Brasil llega al balotaje del 25 de octubre en un empate técnico y con una campaña que se juega mucho más allá de los dos candidatos, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En el debate televisivo del domingo 18, Lula acusó a la familia Bolsonaro de estar subordinada a los intereses estadounidenses. Donald Trump, por su parte, no oculta su apoyo a Flávio y, desde hace más de un año, su gobierno interviene de manera activa y por múltiples vías para condicionar el resultado. Es una elección asediada. Por eso, el domingo se abrirá un escenario que será también una medida de cuánto puede incidir el “complejo intervencionista” de Washington en la política interna de los países latinoamericanos.
En el camino a la segunda vuelta, las nuevas formas del intervencionismo estadounidense siguieron abriendo fases. En sus declaraciones del 6 de octubre, Donald Trump celebró el resultado electoral y, desde su red Truth Social, intervino directamente, descalificando a Lula y asociando el triunfo con el avance del movimiento MAGA. La novedad de la denostación pública del candidato rival se suma al conjunto de acciones injerencistas. La avanzada del “complejo intervencionista” entra, de este modo, en una etapa más visible y directa, con nuevos contornos, calibres y movidas.
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Desde julio de 2025, Brasil se ha convertido en un laboratorio notable de las nuevas formas de intervención de Estados Unidos en América Latina. En esta trama han participado la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Oficina del Representante Comercial (USTR), el Tesoro, diplomáticos, legisladores, empresas tecnológicas, plataformas digitales, redes transnacionales reaccionarias y actores cercanos a Flávio Bolsonaro, el candidato favorecido.
La intervención es evidente. Aunque en un principio Washington evitó mostrarse abiertamente anti-Lula, desplegó por distintas vías una presión sostenida destinada a impedir su reelección. Aranceles, sanciones, restricciones de visas, campaña contra el poder judicial, regulación de plataformas, manejo de algoritmos, financiamiento a organizaciones políticas y hasta control de infraestructura electoral componen esta avanzada masiva.
La búsqueda de influencia de Washington sobre las elecciones de países latinoamericanos tiene una larga trayectoria. La novedad reside en la multiplicación de los puntos de entrada. La intervención se desarrolla mediante una combinación de acciones de distinto calibre y escala que incide —más allá del gobierno de otro Estado— sobre mercados, elites, jueces, plataformas, redes políticas, comunicadores, think-tanks, ONGs, tecnologías y las condiciones mismas en que los ciudadanos brasileños forman sus preferencias.
Por eso, y a modo de aproximación preliminar, creemos conveniente subrayar la presencia de lo que denominamos un “complejo intervencionista”. La expresión “complejo”, según el Diccionario de la Real Academia Española designa un “conjunto de dos o más cosas”. En este caso, intervencionista alude a un repertorio que incluye la intervención —en su acepción predominante-, la influencia, la coerción, el recurso a proxies (delegados o sustitutos) y distintas formas de perforación de la soberanía. Así, asumimos que el “complejo intervencionista” es la manifestación de una dinámica de largo plazo que caracteriza la política exterior continental de Estados Unidos que se compone de un mix de herramientas y recursos para la injerencia en los asuntos domésticos y, al mismo tiempo, para el refuerzo de la dominación estadounidense en la región.
A diferencia del intervencionismo de los años setenta, este complejo contemporáneo surge de la convergencia de élites políticas, empresariales, militares e ideológicas —con sus principales nodos en Washington, Silicon Valley, Wall Street y Florida—. La circulación de estas élites entre posiciones de poder, instituciones, redes e intereses comunes contribuye a articular un entramado en el que las fronteras entre Estado, mercado, tecnología y seguridad se vuelven cada vez más difusas. El fenómeno, además, no se agota en las élites estadounidenses: también involucra a sectores de las élites de los países que son objeto de intervención, cuya participación resulta central para la configuración de estas redes de poder. En la mayoría de las intervenciones, hay principalmente factores y fuerzas que la “empujan” y, complementariamente, fenómenos y actores que la “atraen”.
