Relatoría del Seminario General “Economías ilegales, violencias sociales y estados posibles: ¿cómo pensar y qué hacer con el ´narcotráfico´ hoy?”, realizado el 13 de septiembre de 2021. En el encuentro participaron Brígida Renoldi, Emilio Ruchansky, Silvina Tamous y Juan Gabriel Tokatlian, y fue organizado por Ana Beraldo, Mariana Heredia y María Soledad Sánchez. El seminario fue el segundo encuentro del 2021 del ciclo “¿Por dónde salimos?”, coordinado por Mariana Heredia, Gabriel Vommaro y Ariel Wilkis, que tiene por objetivo pensar problemas urgentes de la Argentina.
Más de 275 millones de personas usaron drogas en el año 2020, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El sueño (imposible) de eliminar el consumo y la venta de drogas ha dado lugar, a lo largo del último siglo, a la configuración de un “régimen internacional de regulación” que de norte a sur y de oriente a occidente, como señala Juan Gabriel Tokatlian, se sustenta primariamente en la prohibición.
Es paradójico: la prohibición misma de las drogas las convirtió en mercancías valiosas, configuró un mercado ilícito globalizado y lucrativo que moviliza más de 300 mil millones de dólares anuales según la ONUDC (Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito). Mientras su ilegalización propulsa mercados, la “guerra contra las drogas” agrava la conflictividad social vinculada al tráfico. En Latinoamérica los conflictos relacionados a la comercialización de drogas explican gran parte de los más de 2,5 millones de asesinatos violentos de las últimas dos décadas, según el Instituto de Análisis Igarapé.
¿Algo está cambiando en la Argentina?
Si bien la llamada “mexicanización” o “colombización” de la Argentina constituye más un fantasma social que un diagnóstico analítico, la idea de asistir a una expansión del “narcotráfico” parece una certeza poco discutida. Más allá de las percepciones, no es sencillo respaldarla con datos: faltan estadísticas y relevamientos que permitan diagnosticar este fenómeno, comprender sus alcances, conocer qué se está transformando (si lo está haciendo) y de qué modo.
Rosario, el gran Buenos Aires, la frontera norte de la Argentina: cuáles son las relaciones sociales que facilitan pero también impiden el desarrollo de estos mercados.
“La Argentina ha dejado de ser un país de tránsito y de consumo para convertirse en uno de producción”, se repite entre diversos analistas. De ser cierto, esa transformación no se reduce a condiciones exclusivamente locales, sino que se vincula a una reconfiguración del fenómeno a nivel internacional. Como señala Juan Gabriel Tokatlian en su exposición, ya no es posible pensar en una “geopolítica divisiva” en el mundo de las drogas ilícitas: países que producen, países que conectan y/o facilitan, países que consumen y otros que lavan el dinero del tráfico. Hoy en día, todos los países parecen cada vez más concentrar, en distintos niveles, todos esos engranajes de la cadena.
Pero homologar países o territorios sería un error. Ese es uno de los mayores desafíos del término “narcotráfico” porque, como destaca Brígida Renoldi, incluye fenómenos y realidades muy heterogéneas. Desde grupos criminales complejos dedicados al tráfico de gran volumen internacional hasta pequeñas “bandas” abocadas al “narcomenudeo” en barrios precarios o economías familiares que hacen del comercio ilícito su estrategia de sobrevivencia. Por eso, para Renoldi, un fenómeno como el “narcotráfico” nos demanda, sin abandonar la estructura de lo global, pensar las relaciones sociales concretas que facilitan pero también impiden el desarrollo de estos mercados en diversos territorios: el gran Buenos Aires, las ciudades de la Frontera Norte o Rosario.
“Rosario no es Sinaloa”
La situación de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario se ha convertido en el caso emblemático del “narcotráfico” en la Argentina. No sólo porque cada vez más jóvenes (y mujeres) de barrios vulnerables se insertan en esta economía ilegalizada, sino porque la creciente conflictividad se ha traducido en un aumento significativo de los homicidios en la última década. Rosario, alguna vez, no hace tanto, se distinguió por ser de las “menos violentas” del país y ahora parece superar al resto en sus niveles de conflictividad. Venganzas entre bandas, balaceras para amenazar a fiscales, jueces y policías (muchos de ellos involucrados en la red de negocios) terminaron muchas veces con niños como víctimas.
Si antes la policía regulaba el tráfico al garantizar el control territorial, ahora es socia de las bandas.
Pero “Rosario no es Sinaloa”, señala la periodista Silvina Tamous, que ha investigado a una de las bandas santafesinas más importantes: Los monos. Cuando se habla del “narcotráfico” en Rosario se habla, a diferencia de los carteles mexicanos, de producción para el “narcomenudeo” y de grupos que no llegan a imponer normas de comportamiento a la población de los territorios donde actúan ni producen una forma de gobierno distinta de la estatal.
