Crónica

Perpetua por el triple lesbicidio: fue crimen de odio


Cómo reconstruir las vidas lesbianas

Justo Fernando Barrientos fue condenado a prisión perpetua por el triple lesbicidio de Barracas. Por primera vez desde la reforma del Código Penal de 2012, una sentencia reconoce el agravante de odio a la orientación sexual en el asesinato de víctimas lesbianas. Sin embargo, en el colectivo LGBT+ el fallo dejó un sinsabor. Las querellas -que hasta reclamaron garantías constitucionales a favor del acusado para no perpetuar la crueldad-, se quedaron sin respuesta a los pedidos de reparación. Una sentencia histórica, una victoria amarga y una pregunta urgente: ¿de qué sirve castigar si el Estado sigue sin reparar las vidas que no supo proteger?

El grito colectivo no fue tanto una expresión de alegría sino el desahogo de una espera interminable. El fallo llegó después de dos años y veinte audiencias de una crudeza intolerable, que revivían el horror producido por Justo Fernando Barrientos, el acusado. Adentro y afuera de Tribunales se respiraba una energía al mismo tiempo efervescente, combativa, triste. Allí estaban lxs lesbianxs, poniendo el cuerpo por quienes ya no podían estar: Pamela, Roxana y Andrea. 

Barrientos fue declarado culpable del “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común en perjuicio de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y de homicidio agravado por las mismas circunstancias pero en grado de tentativa respeto de Sofía Castro Riglos”. 

Fue perpetua y crimen de odio. 

Ninguna sentencia podrá devolverles la vida a Pamela, Roxana y Andrea. Tampoco, restituir las rutinas que Sofía tenía antes del incendio. No hay reparación capaz de deshacer la muerte ni el rastro del odio en los cuerpos. Aunque el tribunal no le dio lugar a los pedidos de reparación para la sobreviviente, el colectivo LGBT+ seguirá reclamando.

“El pedido de reparaciones es un camino iniciado por las Abuelas, las Madres, les hijes y les nietes en los procesos por crímenes de lesa humanidad y genocidio -explicó Luciana Sánchez, abogada querellante de Sofía Castro Riglos-. Desde el juicio de Diana Sacayán nos inscribimos en esa lucha. Por eso insistimos con reparaciones específicas para Sofía. Sin embargo, el Tribunal decidió apegarse a una interpretación antigua del Código Procesal Penal y del Código Penal, y no concederlas”. La disputa no está cerrada. Sánchez adelantó que, una vez conocidos los fundamentos de la sentencia, previstos para el 19 de febrero, evaluarán recurrir ante la Cámara de Casación.

Por primera vez desde la reforma del Código Penal de 2012, una sentencia reconoce el agravante de odio a la orientación sexual en el asesinato de víctimas lesbianas. Incluso antes del fallo, este juicio ya había abierto una dimensión hasta ahora ausente de los tribunales argentinos: la pregunta sobre qué significa Justicia frente a un lesbicidio y cuáles son las obligaciones de un Estado que no consiguió proteger las vidas de las víctimas, que obstaculizó de distintas maneras la investigación y que contribuye en múltiples dimensiones a perpetuar la violencia específicamente dirigida contra la comunidad LGBTIQ+.

El alegato de Luciana Sánchez, representante de Sofía y de Andrea, hizo de esta pregunta un programa político. No se limitó a solicitar la pena máxima para Barrientos sino que puso en el centro las medidas de reparación económica, políticas de acceso a la vivienda, transformaciones en las instituciones judiciales. También propuso convertir el escenario del crimen de odio en un espacio de memoria y exigió la rectificación pública del Poder Ejecutivo Nacional. En otras palabras: le devolvió al Estado una responsabilidad que no se resuelve solamente bajo la perspectiva punitivista de cuántos son los años que un condenado permanece en prisión. 

Lo que se disputa es, sobre todo, en qué condiciones pudieron vivir. Y ante todo, qué  le queda a la comunidad como bandera al repetir sus nombres: Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante, Sofía Castro Riglos.

UNA HABITACIÓN PARA CUATRO

La madrugada del 6 de mayo de 2024, cuatro mujeres compartían la habitación 14 de una pensión ubicada en Olavarría 1621, en el barrio porteño de Barracas. Pamela y Roxana eran pareja desde hacía al menos seis años. Andrea y Sofía también estaban juntas. Las cuatro habían formado una familia en condiciones de enorme precariedad económica y habitacional. En una habitación pequeña habían conseguido a un costo vital muy alto, permanecer juntas.

Sofía y Andrea habían atravesado situaciones de calle. En los paradores de la Ciudad de Buenos Aires no podían alojarse como pareja. Defendieron su deseo de estar juntas, incluso cuando hacerlo suponía permanecer en un lugar peligroso, por ser lesbianas. 

