La amenaza del chubutense Ignacio Torres de “cortar” el petróleo y el gas es tan inédita y radical como la incautación del 30 por ciento de los fondos que debían ser girados a la provincia en concepto de coparticipación federal. También es inédita la extensión de los apoyos que obtuvo el chubutense, transversales a las fronteras políticas y regionales. Los discursos de resistencia de los gobernadores se inscriben en una tendencia de divorcio entre las comunidades políticas provinciales y la política nacional. ¿Asistimos efectivamente al deterioro de los fundamentos de la organización nacional? ¿Enfrentamos un futuro de amenazas secesionistas? ¿Está acaso disolviéndose el cemento que nos mantiene unidos?
La responsabilidad política
Desde hace más de una década, los cientistas políticos observaron que el sistema de competencia política que emergió de la recomposición post-2001 presentaba rasgos novedosos. El más evidente: la segmentación. La división entre la dinámica nacional y las dinámicas provinciales.
Por un lado, la disputa nacional giraba —y sigue girando— en torno a una identidad política, la adhesión o el rechazo al kirchnerismo. Por otro lado, cada comunidad exhibe sus propias dinámicas para las elecciones provinciales. La prueba más clara de esta desconexión es el calendario electoral: cada vez menos provincias eligen a sus gobernadores el mismo día que el presidente.
Esta desconexión influye también en los juegos de alianzas y las formas de hacer campaña. En las elecciones de 2023 este fenómeno se presentó de manera dramática. Facilitado por el desdoblamiento de casi todas las elecciones provinciales, se expresó un voto castigo generalizado a los oficialismos, pero con diferentes orientaciones según el nivel de gobierno en juego. Por un lado, en el nivel provincial, donde se registró una tasa inédita de alternancia partidaria, accedieron al gobierno políticos opositores experimentados. Por otro lado, el voto castigo para el nivel nacional favoreció a un outsider con un fuerte discurso rupturista.
El protagonismo de Néstor y Cristina Kirchner en los últimos 20 años probablemente haya influido en el hecho de que casi la totalidad de los elencos políticos nacionales (presidentes, vicepresidentes, ministros y candidatos presidenciales competitivos) son nacidos y criados en el AMBA. De los cuatro jefes de gobierno electos desde la autonomización de la Capital Federal, tres compitieron por la presidencia y dos de ellos la alcanzaron. La segmentación electoral dio como resultado una desterritorialización de la política nacional, asumida por los cuadros de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La percepción de mayor distancia con respecto a la política nacional habilita un comportamiento político local más arriesgado.
La pregunta alcanza también a las élites políticas. Desenganchados de las elecciones nacionales, y sin chances reales de alcanzar la presidencia, los candidatos tienen menos incentivos para asumir costos locales en función de la construcción de un proyecto nacional.
La emergencia de discursos más radicalizados hacia la administración federal es un indicador. Pero la amenaza del gobernador chubutense va mucho más lejos. Y mucho más radicalizado fue el planteo del ex gobernador mendocino (todavía vigente como líder del partido oficialista) sobre “empezar a pensar seriamente” que “Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”.
El planteo del #MendoExit (el Brexit a la mendocina) en 2020 fue significativo tanto por su radicalidad como por su intrascendencia: a la declaración de que Mendoza podría separarse de la federación no le siguió ninguna política pública. Ni el gobierno mendocino ni nadie creyó que fuera necesario poner en marcha ningún plan. Fue apenas un paso más en una manifestación de lo ajena que perciben las élites y los electorados provinciales a la política nacional (porteña), quienes se sienten cada vez menos responsables del destino de la Nación.
Las resistencias
La referencia explícita a “Las provincias unidas del Sur” y a la “unidad nacional” o el rumor de la inviable rehabilitación del Pacto de San José de Flores dan un tono novedoso a un fenómeno ya experimentado en la política argentina: las resistencias multinivel a las políticas de ajuste implementadas por un gobierno nacional. “Pareciera estar buscando una suerte de disolución, donde cada uno de nosotros tome medidas unilaterales para dar respuesta a situaciones injustas e ilegales. Está en juego también la unidad nacional y la Constitución Argentina”, dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, prescindiendo de una amenaza tan extrema como la de Torres.
