Libertarios eran los de antes
Hace 50 años, en uno de los puntos más altos de la saga libertaria en América Latina, Iván Illich exhortaba a miles de docentes a terminar de una vez por todas con la escuela, aquella “vieja vaca sagrada” que solo producía “aspirantes a la sociedad de consumo”. Convocado por el ministro boliviano Mariano Baptista a participar del Congreso Pedagógico Nacional, el intelectual austríaco radicado en México hacía un llamado a desescolarizar la sociedad andina, único remedio para reemplazar el “modelo opresor” encarnado en la escuela moderna por otro basado en la acción recíproca, creativa y autónoma entre las personas.
En la Argentina de la década infame, el educador Julio Barcos diseminó como nadie las ideas educativas libertarias. En ¿Cómo educa el Estado a tu hijo? Barcos trazó una imagen de la cultura escolar a contrapelo del relato pedagógico oficial. En sus páginas las escuelas eran representadas como «presidios» y la atmósfera que las rodeaba «conventual y carcelaria». Una marcha escolar era «un plantón en la calle», el pupitre «la evolución del cepo», y el examen «un crimen». Para el educador anarquista, el maestro era un «anacoreta de la cultura moderna», las escuelas normales «fábricas de maestros» y el Consejo Nacional de Educación «el más perfecto de los laberintos administrativos».
Las ideas educativas libertarias denunciaban la opresión social, reclamaban la abolición de las instituciones que limitaban la autonomía de las personas y convocaban a instaurar la democracia horizontal en las aulas, rechazando cualquier tipo de injerencia estatal. La tradición político-pedagógica que seguían Illich y Barcos aglutinó una de las expresiones más vehementes de la historia de la educación: el discurso libertario de tinte revolucionario. Un discurso que buscaba –a fuerza de criticar las pedagogías triunfantes y rediseñar los vínculos educativos- construir una sociedad más justa e igualitaria.
El programa libertario de Javier Milei se ubica en las antípodas de aquel legado pedagógico. Todavía más, lo tergiversa y corrompe en nombre del que es su verdadero objetivo: avanzar en un experimento sin retorno de mercantilización del sistema de educación pública. Milei purgó el significante libertario de sus componentes contestatarios y democratizantes, despojándolo de sus motivos más nobles, para constituirse en el nuevo vocero de un proyecto educativo neoliberal en el que se destacan postulados negacionistas y autoritarios.
Por sí, o por no: ¿nos despedimos de la educación pública?
“Nada es gratis” respondió Milei cuando fue interpelado por Sergio Massa durante el último debate presidencial respecto al arancelamiento de las universidades. Para el liberal libertario, la educación en su conjunto es concebida en términos de costos y nunca desde la perspectiva de un derecho constitucional. La creación de un Ministerio del Capital Humano (lo que sea que eso signifique) sintetiza el primer movimiento que -de alcanzar la presidencia- impactará en el campo educativo: la educación dejará de tener rango ministerial para transformarse en secretaría, con la consiguiente pérdida de autonomía y la esperable reducción de capacidades institucionales y financieras para la ejecución de políticas públicas.
Lejos de ser un asunto menor o aislado, el lugar que tiene el capítulo educativo en la agenda de La Libertad Avanza (LLA) es central y no puede ser subestimado. En su plataforma de gobierno, el término educación se menciona 27 veces, contra 2 de seguridad, 15 de economía y 16 de trabajo, por mencionar solo tres ejemplos.
“La decadencia del sistema” -como caracterizan al estado de la educación en LLA- comienza con la inculcación de ideas de extrema izquierda (asociadas a la enseñanza de los derechos humanos y la educación sexual integral). El argumento del carácter “tendencioso” de la escuela pública está lejos de ser original. Fue continuamente utilizado durante las últimas dictaduras cívico-militares en el Cono Sur. Para el caso argentino, Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, publicado en 1977 promovía la “desideologización” de la educación pública, en un sentido semejante al que impulsó el gobierno de Bolsonaro a través de la Escuela sin partido en Brasil. Milei tiene la intención de recorrer el mismo camino.
El diagnóstico del declive continúa con el protagonismo del sindicalismo docente y con las estructuras burocráticas (término bajo el cual engloban tanto a trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Educación como a “Gobernadores feudales” que sostienen “estructuras provinciales incapaces de una gestión eficiente”). “Maestros mediocres”, “ñoquis”, “prebendas” son algunas de las expresiones que anuncian la primera medida a tomar por el flamante Ministerio del Capital Humano: la eliminación del monopolio de la gestión estatal del sistema educativo.
