Derechos LGBTIQ+ en América Latina


El salón de belleza, último refugio de la identidad trans en Nicaragua

En una casa de Nicaragua, entre tijeras, tinturas y espejos, Alondra construyó un pequeño espacio de libertad. Antes fue prestamista, activista, presa política y abogada. La condenaron a 40 años de cárcel por terrorismo, pasó diez meses encerrada con hombres y, cuando recuperó la libertad, descubrió que para ejercer el Derecho debía presentarse con una identidad masculina. Hoy atiende a sus vecinas en un salón de belleza donde nadie le exige dejar de ser quien es.

La ruta desde Managua hasta la casa de Alondra es corta, pero avanzamos despacio por el aguacero que cae este domingo de agosto. Me parqueo a cinco cuadras del lugar: en Nicaragua, la seguridad manda. No voy sola; me acompaña mi pareja. Desde hace años es imposible para los periodistas viajar sin despertar sospechas. Alondra sale a recibirnos. Se la ve preocupada porque estamos empapados. Luce impecable: cabello largo y café oscuro, labios pintados de rojo, camisa blanca corta y un brazalete en cada muñeca. De una pared cuelga la bandera de Nicaragua. Ella la descuelga y la sostiene extendida frente a mi cámara: es la bandera del país que la condenó a cuarenta años de prisión por terrorismo y que, antes de concederle una amnistía, la encerró durante casi diez meses en una cárcel para hombres pese a ser una mujer trans.

En abril de 2018, Nicaragua vivió un estallido social inédito desencadenado por las reformas a la seguridad social y la inacción estatal ante el incendio en la Reserva Natural Indio Maíz. La respuesta gubernamental inició un ciclo de represión sistemática que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos organismos han documentado en sus distintas etapas: una primera fase de represión letal entre abril y julio de 2018 que dejó 355 personas asesinadas y miles de heridos; la posterior promulgación de una controvertida Ley de Amnistía en junio de 2019 que permitió la excarcelación de presos políticos como Alondra, pero garantizó la impunidad estatal; una escalada de asfixia legal entre 2020 y 2021 con leyes restrictivas y detenciones masivas previas a las elecciones; y la posterior consolidación, entre 2022 y 2023, del desmantelamiento cívico mediante la cancelación de más de 3.000 organizaciones, la intervención de universidades y el destierro o despojo de nacionalidad a más de 300 opositores y defensores de derechos humanos. 

Su activismo como mujer trans la llevó a sumarse a las manifestaciones de 2018 en su municipio. Desde el apoyo comunitario y las marchas, su rostro se volvió visible en las protestas que exigían justicia y libertad; una exposición que pronto la convertiría en blanco directo de la represión.

El proceso judicial contra Alondra se tramitó en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua. Tras su arresto el 9 de julio de 2018, la Fiscalía la acusó formalmente de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y portación ilegal de armas, bajo el argumento de que utilizaba su capital como prestamista para financiar los “tranques” de su municipio. En diciembre de 2018, la jueza resolvió imponerle una pena sumada de cuarenta años de prisión —un fallo condicionado por la acumulación máxima legal de penas aplicable en el país—. Alondra permaneció encarcelada durante diez meses en la Galería 16 de La Modelo hasta el 11 de junio de 2019, cuando fue excarcelada y liberada bajo la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.

El “pico rojo”, memoria en los labios

Para Alondra pintarse los labios de rojo no es sólo un gesto estético: es la memoria viva del “pico rojo”, aquella forma de protesta que en 2018 convirtió el maquillaje en bandera de resistencia. En su salón, la pintura roja es un recordatorio constante de ese gesto como acto político.

El “pico rojo” nació en septiembre de 2018 cuando la activista Marlen Chow, al ser interrogada en la cárcel de El Chipote por oficiales que le exigían saber a qué grupo pertenecía, se pintó los labios frente a ellos y respondió con sorna y firmeza: “Soy de la Asociación del Pico Rojo”.

