Norma iba en el 152 atravesando avenida Santa Fe un invierno de hace 12 años. Recién llegaba de Bogotá. Recuerda el clima porque todas las ventanas estaban cerradas y el aire encapsulado la asfixiaba. Una señora mayor estaba de espaldas a la dirección del bondi (Norma dice bondi, su lenguaje hoy es una mezcla de lo que conserva de la ciudad que dejó, y de lo que se le ha pegado en Buenos Aires, su otra ciudad) y una chica, sentada frente a ella, habló en voz alta. Norma identificó el acento al instante: era colombiana, ella y todo el colectivo la escucharon. En especial la señora mayor que le gritó “¡andate a tu país!”. Desde ahí Norma decidió que no hablaría en el transporte público.
Eran épocas de una fuerte migración colombiana en Buenos Aires, en su mayoría jóvenes que venían a estudiar. Allá, como en Chile, la educación es sólo para los privilegiados. Por esas épocas en Clarín eran comunes los títulos que vinculaban a los colombianos con delitos. <<”Los Internacionales”: la banda de colombianos que roba y se despliega por el país>>, decía uno de ellos.
La discriminación y la xenofobia en este país están en el aire, naturalizadas. Algunas personas creen que las raíces europeas que dicen tener les dan el derecho de hablar así, de definir quién es blanco o no. Es el meme vivo de la serie Padre de familia con la paleta de color para determinar quién es quién. Blanca, morocha o negra. También negra de mierda o negro cabeza. El negro acá es un insulto.
Ese vaho invisible que recorre las calles desde hace tanto tomó forma en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 del gobierno de Milei, publicado el último jueves 29 de mayo. Los prejuicios base de esta discriminación sirvieron como argumento para reformar cuatro leyes y quitar derechos. Milei y los gobiernos de derecha necesitan un chivo expiatorio y lxs migrantes somos el blanco perfecto. Nuestra existencia se mide por lo que “quitamos”, no por lo que sumamos. Que es bastante.
Efectos legales para la discrecionalidad y el autoritarismo
Sin respetar los canales legislativos, sin sustento empírico verificable y al margen de cualquier contexto que justifique su urgencia, este Gobierno modificó por decreto el andamiaje jurídico que garantiza derechos a la población migrante. El DNU reconfigura el marco legal de forma regresiva, inconstitucional y profundamente antidemocrática. En sus más de 30 páginas se caracteriza al migrante como amenaza, como sospecha y como un riesgo a contener, instalando un nuevo paradigma donde el control prima sobre el derecho, y la desconfianza reemplaza a la hospitalidad con la frialdad burocrática de un documento técnico.
La precuela de esta reforma fue un proceso deliberado y colectivo. La Ley de Migraciones Argentina, considerada una de las más garantistas de la región, fue el resultado de un debate democrático que se extendió por más de tres años en el Congreso. Participaron voces diversas y muchas veces disonantes: organizaciones de personas migrantes, sindicatos, universidades, colectivos de derechos humanos, sectores religiosos —entre ellos, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio—, académicos y referentes sociales. Fue una construcción política con base en el consenso y la escucha. Una arquitectura legal que entendía la migración no como una amenaza, sino como un derecho humano.
Para la modificación no hubo datos serios, ni urgencia real. Solo prejuicios, falacias vestidas de estadísticas, y una hipótesis de caos futuro como excusa para desarmar derechos presentes. Y no sólo cambió la Ley de Migraciones (25.871). También intervino sobre pilares estructurales del entramado legal argentino: la Ley de Ciudadanía (346), la Ley de Educación Nacional (26.206) y la Ley de Educación Superior (24.521). Cuatro leyes nacionales afectadas de un plumazo. No se trató solo de un cambio normativo. Fue un acto de poder que eligió un nuevo enemigo interno con acento extranjero.
Así, y con la lógica del “con la mía no”, el acceso a derechos en condiciones de igualdad comienza a resquebrajarse. Se reescriben normativas y narrativas que creíamos superadas, como si el pasado volviera a golpear la puerta.
