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8 de diciembre de 2018. Los cronistas describen felicidad y camaradería en el centro de conferencias de Hotel Recanto das Cataratas, en Foz de Iguazú, donde uno de los hijos del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, organizó la Cumbre Conservadora de las Américas. No es para menos: el gobierno electo del país más grande de Latinoamérica lidera un movimiento de reacción conservadora y, con los recursos que le provee esa posición, intenta agrupar a políticos y líderes sociales afines en un evento que, explícitamente, se propone como la “contracumbre” del progresista Foro de San Pablo, nacido en 1990 bajo el impulso del PT.
El Foro de San Pablo expresaba la necesidad de lidiar, al mismo tiempo, con la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington. Eran tiempos adversos para las izquierdas en la región, que buscaban reagruparse. Barajar y dar de nuevo. La Cumbre Conservadora, en cambio, es hija de vientos favorables para la derecha: se monta en el fin del ciclo progresista en buena parte de los países latinoamericanos. Con más entusiasmo que recursos, por el momento, reúne algunas figuras de la extrema derecha regional: el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el ex candidato presidencial de la derecha pinochetista chilena, José Antonio Kast, entre otros. Entre los temas de las cuatro mesas organizadas en Foz de Iguazú destaca una palabra: cultura. Es el título de uno de los paneles, pero será evocada por casi todos los expositores. La “batalla cultural” es también una preocupación de la derecha conservadora. Sus apoyos son débiles, pero la iniciativa refleja una pulsión política que la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil y el entusiasmo con que algunos políticos en la región saludaron ese proceso no hace más que corroborar.
Lo que está detrás de la disputa por la cultura no es nuevo: la agenda de la guerra fría aggiornada al fantasma del “castrochavismo”, la lucha contra el “terrorismo” y una defensa acérrima del libremercado. La novedad descansa quizá en el hecho de que ahora es la voz del presidente de Brasil quien lidera estas posiciones, amplifica y termina de dar consistencia a la reacción conservadora. A su vez, el amplio triunfo electoral de Bolsonaro, promotor de un discurso antidemocrático, de mano dura, por momentos xenófobo y ultraconservador en materia de derechos -en especial de derechos de género-, da cuenta de la existencia de amplios sectores dispuestos al menos –si no a apoyar fervientemente– a tolerar y preferir esa opción a la de un candidato de centro-izquierda de un PT ahora desprestigiado, objeto del enojo de parte del electorado.
Bolsonaro construyó su posicionamiento en torno a un rechazo de los políticos tradicionales, por “corruptos” e “incompetentes”. Se presentó así como la alternativa al ciclo del “giro a la izquierda” que, tras más de una década, había acumulado descontentos y frustraciones, pero también a una derecha tradicional, igualmente desacreditada demostrando hoy que la opción a la derecha puede ser la ultra-derecha.
Tolerancia autoritaria y reacción en materia de derechos parecen ocupar entonces más espacios en el paisaje político de nuestro tiempo. ¿Ha cambiado el clima cultural? Si Bolsonaro y sus seguidores expresan posiciones reaccionarias en relación a políticas progresistas, parte de sus votantes pueden experimentar un malestar menos ideológico pero igualmente potente en sus efectos políticos: el descontento con el funcionamiento de la democracia y con su personal político. Este malestar no en todos los casos ni en forma homogénea está asociado a posiciones conservadoras en términos valóricos, pero expresa un desapego respecto de valores democráticos que parecían haberse vuelto bienes colectivos tras el ciclo de gobiernos autoritarios que concluyeron en los años ochenta del siglo pasado.