Lo que comenzó como un acto individual de desafío en los calabozos se convirtió en cuestión de horas en una campaña nacional de solidaridad e identidad colectiva. Cientos de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+ comenzaron a fotografiarse con los labios pintados de rojo en redes sociales, marchas y plantones. Aunque el gesto nació como una muestra de dignidad frente al interrogatorio, la ciudadanía pronto le otorgó una carga más profunda: el rojo encarnó la memoria de la sangre derramada por los más de 350 asesinados en las protestas y la voz de las disidencias que el régimen intentaba silenciar.

El itinerario antes del encierro

Alondra hojea un cuaderno viejo con las páginas gastadas: es el registro de su antiguo negocio como prestamista informal. Antes del arresto, se ganaba la vida inyectando capital a pequeñas comerciantes, vivanderas y vecinos de la zona que apelaban a su crédito rápido para mantener a flote sus tramos o resolver emergencias familiares. Era un oficio sustentado en la confianza diaria, que le exigía recorrer las calles cobrando cuotas y que le permitió levantar su patrimonio.

—Nadie me pagó —dice, sin levantar la vista del papel.

De vuelta a la sala, frente a la imagen de un San Miguel Arcángel arrinconado en una vitrina de cosméticos, Alondra fija la mirada y recuerda el día exacto en que llegaron a buscarla: el 9 de julio de 2018.

—Fue aterrador.

Policías y paramilitares allanaron su casa y su detención se convirtió en un espectáculo para la prensa oficialista. Sentada en la sala, con el cuaderno aún en la mano, cuenta que alertó a su pareja y a otros miembros de su familia antes del operativo, pero no logró escapar.

El día en que vinieron por ella

En la acusación, presentada por la Fiscalía se articuló un relato punitivo donde los ahorros y la actividad económica informal de Alondra fueron transformados en evidencias de conspiración. Según el escrito del Ministerio Público, la policía confiscó en su vivienda 37.000 dólares y 58.000 córdobas bajo la premisa de que constituían “fondos ilícitos destinados a la logística, abastecimiento de armas y mantenimiento de los tranques” en el municipio.

Durante el juicio en el Juzgado Sexto Distrito Penal, la Fiscalía presentó como pruebas la suma de dinero incautada, el cuaderno de notas contables, celulares y los testimonios de tres oficiales de la Policía Nacional que actuaron como peritos e investigadores. El tribunal dio por probada la tesis fiscal basándose únicamente en los atestados policiales, sin presentar un sólo peritaje financiero, trazabilidad bancaria ni recibo que vinculara el dinero directamente con la compra de pertrechos o pagos a manifestantes.

En el salón de belleza improvisado en la sala, sobre otra de las vitrinas, descansa una figura de la justicia con los ojos cubiertos por una venda azul y blanco que lleva escrita la palabra Nicaragua. Detrás, la pintura en blanco y negro de una mujer con un labial en la mano completa la decoración.

Aferrada al cuaderno, Alondra recuerda los diez meses que pasó en el sistema penitenciario La Modelo.

Nos desnudaban delante de aquel montón de hombres.

“La Modelo”

—Nos desnudaban delante de aquel montón de hombres —dice mientras se baja la camisa—. Como podés ver, a mí ya no me da vergüenza: yo tengo senos. 

De vuelta al salón de belleza, el relato sigue. Junto a Alondra, otras dos mujeres trans cumplían condena en La Modelo. Las autoridades del penal atacaron directamente su identidad de género.

—Cuando veo esas máquinas con las que nos iban a cortar el pelo, me echo a llorar. Les dije: “Respeten mi condición sexual. ¿No es que ustedes están a favor de la diversidad?”.

