Primer año de la pandemia de Covid 19. Un colegio del Gran Mendoza -como el resto del país- cierra sus puertas para evitar la multiplicación de los contagios. El peligro de que los chicos y las chicas pierdan el año lectivo genera una psicosis federal. Las autoridades nacionales impulsan entonces una estrategia virtual. Capitalizar lo que -entienden- ya se encuentra disponible en todas las familias del país: el acceso a internet. Las clases ahora serán transmitidas de manera virtual. Lo que muchos desconocen es que acá, en las aulas de las localidades de la ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Lavalle, muchas escuelas primarias no tienen capacidad de proveer computadoras a las familias de los estudiantes. El foco gubernamental, civil y empresarial, está centrado en combatir un virus desconocido que arrasa con la vida humana en el mundo. Las preguntas giran en torno a las vacunas, qué laboratorio las va producir. Al tiempo de aislamiento y su efectividad. Pero pocos se preguntan por la manutención de la educación de calidad. La urgencia de los problemas tocan de costado las nuevas necesidades de los estudiantes. En un contexto de desesperación mundial, ¿de qué manera se vehiculizan las demandas concretas de un colegio? ¿Cómo hace una madre del Gran Mendoza para que su reclamo sea escuchado por el intendente?
Facundo Heras, director Ejecutivo de Nuestra Mendoza, formó parte del Proyecto Partícipes, organizó un ciclo de encuentros junto a Graciela Baccarelli, presidenta de Federación de Entidades no gubernamentales de Niñez y Adolescencia de Mendoza (FEDEM). El objetivo fue generar un espacio de diálogo que permitiera acortar la distancia entre la sociedad civil y las autoridades. Para eso, comenzaron a encontrarse por Zoom los organizadores junto a representantes de la Dirección General de Escuelas, de los municipios del Gran Mendoza y de organizaciones vinculadas a la educación.
El ciclo, que funcionó todos los miércoles de 2020 a las 14, contempló dos etapas. En la primera participaron Luis Olmedo y Valeria Tarquini, de Mendoza capital; Adriana Yenaropulos, de Godoy Cruz; Ana Sevilla y Yamila Cerezo, de Maipú; Cristian Arias, de Guaymallén; Mariano Barrera de Luján de Cuyo; y Graciela Gelabert de Las Heras. “Se empujaron espacios de diálogos y se encontraron respuestas concretas a las demandas, como la edilicia. Una vez que pasó la pandemia se mantuvieron los canales de diálogos con las autoridades educativas para seguir monitoreando los casos”, cuenta Heras.
Si bien los colegios estaban cerrados, muchos de los centros educativos que funcionan en los lugares de alta vulnerabilidad social tuvieron que mantenerse abiertos por la función social que cumplen. Heras explica que “en esos lugares los chicos se encuentran a comer, por eso la vinculación con otras áreas los convierten en actores estratégicos. Y ahí faltaba comida, alimento, material educativo, internet, material pedagógico, dispositivos tecnológicos”.
La Fundación Nuestra Mendoza pasó de estar conformada formalmente por un Consejo de Administración de siete personas (que representaban sólo a una organización - VALOS-) a conformar un equipo de trabajo de 22 personas. Integrado por referentes de diversas redes como la Red por la Educación de Mendoza, FEDEM, Red AlimenDar, Polo Tecnológico de Mendoza, Federación Económica de Mendoza, Facultad de Ciencias Económicas de UNCuyo, Red de Construcción Responsable.
Al final de los ciclos de encuentros -todos realizados durante los dos años de pandemia- las organizaciones se comprometieron a presentar un documento en las autoridades educativas de la Provincia y de los municipios para concretar las demandas de la comunidad educativa. “La sociedad civil tiene mucho para aportar a las políticas públicas de sus comunidades y que la profundización democrática implica reconocer y fortalecer estos procesos de construcción colectiva”, señala Baccarelli.
A mil kilómetros de distancia, un candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanza una campaña con una nutrida promesa de mejoras para la ciudadanía porteña. Más y mejores colegios. Beca para estudiantes. Más vacantes en las escuelas públicas. Plazas verdes e iluminadas, más seguridad, mejoras edilicias, más líneas de subtes, más ciclovías, mejores accesos, veredas con baldosas firmes, calles sin baches. El candidato gana y pocas promesas se cumplen. Ahora, para terminar con las promesas vacías, la organización Asuntos del Sur también se sumó al proyecto Partícipes y tomó iniciativas concretas. En este caso no se trató de una problemática educacional sino de un quiebre en la confianza política de la ciudadanía.
Esta vez la pregunta era cómo hacer para que la gente formara parte de los compromisos y cómo hacer valer esos compromisos cuando el candidato ya estaba en el ejercicio de la gestión. Asuntos del Sur impulsó una serie de encuentros entre organizaciones sociales, partidos políticos, académicos y funcionarios del gobierno de la ciudad para lograr una ley que garantice que las promesas de campaña se conviertan en realidad. El proyecto de Ley de Compromisos Públicos y Participativos para la Ciudad de Buenos Aires comenzó a prepararse desde 2019 con un primer diagnóstico y durante los dos años de pandemia comenzaron los encuentros para el hilado fino del proyecto.
Tatiana Cárdenas es integrante de Asuntos del Sur y participó activamente de la organización del proyecto que contó con la financiación y el apoyo de la Unión Europea.