Para Raisha Correa, abogada e investigadora peruana radicada en Buenos Aires desde hace tres años, miembro del Equipo de Investigación Política (EdIPo), este giro no es una sorpresa. “Siempre hubo discursos antiinmigrantes en distintos momentos y ámbitos”, dice. Pero algo se intensificó. El viraje, afirma, comenzó a tomar fuerza con el efecto espejo de las elecciones en Estados Unidos. El gobierno argentino, entusiasmado con la eficacia discursiva de Donald Trump, encontró en el rechazo al migrante un recurso político útil. Desde entonces, un clima de hostilidad se instaló en el debate público, sobre todo hacia personas migrantes provenientes de países limítrofes. La estigmatización y la criminalización no sólo se volvieron frecuentes, sino que encontraron formas cada vez más sofisticadas de legitimación social y en el DNU se muestra un guiño a las políticas migratorias del norte global.
Raisha ha seguido de cerca estos procesos. En sus investigaciones identificó redes digitales en Argentina que difunden noticias falsas y discursos de odio que refuerzan una narrativa antiinmigrante. Estas plataformas operan como cajas de resonancia: sus discursos terminan recogidos por ciertos partidos políticos que los incorporan a sus agendas, amplificando miedos en torno al gasto público, la inseguridad o una supuesta amenaza cultural por parte del migrante. “El cambio normativo no es casual —advierte—. Es posible porque hay un discurso que lo respalda y una sociedad que lo avala”.
Según el censo de 2022, 1.933.463 personas nacidas en otro país viven en Argentina. Apenas el 4,2% de la población total. El equivalente a 22 estadios de River llenos. Esa minoría demográfica es la que el nuevo DNU señala como amenaza. El decreto no sólo desnaturaliza el derecho a migrar, sino que redefine al migrante como "ilegal", atribuyéndole, sin evidencia, un peso desmedido en la crisis económica y social del país, crisis que tiene un proceso histórico en Argentina.
Angie Frezza es abogada argentina y voz en el programa privado Por el Suelo, que ayuda a las personas migrantes que buscan orientación jurídica en vivo. Por eso, cuando habla del DNU lo hace con preocupación “Creo que no es tiempo de tibiezas, que es tiempo de incomodar, de decir con todas las letras que esta reforma vulnera derechos, que rompe vidas y que traiciona nuestra historia también como país de puertas abiertas”. El decreto no es sólo una herramienta jurídica. Es un relato, uno que repite los viejos lugares comunes: el migrante como sospechoso, el extranjero como carga, el derecho como un privilegio y no como una garantía a respetar.
Tres días antes de que el DNU viera la luz, Pablo Ceriani Cernadas —director de la Especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y vicepresidente del Comité de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios— lo advertía en una entrevista: “Es una reforma no democrática, sin participación social ni política. El camino se iba marcando en las subas en los costos de regularización, discursos de exclusión, medidas regresivas en provincias”. Pablo lo explica con precisión legal: la Ley de Migraciones establecía que una condena penal de cierta gravedad podía ser causal de expulsión. No obstante, para denegar una residencia, el umbral eran delitos de tres años o más. Para expulsar a alguien ya residente, el piso se elevaba a cinco. No era una norma laxa, pero respetaba ciertos márgenes de proporcionalidad y, sobre todo, el derecho al debido proceso.
Con el DNU se borran esos límites: redefine el rechazo en frontera, amplía el concepto de “antecedente penal” a personas procesadas sin condena firme y habilita la expulsión sin control judicial efectivo.
Se suma un nuevo requisito para acceder a la residencia permanente: “acreditar medios suficientes para subsistir en nuestra Nación”. Pero, ¿Qué significa exactamente “medios suficientes”? ¿Tener un trabajo registrado? ¿Ser monotributista? ¿Tener una cuenta bancaria? ¿Presentar un contrato de alquiler? ¿Ser empresario? ¿Demostrar que alguien te sostiene económicamente?
