La estrategia de supervivencia de Gils Carbó se basó en tres pilares: el acento institucionalista anclado en su trayectoria para contrarrestar las acusaciones de parcialidad kirchnerista; alianzas transversales con organismos de la sociedad civil y de derechos humanos; y coordinación con procuradores latinoamericanos que, como ella, se encontraban bajo fuego de los respectivos poderes ejecutivos. De esos tres aspectos, escribe Sebastián Lacunza, al menos dos se resquebrajaron en el último mes. Su reemplazo definirá el destino institucional de parte de la Justicia.



No habían pasado seis horas desde la publicación de la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General cuando los movimientos para ocupar su puesto parecían ya haber perdido la compostura. Un juez federal hacía circular motu proprio su currículum entre periodistas; un fiscal famoso pero no del todo respetado en Tribunales lograba en forma ostensible dominar los zócalos de los canales de TV; y un colega de Instrucción, activista del macrismo duro en redes sociales, se llamaba a silencio por primera vez en años. Mientras, Laura Alonso retomaba la lectura de la Constitución.

 

La silla de la jefatura del Ministerio Público merece la pena tanto esfuerzo. Desde Washington hasta Brasilia, de Madrid a Quito, las fiscalías generales vienen demarcando, para bien o para mal, ciertas fronteras de la política, y Buenos Aires está lejos de ser la excepción.

 

Contra lo que había prometido tantas veces, hasta hace días, incluso ante su entorno más próximo, y pese a una estrategia que obligó a Mauricio Macri a mostrar más de una vez una ira impropia de un discípulo de Ravi Shankar, Gils Carbó presentó el lunes su rendición.

 

El 31 de diciembre, la enemiga del Grupo Clarín desde los tiempos en que éste actuaba en tándem con Néstor Kirchner, dejará su cargo con la esperanza explícita de “disuadir” reformas que menoscaben la autonomía del Ministerio Público. “Va a ir presa”, vaticinó, menos romántica, Elisa Carrió.

 

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Sentada en su amplio despacho sobre la calle Perón al 600, Gils Carbó parecía guardar espacio para el disfrute cada vez que el gobierno de Macri mostraba métodos autoritarios que, de a ratos, escandalizan a Mario y a Álvaro Vargas Llosa. Con pocas palabras y media sonrisa, la procuradora repasaba la ley ante sus interlocutores y construía lazos que le otorgaban cierta confianza sobre su capacidad de resistir, al menos, hasta el fin del primer mandato de Cambiemos.

 

Sin embargo, la seguridad personal de la fiscal general sufrió un golpe en abril pasado, cuando comprobó la entidad de una denuncia de coimas a un intermediario inmobiliario para la compra del edificio de Perón, publicada en Infobae.

 

Por primera vez, una noticia sobre un caso de corrupción bajo su gestión, que la funcionaria atribuye a un empleado infiel, dio en el blanco. Se configuró así una antesala desventajosa para afrontar las urnas de agosto y octubre (en el medio, el anunciado procesamiento) y un cambio acelerado en alianzas clave que conformaban pilares defensivos de Gils Carbó.

 

Antes incluso de asumir en la Casa Rosada, los voceros de Cambiemos le reclamaron que dejara el puesto para el que había sido designada en 2012 por amplia mayoría en el Senado, y pese a la estabilidad otorgada por la Constitución.

 

El paso en falso que significó el nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto, en diciembre de 2015, salvó a la jefa de los fiscales de una expulsión in límine que habría pasado con disimulo durante el primer mes de gobierno. Y a partir de allí, todo: panelistas de Inteligencia cumpliendo su labor cotidiana, un intento legislativo de modificar la vía de remoción del que el massismo casi se lleva la parte del león, recortes presupuestarios, denuncias judiciales, decretazos en ciernes, rebeliones en el fuero federal y una insólita presentación judicial para reinterpretar la Constitución que cobró vuelo. “Tomo estas operaciones como lo que son: amenazas a la independencia del Ministerio Público para que no investigue”, titulaba Gils Carbó.

 

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Al fin y al cabo, que Macri y su equipo hicieran trascender su fastidio por denuncias vinculadas a negocios offshore, pactos sobre dinero público resueltos en la mesa familiar, blanqueos indebidos y coimas a Duvidoso eximía a la fiscal acusada de abundar en detalles sobre lo que es legal en una República.

