Una nueva Policía Federal. Modernizada. Con atribuciones ampliadas. Agentes encargados de investigar y de ciberpatrullar (es decir, perseguir delincuentes en redes) con discrecionalidad. Un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), al mejor estilo FBI. Esto no es ficción. Se desprende del Anexo del Decreto 383/2025 que el Poder Ejecutivo publicó el 17 de junio para modificar sustancialmente las funciones históricas de la fuerza, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional que comanda Patricia Bullrich.
Para un gobierno sin Estado, el énfasis en el poder represivo estatal podría parecer una paradoja. Pero no lo es, si se lee esta medida en tándem con otras que apuntan a vigilar, castigar y disciplinar a una población, y precarizarla.
¿Fue casualidad que el decreto haya sido publicado y anunciado el mismo día que la Justicia dictaminó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a Cristina Fernández de Kirchner?
Rebaje, freno y vuelta al ruedo
Después de que el gendarme Guerrero dejara al borde de la muerte al fotoperiodista Pablo Grillo en una de las manifestaciones de los jubilados, el gobierno de Javier Milei pareció ponerle un freno a su ministra de Seguridad. Pero a la vista de este nuevo decreto, tres meses después, Bullrich volvió recargada.
En realidad, ya había vuelto al ruedo de manera más solapada el 11 de mayo cuando autorizó la mudanza desde una cárcel común a una prisión VIP en Campo de Mayo de 19 represores de la última dictadura militar y fue repudiada por organismos de Derechos Humanos. O al anunciar el permiso al Ejército para ampliar sus poderes de policía fronteriza en el norte salteño, con el significativo nombre de “Operación Roca”.
Y volvió a subir la apuesta a la defensa corporativa de sus fuerzas cuando justificó al policía Facundo Aguilar Fajardo que mató a Thiago Correa, de 7 años. Fajardo —hoy preso con el cargo de homicidio simple con dolo eventual— había disparado a mansalva y por la espalda a tres hombres que intentaron asaltarlo en una parada de colectivo en Ciudad Evita. Una de las balas alcanzó la cabeza de Thiago, quien murió dos días después. El policía también mató a uno de los delincuentes e hirió a los otros dos. Por la muerte de Thiago, Bullrich culpó a los ladrones.
¿Es posible imaginar un futuro más distópico que este presente?
Una Argentina con dos clases: los presos y las fuerzas de seguridad. Por fuera, un pequeño grupo gobernante que elige y reparte. La obra privada (no pública) y el negocio inmobiliario viran hacia la construcción de miles de cárceles distribuidas a lo largo del territorio nacional.
Se contratan arquitectos, ingenieros, físicos y matemáticos: todos profesionales de las ciencias duras; el resto es tildado de woke. Se sellan las frentes de artistas, intelectuales, sociólogos, politólogos, docentes y un gran etcétera, con las cuatro letras que forman la palabra en inglés. Todo woke debe cumplir su condena sin límite de tiempo en las nuevas cárceles.
En esta distopía futurista, el gobierno central genera, a través de la Inteligencia Artificial, una doble exacta de Patricia Bullrich, a quien se le asigna el flamante cargo de Excelentísima Ministra de Vigilancia Panóptica y se le exige vestir de riguroso uniforme militar, algo que ella acepta gustosa.
No hay más piso en la edad de imputabilidad; tampoco techo. De madre woke se infiere el nacimiento de bebé woke, cuya frente es sellada en la clínica carcelaria. Un Consejo de expertos determina qué pacientes vale la pena rescatar y cuáles otros deben recibir la inyección de pentotal. Entre estos últimos, los mayores son los primeros en sacrificarse cuando los límites espaciales lo ameritan.
Para la organización del trabajo en el interior de las ciudades carcelarias, la droga que se suministra a toda la población es el soma, una versión actualizada de la sustancia ficticia inventada en 1932 por el escritor británico Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz, que anula la voluntad y convierte a los ciudadanos en trabajadores autómatas. La fabricación de la droga a gran escala es encargada a un laboratorio británico a cambio de la entrega de las Islas Malvinas, denominación que se prohíbe para adoptar la inglesa Falklands. Se azota a quienes incumplen la prohibición.
Cada individuo debe procurar su alimento y el de su familia en las grandes extensiones sembradas dentro del perímetro carcelario. Se asignan espacios aptos para la procreación de la especie y se determinan las parejas luego de exhaustivos exámenes genéticos, en los que el Estado carcelario y las empresas asociadas invierten ingentes sumas de dinero.
La nueva Argentina carcelaria es modelo en la región y en el mundo geopolíticamente alineado. Celebrada por los líderes de las grandes potencias, exporta experiencia y conocimientos de este gigantesco laboratorio que abarca los 2,78 millones de kilómetros cuadrados de territorio continental.
Cómo llegamos a este presente distópico
Pasó el 13 de diciembre de 2024. A Patricia Bullrich no le gusta que la frenen y lo dejó claro en la cena de fin de año de la agrupación Apertura Republicana. “Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso, y me frenaban… Y ahora no me frena nadie”. Con “alguien” se refería a Mauricio Macri. Durante su presidencia (2015-2019), Bullrich ocupó el mismo cargo que hoy ostenta. Al decir “nadie” (me frena ahora), hablaba de Javier Milei.