“Se vulnera el debido proceso” y recuerda los ecos del Decreto 70/2017 del macrismo, impulsado por la ministra de Seguridad —ayer y hoy—, Patricia Bullrich. A menos de una semana de la expedición del DNU, la ministra circuló en sus redes sociales un vídeo mostrando las primeras cuatro deportaciones producto del cambio normativo, con las consignas “el que las hace las paga” y “los delincuentes vuelven a su país”. La ministra de la represión en el ajuste sintetiza en 30 segundos su ya conocida xenofobia. “Andate a tu país” como leitmotiv.
El nuevo DNU impone la posibilidad de ser expulsado del país por mera irregularidad migratoria. Si antes había 30 días hábiles para apelar, ahora solo hay 15. La ventana de defensa se achica, el margen de error se castiga. Las causas para quedar fuera del sistema son múltiples. Algunas tan concretas como injustas: no poder pagar los elevados costos del trámite, no contar con un domicilio que pueda ser acreditado formalmente, o cometer una omisión involuntaria en una declaración jurada. La precariedad, en este nuevo escenario, se convierte en delito.
A esto se suma un nuevo requisito para acceder a la residencia permanente: “acreditar medios suficientes para subsistir en nuestra Nación”. Pero, ¿Qué significa exactamente “medios suficientes”? ¿Tener un trabajo registrado? ¿Ser monotributista? ¿Tener una cuenta bancaria? ¿Presentar un contrato de alquiler? ¿Ser empresario? ¿Demostrar que alguien te sostiene económicamente? El texto no lo aclara. Y en esa ambigüedad crece el poder discrecional del Estado para decidir quién merece quedarse y quién no. La medida, más que una política migratoria, es una política clasista. Porque lo que se castiga no es solo la irregularidad, sino la pobreza, lo que subyace es una lógica aporofóbica: excluir a quienes no tienen recursos y hacerlo en nombre de un orden que ya no garantiza derechos, sino que administra expulsiones.
Salud y educación en jaque
El acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales —los llamados DESCA— está en jaque: salud y educación, dos de los pilares más sensibles. El argumento de la “reciprocidad” usado antes por Macri y retomado por Adorni, es, para Pablo, jurídicamente insostenible y no adjudicable a los derechos humanos. Y remarca: “Los derechos no son moneda de cambio. No puede haber 120 leyes de salud para las más de 120 nacionalidades que habitan Argentina, los Estados tienen que responder por los derechos de quienes habitan allí”.
Antes del decreto, ya cinco jurisdicciones habían dado señales de exclusión sanitaria: Salta, Mendoza, Jujuy, Santa Cruz y CABA, las cuales adoptaron medidas para cobrar la atención médica a personas con residencia precaria o transitoria. El DNU generaliza ese modelo. Desde ahora, el acceso pleno a la salud pública queda atado a tener residencia permanente, o poder pagar.
Dhéo Carvalho es un brasileño de Goiânia, la capital de Goiás, Centro-Oeste de Brasil. Tiene 26 años y hace 8 vive en Argentina. Vino por salud. Para estudiarla, ejercerla y militarla. Estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), hace investigación en humanidades médicas, es docente en el Centro de Morfología y Neurociencias en la Facultad de Ciencias Médicas de la misma universidad y es el Coordinador de Programas y proyectos en Ciclo Positivo, una asociación civil que defiende los derechos humanos con foco en salud y la información basada en evidencia. Allí dirige el programa Migrar es positivo, focalizado en temas migratorios y asesoramiento en casos de personas que tienen vulneración de derechos con foco en salud.
Para Dhéo el asunto es simple, la salud no tiene fronteras. No se queda en el país de origen, te acompaña. Tiene las cifras claras, de ese 4,2 por ciento que significa la población migrante sobre el total de argentinos, el 50 por ciento accede a la atención médica a través de sistemas de medicina prepaga, es decir 966.731 migrantes pagan por su salud. En total en el país 6,3 millones de personas se atiende en prepaga. Más del 15 por ciento de los que deciden pagar salud privada es migrante.
Hay un aporte evidente al sistema. No solo por el pago, como Dhéo son varios los migrantes que trabajan en el sistema de salud, para el 2020, según el “Informe anual sobre la situación de migrantes internacionales en el sistema de riesgos del trabajo” del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social, el 5,4 por ciento de los servicios relacionados con la salud humana eran prestados por migrantes. La paradoja es brutal: el sistema de salud también está sostenido por personas que, bajo esta nueva normativa, podrían ver restringido su propio acceso a los derechos que ellos mismos garantizan.