“El modelo abierto de participación ciudadana propone que la construcción sea con la ciudadanía. La idea no es que cualquiera que asuma haga lo que quiera. Con la ley que propusimos un jefe de gobierno tiene que cumplir con los compromisos públicos que asumió durante la campaña”, cuenta Cárdenas.
Durante los últimos dos años, Cárdenas y el resto del equipo de Asuntos del Sur convocaron a distintos referentes para elaborar el proyecto que finalmente presentaron en la Legislatura porteña. El acuerdo era total. Tanto la oposición como el oficialismo coincidieron en la necesidad y la importancia de la ley. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos y todo hace pensar que el próximo año electoral no será el mejor escenario para su aprobación.
“Ahora está en manos de Horacio Rodríguez Larreta; él nos garantizó que iba a salir, dijo que le parecía importante y le iba a dar curso para que el proyecto se convirtiera en ley pero hasta el momento no sucedió. Tememos que no avance por la disputa electoral”, advierte Cárdenas.
La expectativa de que el proyecto se apruebe tiene relación con la posibilidad de que la sociedad civil se sienta más cerca no sólo de la política sino en el ejercicio de la misma.
Para Cárdenas “si se convierte en ley, cualquier jefe de gobierno tiene que cumplir con los compromisos públicos y participativos para la Ciudad de Buenos Aires: está escrita y co-diseñada con organizaciones de la ciudad, gobierno, partidos. y sociedad civil”.
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba tomó la posta de Partícipes en su provincia. En un formato similar al desarrollado en Mendoza, Red Ciudadana organizó un ciclo de encuentros virtuales durante la pandemia con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Para eso se propuso la creación de las Juntas de Participación Vecinal y del Plan de Metas de Gobierno. Desde la Red Nuestra Córdoba y el espacio Seamos Partícipes También se desarrollaron diagnósticos y propuestas orientadas a su fortalecimiento como instancia fundamental para la descentralización política y la participación ciudadana en políticas públicas desde el territorio.
Según los organizadores de Partícipes, después de meses de trabajo gran parte de las propuestas fueron consideradas por el gobierno cordobés. Entre ellas, la reforma de la ordenanza que las regula y su futura implementación. Los referentes de la Red Nuestra Córdoba desarrollaron un proyecto conjunto con la Secretaría de Participación Ciudadana a los fines de colaborar en el diseño del proceso de constitución y su puesta en marcha.
Por otra parte, con el Plan de Metas, además de los diagnósticos y propuestas de fortalecimiento, las actividades implementadas lograron movilizar a numerosos actores de la sociedad civil para su conocimiento y apropiación.
Al mismo tiempo, el gobierno local se había negado a presentar el plan de metas 2019-2023 y a realizar una audiencia pública para informar los resultados. Gracias a la campaña Democracia en Pausa, desarrollada en el mismo marco del Plan de Metas, las autoridades locales finalmente presentaron el plan y luego realizaron la audiencia pública, además de abrir un diálogo con la sociedad civil para implementar mejoras en la herramienta de participación.
En la ciudad de Rosario -y siempre motorizado por Partícipes, la organización Acción Colectiva impulsó un proyecto junto a la Municipalidad para aumentar la integración de la ciudadanía a la vida política local. Es decir, una mayor participación ciudadana, mayor transparencia en la rendición de cuentas, el control y codiseño de las políticas públicas.
El proyecto pivotea en el concepto de gobierno abierto. Según la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, se entiende al gobierno abierto como "el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo".
A partir de la propuesta ciudadana presentada por el Colectivo de Gobierno Abierto impulsado por Partícipes, se implementó el Colaboratorio de Gobierno Abierto. Se trata de un espacio de encuentro consensuado entre funcionarios de gobierno y organizaciones de sociedad civil en torno a esa agenda. En este marco se fueron construyendo compromisos de trabajo y de rendición de cuentas de la Dirección de Gobierno Abierto. La legitimidad de las organizaciones interlocutoras permitieron conformar un Colectivo con más de 30 organizaciones.
Este espacio tiene como objetivo la institucionalización de una Mesa Local de Diálogo sobre Gobierno Abierto y en ese marco se realizó la rendición de cuentas pública sobre participación ciudadana y transparencia en pandemia por parte de funcionarios públicos.
El director de Acción Colectiva, Luis Cardoso, señaló a los medios locales los desafíos que tuvo su organización al sumarse al proyecto de Partícipes. "Desde nuestra organización apostamos a dar una respuesta colectiva a la construcción de una democracia activa y centrada en las personas, donde las políticas públicas trascienden las gestiones y son resultado de la participación ciudadana diversa e inclusiva". A su vez, remarcó el horizonte de Acción Colectiva: "Buscamos expresar el compromiso de construcción de lo público desde la ciudadanía y ratificamos nuestro aporte a la ciudad de Rosario para el fortalecimiento de los valores de transparencia, colaboración, participación ciudadana, diversidad y derechos humanos".
De acuerdo a los organizadores generales de todos estos proyectos, Partícipes constituye un planteamiento político desde la sociedad civil, una praxis y forma de trabajo abierta, con capacidad de incluir sectores sociales y reivindicaciones diversas y, por tanto, susceptible de ser apropiada por aquellos y aquellas que comparten objetivos y actúan colectivamente para transformar la gobernanza democrática.