Alondra evoca la historia de Carolina, conocida como “Sexy Carolina”, una mujer trans de Diriamba, cuyo nombre registral era Augusto Antonio Gutiérrez Mercado. Tras sumarse a las manifestaciones cívicas de abril de 2018 en Carazo, Carolina también fue encarcelada durante diez meses en La Modelo, sufriendo torturas, humillaciones y vejaciones a su condición de mujer trans.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Observatorio independiente de La Corriente confirman un patrón sistemático de violencia de género y política contra las personas disidentes. Desde 2018, decenas de personas del colectivo LGBTIQ+ han sido encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. En todos los casos documentados de mujeres trans, el Estado violó de forma deliberada sus propios protocolos de diversidad: las recluyó en galerías masculinas de penales como La Modelo, las obligó a responder por sus nombres de nacimiento y utilizó su identidad como blanco de tortura. 

En Nicaragua no existe un registro público ni una cifra oficial proporcionada por el Estado sobre la cantidad total de personas de la diversidad sexual encarceladas por motivos políticos desde 2018. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos e iniciativas independientes han documentado esta realidad mediante el seguimiento directo y el testimonio de las víctimas.

Sexy Carolina: la herida que no cerró

Excarcelada el 20 de mayo de 2019 bajo el régimen de convivencia familiar, Carolina intentó sobrevivir vendiendo enchiladas. Sin embargo, su salud se deterioró vertiginosamente. Según el testimonio de su madre, Noa Luz Mercado Parrales, y de su hermana, Scarleth Díaz Mercado, la joven presentaba un cuadro de anemia severa e inflamación dolorosa en las piernas que le impedía ponerse en pie, secuelas que la familia atribuyó a los diez meses de maltrato e insalubridad en prisión.

En sus últimos días, la familia solicitó auxilio médico urgentemente. Según denunció su madre públicamente ante la prensa independiente, ningún médico de los centros de salud locales acudió a atenderla a su vivienda, una negativa que la familia denunció como un acto de discriminación y abandono estatal. Sin recursos para costear atención privada, Carolina falleció en su casa el 23 de abril de 2020, a los 35 años. Aunque no existió un peritaje forense independiente sobre las causas inmediatas de su deceso, organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ubicaron su muerte como un reflejo trágico del impacto del encierro y la desatención médica en las exprisioneras políticas en Nicaragua.

Su experiencia encarna la paradoja de la propaganda estatal. En sus discursos internacionales y cartillas oficiales —como la Cartilla de Derechos de la Diversidad Sexual promovida por el Ministerio de la Mujer o la Resolución Ministerial 218-2014 del Ministerio de Salud—, el régimen presume un marco normativo que prohíbe la discriminación por identidad de género y promete protección a las personas trans en el sistema público y en los centros penales. Los hechos, desde 2018 en adelante, contradicen las palabras y las normas.

En el papel, estos instrumentos estipulan que las personas privadas de libertad deben recibir un trato respetuoso a su integridad y expresión. En la práctica, al no existir una Ley de Identidad de Género ni protocolos penitenciarios con enfoque de derechos, el Estado aplica con rigor punitivo la Ley 473 (Ley del Régimen Penitenciario), que clasifica a los reclusos únicamente por el sexo registral de la cédula de identidad.

Identidad en las celdas

Ser mujer trans en Nicaragua es un delito.

La vida de Alondra no es muy diferente a la del pasado.

—Ser mujer trans en Nicaragua es un delito — dirá. 

Se levanta, se acomoda la camisa y camina entre el salón y la cocina sin dejar de hablar. Ahora es abogada: tras salir de la cárcel concluyó sus estudios de Derecho en la Universidad Paulo Freire, una de las tantas casas de estudio confiscadas en 2022 por el régimen nicaragüense.

A inicios de ese año, la Asamblea Nacional aprobó decretos de urgencia para despojar de su personería jurídica a una decena de universidades privadas e independientes. La disolución formal de la UPF se ejecutó en abril de 2022, cuando el Estado absorbió por la fuerza su infraestructura y su patrimonio.

Podés estudiar, podés graduarte, podés vivir como trans, pero nunca podés ser reconocida como la mujer que sos.