Dhéo trabaja, desde el programa que dirige, con la comunidad cuir acompañando a personas que fueron discriminadas en el sistema de salud por su orientación sexual. Acompaña a migrantes con denuncias porque, dice, son engorrosas, llevan tiempo y requiere de energía y conocimiento. Esta labor hace que el sistema cambie para migrantes, pero también para argentinxs.
La organización trabaja con temas relacionados con Enfermedades de transmisión sexual (ITS, por su sigla en inglés) y con VIH. Quienes migran con VIH, dice Dhéo, requieren un tratamiento crónico farmacológico y tienen que tener garantizado el acceso a ese servicio que requieren para mantener su salud.
De ese 4,2 por ciento que significa la población migrante sobre el total de argentinos, el 50 por ciento accede a la atención médica a través de sistemas de medicina prepaga, es decir 966.731 migrantes pagan por su salud.
Dhéo cuenta que en Ciclo positivo hoy reciben más consultas por emigración que inmigración, desde hace un año han aumentado. También aclara que Argentina no es un caso único en la región, en Brasil también se puede acceder a la salud pública. “Tenemos que entender que la salud es un asunto de derechos humanos, es cuidar la vida de las personas, entender que la salud no respeta fronteras. Tuvimos una pandemia de un virus que cruzó fronteras y quienes mejor la llevaron fueron los países que tenían mejores sistemas de salud. Estos sistemas se construyen entre todos”.¿En serio nos quieren convencer de que somos parte del colapso de un sistema que viene funcionando mal? Dhéo se repite esta pregunta y responde de manera contundente: “A la salud no hay que verla desde un enfoque económico, debemos reconocernos no como usuarios de un servicio. Debemos concebirnos como ciudadanos de derecho y exigir un Estado que nos ayude a cuidar nuestras vidas y nuestra salud”.
En el campo educativo, el mito fiscal también se cae con datos. Solo el 3,9 por ciento de estudiantes de grado en universidades públicas son migrantes. En posgrado —donde es arancelado— el porcentaje apenas llega al 9 por ciento. En universidades privadas no supera el 13. Es decir, quienes estudian pagan. No solo con esfuerzo, sino también con dinero. Pero el DNU insiste: aunque el sistema sea público, “alguien tiene que pagarlo”. Y ese alguien según el nuevo relato es quien no nació en este suelo.
Y si de pertenencia se trata, de ese deseo profundo de ser parte de esta tierra, aunque no se haya nacido en ella, las nuevas modificaciones al acceso a la ciudadanía por naturalización imponen un giro inquietante. Ahora, bajo el discurso de la “seguridad, eficiencia y transparencia”, la identidad nacional se filtra por estándares administrativos que responden más a lógicas de control que de integración.
El securitismo, una vez más, se cuela por la puerta trasera de la política migratoria. Pero no viene solo: lo acompaña el mercado. En paralelo, se crea una agencia dentro del Ministerio de Economía encargada de “promover la ciudadanía por inversión”, una especie de fast track para quienes tienen capital suficiente. Es decir, no importa de dónde vengas, sino cuánto traés. La nacionalidad se vuelve así un bien transable, una nueva mercancía en el escaparate neoliberal. Como señala Angie: si tenés dinero, la puerta está abierta. Si no, hacé la fila, llená los formularios, esperá los rechazos puesto que la patria ya no se elige: se compra.
Los que vienen y los que se van
Las personas del extranjero que eligen a la Argentina como un país en el que quisieran pasar alguna temporada o radicarse ha descendido. Y eso no es algo para festejar. Recibir personas de otro lugar es una muestra de la buena salud económica y política del país. Ese 4 por ciento es un piso histórico sólo comparable al 2001.