Un voucher a la libertad
«Un sistema de vouchers para que pueda existir competencia entre las distintas instituciones y que, de esa manera, contribuya a mejorar la calidad de la educación». Con estas palabras, en enero de 2022, Javier Milei postuló una ‘solución’ para los problemas que aquejan a la educación argentina.
El término voucher tiene traducción al castellano –váucher- y, para la Real Academia Española, significa: «vale que da derecho a quien lo posee a adquirir determinados artículos o disfrutar de un servicio». El váucher o ‘vale’ educativo descansa en una premisa: las escuelas –como cualquier ‘empresa’- mejoran cuando compiten entre sí. Para que funcione es imprescindible quebrar el histórico sistema de solidaridades que caracterizó las redes de docentes y escuelas, e instalar en su reemplazo una lógica basada en la competitividad entre personas e instituciones. Según Milei, el sistema no sólo permitiría que las escuelas mejoren su performance como condición para sobrevivir; también contribuiría con lo que es su interés principal: «que aquellas personas de bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural».
La idea no es nueva. A fines de la década del 70, Milton Friedman y su esposa Rose Director postularon los vouchers como solución a las desigualdades educativas entre familias ricas y pobres. Si se les delegaba a los padres la posibilidad de elegir la mejor escuela para sus hijos entre un abanico de alternativas, estas estarían obligadas a competir entre sí para captar matrícula. Cuando se presentó la oportunidad, Friedman no dudó en saltar de la comodidad de la cátedra universitaria a la arena política y asesorar a Margaret Thatcher -de quien Milei es admirador confeso- en la materia. Friedman susurró al oído del poder que el mejoramiento de la calidad sería consecuencia de convertir a las antiguas escuelas estatales en escuelas competitivas. Esta propuesta inspiró en las últimas décadas la aplicación de reformas educativas de tendencia privatizadora en Chile, en Perú y en la Argentina, donde durante un tiempo llegó a implementarse en la provincia de San Luis con un nombre que no trajo buenos augurios: “Escuelas 2001”.
En las redes sociales y en la opinión pública, la propuesta genera adhesiones y rechazos. «Soy profesor y como tal apoyo el sistema de voucher, ya que mejoraría el nivel. Eliminaría el adoctrinamiento y disminuiría el gasto público», señala uno de los comentarios con mayor cantidad de likes en el video donde Milei presenta la propuesta. Entre educadores, educadoras, especialistas, sindicalistas y expertos a ambos lados de la grieta las opiniones son unánimes. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina sostiene que los vouchers son «un modelo que ya tuvo un rotundo fracaso en sus variadas versiones». Mariano Narodowski, exministro de Educación de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2009, dice que: «Constitucionalmente hoy es imposible y las opciones subóptimas son tan complicadas legal, política y sobre todo financieramente que resultan cuasi lisérgicas». Ricardo Braginski, especializado en temas educativos del diario Clarín, afirma que «la propuesta viene enmarcada en un populismo de extrema derecha propio de estos tiempos, que sigue los lineamientos de Trump, Bolsonaro y otros similares». Hasta la propia Patricia Bullrich –ayer objeto de la furia mileísta, hoy socia en la cruzada por llegar al sillón de Rivadavia- le espetó en la cara a Milei en el segundo debate presidencial: «Andá con el voucher a la Puna», exponiendo lo absurdo de una propuesta que busca poner a las escuelas a disputar matrícula en un país donde la extensión territorial implica que para un sector amplio de la población solo hay una institución educativa accesible en muchísimos kilómetros a la redonda.
Friedman conoce a Pinochet
¿Qué dice la experiencia internacional sobre el modelo de vouchers? En Chile la idea del voucher educativo llevaba tiempo circulando cuando las Fuerzas Armadas perpetraron el golpe de Estado en septiembre de 1973. Mientras «depuraban» y «salvaban» a la sociedad chilena de la influencia marxista, civiles y militares discutieron las alternativas para transformar el rol del Estado. Las medidas eran justificadas por Pinochet y la Junta Militar con base en el “caos” reinante en el período de la Unidad Popular y en la excesiva injerencia del Estado, que limitaba la acción particular y no distribuía eficientemente los recursos. Se debía reducir el gasto público, minimizar la burocracia estatal y permitir la entrada del sector privado en la gestión del sistema educativo. La solución: entregar un cheque educativo que podría ser utilizado en escuelas públicas o privadas aprobadas por el Ministerio de Educación.