En el contexto de incertidumbre el desenlace es una incógnita, pero podemos identificar algunos antecedentes. Las respuestas de los gobernadores se inscriben en una puja por el alcance de las políticas de ajuste encaradas por el gobierno nacional y reconocen antecedentes directos en las respuestas de los gobernadores a las políticas del menemismo y de la Alianza. Por otro lado, los discursos que enmarcan estas acciones de resistencia o confrontación se inscriben en una tendencia de divorcio entre las comunidades políticas provinciales y la política nacional.
La política de shock de Milei generó respuestas amplias. No sólo se manifestaron los sectores ideológicamente enfrentados al gobierno, también actores económicos, sociales y políticos que saludan la orientación política general del gobierno pero se oponen a ser objeto de las políticas de desregulación o ajuste fiscal. La opinión pública argentina parece más susceptible a defender al gobierno que a sus políticas. Las intervenciones de los gobernadores son coherentes con las reacciones de legisladores, cámaras empresarias y otros actores.
La terapia de shock tiene un impacto multinivel. En primer lugar, a causa de los recortes directos a las transferencias que el Estado nacional hace a las provincias. En segundo lugar, porque las poblaciones afectadas (por ejemplo, jubilados y trabajadores cuyos ingresos reales decrecieron) habitan en distintas jurisdicciones y sus necesidades pueden convertirse en demandas dirigidas hacia otros niveles de gobierno.
No es la primera vez que los gobernadores (y los ciudadanos, en calidad de residentes de las provincias) se enfrentan a gobiernos nacionales que implementan medidas draconianas para reducir un gasto desordenado atribuido a las provincias. Durante el menemismo, las estrategias de los gobernadores para escapar a la motosierra fueron individuales, con episodios de cooperación colectiva muy limitados y breves. Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner administraron tiempos de negociación y confrontación abierta, mientras que mandatarios de provincias con menos recursos políticos y económicos debieron enfrentar largos períodos de conflictividad social, que incluyeron puebladas e inestabilidad política.
Algunos gobernadores asumieron conflictos abiertos con el presidente de manera aislada. En 1991, el radical rionegrino Horacio Massaccesi, anticipando una potencial asfixia de las cuentas provinciales, incautó el tesoro regional del Banco Central, depositado en la bóveda de la sucursal del Banco de Río Negro en General Roca, para pagar los salarios de los empleados estatales. La arriesgada jugada le dio crédito ante la ciudadanía, que lo reeligió en el cargo ese mismo año, pero le valió una enemistad con las autoridades nacionales y una causa judicial abierta hasta 2018.
Los gobernadores se encontraron con mejores condiciones para la confrontación colectiva durante el gobierno de la Alianza, que orientó toda su gestión con una perspectiva fiscalista. Las posibilidades de construir alianzas de gobernadores para resistir o imponer políticas nacionales dependen de ciertas condiciones, como la fortaleza del presidente o la homogeneidad económica y política de las provincias. Aun cuando este último requisito no se cumple en la coyuntura argentina la carta de los gobernadores es una clara señal de que existen iniciativas de coordinación.
La amenaza de disolución nacional
Por un lado, las políticas de austeridad generan resistencias, entre las cuales aparecen las de los gobernadores. Alineados o no con el presidente, se ven en la necesidad de confrontar para contener o mitigar el impacto político, económico y social de medidas tomadas en otro nivel de gobierno. Por otro lado, la creciente segmentación del sistema partidario argentino ha habilitado un aumento de la desconexión, discursiva pero también programática, entre estos niveles de gobierno.
La combinación de ambos factores nos trajo a una situación donde gobernadores de diferentes partidos, todos políticos experimentados con trayectoria partidaria o sindical, se encuentran en una incómoda posición extremista que oscila entre la amenaza y la denuncia de disolución nacional. Del otro lado, un presidente sin anclaje territorial no ofrece incentivos para moderar la posición de los gobernadores ni para convocar una negociación.
Agradezco los comentarios de mis colegas de la Red de Estudios en Política Subnacional Penélope Vaca Ávila, Hugo Ramos y Fernanda Maidana