El jueves 16 de marzo murió en el Penal de Olmos la activista trans Angie Velázquez Ramírez. Su cuerpo no es el primero que aparece muerto en prisión: en enero Pamela Macedo Panduro, también activista, moría en condiciones similares de encierro. Estas apariciones prenden un alarma frente a una persecución punitiva sistematizada, escriben Matías Máximo y Lara Bertolini y se preguntan sobre cuántas leyes serán necesarias para responder a una violencia arraigada en lo cultural. ¿De qué manera construir un código social no binario?



1.

Muerte natural para cuerpo natural. La travesti no muere de forma natural. Su cuerpo, que renuncia a ser hombre o mujer, cuando muere parece denunciar que “vivir así, se paga”. El cuerpo que niega a la biología, con la herencia de la formación física de la trava a la travita como bautismo. Se paga. El aceite inyectado que corre como un veneno y contamina la sangre. Las violencias institucionalizadas. Las familias que no saben y no quieren saber qué hacer, que odian en nombre del amor: se paga, con una bola de angustia, quedando en la calle muy joven. En el fondo, es  el patriarcado quien cobra la traición a la naturaleza: qué hay peor que una mujer, el hombre que traiciona su estirpe siendo una femineidad.

 

2.

Jueves 16 de marzo. El cuerpo de Angie Velázquez Ramírez estaba frío y su piel empezaba a ponerse morada como una porcelana dolida, sin la posibilidad del maquillaje prolijo de sus días lejos de la Unidad 22 del Penal de Olmos. Había sido trasladada allí hacía dos días. El motivo de la detención: una causa armada –según quienes la vieron desnuda por completo en una calle de La Plata, para un cacheo policial vejatorio- por tenencia de menos de dos gramos de cocaína. Angie tenía 36 años y hacía 14 había migrado de Perú a la Argentina, donde ejercía la prostitución. Era militante política por los derechos de las travestis: pertenecía a la organización OTrans, a donde iba a las reuniones de los martes, e integraba el chat antirrepresivo, una red que la contactaba con sus pares cuando la policía las llevaba detenidas, una horrenda costumbre.

 

La noche de la detención de Angie, el 18 de febrero, se activó la red de WhatsApp. Permaneció tres semanas en la Comisaría 11° de Ringuelet, en La Plata, hasta ser trasladada a la Unidad 32° de Florencio Varela, donde funciona el único pabellón para personas trans de la provincia de Buenos Aires (otro caso es el de Sierra Chica, donde las travestis que están detenidas quedan confinadas al aislamiento permanente). El 2 de marzo la organización había presentado un habeas corpus correctivo denunciando las condiciones de detención de Angie, que vivía con una enfermedad crónica y había comenzado a tener una fiebre constante de 39 grados. Se le había notificado al fiscal que el pabellón de Varela no estaba acondicionado para atenderla, como también al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón. Pero nadie respondió con acciones concretas. Cuando su cuerpo empezó a mostrar signos graves de padecimiento la trasladaron al penal platense de Olmos. Supuestamente, el sistema médico de ese lugar estaba preparado para curar sus malestares y mantenerla atendida, aún en el encierro.

 

—Lamento decirles que murió hace un rato –dijo Jesús Heneyni, director del penal, cuando Andrea Vargas Sinarahua, Maricielo Sinarahua y Claudia Vazquez Haro, compañeras de activismo de Angie, llegaron a visitarla el jueves pasado.

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—Queremos verla igual- se plantaron ellas, con el tono de la sorpresa envuelta en furia.

 

Al rato de insistir, pasaron y lo que tocaron no era un cuerpo tibio. “Angie estaba tiesa, fría, muerta hacía al menos unas cuantas horas”, recuerda Vázquez Haro. Vieron con espanto la habitación: de un lado los hongos engarzados a un inodoro sucio, del otro el pasador que la encerraba en una íntima agonía. Más allá una ventana mínima, que tenía los vidrios rotos. En seguida se les vino a la cabeza Pamela Macedo Panduro, otra compañera travesti que moría en condiciones similares de desprecio institucional, también detenida, el primero de enero de 2017.

 

—Ustedes la mataron –dijeron antes de irse.

 

3.

Muertes ejemplares, formas de domesticación sobre el deber ser hombre o mujer, cuerpos castigados fuera y dentro de las prisiones, siluetas sospechadas por civiles y policías, identidades desaparecidas en dictadura y democracia. Pasa seguido: la travesti es una complicación para el sistema binario, médico, carcelario y judicial.

 

4.

