El Congreso reflotó la reforma laboral que debe aprobar en junio. Eduardo Chávez Molina analiza por qué esta medida significa todo un cambio de época, además de retroceso de derechos. El autor se pregunta algo clave: si el modelo, aplicado en 130 países, podrá plasmarse en Argentina, con un historial de sindicatos de todos los perfiles y tamaños que generan una resistencia impensada en el primer mundo.



Octubre de 2017. Las pantallas de la televisión abierta vuelven a emitir sus programas regulares tras el discurso del Presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En el ex Correo, todavía de pie lo aplauden los ministros y secretarios de gobierno, y también los CEOS y grupos de empresarios representantes de cámaras y uniones gremiales. Comienza la “hoja de ruta” post elecciones bajo el lema “consensos básicos”. Aún se escucha el crepitar de los tambores electorales que han dado legitimidad relativa en términos de votos a la actual coalición gubernamental que logró cerca del 42% del apoyo a nivel nacional.

 

Macri se autoproclama “privilegiado”. Cierra su discurso con una propuesta, la de “ceder todos un poco” para superar la pobreza y la desigualdad que la sociedad “padece” cual nube esporádica que asoma por los cielos de la “cúpula” del CCK.

 

Los empresarios escuchan los contenidos centrales de esa hoja de ruta. El presidente enfatiza las tres estaciones principales: 1° la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos, 2° las políticas de empleo, 3° la calidad institucional. Nos vamos a detener en el segundo eje. Para hacerlo, como una serie de TV que recurre al flashback, veamos qué se decía unos meses atrás:

 

En el 2015, Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobile, afirmaba: “Los sueldos en la Argentina no son competitivos: si usted paga el doble del salario de Brasil y México, usted tiene un problema”. En 2016, la Unión Industrial Argentina (UIA), a través de su presidente Adrián Kaufmann Brea, planteaba la necesidad de ajustar: “El Estado también debe hacer un esfuerzo de bajar los costos del impuesto al trabajo, porque Argentina tiene salarios más altos que Brasil o México”.

 

González Fraga, actual presidente del Banco Nación, a principios de su gestión impactaba con su sinceridad al decir: “Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior”. Luego Teddy Karagozian, el CEO de TN & Platex,  dijo que “si los salarios son altos, los impuestos son altos y la productividad es baja, hay poco incentivo para emplear por parte de las empresas privadas”. Mientras, la máxima autoridad sobre las regulaciones al empleo, el Ministro del Trabajo Jorge Triaca, expuso: “Entienda al que despide”.

 

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Como pantomimas shakesperianas (“Mira que a veces el demonio nos engaña con la verdad, y nos trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes”, Macbeth), el avance de la “corrección” neoliberal implica un fuerte retroceso, no sólo de las condiciones de la distribución sino también de los propios derechos laborales obtenidos por el movimiento obrero argentino con historias de conflictos, sufrimientos y alegrías. También fueron protagonistas de estas conquistas los industriales.

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En su primera etapa, el gobierno macrista -casi emulando con características de mala copia a Margareth Tatcher-, generó una estrategia del despido principalmente enfocada en el sector público. La segunda etapa fue la emulación de la primera con despidos, sanciones, suspensiones en el sector privado, principalmente el de los trabajadores industriales, los grandes ganadores de la etapa política anterior.

 

Bajar los salarios es el centro de la demanda neoliberal actual. Como pronunciaba casi en soledad el politólogo Arturo Fernández en los 90: “No vienen sólo por el salario, vienen por los derechos”. En el mismo tono argumentaba la ex presidenta Cristina Fernández, en el 2015, ante una Plazo de Mayo colmada.

 

En Argentina, las condiciones de la desigualdad y sus expresiones no pueden entenderse sin los conflictos y las pujas distributivas en su interior. Si nos extendemos en un análisis histórico vemos la década de 90 como un proceso novedoso de legitimidad de cambios estructurales que no habían lograron encubarse durante la dictadura cívico militar (1976-1983), y que llevaron a la agudización de la matriz económica productiva local. Esto aceleró un proceso de distribución regresiva, a favor de las improntas de las clases sociales dominantes expresadas en su fracciones financiera, agro exportadora y siderúrgica transnacional.

