Argentina superó las 100.000 muertes por COVID-19. Al inicio de la pandemia el gobierno de Alberto Fernández buscó dar una respuesta responsable intentando plantear medidas de cuidado tempranas, a diferencia de otros países que tuvieron líderes negacionistas y que encabezan lógicamente el ranking de muertes por coronavirus (Perú, EE.UU., Brasil, Reino Unido, India). Siendo que Argentina terminó con un resultado bastante similar, resulta fundamental preguntarse ¿qué ocurrió en nuestro país para llegar a estas cifras?
Primero es importante destacar que no se trata solo de la cifra simbólica de los 100.000, sino de la cantidad de muertes por millón de habitantes (2.275 al 26 de julio de 2021). Analizar estos números, entonces, requiere rever los errores sanitarios significativos en la gestión: la no comprensión del rol contagioso de los asintomáticos, el desprecio por las estrategias de rastreo y aislamiento de casos, la incorrecta utilización de los mecanismos de testeo y la tardía comprensión del contagio por vía aérea. Al mismo tiempo, los importantes aciertos: la cuarentena temprana, el pertrechamiento del sistema de salud, la logística de vacunación; que impidieron una situación todavía más grave en los últimos meses.
Una indagación profunda de por qué Argentina ha llegado a este nivel de muerte precisa ampliar las cuestiones sanitarias con otras, tan o más relevantes, de carácter socio-político y ético.
Emociones y representaciones
Un primer problema de orden sociológico es no haber comprendido el carácter de las emociones humanas ante eventos catastróficos.
El gobierno argentino sobreestimó el riesgo del pánico (una respuesta inexistente) y subestimó los procesos de negación y naturalización. Ello llevó a emitir reiterados mensajes tranquilizadores que consolidaron formas de minimización. Se trató a la pandemia como si fuera un hecho cotidiano y desde la comunicación se priorizó a los asesores de opinión, de imagen o de marketing.
Los fallidos anuncios de “picos”, la irreal apuesta a lograr la vacunación de grandes porciones de la población en los dos primeros meses de 2021, las violaciones a las normativas de cuidado cometidas por los propios funcionarios de gobierno (la falta del uso de barbijos, no respetar la distancia social, no tener los ambientes ventilados durante las reuniones oficiales), el intento de restablecer una y otra vez la normalidad antes de tiempo, fueron ejemplos de la incapacidad para incidir de modos inteligentes y efectivos en la disputa social por las representaciones acerca de lo que estaba ocurriendo.
Es innegable también el boicot sistemático de los medios de comunicación concentrados y de la oposición política a cualquier medida de cuidado ya desde comienzos de abril de 2020. Pero este boicot se encontró con una respuesta gubernamental que, lejos de apostar a la paciencia y a la templanza, se dejó presionar en cada situación, avalando los incumplimientos, relajando los controles y apostando a formas de “simulación del cuidado” bajo el mantra de la “responsabilidad individual”.
Estas acciones del gobierno tuvieron el paradójico efecto de acelerar la propagación del virus mientras se tenía la percepción de que se encontraba vigente una “cuarentena eterna”, produciendo el peor de los resultados: consecuencias sanitarias gravísimas acompañadas de malestar por las restricciones “legalmente existentes”.
La mayor explicitación de esta situación se dio en el discurso del 14 de agosto de 2020 cuando el presidente afirmó “la cuarentena no existe más”, generando desparpajo y desazón en los millones de argentinos que continuaban respetando las medidas de cuidado, mientras observaban el incumplimiento impune de vecinos, amigos o familiares.
Las encuestas realizadas entre enero y abril de 2021 señalan que la población dispuesta a violar las medidas de cuidado oscilaba en el 10%.
Estos “opositores” a las medidas de cuidado (que se encontraban incluso dispuestos a violarlas) constituían una “minoría intensa”. Pero esta minoría, sin existir controles a sus comportamientos, resultaba suficiente para sostener una presencia permanente del virus en la sociedad, impidiendo a la vez morigerar las restricciones y contener la circulación de la enfermedad.
La selectividad e inequidad del sistema jurídico
En la historia humana las leyes se han aplicado siempre en forma selectiva. Pese a la lucha moderna por la igualdad, la aplicación de sanciones ha sido siempre anti-equitativa.
