¿Se vincula la corrupción a nuestras economías dependientes? ¿Tiene conexión con la ausencia de un desarrollo sostenible? ¿Qué instituciones nos pueden garantizar su inexistencia? En este artículo, se repasa el historial de este flagelo en la Argentina y la región, las causas del fracaso en su combate y el rol del sector privado. ¿Cómo consiguen los movimientos democratizantes impedir estas prácticas?



Grupo Arte Política: Nicolás Tereschuk Sergio De Piero,Martín Astarita y Abelardo Vitale.

 

Ante el caso López, cabe preguntarse: ¿Será un punto de quiebre? ¿Merecerá la corrupción, a partir de ahora, una reflexión y acción nuevas por parte de las fuerzas políticas, como lo demandaron otros temas -como la cuestión militar o la social- en distintos momentos de nuestra historia?

 

El “contra-relato” durante el kirchnerismo estuvo centrado en la corrupción. En tiempos de bonanza, pareció no hacer mella en la opinión pública. Pero a partir de 2013, con el progresivo deterioro de la situación económica y social, las “balas” entraron. Con el protagonismo estelar de Jorge Lanata, el Grupo Clarín dispuso una amplia estrategia mediática-política de desgaste contra el gobierno que, a juzgar por los resultados electorales posteriores, resultó sumamente exitosa. Las denuncias presentadas los domingos a la noche eran luego repetidas y amplificadas a lo largo de toda la semana por el resto de los medios dominantes y de la dirigencia política. Después de años a la deriva, la oposición finalmente lograba disponer de iniciativa política e imponer agenda. El triunfo de la derecha por vía democrática en 2015, hecho inédito en nuestro país, no puede entenderse sin esta estrategia, aunque lógicamente no alcanza como única causa del resultado electoral. Los procesos sociales son inmensamente más complejos, lo cual no inhabilita -más bien al contrario- abordar la cuestión de “la corrupción” de manera frontal.

 

Aunque registra antecedentes, el tema de la corrupción se convirtió en un asunto socialmente problematizado recién en los años noventa. De forma curiosa, fue el gobierno de Carlos Menem quien emprendió una “guerra santa” contra la corrupción, en especial durante sus primeros años. Como quedó demostrado con el paso del tiempo, no había una voluntad real del menemismo por la transparencia, sino la necesidad de encontrar fundamentos y legitimidad social para desmontar las instituciones del Estado de bienestar.

 

Hacia fines de esa década, el discurso anti-corrupción “sirvió” nuevamente para viabilizar el modelo neoliberal. La lectura que se impuso, alimentada desde los medios de comunicación y plasmada con el triunfo de la Alianza en 1999, fue que la corrupción de una clase política inescrupulosa había sido el gran generador de los males argentinos. Este discurso funcionó, objetivamente, como salvaguarda de las reformas económicas pro-mercado, causantes verdaderas de la desocupación, la pobreza y la miseria generalizada.

 

El vínculo entre neoliberalismo y la lucha contra la corrupción se confirma también desde un punto de vista teórico. Es conocido que el nudo central de este paradigma es reducir al Estado a su mínima expresión, por su supuesta ineficacia a la hora de regular los procesos económicos. La corrupción constituye, de esta forma, un poderoso subterfugio para hacer realidad dicho presupuesto.

 

Este breve racconto histórico sirve ante todo para poner en evidencia que detrás de un discurso anti-corrupción que se presenta como neutro y frente al cual nadie, en principio, podría estar en desacuerdo, subyacen propósitos y efectos no directamente perceptibles, no siempre deseables. En tal sentido, el caso López, repudiable desde todo punto de vista, no debería servir “para dar aire” a un programa de gobierno antipopular. No hay relación lógica ni necesaria entre hechos de corrupción y el ajuste macrista. Decirlo hoy parece arriesgado, pero debemos asumir que el largo camino de los movimientos populares nunca estuvo alfombrado de rosas ni lo estará.