Como señalan Adler-Nissen y Liebetrau (2026), las grandes empresas tecnológicas desempeñan hoy un papel diplomático que excede la tradicional “diplomacia de firmas” planteada por Susan Strange (1992). Algunas han adquirido una posición de interlocución global que las lleva a participar en la creación de normas, intervenir en debates sobre seguridad y gobernanza y establecer relaciones directas con gobiernos y organismos internacionales. Su poder diplomático se apoya, además, en el control de infraestructuras —nubes, plataformas, datos, cables, satélites, sistemas operativos y algoritmos— que condicionan las capacidades estatales. De allí surge una forma de diplomacia infraestructural: empresas que intervienen en la definición de qué actores pueden actuar, qué información circula, qué problemas adquieren relevancia y cuáles encubrir, y qué futuros resultan imaginables.
La intervención propiamente dicha busca incidir sobre decisiones que pertenecen al ámbito autónomo de otro Estado. Esto no excluye lo militar: en Venezuela se ensayó una intervención militar con el propósito de establecer un neo-protectorado; las Fuerzas Especiales de Estados Unidos participan en asuntos de seguridad interna de Ecuador; y la operación Lanza del Sur vulnera la soberanía marítima de países del Pacífico y del Caribe mediante ejecuciones extra-judiciales a más de 230 "narcolancheros". En otros casos, la intervención asume formas estrictamente políticas, incluso la que podría llamarse “premio por alineamiento”, como en la Argentina, donde el US Department of the Treasury realizó un rescate financiero durante las elecciones legislativas de 2025 que favoreció al gobierno de Javier Milei. Por su parte, la influencia intenta modificar preferencias, la coerción altera los costos de las decisiones y la perforación de soberanía opera en un nivel más profundo, pues impacta sobre las estructuras que producen esas decisiones.
La intervención, un clásico
La intervención es un rasgo persistente y recurrente de la política mundial, y su ejercicio por parte de las grandes potencias ha sido habitual. A lo largo de la historia, la mayor atención académica, política y diplomática se ha enfocado en el uso de la fuerza al evaluar el comportamiento del actor interventor y el resultado de ese acto. Esa es su manifestación más expresiva, visible e implacable. Sin embargo, siempre ha coexistido con formas adicionales de injerencia menos conspicuas, mediamente rudas y más confusas. Por ejemplo, y entre otras, la presión y el chantaje diplomático, las operaciones encubiertas, las amenazas y la aplicación de sanciones económicas, el uso de un tercero para provocar una crisis eventualmente militar, la inducción de un cambio régimen mediante el soporte a ciertas élites y actores influyentes y la promoción del aislamiento regional para facilitar, en alguna coyuntura propicia, un ataque armado o invasión temporal.
En la década del setenta, en especial, el intervencionismo de Estados Unidos en Suramérica fue notable. Washington usó un arsenal de medios y recursos para frenar el “avance del comunismo” en la región. Salvo por los procesos electorales que ocurrían en el vértice del arco andino —Colombia y Venezuela—, en el resto de América del Sur se impusieron regímenes militares, con el empuje y aporte abierto o clandestino de Estados Unidos. El dúo Nixon-Kissinger fue clave para la promoción y validación interna de golpes de Estado en el exterior. Desde el lado del intervenido, los militares no se opusieron y, en los hechos, accedieron a “erradicar el comunismo” local en el marco de lo que ya se decía por entonces, “la defensa de Occidente”.
Cada intervención tiene aspectos clave, vinculados al lugar de los valores y de los intereses. Fue -y es- usual que Washington invoque argumentos que recurren a los ideales estadounidenses (como la salvaguarda de la libertad y la democracia) para justificar intervenciones directas o indirectas en el área. También ha sido—y es—común que los críticos subrayen el rol de los factores materiales como motores del despliegue interventor. Altruismo e instrumentalidad se han citado para abordar el tema. En realidad, el acento, visto desde la perspectiva del intervenido, se debe localizar en el plano estratégico: las razones de fondo del que interviene, el alcance de su conducta, y los imperativos y propósitos centrales de su acción en el marco de escenarios de competencia entre actores poderosos. No se debe confundir el pretexto para intervenir con la grand stategy (gran estrategia) que revela, en cada momento histórico, el impulso interventor y su rol en la política exterior y de defensa.