No solo hay menos gente entrando, los de acá también se van. Según datos de Chequeado, desde 2013 hasta mayo de 2021 egresaron más argentinos de los que ingresaron o regresaron al país. Ya para 2023 se estimaba que cerca de dos millones de argentinos residían en el exterior. ¿Y quién no tiene un amigo o familiar que se haya ido en el último tiempo?
Hoy hay un 27 por ciento de migrantes paraguayos, un 17,5 de bolivianos y un 8,4 de venezolanos.
Uno de los principales países a los que van los argentinos es España. Según la información de su Instituto Nacional de Estadística hay un aumento sostenido de la inmigración de personas nacidas en la Argentina desde 2013 hasta 2019. Para 2021 había 33.639 migrantes argentinos.
Según el pronunciamiento contra la reforma migratoria publicado en la página de la Encuesta Nacional Migrante, y que firman once organizaciones enfocadas en defender e investigar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, la migración aporta a los países de destino, y como ejemplo suman a España. El único país europeo cuyo PBI ha crecido en los últimos años, el 80 por ciento de este incremento se debió precisamente a la inmigración.
La tríada histórica de la migración desde mediados del siglo XX en Argentina fue sudamericana, con mayor porcentaje Paraguay, Perú y Bolivia. Hasta que aumentó la migración venezolana. Hoy hay un 27 por ciento de migrantes paraguayos, un 17,5 de bolivianos y un 8,4 de venezolanos. Que la mayoría sean del Cono Sur no es casualidad; se debe a las posibilidades de movilidad entre países y, desde 2002, a las facilidades de radicación asociadas con los Acuerdos de Residencia del Mercosur. Sin ir muy lejos, en Paraguay residen cerca de 85 mil argentinos y es el quinto país a donde más emigran.
A pesar de los beneficios mutuos entre países miembros o socios del Mercosur, la tríada historica migrante en Argentina es la más discriminada por sus rasgos andinos e indígenas, digámoslo de manera directa, discriminación por portación de rostro.
El voto libertario y participación política de los migrantes
El electorado migrante de la Ciudad de Buenos Aires es un animal dormido. Más del 85% de los que pueden votar en la ciudad eligieron quedarse en su casa en las elecciones legislativas de CABA el pasado 18 de mayo. En un escenario generalizado de baja participación, sólo el 14,7 por ciento del padrón migrante fue a votar, es decir, de los 525 mil residentes extranjeros habilitados, 77.250 fueron a las urnas. Pero esa minoría electoral tuvo una voz enfática: el 39,4% le dió un voto de aprobación al gobierno de Javier Milei apoyando la lista encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el mismo que un par de días antes de las elecciones anunció el DNU con el que nos quiere cobrar por algunos servicios y restringir nuestro ingreso y regularización en el país.
Aunque la conclusión más diciente de esas elecciones podría ser que ninguna fuerza política moviliza al electorado migrante, la pregunta que ronda los espacios de militancia es: ¿por qué quiénes fueron a votar eligieron al candidato de un gobierno que anunció medidas para restringir los derechos de la población migrante?
Desde el peronismo que se llevó el 26,8 por ciento de los votos con Leandro Santoro, el PRO, que obtuvo el 10 por ciento del voto migrante para la lista de Silvia Lospennato y Horacio Rodríguez Larreta que llegó a un 7.2, se preguntan qué tiene La Libertad Avanza que no tienen sus propias propuestas políticas. Las explicaciones se mueven entre la apatía, la contradicción, el desconocimiento y la convicción. Y el dedo acusador apunta a la migración con el mayor crecimiento en los últimos años en la ciudad, la proveniente de Venezuela, prejuicio más prejuicio. Hasta ahora no se conocen los datos analizados por nacionalidad que debe informar el Tribunal Electoral de la Ciudad, pero en el torbellino de desorientación política desatado por la era Milei en la política Argentina ninguna explicación parece suficiente.
Lo primero que recuerdan los migrantes que participan de la política Argentina hace décadas es que ningún derecho les vino de arriba. El acceso igualitario a la salud y la educación y el voto migrante son el resultado de la organización, la insistencia y la articulación con los partidos políticos. Como en otros países, las personas migrantes en Argentina no pueden ejercer el derecho al voto a nivel nacional (salvo quiénes se naturalizan), sólo en las elecciones locales y provinciales.