“En los 90’ caen los edictos policiales y ser travesti ya no es un delito. Años antes, la androginia era un pasaporte: pasar desapercibidas cuando las luces de un patrullero estaban cerca era un arte, en la calle solo sobrevivían las astutas. Escabullirse era costumbre. Después, subir a los taxis a las corridas. Las más corajudas iban en bondi, las más “mujeres” zafaban y la trava periférica la pasaba mal seguido. Lo común era pagarle al tachero el rescate de la “yuta” con sexo. Entre novio escudero y amante por conveniencia, muchas tenían un tachero así. Correr, saltar esquivar y hasta nadar: todo era posible, cruzar Panamericana como huyendo del diablo para no ser pisadas ni baleadas, teniendo vigías en las esquinas y al pibito de los mandados que buscaba los forros. El sida era otra bala que le volaba la cabeza a más de una. La que caía “adentro”, cagaba, porque el carcelero era juez y ejecutor de los edictos. Por eso, siempre había escondido en alguna parte de la casa o el hotel un atadito de guita para pagar la estadía en “el country” o “el viaje”, como se le llamaba a pasar una temporada entre rejas. Con el tiempo de libertad había que subsidiar el tiempo adentro. 

 

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En 2017 varias cosas cambiaron, pero la voz de las travestis de más de 40 años lleva una marca, una cicatriz, guarda el tono de la pesadilla conjunta de las que no sobrevivieron. Una fortaleza trava hecha a fuerza del desengaño.

 

5. 

Si bien los códigos contravencionales fueron modificados y ya no penalizan el ser travesti, los procedimientos de detenciones cambiaron a la par. Hoy no es un delito el mero hecho de ser: la técnica es usar otras leyes para catalogar a las travestis una vez más como cuerpo del delito. Desde que asumió el nuevo gobierno, la persecución recrudeció. En Constitución las cuadrillas les sacan fotos aunque no está permitido, ponen guardias policiales permanentes a metros de “las paradas” –siendo muchas veces la prostitución el único sustento- y se violenta sobre todo a las migrantes. En La Plata hay un sistema aceitado para armar causas relacionadas al narcotráfico y el narcomenudeo. En la Costa Atlántica, durante el verano, la vuelta del Operativo Sol marcó un aumento en la cantidad de detenciones y razzias: una sola noche llevaron detenidas a doce, acusándolas de narco por tener cuatro bolsas de cocaína y 700 pesos. Hay una hipótesis: como no pueden prohibir la prostitución, ahora dicen que todas las travestis se relacionan con el narcotráfico. Algunos medios lo alimentan con un neologismo estigmatizante: las “narcotravestis”.

 

6.

El ADN de las fuerzas de seguridad no cambió y siguen propensas a imponer favores a cambio de tranquilidad. Según el día, el dinero de las travestis ni siquiera es valorado: hay que llenar estadísticas de arrestos y la libertad es la moneda con la cual negocian.

 

“Subite y arreglamos…”. “¿Estás dispuesta a ser buche?”. “¿Vas a vender merca para nosotros mami?”. “A ver, ¿cuánto vale tu libertad?”.

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Una vez “adentro”, se desfasan los tiempos legales: por lo general, el fiscal, el juez, la policía o el servicio penitenciario no coordinan que las causas sigan un curso continuo. Salir es la meta: cada minuto en prisión preventiva es una condena anticipada que puede costar la vida.

 

7.

Pamela Macedo Panduro tenía 29 años, era peruana de nacimiento y desde los 19 había elegido la Argentina como lugar para vivir. Morocha, de ojos intensos y sonrisa leve, en 2014 fue consagrada  reina del concurso Miss Latinoamérica Trans. El 9 de noviembre de 2016, después que su casa fuera allanada, la llevaron detenida en una causa por drogas a una comisaría de Ensenada. Al mes la derivaron a la Unidad 32 de Varela, donde comenzó su decaimiento físico y mental, ya que tenía una enfermedad crónica que se vio complicada por las condiciones de detención. El 23 de diciembre fue internada en un hospital de esa localidad y murió el primero de enero, iniciando la lista infame de muertes de identidades T en 2017.

 

Los paralelismos entre la muerte de Angie y Pamela prenden un alarma: el sistema judicial punitivo, lento de por sí, no se adapta a cuerpos disidentes que no pueden esperar los procesamientos judiciales y mueren sin causa firme. Ni Angie ni Pamela tuvieron un ámbito de encierro preparado para sus descompensaciones físicas. Las dos estaban a disposición del mismo juez y el mismo fiscal. Las dos estuvieron primero detenidas en una comisaría donde se deterioró su salud. Ambas eran migrantes y activistas políticas. Las dos fueron detenidas por infracción a una ley de estupefacientes, creada en 1989, que sigue haciendo foco en el consumo. Por otro lado, la legislación y los protocolos indican que las comisarías no pueden tener a personas detenidas por tiempos prolongados: Angie y Pamela no fueron consideradas personas.

 

8.

El juez Juan Pablo Masi, los fiscales Álvaro Garganta y Marcelo Seiler, y el fiscal adjunto Christian Granados, fueron denunciados penalmente por la muerte de Angie. Se los acusa por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género, con torturas por acción y omisión, en concurso con asociación ilícita. “Hablamos de homicidio y no de abandono de persona por el tipo de dolo. Se puede matar haciendo o no haciendo, dejando que las cosas pasen. En este caso el juez y los fiscales tenían la información sobre el estado de salud de Angie, les habían presentado informes, y lo omitieron a propósito. Cuando una persona está muy enferma o en estado terminal tiene derecho a estar en su casa y con Angie se daban todas las condiciones. Aunque a las travestis se las manda a prisión efectiva para limpiar la zona, para ejemplificar”, dice la abogada lesbiana Luciana Sánchez, quien patrocinó la denuncia de OTrans y forma parte de COPADI (Colectivo para la Diversidad). “No es el primer caso, la muerte de Pamela a principios de año se dio en condiciones similares, y si hablamos de estadísticas es alarmante. El sentido de la denuncia presentada es que queremos que se investigue cuál es la relación entre estos funcionarios judiciales, ya que detrás de las razzias y detenciones aparecen los mismos nombres”.