A su vez, a pesar de un evidente y activo alineamiento anti-comunista de los gobiernos militares de Suramérica con Estados Unidos, esto no significó que hubiera armonía o cercanía entre los países de la región. Las rivalidades geopolíticas tradicionales —como la existente entre la Argentina y Brasil— y las disputas territoriales —como la de la Argentina y Chile— no solo subsistieron, sino que se agudizaron. Washington consolidó su control e influencia sobre el área, pero esto no garantizó concordia ni estabilidad, como tampoco prosperidad individual o colectiva.
Hay dos modos en los que Estados Unidos ha configurado al “otro” en tanto objeto de intervención. Por un lado, la percepción de aquel en tanto enemigo. Por el otro, la mirada de ese otro en tanto dependiente. En ambos casos, para legitimar en el plano doméstico la intervención en el exterior. En lo referente a América Latina, las naciones individualmente o en conjunto, no ha significado nunca una amenaza existencial: no ha habido ni hay enemigos de Washington en la región. La imagen que prevalece de Latinoamérica es la del dependiente: por lo tanto, sus países deben ser guiados, advertidos y, de ser necesario, tutelados. Esta mirada de la región se ha enraizado entre los tomadores de decisión y entre el público; esto facilitó el periódico recurso a la intervención por parte de las administraciones estadounidenses.
El gobierno de Donald Trump no inaugura un modo de injerencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos, le da una modalidad e intensidad recargadas que exacerba aquello que fue rutinario hace medio siglo.
Una elección bajo asedio
El 18 de julio de 2025, el gobierno de Trump abrió una ofensiva contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil con un propósito explícito: influir en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, acusado de encabezar una trama golpista para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022. Ese día, horas después de que el STF ordenara allanamientos, tobillera electrónica y restricciones contra el expresidente, Marco Rubio anunció la revocación de las visas del juez Alexandre de Moraes, de “aliados” suyos en el tribunal y de sus familiares, y calificó el proceso de “caza de brujas política”. Rubio lo justificó además como respuesta a una supuesta censura que alcanzaba a estadounidenses. Días antes, Trump había amenazado con un arancel del 50% a Brasil por el proceso. El 30 de julio, el Tesoro aplicó contra Moraes la Ley Magnitsky de 2012 en el marco de lo que se conoce como el “Programa de Sanciones Globales Magnitsky”. Se trata de un instrumento diseñado para sancionar a funcionarios extranjeros acusados de graves violaciones de derechos humanos o corrupción, y cuyo efecto es bloquear los bienes del sancionado en Estados Unidos y prohibir operar con empresas o tarjetas de ese país. Legisladores estadounidenses, incluido Jim McGovern —coautor de la ley—, objetaron que se usara contra un juez que defendía las instituciones democráticas.
Esa presión no logró torcer, sin embargo, el rumbo del juicio. El 11 de septiembre de 2025, la Primera Sala del STF condenó a Bolsonaro, por 4 votos a 1, por organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido, y lo sentenció a 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado. Las sanciones a Moraes se levantaron el 12 de diciembre de 2025, tras casi cinco meses de vigencia, en el marco de lo que, por entonces, se interpretaba como un paulatino acercamiento entre Trump y Lula: se habían reunido por primera vez en Malasia en octubre y siguieron negociando por teléfono. The Washington Post sostuvo que Washington concluyó que la medida ya no servía a sus intereses de política exterior.
Sin embargo, la presión sobre el poder judicial tomó nuevas formas. Una investigación de The Guardian reveló que la administración Trump usó más de 175 millones de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado para intervención en asuntos internos en distintos países. Entre las subvenciones analizadas figuraba una de 1 millón de dólares para financiar organizaciones de la sociedad civil brasileñas que hicieran campaña contra el STF, bajo el argumento de combatir el lawfare y la censura judicial. El trumpismo extendía así su ofensiva contra el STF hacia una estrategia más amplia de cuestionamiento de las instituciones democráticas brasileñas.