En CABA, hasta 2018, para ejercer el voto era necesario hacer un proceso de empadronamiento complejo. En ese año el Código Electoral (Ley N° 6.031/2018), impulsado por Juntos por el Cambio, acogió la demanda de los colectivos migrantes de tener un empadronamiento automático para las personas con residencia permanente. Esa medida, que fue leída por algunos sectores políticos como un intento del Gobierno de Rodríguez Larreta para llevar votos a su molino, aumentó en 2021 el padrón electoral migrante de la ciudad en un 2.000 por ciento. Hoy más del 16 por ciento de las personas habilitadas para votar en la ciudad son migrantes.
La actividad política de las personas migrantes es compleja, está influida por el contexto local, pero también por los aprendizajes y trayectorias que trae cada sujeto o comunidad de su lugar de origen. Las migraciones con mayor presencia actual en Argentina –Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela– vienen de tradiciones políticas diferentes y acá tienen una participación activa. Referentes migrantes han sido clave en la aprobación de leyes como la de identidad de género, la de trabajadoras de casas particulares, la de barrios populares y la propia ley nacional de migraciones.
Verónica García Valeirón migró a Argentina desde Uruguay hace más de 20 años, milita en el peronismo y fué coordinadora del Centro de Atención Integral para Personas Migrantes y Refugiadas en el gobierno de Alberto Fernández, recuerda que durante años las organizaciones sociales acudieron a la Legislatura de la ciudad para demandar el empadronamiento automático y una vez conseguido, han sido las principales promotoras y difusoras de ese derecho, en radios comunitarias, en recorridas territoriales y en el boca a boca, la movilización del voto migrante es una tarea entre pares, porque desde las instituciones y los partidos políticos prima el desinterés por ese 16% del electorado.
Luisa Morales llegó al país hace 30 años desde Perú, lleva más años viviendo en Argentina que en su país de origen y lo considera su segundo hogar, ha acompañado decenas de campañas del PRO en el barrio Playón de Chacarita, desde dónde articuló con otras colectividades para exigir el derecho al voto. Comenta que en la última elección legislativa insistió entre sus vecinos para que fueran a votar, pero pocas personas estaban informadas sobre el proceso electoral.
Ambas referentes reconocen que el derecho al voto es uno de los menos apropiados por las personas migrantes y señalan que en un contexto de criminalización y discursos xenófobos no hay incentivos para que el electorado extranjero se acerque a las urnas.
Raúl Palencia es psicólogo recibido en El Salvador, de dónde salió hace más de 10 años. Milita en el Frente Patria Grande, espacio político con amplia presencia territorial entre trabajadores migrantes de la economía popular. En su opinión el desinterés no afecta sólo al momento electoral: “Hoy tenemos una situación donde la precarización del trabajo y la falta de recursos de las organizaciones sociales hacen que la necesidad sea muy grande. Y las bases sociales están muy flacas, cuesta mucho movilizar”. Dice que todavía falta mucho en materia de derechos electorales para los migrantes. Uno de los aspectos que, a su juicio, genera más distancia, es la imposibilidad de que los migrantes sean candidatos. Se trata de votar algo que nunca van a poder representar.
Desde la orilla de la derecha, Leo Alexander Mendoza Gibaja, proveniente de Perú, exmilitante del PRO y hoy integrante de La Libertad Avanza en la Facultad de Derecho de la UBA, ve el vaso medio lleno. Aunque reconoce que el porcentaje de votantes migrantes el 18 de mayo fue bajo, el apoyo migrante a Manuel Adorni le parece un triunfo de las ideas de la libertad. En lo personal se considera un liberal clásico y desde que llegó a Argentina buscó participar de partidos con esa orientación, se cobijó primero en el PRO, pero con la emergencia de Javier Milei vió mejor reflejado su pensamiento político entre los libertarios. En su mirada, lo que moviliza al electorado migrante es la esperanza de mejoras en la situación macroeconómica.