 

Una mirada regional sobre la corrupción

 

La aversión casi metafísica, ancestral, religiosa, de Evo Morales hacia el dinero está muy clara en el libro “Jefazo”, de Martín Sivak. Evo Morales no es “austero”: desconfía del dinero. Considera que hay algo en él, “diabólico”, por decirlo de algún modo occidental y cristiano. Le huye al dinero. Esa posición política-cultural-social lo aleja de otros modos del manejo entre poder y política en Sudamérica. Veamos algunos ejemplos del texto:

 

1. Mientras comían, Morales resolvía los planteos de sus compañeros. Uno de ellos dijo que no tenía dinero para el transporte de los manifestantes del día. Evo señaló el placard:

 

-Allí hay remeras de “Somos MAS”. Véndelas a cinco pesos (sesenta y dos centavos de dólar) en el mercado y usen ese dinero para la gasolina. (…)

 

Las delegaciones de Bolivia en el exterior tienen una particularidad: son tan exiguas que el personal de apoyo de la organización local las triplica o cuadriplica. Cuando Morales llegó a Santiago de Chile para la asunción de Michelle Bachelet, el gobierno de Chile se alarmó porque viajó sólo con su jefe de seguridad: lo remediaron con seis custodios. En Nigeria, los custodios y funcionarios que se sumaron triplicaban a la delegación de siete personas.

La organización de la cumbre reservó para Morales una suite presidencial en el Hotel Hilton, que incluía tres habitaciones, un mozo de un metro y medio vestido con un frac blanco, y una bandera de Bolivia. Para no gastar en otras habitaciones, el Presidente decidió que compartiéramos los dormitorios de su suite (…).

 

El pueblo tiene que controlar… En trece años se gastaron doscientos cincuenta millones de dólares en gastos reservados. Los ministros tenían sueldos de tres mil dólares y sobresueldos de (otros) tres mil dólares. Yo quería ganar cinco mil pesos (625 dólares), que es lo que necesito para la pensión de mis hijos, pero me dijeron que si pedía eso todos los ministros debían ganar menos que yo… Como dirigente sindical necesitaba para caminar y comer: acá es lo mismo y como me pagan la movilidad y la comida no necesito más…”.

 

Que Morales tenga esa impronta no implica que no haya corrupción en Bolivia. Es el propio Presidente quien suele condenar públicamente casos de presunta corrupción en el Estado, protagonizados en no pocas ocasiones por integrantes de su partido. En toda la región hay sacudones que se registran cuando se cruzan política, poder y dinero. Espectacularidades como las del ex secretario de Obras Públicas José López y la presencia de Mauricio Macri, único mandatario del Hemisferio Occidental, en los Panamá Papers.

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2. Como señalábamos aquí en 2013, Brasil -la “B” de BRICS- atraviesa desde hace tiempo, situaciones de este tipo que comenzaron tocando al PT, con el caso del “mensalao” en 2005. Por ese caso el ex jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, y el ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, José Genoino, fueron presos. Toda la situación que se genera a su vez con el caso del “Lava Jato” en los últimos años comienza a tocar a todo el sistema político brasileño -incluyendo ex presidentes como Fernando Henrique o José Sarney- y a poderosas empresas como Odebrecht. Los casos “saltan” ahora. ¿Desde cuándo hay corrupción en Brasil? ¿Cómo alinear ese Congreso donde cada banca es un mundo? Los más involucrados en estos hechos terminan suspendiendo a una Presidenta quien no parece tener tanto que ver como ellos con las maniobras denunciadas. ¿Y entonces? ¿Y ahora?

 

3. En el país más “institucionalizado” de la región, como es Chile, hace rato que los escándalos de corrupción vienen afectando a la política. Por un lado estuvo el llamado “Caso Penta” que tocó, por ejemplo, tanto a Andrés Velasco -ministro de Hacienda “estrella” (aunque con resultados muy polémicos) durante la primera Presidencia de Michelle Bachelet, como a Laurence Golborne -ministro de Minería “promesa” (lideró el operativo de salvataje de “los 33″) de Sebastián Piñera. Desde fines de 2014, la segunda Presidencia de Michelle Bachelet también se ve atormentada por escándalos. Se abrió una investigación sobre un procedimiento fraudulento vinculado a la empresa minera Soquimich, que terminó manchando al “niño mimado” de Bachelet, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñalillo, quien se vio obligado a renunciar. Otro escándalo golpeó al hijo de la mandataria chilena, Sebastián Dávalos, quien se desempeñaba como director del Área Sociocultural del Palacio de La Moneda. Una empresa de su mujer, Natalia Compagnon, recibió un préstamo de 10 millones de dólares por parte del Banco de Chile, propiedad de uno de los empresarios más importantes del país, Andrónico Luksic. La compañía adquirió terrenos cuyo permiso de edificación se modificó al poco tiempo, lo que implicaba una ganancia millonaria.