 

A principios de marzo, el juez de Garantías N° 6 de Quilmes, Diego Agüero, ordenó al Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires que destine, de forma exclusiva, un pabellón de la Unidad Carcelaria N° 32 de Florencio Varela para mujeres trans y travestis. Si bien en Varela hay dos espacios destinados para identidades T, el hecho de estar mezcladas con hombres homosexuales hace que muchas veces terminen siendo violentadas. El plazo de veinte días para efectivizar la orden judicial se cumple esta semana.

 

 9.

¿Cómo pensar políticas públicas efectivas? Una herramienta es tener cifras que muestren el estado de situación e iluminen las causas y formas en las que llega muerte. Para ello, Elena Highton de Nolasco, jueza de la Corte Suprema de la Nación, anunció en diciembre un índice específico de travesticidios dentro de la Oficina de Violencia de Género. La semana pasada, en un acto del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, lo repitió: “El género transciende a la mujer, y por eso nosotros en este registro vamos a tener agregados también los casos de trans: o sea transfemicidios y travesticidios, porque creemos que es gente que por elegir su género y vivir de acuerdo a su género, es terriblemente vulnerable”.

 

10.

Tres días antes de que en La Plata encontraran muerta a Angie, en la comisaría octava del barrio de Once un grupo de organizaciones de activismo de género esperaba alguna noticia de dos travestis migrantes detenidas. Era de noche cuando un WhatsApp empezó a circular. El mensaje también se viralizó a través de las redes sociales. En menos de una hora, ya había unas treinta personas en la recepción preguntando por su salud, su estado procesal y pidiendo verlas. El teléfono de la comisaría también se había difundido y no paraba de sonar recibiendo llamados que preguntaban por ellas. Para la medianoche, era imposible comunicarse porque la línea estaba colapsada: otra técnica de las organizaciones para demostrar que cada compañera detenida importa.

 

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Once es uno de los territorios de mayor conflicto: solo en enero hubo cinco casos de travestis que sufrieron robos y fuertes agresiones. A partir de las denuncias, la jueza Andrea Dana, a cargo del juzgado N° 3, ordenó al Gobierno de la Ciudad proteger a las migrantes trans y travestis que están en situación de prostitución en la zona, tomando como medidas el reparto de botones antipánico y patrullaje. El problema es la desconfianza en quien supuestamente protege: la misma policía de los tratos vejatorios y las detenciones.

 

De la aplicación de los edictos policiales 2F y 2H (“exhibirse vestidos o disfrazados con ropa del sexo contrario” e “incitar u ofrecerse públicamente al acto carnal”) a la ley de estupefacientes y el DNU migrante. La persecución no es una novedad: la novedad es que otra vez las travestis son perseguidas de forma sistemática con herramientas avaladas por el Estado. Furia travesti. Trava que se organiza, no recibe más paliza. Frente a la desidia y la violencia, la respuesta trava es seguir tejiendo redes antirrepresivas, de contención y afecto.

 

11.

Una deuda pendiente: que el Estado se haga cargo de la violencia institucional que atravesaron las travestis tanto en dictadura como en democracia. La activista Lohana Berkins, quien presidió la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual hasta su muerte en 2016, dijo en la presentación de la ley de reconocimiento para personas T –un proyecto que propone un resarcimiento económico para las mayores de 40 años-, que cada centímetro de su cuerpo llevaba memoria del encarcelamiento, los arrestos y el lenguaje agresivo, despectivo y discriminatorio: “Esto no solo en la vida prostitucional sino también cuando ibas por la calle, al cine o a comprar el pan: había violencia porque movilizarnos presuponía una peligrosidad que había que encarcelar. Éramos interceptadas por policías uniformados y de civil que jugaban el rol del buen policía y del malo.

 

Teníamos un pedido de coimas y en caso que no fuere así éramos arrestadas y se nos imponía 30 días de arresto en Caseros o Devoto en las peores condiciones. Muchas veces también se nos llevaba a la cárcel de Olivos y no se nos asentaba en ningún lugar por lo que si en el edificio nos pasaba  algo nadie podía reclamar”. El proyecto presentado noviembre de 2014, y que en 2016 se presentó nuevamente, podría tratarse este año si la voluntad política lo acompaña.

 

12.

No hay conclusión, hay preguntas: ¿Cuántas leyes serán necesarias para responder a una violencia arraigada a lo cultural? ¿Se trata solo de leyes o de quienes las aplican? ¿De qué manera construir un código social no binario? ¿Cuántas travestis más tendrán que morir para que este desprecio se termine?


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