 

Durante la última década, en cambio, la reaparición en el escenario político argentino de la mayor capacidad regulatoria del Estado operó sobre la distribución de la riqueza y generó tendencias contrarias a la que se habían vivido desde el ‘55.

 

Sin embargo, la matriz económica productiva heterogénea se mantuvo, y en todo este proceso se beneficiaron especialmente los trabajadores industriales y de servicios. Esto no hubiera pasado sin el motor que fue la organización sindical, ya sea a través de sus grandes confederaciones o agrupaciones de base. Esta es “la” particularidad argentina: jugar al “ritmo maradoniano” con sindicatos de todo peso y calibre, para los gustos burocráticos y rebeldes. Esta fuerza sindical es inimaginable en el primer mundo, aunque su ritmo sea plebeyo, disímil, sus estrategias discordantes y sus capacidades de presionar, muy distintas.

 

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¿Que vemos hoy? Que la pobreza aumenta y tiene una característica especial: la pauperización de los asalariados formales, los que fueron ganadores del modelo anterior. Vemos el empobrecimiento de la clase de trabajadores de servicios y la industria. Y vemos un aumento mayor de la pobreza entre los perdedores de siempre: los cuentapropistas no calificados (vendedores ambulantes, changarines de feria, gasistas, electricistas y plomeros sin certificación, prestador de oficios varios en los hogares sin matriculación, comerciante de pequeños negocios informales, etc.), y los desocupados. También llama la atención el empobrecimiento de los trabajadores asalariados de establecimientos de más de 10 ocupados, quienes generalmente tienen contratos formales, y por ende mayor protección en sus ingresos.

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¿Qué nos ofrecen hoy esos “consensos básicos”? Desconectar la experiencia con la expectativa. Garantizar el futuro a través de una teología del mercado. Esto implica adaptar las instituciones rompiendo sus configuraciones históricas a favor de mecanismos que priorizan la inseguridad laboral. No hay nada más seguro para un mundo de riesgos que la seguridad en el yo. Para eso hay que reestructurar el modelo social, hacer una revolución de los paradigmas reproductivos: sólo estoy yo, con mis méritos, mis capacidades, mi coaching.

 

 

El estilo de vida de los CEOS se hace predominante, la legitimidad de la vestimenta ordenada y el vocabulario anglosajón garantiza mayor credibilidad que rastas pisoteadas en la Patagonia cordillerana.

 

La preocupación por el empleo se sustenta en un paradigma cuyas demandas vienen del mundo de los empresarios, del horizonte del consenso de la “cúpula”. El consenso de los CEOS clama por un trabajador y una trabajadora flexible, no tanto en su capacidad productiva sino más bien en sus derechos, y se pregunta incluso ¿para qué tantos sindicatos?

 

Los asalariados representan el 60,9% del total de ocupados de la Argentina. Entre ellos, la mitad realiza actividades en establecimientos con más de 10 empleados; la otra mitad, en estructuras más chicas. ¿Y de qué trabajamos los argentinos? El escenario es heterogéneo. Menos del 6% ocupa cargos jerárquicos. Más del 7% está en el empleo doméstico. Casi un 30% se desempeña en el área de servicios: son funcionarios del Estado, docentes, contratados en oficinas del sector financiero y del comercio. Les siguen los cuentapropistas de baja calificación.

 

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Elaboración propia en base a Encuesta PISAC-ENES 2015.

 

El nivel de protección es medido a través de los seguros sociales al trabajo (salud, jubilación, vacaciones) que se negocia entre empresarios y trabajadores, con el Estado como garante de ese vínculo.

 

En muchos países de la región, en cambio, la ausencia de protección es la norma para los trabajadores informales, asalariados “en negro” y cuentapropistas de baja calificación. En Perú, Nicaragua, México, Guatemala, El Salvador y Ecuador el 90% de los asalariados no manuales de establecimientos pequeños no acceden a los derechos laborales. En Uruguay, Argentina, Chile y Brasil los niveles de protección son mayores, aunque las brechas de los protegidos y los no protegidos laboralmente siguen siendo enormes.