La dimensión política de una convivencia que, vista desde afuera, podía reducirse al hacinamiento demuestra al interior la profunda solidaridad y una decisión compartida de resistir la expulsión. Durante el juicio, Carolina Cymerman, abogada de los allegados de Pamela y Roxana, recuperó los insultos con los que distintos testigos se habían referido a ellas. Tortilleras, marimachos, raras, raronas, chorras, celosas, violentas, sucias y en el podio el adjetivo central: “Asquerosas”. 

Las declaraciones permitieron reconstruir un repertorio de prejuicios, o mejor dicho violencias, tan amplio como familiar que organizaba la vida cotidiana de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía en la pensión. Para preservarse, las cuatro limitaban la circulación por espacios comunes. Se cuidaban hasta al ir al baño, a la terraza o a buscar agua a la cocina. Su presencia era vigilada, y sus muestras de afecto despertaban más que rechazo, eso, “asco”. 

Barrientos les decía “tortilleras asquerosas”. Su ataque no ocurrió en un vacío. Tuvo lugar en un espacio en el que el odio hacia aquellas lesbianas había adquirido, mucho antes de esa madrugada, formas cotidianas de legitimidad y una forma particular de camaraderia machista para el disciplinamiento hetero-cisnormado. 

EL ODIO NO NECESITA CONOCER NUESTROS NOMBRES

“Barrientos las mató porque las odiaba, y las odiaba por lesbianas y por mostrarse como lo que eran. (...) También quiso decirles a todas las demás que eso se paga con la vida.” El abogado Pablo Rovatti, a cargo de la defensa del hijo de Roxana, fue concluyente y se refirió particularmente al insulto “asquerosas” como disparador de una deriva particular. Porque el asco no opera solo como descalificación. Establece una frontera entre lo que se considera aceptable y lo que se imagina contaminante, impuro o merecedor de expulsión. Llevada al extremo, esa operación puede habilitar la extinción física.

Mientras “las chicas de Barracas”, como les dicen sus compañeras, descansaban, el acusado tiró en su pieza un explosivo casero. Cuando empezó el incendio, se quedó del otro lado de la puerta para impedir que escaparan. El fuego condensa brutalmente esa lógica. No se trató solo de un medio para matar, según sostuvieron las acusaciones, sino también de una forma de producir sufrimiento y destrucción sobre los cuerpos. La fiscalía y las querellas señalaron la elección del momento, el lugar, el combustible y la conducta posterior del acusado como elementos fundamentales para acreditar la alevosía, el ensañamiento y la motivación discriminatoria.

En ese sentido, quedó planteada una discusión que la sentencia no terminó de saldar: el nombre jurídico importa. Frente a las distintas dimensiones de la violencia que atravesaron el crimen, la querella exigió que la Justicia lo reconociera tanto como femicidio como lesbicidio. “Las obligaciones de debida diligencia reforzada que hay tanto sobre los derechos de las mujeres como hacia los derechos de las personas LGBTI+ nos obligan, como operadores de justicia, a visibilizar y a utilizar específicamente estos dos marcos de protección”, sostuvo Sanchez. Aunque el tribunal reconoció el agravante de odio a la orientación sexual, no adoptó ese doble encuadre. La discusión permitió ampliar la interpretación jurídica del ataque y poner en primer plano una dimensión lectura que excede a sus víctimas directas. “Ojalá el agravante de femicidio no haya salido porque el tribunal consideró que ellas se resistían, en términos wittigianos, a ser mujeres, a ser reducidas a la servidumbre sexual y doméstica que quería imponerles no solo Barrientos, sino también sus cómplices, que hoy no estuvieron sentados en el banquillo de los acusados”, dice Adriana Carrasco, periodista y militante lesbofeminista histórica, cofundadora de Cuadernos de Existencia Lesbiana y una de las voces que siguió de cerca el caso desde sus comienzos.

 En esa misma dirección, la participación de la Federación Argentina LGBT como querellante colectiva marcó un punto de inflexión: el crimen no solo había sido dirigido contra cuatro lesbianas, sino que también buscaba disciplinar a toda una comunidad. Lo que se había intentado presentar como un conflicto entre vecinos se convirtió en una discusión sobre los mecanismos estructurales de la violencia hacia las lesbianas. “Es histórico estar acá”, dijo Samanta Pedrozo, abogada querellante por la FALGBT.

CUANDO LAS VÍCTIMAS SON LAS CULPABLES

Barrientos basó su defensa en la victimización. En sus dichos dejó entrever que ellas se vivían peleando, y que iniciaron el fuego en una de esas discusiones. La hipótesis de una pelea entre las víctimas tiene un peso particular cuando se la observa a la luz de los estereotipos que atravesaron el juicio. Luciana Sánchez dedicó parte de su alegato a demostrar cómo la representación de las lesbianas como mujeres celosas, sucias, violentas o tóxicas funciona como un prejuicio extendido que deslegitima sus relaciones y les atribuye responsabilidad por las violencias que padecen.