De la coerción al chantaje
Junto a la coerción diplomática, el gobierno de Trump desplegó una vía de chantaje económico-comercial. El 15 de julio de 2025, por instrucción de Trump, la Oficina del Representante Comercial (USTR) abrió una investigación bajo la Section 301, la norma que permite a Washington investigar y castigar prácticas comerciales extranjeras que considera desleales. Cubría comercio digital y pagos electrónicos, aranceles preferenciales, anticorrupción, propiedad intelectual, etanol y deforestación. El 1 de junio de 2026 concluyó que Brasil tenía políticas que eran “no razonables” en esos campos y colocó entre ellas al Pix, el sistema de pagos instantáneos que el Banco Central brasileño lanzó en 2020, gratuito para las personas y con comisiones para los comercios. El argumento fue que el Banco Central, regulador y operador a la vez, desfavorecía a las empresas estadounidenses de pagos para favorecer al Pix. La USTR habló de “empresas estadounidenses” y citó el caso de WhatsApp Pay (Meta), cuyo lanzamiento el Banco Central demoró en 2020 —y aunque no fueron mencionadas, otras de las empresas “afectadas” son Visa y Mastercard—.
El argumento de la USTR era que los tribunales brasileños emitieron órdenes secretas, con prohibición de informar a los afectados, para retirar contenido político y suspender perfiles de residentes en Estados Unidos, a veces con alcance global. El incumplimiento se sancionó con multas, restricciones de cuentas y medios de pago y, en un caso, con el bloqueo total de un sitio: el de Rumble, plataforma de videos popular entre los conservadores estadounidenses. El caso nació en el proceso contra el blogger bolsonarista Allan dos Santos, prófugo de la justicia brasileña y residente en Estados Unidos desde 2020. Moraes ordenó a Rumble eliminar sus cuentas y nombrar un representante legal en Brasil, requisito para operar en el país. La empresa se negó, sosteniendo que, al tener sede en Florida, no debía responder ante tribunales brasileños, y que las órdenes violaban la libertad de expresión protegida por la ley estadounidense. Tras un plazo de 48 horas sin respuesta, Moraes suspendió Rumble en todo el territorio brasileño el 21 de febrero de 2025. Dos días antes, Rumble y Trump Media, la empresa de Trump dueña de Truth Social, habían demandado a Moraes ante un tribunal de Florida, y la justicia estadounidense rechazó su pedido de medida cautelar el 25 de febrero. Rumble sigue suspendida y el litigio continúa.
En paralelo, el 20 de julio de 2026 la USTR formalizó, por instrucción presidencial, un arancel adicional del 25% sobre la mayoría de los bienes brasileños, vigente desde el 22 de julio y acumulable con los derechos ya existentes. Excluyendo, entre otros, bienes sujetos a aranceles de la Section 232, aeronaves civiles y partes, e insumos farmacéuticos, y la lista de exenciones se amplió respecto de la propuesta de junio. Su finalidad declarada era lograr que Brasil elimine las prácticas consideradas “ilegítimas”. La realidad es que el arancel, lejos de buscar proteger a la industria estadounidense frente a una importación, sirvió como chantaje a Brasil para que cambie su regulación de su sistema de pagos electrónico, sus sentencias judiciales sobre plataformas tecnológicas y sus políticas de aranceles preferenciales, acceso al etanol y propiedad intelectual.
La nueva frontera algorítmica: la interferencia camuflada
El 16 de agosto de 2026, al comenzar el período electoral, la plataforma X del empresario de Silicon Valley, Elon Musk, publicó una nueva versión de su sistema de recomendaciones con un filtro creado para las elecciones brasileñas, el “Brazil2026ElectionFilter”. Este nuevo filtro cumplía con la Resolución 23.610/2019 del Tribunal Superior Electoral (TSE), que obliga a las plataformas a excluir de las recomendaciones las cuentas oficiales de candidatos registradas ante la Justicia Electoral y sus publicaciones. Ese mismo día, la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah B. Rogers, respondió en X a la publicación de la empresa, elogiando la transparencia algorítmica y dijo que ésta dejaba al descubierto la “censura impuesta por Brasil”. Esta disputa en torno a las plataformas, además, está atada al chantaje económico-comercial: la propia USTR incluyó las órdenes judiciales brasileñas sobre plataformas estadounidenses dentro de la investigación Section 301 y criticó el bloqueo judicial brasileño de la red X entre agosto y octubre de 2024 y la suspensión de la red Rumble en febrero de 2025.