 

4. En Perú, ahora que Ollanta Humala finaliza su presidencia -como le pasa a todo presidente peruano que finaliza su mandato- hay acusaciones contra él. Un fiscal acusa a la esposa del Presidente, Nadine Heredia, de ser parte de una “organización criminal” que incluye presuntos lavados de activos a través del Partido Nacionalista. ¿Qué agregar a lo que se ha escrito sobre Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García?

 

5. Los ingentes esfuerzos de Uruguay de salir de la lista de países no demasiado amigos de controlar el lavado de activos no parecen ser suficientes. Asegura el senador derechista Pedro Bordaberry que el país “se encuentra omiso en el cumplimiento de un convenio de las Naciones Unidas” sobre este tipo de temas. Y que el país no ha creado la figura de enriquecimiento ilícito.

 

Esta descripción muestra que, a pesar de los rasgos diversos de los llamados populismos sudamericanos, el tema de la corrupción ha estado presente en más de un país y a la vez, ha sido una herramienta de tensión política con la cual las oposiciones lograron construir agenda y, también, destituir gobiernos democráticos. Se impone entonces, por parte de los proyectos nacionales y populares, una mayor problematización de la cuestión de la corrupción y los modos de enfrentarla.

 

Por otra parte, ampliar la mirada fuera de la realidad nacional permite observar que la corrupción no reconoce fronteras ni geográficas ni ideológicas. Son muchos los gobiernos progresistas, pero también de otros signos, que se han visto involucrados en escándalos de este tipo. Cruzando el Atlántico, en la otra vereda ideológica, y por solo mentar un ejemplo, el Partido Popular de España se ve inmerso en una crisis profunda de denuncias por corrupción que pone en riesgo su permanencia en el poder. En definitiva, la corrupción aparece como problema fundamental del funcionamiento mismo de las democracias modernas. Lejos de provocar resignación, ello exige respuestas políticas y colectivas.

 

Las respuestas que han asomado

 

Desde hace décadas “la región” es un objeto de estudio y, naturalmente, es el foco de nuestras preocupaciones. En este sentido, se asume que existen variables políticas y económicas que son compartidas aun dentro de las variaciones al interior de las sociedades y los estados de, al menos, Sudamérica. Algunos problemas regionales son evidentes: la escasez de divisas, la dependencia de los precios internacionales, la dificultad de desarrollar tecnología, la falta de inversión, la desigualdad.

 

Nuestra región tiene problemas comunes, no hay literatura que escape de esa lógica. Es también cierto que no hay una identidad única pero sí una historia común, como dijo alguna vez García Canclini. ¿Estos datos solucionan el problema del que aquí hablamos? No, en absoluto. Pero si vamos a referirnos a una situación estructural de corrupción, cabe la pregunta clave acerca de cuáles son las variables que debemos abordar como fundamentales. De este modo, la corrupción ingresa como un problema común, con distintas intensidades quizás, a la región, atravesada por otras circunstancias: ¿Se vincula la corrupción a nuestras economías dependientes? ¿Tiene acaso una conexión con la ausencia de un desarrollo sostenible? ¿Si nuestras sociedades fuesen más igualitarias tendríamos menos corrupción? ¿Vuelve la cuestión del supuestamente truncado proceso de modernización? ¿Qué instituciones nos pueden garantizar menos latrocinio? De acuerdo a qué respuesta otorgamos a estas preguntas nos definirá el modo en que nos planteemos el tema de la corrupción.