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Si la competitividad argentina es entendida como una reducción de costos más que un aumento de la productividad, y aun considerando que existen brechas enormes entre los distintos niveles de empresas y sectores, podemos apreciar a qué contexto se alinea y hacia dónde se dirigirán las políticas del consenso dictaminadas en la “cúpula”.

 

Si analizamos las condiciones divergentes de la estructura social argentina y la conformación de la distribución de ingresos por clases, podemos apreciar un interesante esquema de distribución donde Argentina y Uruguay tienen modelos más equitativos e integrados, en términos de protección laboral, y esquemas de salarios dado además por el alto nivel de sindicalización, a diferencia del resto de los países de esta muestra. Pero lo que debería llamar la atención son las distribuciones de los asalariados de servicios y de actividades manuales, que tanto en Argentina como en Uruguay son un 50% más elevadas que en el resto de la región. Acá está el centro de demanda de la clase directiva, gerentes y empresarios de grandes establecimientos (Clase I) sobre el resto de las clases, pero principalmente hacia los asalariados formales, sindicalizados. Sus salarios son elevados según el punto de vista de esa Clase I, y allí se centran las operaciones del “consenso básico”: la flexibilización laboral, la formalización abandonando derechos anteriores, la discusión de salarios según cada empresa -lo que implica socavar la negociación salarial expresada en las paritarias-, salarios en baja empujados además por la devaluación monetaria y la inflación. Todo esto lleva a dos situaciones que atentan contra la gran mayoría de los trabajadores formales: su precarización y pauperización.

 

Luego de 12 años en los que el ejercicio del poder del Estado funcionó alejado de la instancia de intereses económicos de las clases dominantes, se viene el cambio: dirimir la puja distributiva modificando la orientación de sus resultados.

 

Por otro lado, ¿es posible la práctica antisindical promovida desde el Gobierno nacional en un país con una fuerte tradición gremial como el nuestro? Aunque no es objetivo transformarnos en oráculo, entendemos que la propia raíz y estrategia sindical argentina lo imposibilitaría. Por esta razón es poco probable que sigamos el camino de Chile o Gran Bretaña.

 

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Los sindicatos argentinos atraviesan esta disyuntiva que los coloca en un lugar clave en la política argentina actual. El camino de la dispersión tiende a debilitarlos, incluso en sus propios caminos oficialistas. Y la amenaza que cierne sobre su propio funcionamiento altera las condiciones burocráticas de su desarrollo como órgano representativo de los intereses de los trabajadores (de servicios que es la mayoría, o industriales), ya sea por la pérdida de representatividad -que históricamente no parece ser un problema para los dirigentes sindicales-, o por la fuerte oposición de las bases sometidas despidos, caída de salarios y merma en sus derechos laborales conquistados. El sendero de la unidad parece ser la mejor estrategia para su supervivencia en el actual contexto de crisis y en un futuro aceleramiento del ajuste en el marco de los acuerdos con el FMI.

 

Y como reza la pregunta principal del Museo de la Resistencia de Ámsterdam: “¿Qué hacer: colaborar, adaptarse o resistir?”. Ante la avanzada neoliberal, los trabajadores están alertados, su camino es otra hoja de ruta:

 

1° Colaborar con las medidas de fagocitación de derechos laborales y su impacto sobre la flexibilización de las condiciones laborales y pauperización de ingresos, hipotecando el futuro incluso de sus propios hijos e hijas.

 

2° Adaptarse a un nuevo esquema que implica, aunque sea a regañadientes, aceptar como un sino ejecutado por y desde la “cúpula” al mundo de los asalariados. Es la respuesta esperable de los díscolos ante la envergadura de los cambios prometidos.

 

3° Resistir. Apoyarse en la unidad y en la organización de los trabajadores asalariados de un país que supo tener entre sus filas a Carolina Muzzilli, Agustín Tosco, René Salamanca, Germán Abdala, Saúl Ubaldini, Mary Sánchez entre otros y otras. Y que incluso hoy cuenta con una fortaleza encomiable en relación a otras regiones de nuestro opaco mundo.


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