Alondra recuerda que, aun después de graduarse y ejercer su profesión, el Estado le negó el derecho a ser llamada por el nombre que eligió como mujer. En las aulas universitarias podía vestir como trans, compartir con sus compañeras y vivir su identidad sin disimulo. Pero al llegar a los juzgados, los funcionarios le exigían presentarse con ropa masculina floja —para disimular el busto—, ocultar su cuerpo y responder con el nombre de pila masculino inscrito en su partida de nacimiento. “Dar el ejemplo”, le repetían.

—Podés estudiar, podés graduarte, podés vivir como trans —dice—, pero nunca podés ser reconocida como la mujer que sos.

El nombre como campo de batalla

La lucha de las mujeres trans en Nicaragua por el reconocimiento de sus nombres elegidos es uno de los puntos más sensibles y contradictorios en la relación entre el Estado y la diversidad sexual. Aunque el discurso oficial ha proclamado decretos de respeto en educación y salud, en la práctica se les niega el derecho a la identidad legal. En el ámbito judicial y penitenciario, esta contradicción se vuelve más cruel: testimonios como el de Alondra confirman que, al ejercer la abogacía, las abogadas trans son obligadas a borrar su género frente a los jueces, mientras que en las cárceles son recluidas con hombres.

La paradoja es evidente: el Estado tolera la vivencia trans en espacios informales, pero niega el reconocimiento pleno en los documentos que definen la ciudadanía. Para el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN), esta negativa deliberada no es un trámite administrativo, sino una violación de derechos fundamentales. En su informe de 2024, el Grupo de Expertos concluyó de forma categórica que el Estado nicaragüense ha cometido “violaciones y abusos específicos por motivos de género” contra la comunidad LGBTIQ+, documentando que la denegación del reconocimiento de la identidad legal se utiliza como una herramienta deliberada para “someter a humillación pública, castigar la disidencia y anular la personalidad jurídica de las víctimas” en la esfera pública. 

—No podés trabajar: te quieren obligar a que digas tu nombre, te definas y te vistas como no te sentís cómoda —dice Alondra. El olor a café invade el espacio.

Mientras ejerció la profesión tramitó casos de pensión de alimentos, bienes, calumnias y lesiones. Recuerda que los propios policías del complejo judicial se mofaban y se burlaban de ella cada vez que la veían entrar obligada a vestir como hombre.

Desde la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual, el Estado pregona que el régimen ha garantizado un avance histórico en la restitución de derechos a la comunidad LGBTIQ+ tras la reforma del Código Penal en 2008 y la derogación del artículo 204 que penalizaba la sodomía.

Lo vivido por Alondra en las salas de audiencia no responde al capricho aislado de un funcionario, sino a una norma no escrita de disciplina patriarcal ejecutada en el Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) exige “decoro y sobriedad” en la vestimenta de los litigantes. En la práctica, ese criterio fue instrumentalizado por guardias de seguridad, secretarios y jueces para impedir el ejercicio profesional de abogadas trans. Registros de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y del Observatorio de La Corriente confirman que otras profesionales de la diversidad sexual han enfrentado el mismo bloqueo: expulsiones de salas de audiencia por no vestir ropa masculina holgada, la amenaza de ser procesadas por desacato y la burla sistemática de agentes policiales en los portones del complejo judicial. Obligarlas a borrar su expresión de género para litigar convirtió el carné de abogado en una herramienta de humillación cotidiana. 

En la Nicaragua actual, la ausencia de una Ley de Identidad de Género no es un vacío teórico: es un muro que paraliza la ciudadanía de las personas trans en cada trámite de la vida diaria. La Ley del Registro del Estado Civil (Ley 842) no contempla ninguna vía administrativa ni judicial excepcional para la rectificación de nombre o sexo en los documentos oficiales.

Las consecuencias de esta negación absoluta trazan un mapa de exclusión sistemática. En el sistema universitario, el título profesional se emite de forma obligatoria con el nombre de pila masculino, creando una brecha insalvable a la hora de firmar contratos laborales o autenticar documentos. En los hospitales y centros de salud, la atención médica pública exige el expediente bajo el nombre registral, exponiendo a las pacientes a ser llamadas a viva voz en salas de espera abarrotadas. En las fronteras, los pasaportes también deben rellenarse  con foto e identidad masculinas.

