comunidades fantasma”. La segunda disposición amplió la frontera agropecuaria en Beni a tierras que eran clasificadas como de “vocación forestal”. En otras palabras, más desmonte para aumentar las exportaciones de la industria ganadera boliviana.
El investigador de la Fundación Tierra Alcides Vadillo agrega otra dimensión al problema: los nuevos asentamientos en la Chiquitanía. Si se confirmaran las 1400 resoluciones de autorización, 2.500.000 hectáreas dejarían de ser áreas de producción forestal para convertirse a la producción agroindustrial y estar habilitadas para el desmonte.
Los incendios irrumpen en la escena electoral. Mientras el movimiento ambientalista le cuestiona al Gobierno la extensión de la frontera agrícola y que no declare el “desastre nacional”, el Presidente se muestra activo: recorre las zonas afectadas y colabora a apagar los incendios con un mameluco azul. El mismo color de su partido, el Movimiento Al Socialismo. Las redes sociales opositoras le responden con memes.
La presión de la opinión pública y la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida logró que la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) acatara la declaración presidencial de "Pausa Ecológica" y suspendiera todos los trámites de desmonte. Del otro lado, los ganaderos de Santa Cruz y Beni, y el sector agroindustrial solicitan mantener la normativa que permite la quema y desmonte. Las tensiones ya no son tan creativas.
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En el Lollapalooza de Brasil, la banda estadounidense “Portugal, The Man” le dio la palabra al líder mbya guaraní David Guarani para denunciar el genocidio y el intento del Gobierno de Jair Bolsonaro de acabar con la demarcación de las tierras indígenas. Acompañado de dos mujeres, tres niños y un guerrero con el torso desnudo que apuntaba su arco y flecha hacia el cielo, el referente guaraní mostró una remera negra y una leyenda en letras blancas que decía “A causa indígena é de todos nos”. Al mismo tiempo que agitaba una maraca, tomó el micrófono y gritó.
—Los indígenas representan el 5% de la población mundial y protegen el 82% de la biodiversidad del mundo. Dicen que es mucha tierra para pocos indígenas, pero en verdad es poco indígena protegiendo la vida para la supervivencia del mundo entero. Nosotros, los pueblos indígenas, estamos siendo perseguidos, asesinados y muertos. Nosotros estamos luchando por la vida.
A pesar de los más de 2.000 kilómetros que los separan, en la amazonía boliviana el reclamo del pueblo movima es similar al de los mbya guaraní en Brasil. Don Javier Zelada es el presidente del comité de gestión de la Reserva de la Biósfera y Estación Biológica del Beni, una de las 22 áreas protegidas de Bolivia que ahora está amenazada por los incendios. El líder indígena sostiene que los karayanas (como denominan a los blancos y mestizos en la Amazonía boliviana) quieren tener más de lo que tienen, y por eso avanzan contra la naturaleza y los pueblos originarios.
—Nuestra principal preocupación es que el fuego no ingrese al bosque. Desde chicos recibimos la educación de proteger a la flora y la fauna. Nosotros defendemos la Madre Tierra: de ella vivimos, de ella recolectamos y por eso la cuidamos.
En lo que va del siglo XXI, Bolivia ha vivido uno de los procesos más transformadores de Latinoamérica. En la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, reconoció que en su interior conviven 36 lenguas. Un modo decir que en el país existen 36 naciones indígenas; una revolución copernicana para quienes desde el siglo XVII creen que a un Estado le corresponde solo una nación. El país andino dejó de llamarse República y pasó ser Estado Plurinacional de Bolivia: un simple cambio semántico que contiene una profunda transformación política.
Pero en estos últimos años, su modelo de desarrollo pareciera mostrar signos de agotamiento. El cambio de las relaciones de fuerza al interior del "proceso de cambio" a favor de los campesinos y el agronegocio, y en detrimento de los pueblos indígenas, empieza a impactar en la Madre Tierra. No en vano el hit de las protestas contra los incendios sintetizaba: "Ni soya, ni coca; el bosque no se toca".
Por fuera de la real politik, el ambientalismo y la campaña electoral, al Estado Plurinacional de Bolivia le toca repensar su modelo de desarrollo: ¿el avance contra la naturaleza es el único camino para seguir disminuyendo la pobreza y el hambre que arrastra el país desde la época colonial? En esa pregunta, tal vez, los indígenas puedan aportar algunas claves para cambiar el presente y el futuro: su estar en el mundo muestra que existen otros modos de desarrollo en armonía con el medio ambiente.
Foto de portada: Adán Palachay Ortiz
Fotos: Damián Andrada
* El autor agradece al pueblo chiquitano por permitirle ingresar a sus territorios, y a las organizaciones CEJIS, IWGIA y ORE por la información sobre los procesos y el traslado a las comunidades.