 

La estrategia de supervivencia de Gils Carbó durante los últimos dos años se basó sobre tres pilares: acento institucionalista anclado en su trayectoria en el fuero comercial para contrarrestar las acusaciones de parcialidad kirchnerista; alianzas transversales con organismos de la sociedad civil y de derechos humanos para fortalecer fiscalías especiales; y coordinación con procuradores latinoamericanos que, como ella, se encontraban bajo fuego de los respectivos poderes ejecutivos. De esos tres aspectos, al menos dos se resquebrajaron aceleradamente en el último mes, admiten en su entorno.

 

Si bien nombres de fiscales de alto voltaje como José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo, Raúl Pleé o Germán Moldes se ubicaron de entrada en la vereda de enfrente, y otros, como Eduardo Taiano, rompieron lanzas este año, la procuradora saliente se ocupó de cultivar vínculos con sus pares, que le expresaron respaldo en instancias clave.

 

Las tablas en el juego de ajedrez en el que se encontraban un sector del Ministerio Público y Gils Carbó se destrabaron después de las primarias de agosto. “Comenzamos a notar que fiscales de todo el país con los que teníamos vínculo dejaban de sumarse a políticas públicas fijadas por la procuradora, no apelaban a las fiscalías especiales, ponían obstáculos”, admiten en el entorno de la procuradora general.

 

Si es por la agenda “institucionalista”, Gils Carbó también buscó por el lado del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, blanco, por otros motivos, de un sector del oficialismo. Aunque hubo puntos de contacto durante los últimos dos años, si en la vida hay que elegir, el presidente del máximo tribunal se ocupó de dejarlo claro mediante fallos y declaraciones. Como símbolo elocuente, casi a la misma hora en que la carta de renuncia de la procuradora general se hacía pública, Lorenzetti prestaba su sonrisa junto a su colega Elena Highton de Nolasco (74) en la cúpula del Centro Cultural Néstor Kirchner, donde Macri lanzaba la Argentina de los próximos cincuenta años.

 

En el caso de que el gobierno lograra el desplazamiento por otra vía que no fueran los dos tercios del Senado y Diputados establecidos por la Constitución, a Gils Carbó le quedaba abierta la vía internacional. Parte de esa estrategia se tradujo en que procuradores iberoamericanos se mostraran activos en cumbres y pronunciamientos que reclamaron a los poderes ejecutivos “respeto por la independencia y autonomía” de los fiscales.

 

La principal destinataria de ese amparo colectivo era la venezolana Luisa Ortega, quien el 5 de agosto pasado se alejó del edificio de la Procuraduría General en Caracas a bordo de una moto para evitar ser arrestada, antes de partir al exilio.

 

El brasileño Rodrigo Janot era otro de los firmantes, a su vez blanco de una ofensiva de su presidente, Michel Temer. El procurador brasileño terminó su mandato y fue designada en su reemplazo una fiscal que rápidamente desmontó ciertas acusaciones referidas al Lava Jato. Ortega en Colombia, Janot en su casa y Gils Carbó, sin ánimo de llevar hasta el final la pelea anunciada.

 

“(Ricardo) Roa publicó en Clarín el número de la hija de Gils Carbó, recibió cientos de amenazas y nadie se calentó; ¿por qué hay que pedirle a una persona que haga más de lo que hizo la procuradora, si la sociedad eligió otra cosa?”, indicó una voz que interpreta el sentir de la fiscal general.

 

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Un juez contencioso administrativo federal que suele dar buenas noticias a Macri, Pablo Cayssials, hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad de la forma de remoción del procurador presentado por una ONG de ferviente militancia oficialista. “Misión cumplida”, opinó Guillermo Lipera, titular del sello, una vez conocida la renuncia de Gils Carbó. En la Procuración General dan por hecho que la cámara ratificará el fallo de primera instancia.

 

Con una credulidad impropia de quien denunciaba las “amenazas nunca vistas” del Poder Ejecutivo, Gils Carbó entiende ahora que su renuncia permitirá frenar un intento de copamiento de la Procuración General por parte del Poder Ejecutivo.

 

¿Designará Macri como jefe del Ministerio Público a alguno de los postulantes que hoy se muestran tan macristas? Responde un fiscal federal con décadas en Tribunales, perfil discreto y fluidos contactos con el oficialismo: “No creo, porque los que hoy se muestran muy macristas para ser designados, son los primeros que van a querer meterlo preso cuando deje el gobierno”.

 

Fotos: DyN


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