En un contexto pandémico resultaba central enfrentar ese funcionamiento, ya que se requieren altos niveles de acatamiento para garantizar el efecto de medidas sanitarias de contención. En el caso específico del COVID-19, se sumaba que el ingreso del virus ocurría vía el transporte aéreo, lo que centraba el mayor peligro en las fracciones acomodadas de la población, aquellas con mayores herramientas y entrenamiento para desafiar o ignorar los sistemas de control.
La medida más costo-efectiva para lidiar con la pandemia del COVID-19 (tanto en su inicio como con respecto a la aparición de variantes más contagiosas y/o más letales) fue el control de los viajeros internacionales. La implementaron gobiernos tan distintos como los de China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Finlandia o Noruega, entre otros. Durante todo el 2020 y comienzos del 2021, Argentina se negó a aplicar estos controles apostando a “cuarentenas domiciliarias” que ya se habían demostrado inefectivas por los altos niveles de incumplimiento. Recién a mediados de 2021 se decidió poner algunos límites al ingreso de pasajeros del exterior, pero al no efectivarse la sistematización de su envío a hoteles (quedó como potestad de cada jurisdicción) se trató de una medida a mitad de camino, con escasa capacidad de demorar el ingreso de la variante delta, aunque sí implicó cuanto menos ponerle algunos obstáculos.
La irradiación de la primera y la segunda ola en el país mostró el mismo desarrollo: un inicio de circulación comunitaria en la ciudad de Buenos Aires proveniente de viajeros y su expansión a lo largo de dos o tres meses a todo el territorio nacional. Pese a ello, se siguió sosteniendo la “imposibilidad” de las cuarentenas obligatorias de ingresantes al país. Uno de los ejemplos más tristes fue el quiebre de la única experiencia exitosa de contención del virus a nivel nacional: el control de ingresos en la provincia de Formosa. Montados en denuncias que luego se ratificaron como falsas y en una campaña feroz de la oposición política y los medios de comunicación concentrados, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Ejecutivo Nacional a fines de 2020 y comienzos de 2021 forzaron a las autoridades provinciales a renunciar al aislamiento obligatorio de ingresantes: de un solo fallecido por COVID-19 en todo 2020 se pasó a más de un millar en apenas 3 meses.
Pero el problema fue más general: la convicción de que la ley existe solo para ser aplicada a los sectores vulnerables. Las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos al inicio de las medidas de restricción en sectores humildes, en barrios donde aun no existía circulación del virus. Mientras tanto, ingresaban al país miles de viajeros provenientes de países con circulación comunitaria a los que no se aceptó someter a aislamiento.
Poco colaboraron miradas que, desde las ciencias sociales, construyeron justificaciones de esta inequidad de aplicación del sistema normativo bajo la idea de la “negociación de las normas”. La capacidad de “negociar” las normas depende de contar con herramientas de poder para eludir los controles (presentaciones judiciales, amparos, capacidad de intimidación de la fuerza pública, amenazas corporativas). La constatación de que en distintos contextos históricos las normas “se negocian”, si no viene acompañada de análisis críticos sobre estas capacidades diferenciales de negociación, no suelen constituir más que legitimaciones post facto de la violación del principio de igualdad ante la ley, bajo el poco científico argumento de que “así es como son las cosas”.
El mito de la “inevitabilidad”
Otro elemento que jugó de modo negativo fue la asunción de la “inevitabilidad” de la propagación de la enfermedad. De una parte, se expandió la percepción acerca de la “excepcionalidad” de los casos exitosos en la contención (China o Corea del Sur por ser “sociedades orientales”, Australia o Nueva Zelanda por ser “islas”, Noruega o Finlandia “países escandinavos”, Vietnam sin justificación).
La situación particular de América Latina requería apuestas que tomaran en cuenta sus especificidades: los altos índices de informalidad laboral, la inexistencia de conectividad digital generalizada, las tareas de cuidado no remuneradas, el rol particular de las organizaciones sociales y su presencia territorial. Estos eran elementos centrales para diseñar lo que ya en abril de 2020 se planteaba como una “danza a la latinoamericana”. Lejos de adecuar las respuestas a las realidades locales, se asumió una propagación indetenible de la enfermedad, apostando a “aplanar la curva” y pertrechar al sistema de salud.