¿En qué medida ese desapego de la democracia se encuentra extendido en la región? ¿En qué medida otras opiniones críticas respecto de las instituciones políticas y temerosas respecto de cambios societales recientes (producidos por la inmigración, por los avances en igualdad de género) tienen peso en las sociedades latinoamericanas? ¿Cuales son los desafíos “culturales” que estas tendencias plantean al campo progresista? ¿Cómo es posible, en este contexto, reconstruir consensos y, sobre todo, sumar adhesiones tomando en cuenta tales tendencias sin transigir de modo alguno con ellas, y en especial impugnando firmemente las de corte autoritario? Sin duda, el campo progresista se encuentra ante un desafío no menor. Por último, ¿cuál es, específicamente, la situación de Argentina respecto de estas cuestiones?
Para intentar lidiar con estas preguntas nos apoyamos en los datos de la reciente encuesta del Latinobarómetro (de ahora en adelante, LB)[1]. Aunque no permite responder todos los interrogantes que tenemos respecto de este clima autoritario -por ejemplo, no tiene datos relevantes sobre cuestiones de género- habilita a realizar comparaciones entre países y a tomar en cuenta evoluciones históricas en cada país. Luego de hacer algunas observaciones sobre la región, nos enfocamos en el caso argentino.
El fin de la tercera ola
Nuestro argumento es que en el actual momento que vive América latina los discursos autoritarios no sólo interpelan con éxito sentimientos de larga data de rechazo a la democracia, sino que también logran hablarle a otros, más recientes aunque no del todo nuevos, de descontento con su funcionamiento (percepciones sobre el aumento de los niveles de corrupción y de delitos comunes), así como de rechazo de cambios societales que amenazan posiciones establecidas (el crecimiento de flujos migratorios, los avances en igualdad de género). Estos descontentos y malestares tienen lugar en un contexto de dificultades económicas y sociales propias del cambio de escenario mundial, del fin del ciclo económico ascendente del boom de las commodities y del debilitamiento de los gobiernos progresistas. Tal escenario presenta un enorme desafío para la constitución de fuerzas progresistas con vocación mayoritaria.
Las actitudes autoritarias no son una novedad en América Latina. Los datos del Latinobarómetro y otras fuentes como la encuesta de LAPOP[2] muestran desde hace varios años que al menos un tercio de la población de cada país de la región adscribe a distintas posiciones autoritarias. En el caso argentino esto se verifica desde la reinstauración democrática con los apoyos a la dictadura militar desde los años 1980 y luego con corrientes afines a medidas punitivas (pena de muerte) y a formas de justicia por mano propia (linchamientos) en años reciente. En los años 1990, inclusive, partidos con fuertes vínculos con el período dictatorial lograron gobernar algunas provincias. El caso más conocido es el de Antonio Bussi en Tucumán.
Sin embargo, tanto a nivel regional como en el caso local corrientes de opinión más amplias se suman con un descontento menos ideológico pero igualmente desapegado de la democracia. Este descontento tampoco es nuevo, ya puede rastrearse en años anteriores del LB y otras encuestas similares como la ya citada de LAPOP, pero ahora parece tener más voceros públicos que lo guían hacia la derecha. Así, en la actualidad, con el fin del “giro a la izquierda” que implicó, en la mayor parte de los casos, una revalorización de la democracia y de los derechos humanos, identificamos algunos indicadores que pueden abonar a posiciones autoritarias, como la percepción de que la corrupción sigue aumentando, la persistente preocupación por el delito y una creciente xenofobia en la población. En líneas generales, los datos muestran que ese tercio de la población latinoamericana que adscribe a posiciones claramente autoritarias crece a dos tercios cuando se toman otros indicadores que dan cuenta de posiciones fácilmente capitalizables por posiciones autoritarias.