 

Por ejemplo, para la teoría de la modernización en sus distintas variantes, el argumento central está vinculado al arribo de la sociedad de masas y su posterior llegada al poder. ¿En nuestro país se agravó la corrupción con el desembarco del yrigoyenismo primero y del peronismo después? Pareciera que nos han convencido de eso, que ambos movimientos políticos, o bien instalaron la corrupción o, en la más benevolente de sus versiones, se limitaron a un proceso de “democratización” de la misma. Pero sabemos que la corrupción tiene raíces históricas pretéritas. Por ejemplo, que la organización nacional lidió con ella en casi todas sus dimensiones, incluyendo el fraude electoral. De este modo existiría una corrupción de las clases altas, tolerada, institucionalizada, que se rige por las buenas costumbres (con fuerte arraigo en la evasión por caso) y otra corrupción plebeya, por fuera de las normas tolerables.

 

Este tipo de mirada sobre la corrupción es la que alimentó por décadas la salida autoritaria vía golpes militares: cada dictadura planteó que su misión era la de restaurar las buenas costumbres, librar al país de los elementos disociativos del cuerpo social y restaurar el orden. “Anteponer la honestidad frente a la corrupción que fue generada por la demagogia”, afirmaba en un discurso el dictador Videla. La corrupción, como un elemento más de la subversión que había llegado para desterrar nuestros valores.

 

En los 90, de la mano de los procesos de reforma, el tema corrupción también cambió de enfoque respecto a su “solución”. El neoinstitucionalismo ganó la partida al considerar que la multiplicación de instituciones de control sobre el accionar público garantizaba reducir los usos nocivos de los fondos públicos. Así, la Constitución Nacional sancionada en 1994, creó nuevos mecanismos de control o reformó algunos existentes: la Auditoría General de la Nación, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo. El Poder Ejecutivo creó la Oficina Anticorrupción.

 

Todas estas iniciativas reflejan claramente el triunfo del diagnóstico de la falta de modernización como problema fundamental para comprender la ausencia de desarrollo -con la corrupción como una de sus causas- en nuestro país y la región. Todas, asimismo, han mostrado su insuficiencia para encarar el tema. Los amigos del “control a la política” como herramienta para garantizar mayor transparencia y menos corrupción, tal vez deberían plantearse los límites de esta agenda. Pues si el argumento es que “la dirigencia política no quiso aplicarlas o no estuvo a la altura de las circunstancias” entonces las instituciones dependen mucho más de la calidad de las personas que del diseño de las mismas. Si es así, reforzar las instituciones no es un camino que nos garantice por sí mismo llegar a buen puerto.

 

En ese terreno, durante los doce años de gestión kirchnerista se dieron algunos avances y quedaron también muchas deudas pendientes. Hubo una revitalización de muchas de las funciones estatales que se habían perdido en tiempos neoliberales, pero los logros en materia de capacidades estratégicas fueron insuficientes. Se revirtió la apatía cívica y la crisis de representación política de 2001, mucha “gente” volvió a la política, pero los resortes principales de la conducción estatal siguieron lejos de estar abiertos a la participación ciudadana. Más en general, la presencia económica y social del Estado se ha incrementado notablemente, y ello demanda, para que dicha intervención sea plenamente fructífera, de mayores controles internos y externos, de mayor calidad integral en sus servicios. En materia del financiamiento de la política (una de las principales fuentes de corrupción), aunque la reforma de 2009 significó una mejora en términos no solo de transparencia sino también de equidad en la competencia electoral (con la prohibición de contratación privada de espacios audiovisuales) no llegó a revertir la excesiva dependencia de los partidos y candidatos con respecto a los grandes donantes. 

 

¿Hacia dónde?

 

Si asumimos los límites de las políticas planteadas, esto puede constituir el punto de partida para adoptar una mirada más amplia y crítica sobre el tema, capaz de avanzar realmente en la comprensión cabal de un flagelo que tiene consecuencias negativas no sólo en términos económicos sino también sociales, políticos y culturales. En tal sentido, cabe preguntarse por qué en los casos de corrupción la mirada recae, mayoritariamente, en los funcionarios públicos y no en la necesaria contraparte privada. Se torna perentorio discutir a fondo la corrupción de modo integral, por ejemplo, aquella que involucra solamente al sector privado (la fuga de capitales, la triangulación, la subfacturación de exportaciones, son mecanismos empresariales que lesionan gravemente las cuentas públicas). A partir del caso Enron en Estados Unidos en 2001, la discusión en muchos países ha tomado esa dirección, pero la Argentina, lamentablemente, se mantiene al margen. Asumimos que tal limitación se debe muchas veces, efectivamente, a una falta de poder (ético) en las dirigencias políticas.