Así, “que se mueran los que tengan que morir” se transformó en destino. Regular los contagios y aumentar camas y respiradores como estrategia fundamental de lucha en un contexto pandémico implicó aceptar que las muertes por la enfermedad eran inevitables y que solo se podía distribuirlas en el tiempo para evitar que no tuvieran atención médica.
Esta apuesta por la intervención hospitalaria en lugar de estrategias de prevención, como ser: el rastreo y aislamiento de casos, el control de ingresos de viajeros provenientes del exterior en hoteles, entre otras; constituye una de las razones principales del mal desempeño sanitario argentino y da cuenta de la vigencia del modelo médico hegemónico.
Disputas por los valores
Las representaciones de la pandemia también se jugaron en el campo ético. La preeminencia de la vida fue puesta reiteradas veces en cuestión, naturalizando el orden social existente. El sufrimiento requerido para la implementación de restricciones que contuvieran la circulación comunitaria del virus solo resultaba feroz ante la aceptación de la inmutabilidad de la distribución de la riqueza. Más allá de la implementación de una “contribución extraordinaria” de entre el 2 al 3,5% de la riqueza acumulada, aplicado a un grupo muy pequeño de personas con altísima concentración patrimonial, este tema se transformó casi en tabú.
Los intentos por intervenir en la disputa por los sentidos con los que explicar la catástrofe fueron tildados de “moralistas”, en una paradójica aceptación conservadora de los sistemas de valores hegemónicos. Esta asunción de que cualquier disputa por los valores sería “moralista” implica la aceptación acrítica de los valores dominantes en cualquier período histórico, incluso ante la emergencia de una catástrofe.
La apertura temprana de la presencialidad escolar en algunas localidades y en un contexto de gran circulación del virus, implicó miles de muertes evitables con el único objetivo de “adelantar” uno o dos meses de clases presenciales que podían haberse recuperado unas semanas más tarde, con un porcentaje mucho mayor de la población vacunada. Ello se hizo bajo consignas reiteradas, tanto por oficialismo como oposición y sin constatación empírica alguna, como la de que “las escuelas (o los niños) no contagian”.
Disputas similares surgen en aquellos países que han conseguido las vacunas suficientes para inocular al conjunto de su población pero que se ven limitados por el avance de la “negociación con la norma” de grupos como los anti-vacunas.
El presidente francés Emmanuel Macron ha ensayado una primera ofensiva para librar dicha disputa al proponer una legislación que limite la circulación de aquella población que se niega a vacunarse. Sectores libertarios y negacionistas han convocado a manifestaciones de oposición a estas medidas, al igual que en gran parte del mundo con cualquier otra restricción. Esto se hace bajo el reclamo de una “libertad” que busca transformar a las normas sanitarias (y a toda regulación estatal) en “recomendaciones negociables”. Este eje resulta central, en tanto constatación del giro en las formas de identidad que se encuentra en la base de los problemas socio-políticos para lidiar con la catástrofe: una transformación que construye al sujeto solo en tanto consumidor, elude cualquier responsabilidad ética para con sus semejantes y estructura toda su vinculación con la norma en tanto “víctima” del poder, sea en discursos por derecha o por izquierda.
La pandemia iluminó un conjunto de contradicciones que son previas a la aparición del COVID-19 y que van mucho más allá. Se trata de cambios profundos en el rol de las normas y los valores en el mundo contemporáneo.
Estas transformaciones se han ido generando desde fines del siglo XX en formas de subjetivación determinadas por la búsqueda de los sectores dominantes de escapar a los límites y restricciones que impone una existencia comunitaria. Zygmunt Bauman las bautizó como “secesión de los poderosos”, Luigi Zoja como “la muerte del prójimo” y Silvia Bleichmar como “destrucción de los fundamentos para el surgimiento de un sujeto ético”.
Nuestro país hoy se ve confrontado con la mayor catástrofe de su historia y con la necesidad de abordar formas de elaboración del sufrimiento vivido. Pero las consecuencias de la pandemia van mucho más allá de las muertes y el dolor, porque han puesto sobre la mesa el sentido y posibilidad de la existencia de normas que regulen la vida comunitaria.
Para enfrentar los desafíos que se vienen resulta fundamental comprender aquello que está en juego en esta encrucijada en lugar de seguir justificando las transformaciones subjetivas como si no dependieran de la acción humana.