A la potencial afinidad entre estas nuevas sensibilidades disconformes y las posiciones autoritarias se suman otras malas noticias: tradicionalmente, muestra la evidencia empírica, ser joven y en cierto grado ser mujer era una suerte de “antídoto” contra el autoritarismo. Si bien todavía las evidencias no son coincidentes entre las distintas encuestas, si nos guiamos por el LB vemos que esto ha dejado de ser así desde hace algún tiempo en varios países de la región. En los promedios regionales, el grado de apoyo por género y por grupo de edad a las opiniones más autoritarias medidas por el LB son iguales al promedio. Si esto es así, públicos tradicionalmente más afines a las coaliciones progresistas parecerían acercarse a opciones alejadas de esa tradición, lo que crea a quienes quieran inscribirse en ella desafíos para las estrategias de construcción de apoyos. Una tercera dimensión central que los datos del LB no nos permiten observar es la reacción extendida hacia los avances en términos de derechos de género. Mediciones futuras podrían ayudarnos a identificar si estas posiciones se asocian con el rechazo a los migrantes y el desapego de la democracia.
En definitiva, el aumento del malestar con la democracia, por un lado, y del malestar societal en relación a grupos vistos como “peligrosos”, por el otro, crea un campo fértil para el crecimiento de las opciones electorales de extrema derecha, como ocurrió en Brasil. Frente a estas posiciones, el campo progresista parece ser hoy minoritario, lo que conduce a la necesidad de reconstruir una coalición social de apoyo cuando las tendencias percibidas son contrarias a su predicamento. No parece conducente abandonarse a la queja respecto de esa posible afinidad electiva entre desapego de la democracia, malestar societal y posiciones autoritarias. La pregunta es si es posible, a partir de identificar y comprender estas sensibilidades, hablarles políticamente y hasta moldearlas con un sentido progresista. La alternativa es transformarlas en irrecuperables, y por tanto terreno de hegemonía autoritaria.
¿Cuán importante es el apoyo a gobiernos autoritarios en América latina?
En promedio, en América latina, casi la mitad de los encuestados por LB cree que “en circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” o bien que “a la gente como uno, nos da lo mismo” un gobierno democrático o uno autoritario. La distribución de estas posiciones, que definimos como de desapego de la democracia, es desigual en la región: algunos países de Centroamérica como Honduras y El Salvador, México y Brasil son aquellos con menor apoyo a la idea de que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” y, en cambio, en donde la indiferencia respecto a esa forma de gobierno, y hasta el apoyo a opciones autoritarias, es mayor. Luego es en Paraguay y Perú donde se encuentra menor apego a la democracia. Los países del Cono Sur que vivieron más cruentas dictaduras se mantienen entre los de mayor apoyo a la democracia, junto con Bolivia, Costa Rica y Colombia. La historia reciente sigue pesando en la región a la hora de explicar por qué en algunos países las preferencias por la democracia son más amplias que en otros.
El género no parece ser una variable de peso a la hora de explicar variaciones en las preferencias democráticas. En cambio, sí existen divergencias en relación a los grupos de edad y al nivel de educación, que podemos tomar como indicador aproximado del nivel socioeconómico. Por un lado, el hecho de que el desapego de la democracia crezca a medida que decrece el nivel de educación es consistente con la existencia de sectores de las clases populares cuyos descontentos los vuelve un espacio fructífero para discursos autoritarios, o al menos poco preocupados por la democracia. Por otro lado, el apoyo a la democracia crece con los grupos de edades más avanzadas. Estas diferencias contradicen lo que solemos esperar respecto de las posiciones de los jóvenes en temas políticos y culturales, pero son consistentes con la influencia de la historia reciente al que aludimos recién. ¿Se mantiene el peso de la experiencia de las dictaduras como memoria tanto en los países que la han sufrido en carne propia como en sus pares generacionales de otras naciones? ¿Significa que estamos frente a un cambio de tendencia en el tradicional mayor apego de los valores democráticos que se solía adjudicar a las nuevas generaciones?
Isabela Kalil[3] describió para el caso de Sao Paulo algunos perfiles juveniles y modernos de ultraderecha, como los Estudantes pela Liberdade o aquellos que se autodenominan “masculinos viriles”, “Nerds, gamers, hackers y haters” o “influenciadores digitales”. Sus posiciones combinan contenidos modernos con otros claramente autoritarios. También Angela Nagle[4] en su estudio sobre la alt-right en Estados Unidos describe una nueva generación digital cuyo perfil provocador y contestatario se configuró en contra de lo “políticamente correcto”. No llegan a ser mayoritarios pero es probable que su influencia sea importante en redes digitales donde intervienen por vías discursivas novedosas, como memes, mensajes por whatsapp, Instagram, etc.