La reforma neoliberal no solo tuvo como propósito privatizar la matrícula escolar, sino desmantelar el sistema público de educación. La transformación implementada no respondió a una simple adopción de las ideas de Friedman, sino a la creación de un modelo único, extremo, que combinaba diversas políticas de educación de mercado. La administración de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación Pública fue descentralizada bajo la premisa de solucionar más efectivamente los problemas sociales. En paralelo, se estableció el voucher como mecanismo de financiamiento de las escuelas municipales y particulares. A diferencia de lo que proponía Friedman, la subvención por alumno era pagada mensualmente al administrador del establecimiento educativo en función de la asistencia a la escuela.
La aplicación del voucher marcó un antes y un después en la sociedad chilena: la implementación de este mecanismo de financiamiento consolidaría la privatización del sistema escolar. Las consecuencias fueron siniestras: los profesores dejaron de ser interpelados como funcionarios públicos para pasar a ser empleados de un particular. Su salario dependía de la decisión de las administraciones de cada institución escolar. Las escuelas municipales perdieron matrícula progresivamente y muchas debieron cerrar; el Estado redujo su espacio de intervención; y se legalizó y legitimó el cobro adicional de cuotas a las familias.
La municipalización de la educación mermó los recursos de las escuelas rurales de difícil acceso y profundizó su precarización financiera. Las consecuencias se extendieron en el tiempo. Tan solo en los últimos 20 años, 1.129 escuelas rurales fueron cerradas. Y ello a pesar de que desde 1998 la situación intentó ser remediada con la creación del ‘piso rural’ -un incremento en el monto de la subvención entregada a los establecimientos educativos que cumplen con una serie de condiciones relativas a la matrícula y ubicación geográfica-. Estas medidas no fueron suficientes.
¿De qué va el mileísmo educativo?
LLA impulsa una «reforma profunda» al sistema educativo con base en una radical reestructuración institucional. La coalición propone transformaciones de dos tipos: en primer lugar, reformas institucionales de base, entre las que se encuentra la declaración de la educación como un servicio público esencial, eliminando o limitando severamente el derecho de huelga de los docentes; el reemplazo de la Coparticipación Federal por un Instituto de Financiamiento Educativo que gestionará las transferencias a cada establecimiento, calculadas en base al número de alumnos matriculados; y la sanción de una ley nacional que establecerá un régimen para la creación de escuelas de gestión privada que recibirán el subsidio estatal. En segundo lugar, en cuanto a las políticas específicas, se plantea avanzar en el reemplazo de la gratuidad universitaria por un sistema de becas, el establecimiento de aranceles y la reestructuración de su oferta académica «tal como lo hace cualquier universidad privada» equiparando las subvenciones entre los establecimientos de gestión privada y pública. En otras palabras: la renuncia a la principalidad del Estado en materia educativa establecido en la Constitución Nacional.
Este programa de reformas de gran calado solo avizora un escenario de altísima conflictividad e innumerables problemas de instrumentación, producto de una supina ignorancia sobre el funcionamiento de un sistema educativo de características federales como el argentino.
¿Qué explica la adhesión de al menos un tercio de la sociedad argentina a estas ideas? Una razón habrá que buscarla en la pregnancia de un discurso antiestatista dogmático que apela a desconfianzas y frustraciones derivadas de una pobre performance estatal sembrando una nueva variante de odio hacia lo público. La intensidad de la prédica mileísta construyó un imaginario social en torno al derecho a la educación, la promesa de la escuela y el lugar del Estado y la comunidad que deberá desmontarse a través de un sostenido trabajo político y pedagógico. No está de más volver a preguntarse -con Adriana Puiggrós- «¿Por quiénes y cómo fueron enseñados los terraplanistas, los anti-vacunas, los que niegan la existencia de los virus, los que prefieren que la “inmunidad del rebaño” se alcance por la vía de la selección neodarwinista…?».
La aplicación del voucher marcó un antes y un después en la sociedad chilena: la implementación de este mecanismo de financiamiento consolidaría la privatización del sistema escolar.
El discurso neoliberal en educación conserva su vigencia: un discurso conceptualmente pobre pero eficiente que viaja -ahora- de un modo más directo y contundente a través de consignas ultraliberales y filofacistas. Las impugnaciones al derecho a la educación, a la principalidad del Estado en materia educativa, a la gratuidad universitaria, al valor estratégico que tiene la investigación en todas las áreas de la ciencia y tecnología no deben ser subestimadas. El daño ya fue hecho. Los procesos abiertos contienen significantes que solo podrán comprenderse si son interpelados por preguntas sagaces. Y ese asunto es, también, una tarea a la que la reflexión pedagógica debe volcarse con compromiso y pasión.