Derechos en el papel, despojo en la vida

Historiadores y activistas de la diversidad sexual rebaten la tesis de que los derechos de las disidencias sean una concesión estatal reciente. Investigaciones sociohistóricas —como los estudios del antropólogo Roger Lancaster (Life is Hard: Machismo, Danger, and the Intimacy of Power in Nicaragua) y los archivos de memoria del colectivo La Corriente— documentan que las identidades no normativas poseen más de un siglo de registro en el país: desde la presencia de personas con expresiones de género diversas en las comunidades rurales del siglo XIX y su participación en las filas guerrilleras del siglo XX, hasta los primeros movimientos de organización barrial en los años ochenta.

En 1992, bajo el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, la Asamblea Nacional aprobó la reforma al artículo 204 del Código Penal, criminalizando explícitamente las relaciones homosexuales con penas de hasta tres años de prisión. Aunque en 2008 el nuevo Código Penal derogó dicho artículo despenalizando formalmente la sodomía —un hito que el régimen instrumentalizó como diplomacia pública ante foros internacionales—, la brecha legal se profundizó en 2014 con la aprobación del Código de la Familia (Ley 870), que definió el matrimonio y la unión de hecho de forma exclusiva entre un hombre y una mujer, excluyendo a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales.

En la actualidad, mientras la vecina Costa Rica legalizó en 2020 el matrimonio igualitario y la rectificación de nombre para personas trans, Nicaragua carece de una Ley de Identidad de Género y de protección legal integral. La Ley del Registro del Estado Civil (Ley 842) no contempla ninguna vía administrativa ni judicial para la rectificación de nombre o sexo en documentos oficiales.

La desprotección en cifras

Desde la clandestinidad, los informes del Programa de Derechos Humanos del Colectivo La Corriente revelan las consecuencias de la desprotección estatal. A través de un protocolo de monitoreo comunitario y verificación cruzada en territorio —desarrollado bajo estricta reserva para proteger a las víctimas—, el Observatorio independiente documentó 164 violaciones sistemáticas a los derechos humanos de personas LGBTIQ+ y 5 transfemicidios entre enero de 2021 y diciembre de 2023, entre ellos el brutal crimen de “Lala” en Somotillo.

Las cifras exponen el tamaño de la impunidad: de las 164 agresiones registradas, apenas 44 casos (el 26.8%) fueron denunciados ante la Policía Nacional. El 73.2% restante permaneció en el silencio por el temor de las víctimas a sufrir represalias o extorsiones. En el reducido porcentaje de casos que llegó a las delegaciones policiales y juzgados, las instituciones estatales desestimaron la mayoría de los expedientes, mofándose de las denunciantes o amenazándolas con encarcelarlas bajo imputaciones políticas.

La cancelación masiva de organizaciones de la sociedad civil y colectivos disidentes mediante la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley 1115 (Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro) buscó precisamente erradicar estos espacios independientes de denuncia y proyectar la falacia de que el Estado protege a las disidencias.

La historia de Alondra es una prueba cabal de todo lo mencionado en los párrafos anteriores: el Gobierno de Nicaragua ha utilizado la violencia de género como arma de represión política contra las mujeres y las personas LGBTIQ+ para castigar y silenciar a miles de ciudadanos, según documentó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU en un informe publicado el 18 de junio de este año.

Vivir con miedo y la “regla de tres” para zafar del asedio

Alondra vuelve a sentarse para continuar la charla. Por el momento, ningún cliente interrumpe la calma del salón. Las cosas, enfatiza, sólo han empeorado desde 2018; una realidad que respaldan las cifras internacionales.

En su diagnóstico, el Grupo de Expertos de la ONU también advirtió que “la cancelación de cerca de 300 organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ+ eliminó espacios fundamentales de protección, acompañamiento y denuncia, usados por la población en general”. 