 

Los partidos de la elite no lograron resolver los grandes temas del siglo XX. Frente a lo emergente, su respuesta fue la represión o el control tecnocrático. ¿Por qué no creer que los partidos populares pueden efectivamente “resolver” también el tema de la corrupción? ¿Qué actores, dimensiones y prácticas deben alentarse para dirigirnos en esa dirección?

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La pregunta central es cómo consiguen los movimientos democratizantes impedir estas prácticas. ¿De qué manera se logra un control cuando la tentación por el enriquecimiento personal a cualquier costo golpea todas las puertas incesantemente? ¿”Roban pero hacen” es el horizonte que nos podemos permitir? ¿No debe un movimiento que aspira a la justicia social efectiva crear condiciones para enfrentar este desafío?

 

Creemos que sí. Así como creemos que el abordaje utilizado en la esfera de lo público hasta el momento es insuficiente y restrictivo. Sin embargo, dar cuenta de las formas, los propósitos y las consecuencias que ha adoptado el discurso anti-corrupción en nuestro país de ningún modo significa avalar siquiera el más mínimo ilícito contra el erario público. Mucho menos implica calificar de neoliberal a quien condena enérgicamente la corrupción. Sirve, por el contrario, para poner de relieve que el neoliberalismo ha hecho hegemónica su concepción sobre la corrupción: se habla de la corrupción pública y no de la privada, y el modo de luchar contra ella parece ser unívoco: reducir al mínimo posible la intervención estatal. No solo quedan asentadas las bases para un discurso anti-Estado sino también anti-política.

 

Para los sectores políticos de raigambre nacional-populares resulta necesario emprender un recorrido diferente. En forma sintética, la corrupción no se resuelve con menos sino con más Estado. No es una afirmación basada simplemente en una concepción ideológica. De la experiencia comparada, surge que la corrupción ha germinado y se ha extendido como plaga en aquellos países que emprendieron reformas neoliberales, pro-mercado.  

 

Asimismo, la apatía política constituye otro de los fermentos para la corrupción. Hay un ciclo vicioso que se repite desde hace años: el discurso mediático contra la corrupción de la clase política no hace más que reavivar prejuicios -y juicios- de sectores sociales ya de por sí despolitizados. Siendo dichos medios casi el único suministro de información del que disponen estos sectores, la apatía y el desinterés ciudadano no hacen más que agravarse. Y como resultado contradictorio y no deseado, a menor participación, más posibilidades de la difusión de prácticas corruptas. La salida a este atolladero es, por supuesto, más y no menos política.  

 

Este camino de ruta es general y meramente orientador. Pero ya de por sí puede significar un avance con respecto a las respuestas que dio el campo nacional y popular frente a las denuncias de corrupción que recibió en su contra a lo largo de todos estos años. Pues, ahora ya confirmado, no alcanza con declamar, ante cada denuncia, que todo es fruto de una operación golpista o desestabilizadora, por más que esos elementos estén presentes. Tampoco, creemos, representa un gran avance sostener que “nuestra corrupción” en verdad se reduce a casos aislados y que en cambio la de “ellos” es estructural. De esta última lectura se pretende derivar una consecuencia práctica: quienes integran el movimiento popular deberían esmerarse para tener comportamientos éticos acordes a su prédica política.

 

No se trata, obviamente, de estar en contra de la promoción de conductas responsables y éticas. Ese es, o debería ser, un presupuesto insoslayable. Lo que hay que ver es que con eso no alcanza. La corrupción no puede ser tratada como un problema personal, de índole moral. Cuando decimos que se lucha contra este flagelo con más Estado y con más política intentamos dar una respuesta política a lo que, creemos, evoca un problema político.

 

Ante las sombras, no hay otro camino que disputar el sentido de la luz.


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