Si algo de esto existe en América Latina –y los primeros estudios sobre la campaña de Bolsonaro muestran una diferencia clara entre un discurso tradicional del PT menos audible en algunos circuitos sociales y etarios e intervenciones más episódicas, fragmentarias, con mucho uso del whatsapp de parte de Bolsonaro– es preciso incluir la dimensión comunicativa de un modo distinto a lo que vimos hasta ahora. Sin caer en un determinismo tecnológico, no es menor el hecho que la estructura binaria de las distintas plataformas que se cristaliza en opciones dicotómicas (el famoso “me gusta” o “no me gusta”), colabore en configurar reacción y rechazo en lugar de deliberación e igualitarismo. A lo que debe sumarse la lógica de circulación de la información en redes que ha sido descrita como de “barrios cerrados”, que reduce la exposición a pensamientos disonantes y por tanto refuerza permanentemente prejuicios y estereotipos[5].
Debemos estar atentos a estos datos. No, por supuesto, para sugerir a los políticos progresistas ir corriendo a contratar a nuevos gurúes de la comunicación política digital, pero sí para repensar las estrategias de construcción de consensos, tanto en sus contenidos como en relación a las formas discursivas que las nuevas tecnologías favorecen.
Las sensibilidades autoritarias también se relacionan con actitudes temerosas o abiertamente belicosas frente a otros fenómenos contemporáneos. Uno de ellos es la inmigración. Los migrantes suelen ser en los discursos autoritarios de la región portadores de diversos estigmas sociales: violencia, narcotráfico, competencia por el empleo. Son representados como amenaza a los nacionales. Según el LB, en América latina la percepción de efectos negativos de la llegada de migrantes es mayoritaria. En promedio, casi tres cuartas partes de los encuestados creen que la llegada de migrantes los perjudica. Paraguay, Uruguay y Chile son los países con posiciones más tolerantes al respecto (si bien en todos es mayoritario el juicio anti-inmigrante). Argentina está muy cerca del promedio regional y la xenofobia alcanza sus mayores proporciones en Colombia, Perú, Honduras y El Salvador. Chile es el país de la región en donde más creció la población extranjera en los últimos años. La migración venezolana ha aumentado de manera importante entre 2017 y 2018. Colombia y Ecuador, que también recibieron recientemente una importante oleada de inmigración de venezolanos, se encuentran entre los países cuya población es más temerosa frente a la llegada de inmigrantes. Esto muestra que las sociedades no siempre reaccionan de igual manera ante fenómenos similares. Se abre aquí también un terreno para la política.
Otro tópico que puede producir tanto desapego de la democracia como ser movilizado exitosamente por discursos autoritarios es la percepción sobre el aumento de la corrupción. La corrupción se ha vuelto uno de los mayores problemas públicos en la región. También es objeto de instrumentalización política y por tanto omnipresente en los discursos de descalificación del adversario. Como señala Pablo Stefanoni en un artículo reciente, la lucha anticorrupción no es sólo contra gobiernos de izquierda: “Andrés Manuel López Obrador ganó con una campaña fundamentalmente «honestista», y un reciente referéndum anticorrupción en Colombia –boicoteado por Álvaro Uribe– fue motorizado por la izquierda”[6]. Por la vía judicial y por la vía mediática, se volvió un tema de conversación del que es necesario dar cuenta. En promedio, dos terceras partes de los entrevistados en el LB creen que la corrupción aumentó durante el último año. Hay unanimidad en términos de grupos de edad y niveles de educación. La percepción de corrupción es transversal socialmente. En la relación entre percepciones sobre corrupción y sensibilidades autoritarias parecen primar dinámicas nacionales más que tendencias regionales. Por caso, El Salvador, Guatemala y Honduras, países con mayores porcentajes de desapego respecto de la democracia, tienen de las más bajas percepciones respecto del aumento de la corrupción. Venezuela, en tanto, vive al mismo tiempo una crisis de legitimidad de sus instituciones (alta percepción de corrupción) sin que eso cree desapego de la democracia.