Luisa recuerda las dificultades de una vida sin documentos, en la que no podía considerarse una igual con los nacionales, vivió la crisis del 2001 en Argentina y además de lo económico sentía una preocupación constante por la posibilidad de ser deportada o desalojada de las villas dónde vivió. En sus primeros diez años en el país no pudo regularizar su situación y la falta de documentos le impidió continuar la carrera de enfermería que empezó en Perú y encontrar trabajos registrados. Con el tiempo se acercó al reciclaje y hoy participa de una cooperativa con centenares de cartoneros que limpian la ciudad todos los días.
El derecho al voto es uno de los menos apropiados por las personas migrantes y señalan que en un contexto de criminalización y discursos xenófobos no hay incentivos para que el electorado extranjero se acerque a las urnas
Verónica también estuvo en la época en que tener documentos era difícil y no tenerlos excluía a los migrantes de la educación y el empleo. Por eso discute la contradicción de votar a un gobierno que amenaza las posibilidades de tenerlos: “Me parece que en esto hay dos cosas. Mucha desinformación y desconocimiento y también pensar que por tener una radicación permanente pueden estar exentos de estas políticas”.
Leo reconoce que siendo residente permanente ve lejana la posibilidad de ser afectado por las medidas del gobierno. Y agrega, además, que en caso de tener que pagar por los servicios de salud o educación lo haría sin inconveniente, considerando que en Perú estaba habituado a pagar por esto. No dudó de su voto cuándo escuchó al vocero presidencial anunciar la reforma: “Yo creo que hacer ese abuso de derecho aprovechándose de las prestaciones que Argentina brinda es estar por encima del ciudadano argentino y tampoco creo que sea correcto. Como tampoco creo que sea correcto que estemos por abajo y que nos estén atacando, denigrando, que yo siento que es algo que no pasa”.
Quiénes no están de acuerdo con el gobierno de Milei sí ven el DNU un ataque. Desde la militancia Dheo, Rai, Angie, Raúl, Luisa y Verónica comentan que a partir del anuncio no paran de llegar consultas de personas que ven en riesgo sus condiciones de vida. Algunos porque no han podido regularizar su situación migratoria, otros porque están en medio de tratamientos médicos que hoy no podrían continuar en los hospitales públicos, o simplemente porque se sienten amenazados. Todos se preguntan, ¿qué hacemos ahora?
Es probable que muchas de esas personas no hayan ido a las urnas en esta ni en ninguna otra elección y la pregunta que intentan responder los militantes es cómo acercarlos, como en la campaña Migrar no es Delito que se opuso al DNU 70/2017 con el que Mauricio Macri estableció deportaciones express y reformó la Ley Nacional de Migraciones.
Hay algo que no puede quedar fuera: discutir cómo derogar el DNU no es solo una tarea de la lucha migrante. Esta disputa interpela al conjunto de la sociedad. Porque lo que está en juego no es sólo una norma, sino las reglas mismas del Estado de derecho.
Acá cabemos todos, sí, pero no todos tenemos las mismas condiciones migratorias. Hay quienes no migraron por elección, quienes no tienen un lugar a donde volver. Este país es su única opción, o la opción más viable. Deciden radicarse, establecerse, lograr una estabilidad, casi imposible, porque ya la condición migrante te deja en un no lugar. Se puede intentar pertenecer, cambiar el acento, pasar de hablar de tú a hablar de vos. Tomar y cebar mates, prender el fuego y hacer un asado a lo argentino. Pero no hay acento o mate que te cree un pasado, significantes de identificación con otros. Siempre serás de afuera, tendrás una marca y, como si eso no bastara, ahora buscan sacar los derechos conseguidos. Ahora no solo se notará en el habla, en algunos rasgos, ahora lo sentirás en la fila del médico, en el aula de clases: no eres de acá, no perteneces. Deja lo que nos sirve y vete con tus luchas a otro lugar.
A inicios de los dosmil Crónica TV sacó una placa que decía: “Mueren dos personas y un boliviano”. La placa aún hoy se usa como chiste. Eso acá da risa. Alguna vez pensamos que se iba a diluir el histórico “andate a tu país”, pero hoy vuelve en forma de ley.