El 27 de agosto, a pedido del equipo de campaña de Lula, el ministro del TSE André Mendonça intimó a la plataforma X a explicar el filtro en 24 horas. El equipo de campaña de Lula sostuvo que el código cubría 665 cuentas y que, al cruzarlo con el registro oficial, otras 1.559 cuentas de candidaturas quedaban fuera, por lo que algunos perfiles dejaban de recomendarse y otros seguían amplificados. Mendonça advirtió que la aplicación selectiva, de confirmarse, podría generar una “asimetría relevante” en la circulación de contenidos electorales. Ordenó además que X mantuviera el filtro sincronizado con la base oficial y preservara códigos, versiones, listas y registros para una eventual auditoría. No concedió, sin embargo, la medida cautelar solicitada.
Esta segunda capa es más difícil de detectar porque adopta formas indirectas y camufladas de interferencia electoral, vinculadas con la disputa por el control de las infraestructuras que organizan la circulación de información, donde las plataformas digitales se convierten en uno de los principales puntos de fricción. Esta dinámica se apalanca en el comportamiento opaco de los algoritmos en redes como TikTok e Instagram —sumado a episodios como la restricción y posterior reactivación temporal que hizo Meta sobre la cuenta de anuncios y la página de Facebook de la campaña de Lula a pocos días de la votación—: según un estudio de HypeAuditor, aunque Lula contaba con una base de seguidores significativamente mayor (superando a su rival por 3,5 millones en Instagram y duplicándolo en TikTok), Flávio Bolsonaro logró multiplicar la circulación de sus contenidos, alcanzando en TikTok vídeos con hasta 4,7 veces más visualizaciones que los del presidente brasileño y promediando en Instagram cerca de 150 mil me gusta y 10 mil comentarios por publicación, frente a los 50 mil me gusta y 4,3 mil comentarios de Lula. Estos datos abren una pregunta que resulta central para este tipo de interferencia: ¿quiénes y mediante qué mecanismos motorizan la circulación de los contenidos de cada candidato?
El conflicto con la empresa Meta —dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp— escaló en la segunda vuelta electoral. El 14 de octubre, la campaña de Lula denunció ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) restricciones a la difusión de sus contenidos y trato desigual en las recomendaciones algorítmicas de Meta AI. El 16 de octubre, una investigación de Folha de Sao Paulo documentó una interrupción de casi 24 horas en la promoción de publicaciones de Lula en Instagram. El equipo de campaña estimó una pérdida potencial de alcance de más de un millón de usuarios. Aunque Meta atribuyó los episodios a errores técnicos, una orden judicial del TSE instó a garantizar la igualdad de trato entre las candidaturas, y fijó una multa diaria. A días de la elección, el equipo de campaña de Lula presentó denuncias ante la Policía Federal, la Fiscalía y la ONU, y pidió que se conservaran los mensajes internos y los datos de Meta que pudieran servir como prueba en la investigación.
En este punto es posible señalar una diferencia con las formas tradicionales de las operaciones electorales de Washington. Durante buena parte del siglo XX, estas recurrieron al financiamiento de actores, la difusión de propaganda, la compra de espacios en medios y el apoyo a organizaciones políticas. En el presente, esas modalidades conviven con formas más subrepticias de intervención, dirigidas hacia las infraestructuras que deciden qué información circula, a quién llega y con qué intensidad. La controversia alrededor del algoritmo de X es significativa precisamente por eso. Cuando Washington cuestiona las reglas brasileñas sobre los algoritmos de recomendación, pone en entredicho la autoridad soberana de Brasil para establecer las condiciones de circulación de la información política en su territorio. Bajo el paraguas de la “libertad de expresión”, el ejecutivo estadounidense intenta modificar con el algoritmo el universo de mensajes con los que los ciudadanos brasileños interactúan.
La intervención electoral a cielo abierto
La relación entre Trump y la familia Bolsonaro ha sido el puente explícito para incidir en el futuro político-electoral de Brasil. El 26 de mayo de 2026, Flávio Bolsonaro se reunió con Trump en el Despacho Oval y le pidió declarar terroristas al PCC y al Comando Vermelho. Dos días después, el 28 de mayo, el Departamento de Estado designó a ambos como terroristas globales y anunció su designación como organizaciones terroristas extranjeras desde el 5 de junio. Washington sabía que esta determinación sería rechazada por Brasilia, dado que para Brasil era (y es) un tema sensible para evitar abrir una Caja de Pandora de operaciones de algún tipo.