Otros factores asociados al desapego de la democracia y a los discursos autoritarios son la preocupación por el delito, que sigue siendo muy alta en toda la región, y la convicción de que los gobiernos, del signo que sean, gobiernan sólo para las elites. En relación con la evaluación de la economía y las perspectivas futuras, por último, con diferencias entre los países, los datos también muestran el incremento de juicios negativos. En resumidas cuentas, estamos en problemas: el desapego de la democracia, la percepción de gobiernos cada vez más corruptos, la xenofobia, la preocupación por el delito y, si bien no tenemos datos aquí, las reacciones frente a los avances de género se están intensificando en la región. En este escenario, Argentina tiene algunos rasgos y desafíos particulares.
Argentina y los desafíos para una coalición progresista
Con algunos matices, las tendencias señaladas también se observan en Argentina. A modo de ejemplo, según una encuesta publicada en la revista Noticias el 7/12/2018, el 60 % de los encuestados aprueba el reciente cambio en la reglamentación en el uso de armas para las fuerzas de seguridad que conllevará mayor poder de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. En un artículo de Anfibia de 2017, escrito por Gisela Catanzaro y Ezequiel Ipar[7], se señalaba la correlación entre opciones políticas y posiciones autoritarias. Allí, se mostraba que entre los simpatizantes del presidente Mauricio Macri el apoyo a juicios autoritarios oscilaba entre el 40 y más del 60 por ciento, dependiendo de la pregunta. Una lectura complementaria de esos datos, en virtud de nuestro argumento, encontraría además que, entre un 30 y un 40 por ciento (según el tema) de quienes adherían a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) tenían posiciones similares.
En un trabajo del Observatorio Crítico de Opinión Pública (OCOP) publicado recientemente[8] con datos de LAPOP, en tanto, se muestra un fuerte incremento, entre 2007 y 2017, de la confianza en las Fuerzas Armadas y de la importancia de la religión en la conformación de las opiniones; en 2017, el 75 % de la/os entrevistado estaban algo de acuerdo o muy de acuerdo con que “las fuerzas armadas han perdido el lugar que deberían tener en nuestra sociedad”. Otros indicadores autoritarios, en relación con la opiniones sobre la policía, anti protesta social y anti inmigración también recibían valores muy altos. Esto es mucho más alto entre los votantes de Macri, pero también es importante en quienes votarían a Sergio Massa, J.M. Urtubey y, en una bastante menor medida, pero no despreciable, a CFK. A diferencia de los datos del LB, en este caso, a mayor juventud, menor apoyo a juicios de corte autoritario.
Pero la relación entre estas dos variables (edad y posiciones autoritarias) dista de ser lineal. Aunque a diferencia de otros países de la región parece haber evidencia suficiente respecto de la menor proporción de jóvenes que comparten posiciones autoritarias, se desarrolla un fenómeno de activismo juvenil intenso y sumamente movilizado que defiende posiciones claramente identificadas con la derecha conservadora. El reciente debate sobre la legalización del aborto da cuenta de ello. En una encuesta del OCOP de marzo de 2018[9] se delinea un polo contrario a los avances en derechos de género y electoralmente muy favorable a Mauricio Macri. Este polo se encontraba mucho más ideológicamente cohesionado que el polo no machista y no autoritario. Como se afirma en el informe, un dato llamativo es que los jóvenes que adherían a Macri tenían porcentajes mayores de posiciones anti aborto legal, lo que los colocaba en una tendencia opuesta a lo que sucede con los jóvenes a nivel general. Parecería entonces que esos cambios societales generan -o radicalizan- un núcleo de derecha juvenil minoritario, ciertamente, pero muy cohesionado y activo políticamente.