En la Nicaragua actual, la personería jurídica de estos grupos es inexistente: el 100% de los colectivos disidentes fueron ilegalizados y despojados de sus bienes.

Mientras más de una docena de iniciativas comunitarias intentan sobrevivir en la clandestinidad dentro del país —registrando abusos sin sedes físicas ni registros oficiales—, más de una treintena de organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual se han reconstituido desde el exilio, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España, sosteniendo desde el exterior las labores de denuncia internacional y acompañamiento a la diáspora.

En un entorno donde denunciar se ha vuelto un riesgo mortal, la labor de documentación ya no puede hacerse a la luz pública. Para sostener ese registro sin ser detectados, las redes de activistas en el territorio han tenido que reinventar sus dinámicas de trabajo. Así lo vive Manuel Santiago, activista e integrante del Observatorio LGBTQ+, quien monitorea las violaciones de derechos humanos desde la clandestinidad dentro del país. Para él, la sobrevivencia de la labor social y el levantamiento de datos en el territorio se resume en lo que llama, en clave, la “regla de tres”.

Primero, enfrentar el miedo cotidianamente, sobre todo para quienes van a las comunidades a levantar denuncias, capacitar a la gente y recopilar información en el marco de sus investigaciones. El reto constante es cómo motivar al equipo de trabajo para que se arriesgue y a la población para que participe en las actividades, en un escenario donde la seguridad es física, personal y digital.

Segundo, los términos de intercambio: al no contar con personería jurídica, se ven en la necesidad de recurrir a organizaciones intermediarias a las que se les dificulta entender las condiciones en las que operan. Esto genera un conflicto permanente con los procedimientos administrativos imponibles que no consideran esta realidad, además de que estas entidades absorben un alto porcentaje para administración y gastos de monitoreo.

Tercero, la incredulidad, la palabra más suave para caracterizar cómo los percibe parte del exilio. Muchos no se explican cómo logran trabajar en esas circunstancias y lo razonan mediante la difamación, acusándolos de estar “infiltrados” solo porque logran salir de vez en cuando del país sin repercusiones inmediatas, o señalándolos por supuesta malversación de fondos cuando, en realidad, los activistas aportan de sus propios ingresos para cubrir los costos.


El cuerpo como territorio de resistencia

Esa resistencia se traduce en un nomadismo forzado y un protocolo estricto de evasión diaria:

—La última vez que dormí en mi casa fue el 31 de diciembre y no me quedo mucho tiempo en un mismo sitio: ando de casa en casa de amistades. No porque me anden siguiendo, hasta donde sé, sino para evitar que controlen mis movimientos: entrada por un lugar, salida por otro, procurando que sean diferentes horas. Salgo a la calle sin celular para disminuir riesgos.

Para Manuel, el costo de sostener esa trinchera en la clandestinidad se paga directamente en el cuerpo. 

—Vieras que, de una persona sana y atlética, me he deteriorado muchísimo —dice—. Ahora tengo cinco enfermedades derivadas del estrés: tengo problema del corazón, asociado con la presión alta que ya tuve dos veces en el hospital de emergencia por presión altísima, inflamación del colon, inflamación de la próstata, y con inicios de hígado graso.

A pesar de ese desgaste severo y la presión cotidiana, sostiene que la conciencia de que su labor es necesaria y la certeza de que el cambio vendrá son el único motor que los mantiene en pie.

Construir futuro desde la clandestinidad

La organización continúa documentando las agresiones contra la comunidad LGBTIQ+ y mantiene la información actualizada en su plataforma digital, sorteando el hermetismo y los pocos datos que el aparato estatal deja entrever. Más allá de la resistencia diaria, construyen futuro: trabajan desde ya en un proyecto de Ley de Identidad de Género, diseñado para ser presentado en cuanto se abra la transición hacia la democracia en Nicaragua. 