El 1 de junio de 2026 Trump nominó a un cruzado de Marco Rubio —claramente enemistado con el gobierno de Lula—como embajador a Daniel Perez, exponente del movimiento Make America Great Again (MAGA), de 38 años en ese momento, abogado republicano, hijo de inmigrantes cubanos, nacido en Nueva York y criado en Florida. Presidía la Cámara de Representantes de Florida desde 2024, es aliado del movimiento MAGA y cercano a Rubio, y no tiene carrera diplomática ni vínculos previos con Brasil. Su nombre se hizo público antes de pedir el agrément, a contramano de la práctica diplomática.
En su audiencia del 16 de julio dijo que Brasil enfrenta “desafíos de seguridad reales” por el crimen transnacional organizado, advirtió sobre la influencia de potencias extranjeras sin nombrar a China, y prometió defender elecciones libres, libertad de prensa y de expresión. El 4 de agosto Washington revocó la visa de la embajadora brasileña, Maria Luiza Viotti, alegando la demora del agrément, y el 7 de agosto el Senado estadounidense confirmó a Perez en una votación muy pareja —algo infrecuente para estos casos— por 51 votos a 47. El desenlace sigue abierto. Lula indicó que solo concedería el agrément después de las elecciones de octubre. El Departamento de Estado inició igualmente los trámites para su llegada, y Perez renunció a su banca en Florida el 21 de agosto. Esta trama es elocuente en sí misma: expone el intento de Washington de imponer un embajador injerencista aún pese a las reticencias del país receptor.
Otro episodio se añadió a los anteriores. El 20 de julio, el gobierno de Brasil se anotició que el Departamento de Estado había pedido visas para dos funcionarios, formalmente para discutir “libertad de expresión relacionada con las elecciones”. Riley Barnes y Samuel Samson planeaban visitar Brasilia entre el 27 y el 30 de julio, e Itamaraty les negó las visas. Según The Washington Post, la intención era elaborar un informe que deslegitimara el voto electrónico brasileño, algo que el Departamento de Estado rechazó. Dos meses después, el 28 de septiembre, los senadores demócratas Jeanne Shaheen, Tim Kaine y Peter Welch dirigieron una carta a Marco Rubio en la que denunciaron una “campaña de interferencia y desestabilización” en Brasil y alertaron sobre el uso de aranceles y sanciones para presionar al Poder Judicial y las presiones diplomáticas y políticas desplegadas antes de las elecciones.
Toda esta secuencia ocurrió mientras Brasil se encaminaba hacia una elección cada vez más polarizada y, en paralelo, comenzaba a consolidarse en el país una red transnacional de financiamiento y articulación política de carácter reaccionario en apoyo al bolsonarismo. La trama trascendió las fronteras estadounidenses al incorporar a la Argentina como proxy: el 29 de junio, Flávio Bolsonaro había sido recibido por Milei en la residencia presidencial de Olivos, donde el mandatario argentino expresó públicamente su respaldo y escribió que “se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro”. Menos de un mes después, Milei viajó a Brasil para participar del lanzamiento de su candidatura e insultar a Lula. En ese sentido, Milei encarna el caso del proxy que, con su accionar, refuerza el empeño intervencionista de Estados Unidos. En su caso, básicamente por convicción: contra el presidente “comunista”, Lula. Aunque no se debe descartar la conveniencia: de triunfar Bolsonaro en la segunda vuelta, Milei quedará a la espera de alguna recompensa de Trump por el favor hecho. Milei siempre apunta a Washington antes que a cualquier otro centro de poder en el mundo.
Paralelamente, y según una investigación periodística, la Rockbridge Network, red internacional cofundada por el vicepresidente estadounidense J. D. Vance, comenzó a instalarse en Brasil en mayo de 2026, aunque el proceso se interrumpió con el avance del calendario electoral. En ese marco, dos empresarios vinculados a la red asesoraron a Flávio Bolsonaro sobre infraestructura de inteligencia artificial. Un documento dirigido al candidato proponía la creación de un Consejo de Tecnología integrado por 19 extranjeros y cuatro brasileños, con el objetivo de articular a empresarios locales con Estados Unidos en la disputa tecnológica con China. Los documentos citados por el periódico sugieren, además, que la iniciativa combinaba la cooperación empresarial y tecnológica con una dimensión explícita de apoyo político y electoral.