Otra vez, ese tercio consistente y cohesionado no parece ser ninguna novedad, aunque se active y movilice intensamente en estos tiempos. En cambio, se trata de poder hablarle a ese otro tercio, por así decirlo, cuyas preocupaciones podrían ser interpeladas por discursos autoritarios.
En el terreno de la seguridad, este desafío también es apremiante. Alejandra Otamendi muestra en sus distintos trabajos[10] que no necesariamente la preocupación por el delito se acompaña con un extremo punitivismo, que hay margen en la opinión pública para escuchar propuestas de seguridad y justicia alternativas al punitivismo. Sin embargo, como afirma la autora, faltan voceros que las encarnen.
El desafío es múltiple a la hora de pensar una estrategia de construcción de consensos progresistas desde una posición de minoría. Más aún cuando en tiempos de crisis económica afloran tópicos sociales que se superponen a clivajes económicos. En primer lugar, es necesario reflexionar cómo tomar en consideración las tendencias observadas sin transigir con ellas y, en ciertos casos, buscar los modos para combatirlas abiertamente. Al mismo tiempo, desde el campo progresista es posible reconfigurar respuestas no autoritarias a muchas de esas preocupaciones.
En ese paisaje, hay algunos temas insoslayables: uno es la corrupción, tema sobre el que ya es tiempo de elaborar discursos contundentes aunque no cándidos, que identifiquen el problema y sus consecuencias para cualquier gobierno progresista. El otro la seguridad, tema en el que todavía no se ha logrado hacer pie con propuestas que, sin ceder al punitivismo simplificador, puedan dar cuenta de la experiencia de desprotección de vastos sectores sociales, incluidos los sectores populares, fuente de apoyo electoral y de interpelación de las opciones progresistas.
Dar cuenta de estas cuestiones no implica renunciar a intentar proponer clivajes electorales alejados de la zona de confort de las opciones autoritarias, que como vimos en el caso de Brasil encuentran allí terreno fértil para su crecimiento. Los modelos de desarrollo, las formas de crear una sociedad más inclusiva, erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad siguen siendo temas urgentes. En el peso gravitatorio que adquiera una u otra agenda se juega parte de la disputa política de 2019. Pero la agenda no es nunca un asunto unilateral, y los procesos sociales crean permanentes desafíos a una vida política a la que cada vez se le exige más aunque no siempre cuente con los recursos (materiales y simbólicos) para estar a la altura de tales demandas.
[1] Se pueden consultar los resultados en http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
[2] La encuesta de LAPOP 2016-2017, realizada por la Vanderbilt University, también muestra un paulatino debilitamiento del apoyo a la democracia. Puede consultarse en https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/
[3]ver https://www.valor.com.br/politica/5953221/apoiadores-de-bolsonaro-enxergam-diferentes-versoes-do-candidato
[4]Angela Nagle, Kill all Normies, The online culture war from Tlumbr and 4chan to the Alt-Right and Trump, Washington, Zero Books, 2017.
[5] Como lo han mostrado Ernesto Calvo y Natalia Aruguete en diferentes trabajos. Cf. por ejemplo E. Calvo y N. Aruguete, “#Tarifazo. Medios tradicionales y fusión de agenda en redes sociales”, Inmediaciones de la comunicación, Vol. 13, Núm. 1, 2018.
[6] http://nuso.org/media/articles/downloads/COY_Stefanoni_278.pdf
[7] http://stage.revistaanfibia.com/ensayo/nueva-derecha-autoritarismo-social/
[8] http://www.centrocultural.coop/noticias/bolsonaro-llego-hace-rato
[9] http://www.centrocultural.coop/blogs/ocop/2018/09/campo-ideologico-y-campo-politico-proposito-de-la-cuestion-de-genero-y-la
[10] http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/1568/holo21_vii_p155_174.pdf