Los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo en Buenos Aires desplegaron un repertorio de inauguraciones de edificios estelares, derroche de electricidad para iluminar la Casa Rosada y el obeliscoide que la vigila desde la plaza, visitas de Estado, un Rigoletto por Titta Ruffo en el Teatro Colón y honores melifluos a la Infanta Isabel. Todo bajo el estado de sitio decretado por Figueroa Alcorta para reprimir anarquistas, socialistas y petardistas, mantener las avenidas “madrileñas” y “parisinas” libres de suciedades étnicas e ideológicas y cerrar sobre sí misma la prosperidad de los negocios de los grandes ganaderos y agricultores.
El contraste de esta breve memoria descriptiva con el espíritu del 25 de mayo de 1810 es la prueba de lo que puede pasarle a una fecha cuando, por la propia naturaleza de su update histórico, es sometida a la deriva incontrolable del sentido que se le quiso dar. No hay fecha a la que no le entren las balas del tiempo.
No hay fecha a la que no le entren las balas del tiempo.
En 1949, una ley nacional declaró “Año Sanmartiniano” a 1950, cuando se cumplió, el 17 de agosto, cumplió un siglo de la muerte de José de San Martín. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre no hubo papel en el país —a excepción del papel higiénico— que haya podido evitar el encabezamiento “Año del Libertador General San Martín”.
El Libertador se honró de mil maneras cada uno de los 365 días del año. Pero fue difícil estabilizarse más tarde en esas alturas, que habían comenzado a treparse con El santo de la espada (1933), donde Ricardo Rojas cristalizó la mitología del héroe nacional en la figura del “santo laico”, al que le ve la mejor virtud, que es la de haber “renunciado a los premios el triunfo”. Hoy, el 17 de agosto es uno de los dos feriados parias (los trasladables), junto con el que conmemora la muerte de Martín Miguel de Güemes.
El 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia —por Ley 25.633, promulgada durante la presidencia de Eduardo Duhalde en agosto de 2002— es, en cambio, uno de los feriados inamovibles del calendario. El texto original dice que la ley se dicta en “conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976” y se les solicita a las autoridades educativas realizar, en ese día, jornadas que “generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”. Y eso es todo: una solicitud de actos escolares en conmemoración de las víctimas de lo que la ley no llama dictadura sino (con minúscula, y de modo genérico) “proceso”.
Hoy, el 17 de agosto es uno de los dos feriados parias (los trasladables), junto con el que conmemora la muerte de Martín Miguel de Güemes.
Hay, en los largos meses de 2002, un espíritu político de remordimiento y un idioma de delicadezas que pueden explicarse en el registro casi susurrado de la Ley 25.633, por la que el Estado induce a la memoria colectiva reduciéndola a esa maqueta del drama histórico que es el acto escolar. Esas delicadezas tal vez obedezcan a una situación en que la política, que estaba siendo expulsada desde el 2001, volvió inesperadamente. Y lo hizo muy pronto (antes de irse del todo), como en esas escenas de incertidumbre típicas de las rupturas de amor en las que los imperativos andate/quédate son caras de la misma moneda teatral.
El año 2002 fue el del inventario de las ruinas del 2001. Inutilizadas las herramientas de gestión excepto para un despliegue de emergencia, no se podía hacer nada, excepto esperar el rebote en los fondos hundidos de la economía. La secuencia de esos meses es escalofriante. Desde el fin de la convertibilidad en enero y el salto del dólar de $1 a $3,8 hasta los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en junio, la Argentina es un alambique que destila destrucción.
No hay economía en 2002. Tampoco hay derecho, cuya restauración es más fácil de simular por vía de la carta de intenciones legislativas. Eso es lo que, a la distancia, parece haber empujado la existencia de la Ley 25.633, propia de esas compensaciones “de palabra” que intentan aliviar el daño material.
Entre 1983 y 2002, el 24 de marzo es una fecha que mantienen viva los organismos de Derechos Humanos.
Entre 1983 y 2002, el 24 de marzo es una fecha que mantienen viva los organismos de Derechos Humanos. Tiene un momento de iluminación en el Juicio a las Juntas de 1985, en el que por primera vez hay un escenario en el que la sociedad escucha a las víctimas; y otro, de sordidez, con la Ley de Punto Final, regalo navideño de 1986 que —al modo de las garantías de los electrodomésticos— impone un plazo máximo de 60 día para denunciar a torturadores, asesinos y violadores de las Fuerzas Armadas, y con la Ley de Obediencia Debida, que absuelve de hecho a quienes recibieron la orden de matar, violar y torturar. Los indultos de Menem cierran, entre 1989 y 1990, una secuencia fulminante de impunidad, contra la que se pudo actuar, bajo un manto de pudor o cobardía, durante menos años de los que duró la dictadura.
Entre 1989 y 2002, el 24 de marzo volvió a ser una fecha rescatable. Fueron años de “convivencia” y “hermandad” entre víctimas y victimarios. Los torturadores se floreaban con sus disfraces de amnistiados, sin perjuicio de la arrogancia que les producía compartir la vida en sociedad con sus torturados. Se los podía ver en las calles, en los bares, en las plazas, asegurados por las concesiones de la política y por una decisión de las víctimas y sus familiares que consistió en no condescender jamás a un acto de venganza (excepto en A quien corresponda, de Martín Caparrós, ni siquiera en la literatura hay vengadores).
En la calma demoníaca del torturador Etchecolaz y en la angustia del torturado Bravo se revela la diferencia de poder. El vínculo es insalvable, y no podría salvarse de ningún modo, ni siquiera si las partes suscribieran un contrato privado para intentarlo.