La avanzada del “complejo intervencionista”
El análisis del caso brasileño permite formular una hipótesis más amplia. La intervención contemporánea no se asemeja exactamente a la intervención clásica de la Guerra Fría. Puede desplegarse sin recurrir a un golpe de Estado, una invasión, una operación clandestina o el financiamiento directo de una campaña. Puede consistir en una sucesión de presiones aparentemente desconectadas que, acumuladas, alteran el espacio de decisión de otro país. Un arancel modifica los costos económicos; una sanción, los costos financieros; una visa, los costos diplomáticos; una disputa judicial, las reglas de las plataformas; una red tecnológica, las capacidades de determinados actores; un algoritmo, la circulación de información; y una red política transnacional reaccionaria, los recursos disponibles para una campaña.
En el presente, el problema de la intervención es más delicado e inquietante que antaño porque las fronteras entre Estado, empresas tecnológicas y actores políticos son cada vez menos nítidas. En esa disputa aparecen plataformas estadounidenses, empresarios tecnológicos, redes transnacionales reaccionarias y funcionarios de Washington compartiendo un mismo ecosistema. La cuestión central excede lo que Trump o su gobierno dicen o declaran sobre una elección y alcanza a quienes controlan los nodos por los que circula la conversación pública. El poder ya no reside únicamente en la capacidad de emitir mensajes, sino también en la capacidad de intervenir sobre las infraestructuras que determinan su alcance y visibilidad.
En Brasil —y también en otros países de América Latina—, Estados Unidos ha intentado presionar a los gobiernos para modificar determinadas políticas y, al mismo tiempo, ha procurado, a través de este “complejo intervencionista”, alterar las condiciones comerciales, regulatorias, tecnológicas, judiciales, informacionales y políticas en las que se toman las decisiones. La cuestión, entonces, no es probar judicialmente si hubo injerencia estadounidense en la elección brasileña ni establecer una relación causal directa entre una acción externa y un resultado electoral. La pregunta clave es otra: ¿cuánto de la soberanía en democracia permanece intacto cuando actores externos pueden intervenir simultáneamente sobre el sistema político, los mercados, las plataformas, las tecnologías, los sistemas de información y los procesos de decisión? La soberanía puede sobrevivir formal y jurídicamente mientras es perforada materialmente desde afuera. Un Estado puede conservar sus fronteras, sus instituciones y sus elecciones y, sin embargo, tener cada vez menos control sobre las condiciones bajo las cuales esas instituciones funcionan.
Estados Unidos ha retomado una práctica intervencionista que se expresa hoy a través de un amplio repertorio de modalidades de injerencia. Un nuevo dúo—Trump-Rubio—asume el papel de validar domésticamente y multiplicar regionalmente el repertorio de acciones coercitivas para avanzar en su proyecto histórico de establecer su esfera de influencia en la región, cuyos antecedentes se remontan a la Doctrina Monroe y cuya realización nunca llegó a completarse plenamente. Encuentra, para ello, poca reacción política opositora y alto respaldo militar en Washington. A su vez, una América Latina fragmentada en medio de un avance notorio de las ultraderechas nacionales, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, conciente tácita o expresamente la intervención. El impulso del interventor no parece encontrar en la actualidad resistencias significativas entre los intervenidos.
La elección de Brasil tiene un impacto en toda América Latina y nos coloca ante una encrucijada: o Washington avanza en su idea de un “Imperio Continental” —proclamada en un discurso de Marco Rubio—, o Brasil logra un efecto demostración que pruebe que el avance del complejo intervencionista puede ser contenido. Lo que está en juego es la soberanía democrática en todas sus dimensiones: no puede haber democracia posible sin soberanía. Si triunfara Bolsonaro, habrá que ver si el liderazgo político y militar brasileño decide sumarse al Escudo de las Américas, un plan que excede el combate contra el llamado “narcoterrorismo” y constituye un designio integral para afirmar el dominio estadounidense en la región y reversar la proyección de China. De ocurrir, Trump habría logrado disciplinar y alinear a buena parte de América Latina, incluidas Argentina y Brasil, algo impensado a comienzos del siglo XXI. Un triunfo de Lula, en cambio, podría expresar una coraza frente a Trump y el auge de la ultraderecha latinoamericana.