Por eso el reconocimiento judicial de su vínculo afectivo tuvo importancia. Sofía consiguió ser admitida como querellante no solo por el intento de asesinato que sufrió, sino también en representación de Andrea, su pareja fallecida. Esto no fue automático: requirió una disputa específica para que su relación recibiera el mismo tratamiento jurídico que otras parejas. La igualdad formal de derechos no impidió que tuviera que reclamar ante la Justicia ser reconocida como parte de su familia.

UN ESTADO QUE MIRA PARA OTRO LADO

El proceso judicial fue particular. Dejó expuestas las dificultades institucionales para investigar el mismo caso. Y en este sentido, Sánchez planteó un recorrido que comenzó por el contexto de crisis económica y la situación de calle de Sofía y Andrea, subrayó las declaraciones de Milei en Davos hasta llegar al recorte en insumos para la investigación judicial y al ajuste que padece el hospital Bonaparte, donde se atiende Sofía Castro Riglos. Esta serie de irregularidades permiten comprender de qué manera la precarización de las instituciones anula una a una las posibilidades de obtener justicia.

Uno de los baldes presuntamente utilizados para iniciar el fuego fue guardado por un bombero en una bolsa de consorcio común, sin cierre hermético; por eso se evaporaron los rastros del material inflamable que generó el incendio. Las muestras de sangre del acusado se analizaron un año después porque no había reactivos disponibles. Sus prendas nunca fueron secuestradas ni se buscaron restos de combustible en su cuerpo. 

Tampoco se incorporaron los teléfonos celulares de las víctimas, que podrían haber aportado información sobre sus vidas y las amenazas que recibían. Es decir, a esas deficiencias materiales se sumaron decisiones judiciales. El juez de instrucción que fue recusado, Edmundo Rabbione, rechazó un pedido policial de allanamiento de la habitación de Barrientos, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres nunca fue convocada. La paradoja es brutal: las instituciones responsables de investigar el crimen produjeron omisiones que luego pudieron utilizarse para poner en duda la responsabilidad del acusado.

Pero la dimensión estatal del caso no comienza con la investigación. Antes del incendio, Andrea y Sofía ya habían sufrido discriminación en los dispositivos habitacionales porteños. El juicio reconstruyó también el cierre del programa Acompañar, del que habían recibido asistencia, y las dificultades posteriores para garantizar la atención sanitaria de Sofía, en particular frente al ajuste presupuestario que atravesaron el Hospital Bonaparte y el Centro Ulloa. Una de las vulnerabilidades que más afectaba a Sofía y Andrea era la dependencia del sistema de vivienda de CABA. 

A esta trama material se superpone otra dimensión: la de los discursos públicos. Cuando ocurrió el ataque, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó la utilización de la palabra lesbicidio porque no figuraba en el diccionario de la Real Academia Española. Sánchez recuperó esas declaraciones para mostrar cómo desde las más altas esferas del poder se niega la existencia de una violencia específica. No se trata de establecer una relación causal directa entre un discurso y un asesinato, sino de comprender cómo esa negación legitima socialmente el prejuicio y degrada la posibilidad de protección a las víctimas.

La respuesta institucional tampoco fue lineal. La aceptación de la querella colectiva de la Federación Argentina LGBT, el reconocimiento del vínculo de Sofía y Andrea y la incorporación de los agravantes por violencia de género y odio a la orientación sexual en la acusación fueron conquistas de un proceso de disputa que se impuso a resistencias, omisiones y prejuicios.

Juzgar el crimen de odio contra Pamela, Roxana y Andrea como femicidio y lesbicidio habría reconocido dos dimensiones de violencias que no se excluyen: la subordinación patriarcal y el castigo hacia quienes desafían el orden heterosexual.

El nombre jurídico importa porque determina qué violencias se reconocen, qué responsabilidades se investigan y cuáles son las obligaciones del Estado. Pero la discusión no puede agotarse en el juzgamiento del crimen una vez consumado.

LA REPARACIÓN COMO PROGRAMA POLÍTICO

“Me siento inocente “ dijo Justo Fernando Barrientos ante el tribunal. No dijo solo que era inocente. Dijo que se sentía así. Su declaración se mide en la distancia entre la responsabilidad judicial y la inquietante percepción que el acusado tiene de sus propios actos. 

Durante la última audiencia, dos de las tres querellas pidieron que el acusado no sea expuesto a ningún trato cruel o inhumano y que se respeten sus garantías constitucionales, incluso si recibía la pena máxima atendiendo a la edad y condiciones vitales del homicida él mismo no escatimó crueldades para con las lesbianas . “No somos eso” respondió Van Calderón, integrante de la querella por la FALGBT. 