En ese paréntesis falsamente paradisíaco en el que irrumpieron como bocinas de supervivencia los escraches de HIJOS, sucedió un hecho digno de un laboratorio de la etología humana. El 28 de agosto de 1997, coincidieron en el programa Hora Clave, de Mariano Grondona, como podrían haberlo hecho en la calle, dado que ambos gozaban del patrimonio común de la libertad, el ex maestro torturado Alfredo Bravo y el ex megatorturador Miguel Etchecolaz.
Bravo lo increpa. Etchecolaz le dice que se calme, y le muestra su libro, La otra campana del Nunca Más, en la que reduce la masacre de la dictadura a un asunto de números que hay que precisar, como han hecho últimamente tantos demócratas en nombre del fetiche de la evidencia empírica, cuando cualquiera puede saber cuál fue la “calidad” de la violencia ejercida por la dictadura, es decir aquello que se ha ganado el rótulo de indiscutible por encima de la especulación numerológica.
Para darle a la escena de Hora Clave el elemento Campanelli que indique que en 1997 “no hay nada más lindo que la famiglia unita”, Etchecolaz habla de su “necesidad de reconciliación”, mientras Bravo muestra una carpeta con la lista de los maestros que Etchecolaz hizo desaparecer entre 1976 y 1983.
Después de 50 años, el 24 de marzo de 1976 equivale a la introducción “Había una vez…” en clave de relato fúnebre. Es la fecha que clarea la oscuridad.
En la calma demoníaca del torturador Etchecolaz y en la angustia del torturado Bravo durante lo que, en apariencia, fue una discusión horizontal, se revela la diferencia de poder. El vínculo es insalvable, y no podría salvarse de ningún modo, ni siquiera si las partes suscribieran un contrato privado para intentarlo. Es el peso ontológico de cada actor, el abismo que hay entre sus naturalezas (sobre todo a partir del momento en que uno se convirtió en torturador y el otro en torturado), lo que impide invocar una voluntad de concordia.
En ese momento de 1997, por decirlo así, el 24 de marzo faltaba, y siguió faltando hasta agosto de 2003, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.779, presentada por Patricia Walsh y sostenida por el gobierno de Néstor Kirchner, que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y posibilitó la condena de cerca de 1.200 acusados de crímenes de lesa humanidad entre 2006 y 2025.
La Ley 25.779 tiene su decorado en la Ley 26.085, por la que en el año 2006 se instituye el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia como feriado nacional, con la firma del Campeón Mundial del Zeitgeist de Todos los Tiempos, Daniel Scioli. Es de esa mezcla casi antinatural (la de Scioli y los millones de zombis ideológicos como Scioli, que encarnan una argentinidad profunda, y la reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad) que se obtiene un 24 de marzo pop por primera vez en la historia.
La Ley 26.085 instituye el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia como feriado nacional, con la firma del Campeón Mundial del Zeitgeist de Todos los Tiempos, Daniel Scioli.
El viaje del 24 de marzo de 1976 hasta hoy sustrae lo que esa fecha pudiera tener de unidad de tiempo al que le cae un hecho histórico (en este caso, el acto inaugural de una dictadura). Es más bien un día que, más allá de su alcance iconográfico y su evocación de un punto concreto del tiempo, tiene su correspondencia —digamos, su valor de cambio— con cada uno de los 2.818 días que duró la dictadura. Es la representación de una totalidad, la puerta que se abre a una antología de los cuentos más aterradores de la historia argentina.
Después de 50 años, el 24 de marzo de 1976 equivale a la introducción “Había una vez…” en clave de relato fúnebre. Es la fecha que clarea la oscuridad, una fecha-proceso que funciona en la memoria, aun en la más desinformada, como el recordatorio de que ese día algo grave pasó o, mejor dicho, empezó a pasar (y siguió pasando durante 2.818 días). De todas las conmemoraciones de Estado, es la más infeliz; y habría que ver si no es —por el carácter proliferante de lo que evoca— la más enciclopédica.
Debería decirse de ella que es una fecha que ya dijo lo que tenía que decir. En su interior flota la chatarra espacial de la dictadura que se despliega como una falta masiva al Código Penal: torturas, asesinatos, desapariciones, robos, violaciones, ocultamiento. Esa es la familia de palabras sádicas que transmite la cadena de la memoria cuando se evoca el 24 de marzo. Revertir el peso de su sentido trágico en todos los matices en los que se extiende no es posible, como no es posible quitarle el sentido acumulado a la palabra “elefante”. Lo dicho, dicho está.
En el interior de la fecha flota la chatarra espacial de la dictadura que se despliega como una falta masiva al Código Penal: torturas, asesinatos, desapariciones, robos, violaciones, ocultamiento. Esa es la familia de palabras sádicas que transmite la cadena de la memoria cuando se evoca el 24 de marzo.
Si Javier Milei, Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Juan Bautista Yofre, Nicolás Márquez y Agustín Laje —por nombrar al voleo a algunos gladiadores de “los dos 24 de marzo”— insistieran en hacer masa crítica para darle a la última dictadura el beneficio del relativismo, podrían hacerlo. De hecho, lo hacen cada vez que perfuman al aire con el mantra de la “memoria completa”.
Ese deseo parafílico —que no cesa, pero que a la vez prueba en su desesperación el fracaso de quienes intentan imponerlo— tiene, entre otras cosas, un problema de factibilidad. Falla el plan maestro, y eso sucede porque el 24 de marzo es una fecha indivisible. Quien quiera “completarla”, será mejor que se busque otra.