Sobre esa iniciativa, Alondra prefiere ser cauta: admite que ve una Ley de Identidad de Género muy lejana en el horizonte actual. Pero también se aferra a esa idea como una ilusión vital para la Nicaragua del futuro; la promesa de que algún día las personas trans sean reconocidas legalmente por el nombre que eligieron y que ninguna otra mujer trans tenga que atravesar por el despojo, la humillación y el encierro que a ella le tocó vivir. 

Por ahora ha decidido guardar el título y dejar de lado el Derecho. Las condiciones actuales en los juzgados, confiesa mientras mira el salón vacío, no le permiten ejercer con libertad y sin arriesgar la vida. Hoy sus esfuerzos se concentran de nuevo entre los espejos y el mostrador: intentar reconstruir su negocio como estilista y prestamista local.

El salón de belleza como espacio de libertad

Alondra sonríe cuando habla de sus tijeras, de sus tintes y del espejo de la estética. A pesar del entorno de vigilancia y del esfuerzo por sacar adelante el negocio, se siente contenta. Trabajar en el salón la hace profundamente feliz. Peinar, arreglar el cabello y atender a quien cruza su puerta se ha convertido en su propio refugio de autonomía; un espacio cotidiano donde nadie le dicta cómo vestirse ni cómo nombrarse, y donde el cuidado estético es también una forma de recuperar la alegría.

Para Alondra la pequeña estética improvisada en su sala es mucho más que un negocio para sobrevivir: es su verdadero territorio de libertad.

—Cuando las vecinas vienen a peinarse o a hacerse un tinte, este lugar cambia —cuenta mientras acomoda las brochas sobre el mostrador—. Aquí adentro se siente una confianza que afuera ya no existe. Con el ruido de la secadora y el agua cayendo, la gente se desahoga. Las mujeres se sientan en esa silla, se ven al espejo y empiezan a hablar.

Entre el olor a champú y el calor de las planchas, el salón se convierte en un refugio donde se procesa el dolor cotidiano del barrio.

De alguna forma, aquí sigo siendo abogada y defensora, pero sin juzgados ni policías que me humillen. 

—Me cuentan de todo —continúa—: que la hija se les fue para Costa Rica, que el chavalo cruzó el río para Estados Unidos, que la comida está carísima o que tienen miedo porque pasó una patrulla por la esquina. Yo las escucho, les doy un consejo y las atiendo con amor. De alguna forma, aquí sigo siendo abogada y defensora, pero sin juzgados ni policías que me humillen. 

—A mí arreglar a las mujeres me hace profundamente feliz. Este salón es mi espacio. Aquí nadie me viene a decir cómo vestirme ni me exige que use un nombre que no es el mío. Atenderlas me da paz, me da para comer y me demuestra que, aunque quisieron destruirme en la cárcel, sigo de pie y soy útil para mi gente.

El refugio de Alondra en la economía informal enfrenta sus propios muros. En la Nicaragua actual, el ahogo no es sólo político sino económico: el vaciamiento social provocado por el éxodo de más de 800 mil nicaragüenses desde 2018  una cifra que representa más del 11% de la población total del país, según registros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  desarticuló las redes comunitarias de los barrios. Las vecinas que antes le pedían prestado o acudían a peinarse hoy están en San José, Miami o Zaragoza. A esa soledad se suma la voracidad fiscal de las alcaldías y el control policial constitucionalizado, que fiscaliza con lupa hasta el más pequeño salón casero.

Mientras el régimen consolida el control total del Estado y amenaza con la apatridia y el destierro a cualquier voz crítica, ejercer como abogada sin someterse implica poner la cabeza en la guillotina. Por eso, guardar el título no fue una renuncia al Derecho, sino un cálculo instintivo de supervivencia.

En la sala terminamos la última gota de café. Afuera, el torrencial de la tarde ha cedido hasta convertirse en una llovizna fina. Antes de cruzar la puerta debemos espiar con disimulo hacia la calle, asegurándonos de que ningún vigilante ni patrulla ronde la vivienda.

Antes de partir, nos tomamos una foto juntas. Alondra vuelve a extender la bandera de Nicaragua frente a la lente. Y sonríe.