La expansión de estas bandas, agrega Tamous, no puede entenderse sin la participación de las policías. Si antes la policía solía “tutelar” o “regular” el negocio del tráfico al permitir y/o garantizar el control territorial necesario, el caso de Rosario atestigua una transformación en la relación entre “los narcos” y las fuerzas del orden. Las policías son ahora “socias” en el negocio: integrantes de las bandas más que reguladoras externas.
El aumento de violencias vinculadas al tráfico de drogas en los territorios es paralelo al creciente involucramiento policial en el “negocio” – algo que se verifica, nos recuerda Brígida Renoldi, también en las ciudades fronterizas de nuestro país-. Al igual que en México, donde la “guerra contra las drogas” se tradujo en un aumento exponencial de las muertes, también en nuestro país (y en Rosario en particular) la creciente participación e intervención de las fuerzas de seguridad resultaron en una multiplicación de las violencias.
Argentina tiene, sin embargo, una singularidad: como recuerda Juan Gabriel Tokatlian, la “guerra contra las drogas” nunca ha podido militarizarse, acaso como un efecto residual de nuestra transición democrática. No fueron las fuerzas armadas, sino las policías -con la tolerancia o participación de funcionarios, jueces y fiscales- las que se convirtieron en los “reguladores ilegales” del narcotráfico en nuestro país.
Más atención a las personas y menos a las drogas
Frente a esta “regulación ilegal” del mercado, las agencias estatales no mostraron mayores capacidades de acción o resolución. En general, la intervención sobre el mercado fue limitada pero espectacularizada: pequeños decomisos transmitidos por los medios televisivos, discursos grandilocuentes llamando a una mayor severidad y fuertes sanciones penales en los últimos eslabones de la cadena (los jóvenes pobres que venden en las calles y que pueblan las cárceles argentinas son parte de un fenómeno que se replica a nivel global). Esta conversión del uso y de la venta de drogas y su persecución en shows mediáticos es parte del problema, plantea Emilio Ruchansky. Porque afecta la calidad de las investigaciones en curso y convierte a los medios en una herramienta para el ascenso profesional de policías o funcionarios. Por eso la urgencia de pasar de una regulación ilegal a una regulación legal de las drogas. También Juan Gabriel Tokatlian habla de la necesidad de pensar en una regulación modulada de las sustancias.
Una política novedosa estaría basada en indicadores que tengan por protagonistas a las personas. La lógica prohibicionista dificulta el acceso a tratamientos adecuados para los consumidores que se vuelven adictos.
El último informe de la UNODC demuestra que la pandemia de Covid-19 impuso importantes transformaciones en los mercados de drogas. Desde una aceleración del uso de vías acuáticas y de aviones particulares para el transporte de sustancias, la reducción de la demanda de drogas comúnmente asociadas a actividades sociales recreativas como el LSD y la expansión del consumo de cannabis y de los opioides, hasta el incremento de la venta online y de las formas de distribución con el mínimo de contacto personal. En una demostración evidente de la capacidad de adaptación que caracteriza a este mercado, asistimos hoy a un récord histórico en términos del volumen de la producción mundial de drogas. En América Latina, esto convive con la rápida profundización de las desigualdades sociales y los mayores niveles de pobreza que dejó la pandemia. La intensificación de la vulnerabilidad de grandes partes de la población puede convertirse en un “ejército de reserva” para los mercados de drogas, en especial en los puestos más precarizados, ocupados por jóvenes que luego pueblan las cárceles de la región.
Frente a este escenario, para pensar en políticas públicas novedosas hay que empezar por crear nuevas métricas: indicadores que no tengan por protagonistas a las drogas (cantidad de decomisos, número de operativos, kilos incautados) sino a las personas. Devolver a los usuarios el status de personas con capacidad de acción, partiendo de que alimentar la lógica prohibicionista dificulta la provisión de tratamientos de salud adecuados para aquellos consumidores (en términos estadísticos, una fracción minoritaria) que se vuelven adictos. Analizar las tramas del mercado de drogas prohibidas en cada lugar y contexto para diseñar alternativas para las poblaciones que encuentran en el mercado un medio de subsistencia. Brindar justicia para no replicar las violencias.
Lecturas para seguir profundizando:
Juan Gabriel Tokatlian (2017). Qué hacer con las drogas: Una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Brígida Renoldi (2013). Carne de carátula. Experiencias etnográficas de investigación, juzgamiento y narcotráfico. La Plata: Al Margen.
Emilio Ruchansky (2015). Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición: Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay. Buenos Aires: Debate.
Daniel Schreiner y Silvina Tamous. “Los monos, historia de un clan”, Revista Anfibia.