Para Sofía, la sobreviviente, la reparación que los jueces rechazaron incluía pedido de  atención psicológica y psiquiátrica gratuita y prioritaria, indemnizaciones por los daños sufridos, el reconocimiento de la pérdida de su proyecto de vida y una reparación por las pertenencias que el sistema judicial entregó a una persona ajena, que terminó descartándolas. También, una prestación económica por viudez.

Pero el petitorio no terminó allí. La querella reclamó que la Legislatura porteña evalúe expropiar el inmueble de Olavarría 1621 para convertirlo en un espacio de memoria con los nombres de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía. Que el Estado nacional difunda públicamente la sentencia y que el vocero presidencial comunique su resolución del mismo modo en que se había utilizado esa tribuna para descalificar a las víctimas.

Como garantías de no repetición propuso un programa de autonomía económica, social y cultural para las lesbianas, la eliminación de las disposiciones discriminatorias de los paradores porteños, un sistema oficial de registro de violencias contra personas LGBTI+, una unidad fiscal especializada, protocolos forenses y capacitaciones obligatorias con enfoque diferenciado.

En conjunto, estas demandas, que seguirán siendo reclamadas, configuran algo más que un pedido de reparaciones. Disputan las condiciones materiales de existencia de las lesbianas y de la comunidad toda. Una política de vivienda que no obligue a las parejas a separarse, un sistema de salud que garantice tratamientos, instituciones capaces de investigar sin reproducir prejuicios y un Estado que reconozca las violencias sin esperar a que se conviertan en crímenes de odio.

El reclamo devuelve una pregunta incómoda: ¿qué habría tenido que existir para que Andrea y Sofía no tuvieran que elegir entre vivir juntas o tener un techo? ¿Qué instituciones deberían haber intervenido frente a las amenazas? ¿Qué posibilidades de reconstruir su vida tiene hoy Sofía?

Asumir que lo ocurrido produce obligaciones hacia quienes sobrevivieron y hacia una comunidad que reconoce en ese crimen una amenaza dirigida también contra sus propias vidas, es la reparación. Y ante todo que no vuelva a repetirse. Nunca más.

EL DÍA DESPUÉS, LAS VIDAS LESBIANAS

Durante más de dos años, las organizaciones lésbicas, las familias, las querellas y el activismo sostuvieron un reclamo de justicia que fue también una disputa por la memoria. Cada audiencia permitió recuperar fragmentos de las vidas de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, conocer las violencias que atravesaron, pero también las decisiones con las que construyeron sus relaciones, sus familias y sus formas de cuidado.

El horror suele ocupar tanto espacio que termina desplazando todo lo que existía antes. Pamela, Roxana y Andrea eran mujeres adultas, con historias de trabajo, relaciones, familias, deseos y proyectos. Podrían estar hoy compartiendo una comida, trabajando, enamorándose, acompañando a sus hijos o simplemente envejeciendo. Ese futuro también fue destruido.

Sofía tuvo el 75% de su cuerpo quemado, y sobrevivió. Pero su existencia no puede quedar pausada en la condición de sobreviviente. La imposibilidad de declarar durante el juicio, acreditada por el Cuerpo Médico Forense, muestra las consecuencias que persisten. Recuperar su autonomía significa mucho más que garantizar su supervivencia, supone la posibilidad material de construir otro proyecto de vida.

Quizás una de las imágenes más conmovedoras que deje este juicio sea la del coraje de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía de no renunciar a la forma en que eligieron vivir y en una dimensión política profunda queda vibrando la urgencia de imaginar qué condiciones materiales, políticas y sociales necesitamos para que esa decisión no vuelva a costarle la vida a nadie. La condena castiga a un responsable, pero deja intactas muchas de las violencias que hicieron posible el crimen. ¿Cuántas perpetuas hacen falta para que una lesbiana pueda tener una casa, amar y envejecer sin miedo? ¿Qué justicia puede ofrecer un Estado que no supo protegerlas y que todavía se niega a reparar? El desafío es pensar detrás del aclamado castigo, como disputar las políticas, los derechos y las condiciones que hagan posibles vidas más vivibles para todxs.

“Para nosotras esta idea de ganar o perder es binaria, ficticia. Somos todos perdedores. Fue una masacre porque hay una persona pobre, vieja, condenada a prisión perpetua, y lo único que se genera es sufrimiento”, dijo Luciana Sánchez, ya fuera del tribunal. La calle repleta gritaba PRESENTES detrás de los nombres de cada una. “Nombrar lesbicidio al crimen es una reparación, pero veremos si efectivamente lo hacen. Seguiremos acompañando a Sofía, no solo con el sostenimiento cotidiano de su vida. Reparación también es antipunitivismo.”