La promesa cumplida fue la de sacar las fuerzas de seguridad a las calles para frenar la protesta social. Decía, a un año de las elecciones que la habían repuesto en el cargo: “El poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga no, pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, no, ponelos un poquito más lejos… no, no, no… no, ¡las pelotas!”
Policías de la Ciudad y de la Federal en la calle, pero también Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura son las fuerzas federales a las que acude cuando la ocasión lo amerita. Aunque habitualmente asignadas a otras tareas, como el cuidado de las fronteras, ingresos y salidas al y del país, estas fuerzas fueron utilizadas para enfrentar las manifestaciones cerca del Congreso Nacional. Sobre ellas, la ministra realizó históricamente una defensa corporativa e indeclinable: lo hizo en el caso Chocobar, el policía que mató a un ladrón en plena calle; defendió a los gendarmes en el caso Santiago Maldonado y, más recientemente, en el caso Grillo. El gatillo fácil es la práctica que se reivindica al decir “el que las hace las paga” o al amenazar sobre los riesgos de participar de cualquier manifestación en defensa de derechos constitucionales.
I love gendarmería
Al final de su libro Guerra sin cuartel. Terminar con la inseguridad en la Argentina (Sudamericana), Patricia Bullrich incluye un “Decálogo del liderazgo en seguridad”. Una especie de autoayuda para líderes de las fuerzas represivas del Estado. El punto 10, Valoración, es significativo a la hora de pensar en la defensa de los errores de sus subordinados: “Reconozca a sus efectivos por sus triunfos y acompáñelos en el dolor. La indiferencia no construye lealtades.”
Gendarmería parece ser la fuerza preferida de la Ministra, ya que suele actuar en la otra gran batalla de la que ella se jacta: la lucha contra el narcotráfico. Los operativos son espectaculares y responden a ese otro mantra: “Droga que se incauta, droga que se quema”. Las imágenes de gendarmes atrapando “narcos” son parte de la publicidad de la ministra defensora de las cárceles de Bukele. El afán por demostrar esos triunfos en la guerra antinarco la llevó a publicitar situaciones absurdas, como la que involucró a un hombre detenido 21 días en Mendoza porque confundieron talco con cocaína, algo que la ministra justificó.
El 10 de febrero de 2025, al ser increpada en Salta por familiares de efectivos de Gendarmería y de otras fuerzas federales en reclamo de sueldos dignos, Bullrich les prometió la adjudicación de viviendas del plan Procrear. ¿No sabía que el gobierno que representa le había dado de baja a ese programa? ¿Fue un desconocimiento o un acto de demagogía irrefrenable? ¿Realmente la ministra cuida a sus fuerzas cuando las expone en los operativos de represión?
Bullrich nunca considera que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo ni que la represión estatal es violenta. Ella siempre habla de “los violentos” para englobar a un montón de personas de colectivos diferentes que ejercerían la violencia, a partir de lo cual extrae conclusiones por método inductivo.
Hinchas de clubes de fútbol anunciaron que iban a participar de la marcha del 12 de marzo, con la frase de Diego Maradona como emblema: “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”. Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años arrojada al piso por un policía al cual ella le pegaba por la espalda fue, para la ministra, “una violenta”. El policía que la empujó lo hizo con sensatez, cumpliendo con su deber.
Los patovicas o barras bravas (en un confuso relato de la ministra, donde asimila hincha a barra y saca una conclusión cuyos argumentos serán ampliamente refutados) son todos violentos e irán presos, en función de la flamante ley de reiterancia que Bullrich acaba de implantar, y que justifica la prisión preventiva: si les encuentran antecedentes, eso explica y justifica la prisión por haber ido a una marcha aunque no haya condena previa.
El caso más notorio de defensa a la fuerza es el del cabo Guerrero, de la Unidad Móvil 6 de Gendarmería, quien ese día hirió gravemente a Pablo Grillo con un disparo de gas lacrimógeno. Contra toda evidencia (de las filmaciones y de testigos oculares), Bullrich no sólo lo defendió diciendo que el ángulo de disparo fue de 45 grados, sino que además aclaró que no iba a iniciar ningún sumario ni investigarlo. En la fuerza sí se inició un sumario interno y cuando este dato se hizo público, Bullrich se apresuró a decir que fue ella quien lo había ordenado.
Pero en un primer momento culpó a la víctima, dijo que Pablo Grillo estaba preso, con una presunción ideológica: militante kirchnerista y empleado estatal, los dos “males” que aquejan a la patria. Luego, la realidad la obligó a cambiar el discurso (Grillo era fotógrafo y estaba hospitalizado), aunque siguió firme en la defensa corporativa. “Todos los gendarmes tiran como tienen que tirar”, dijo en un programa de televisión, donde aseguró además que “no hubo excesos”, una frase de duras resonancias. Una cabeza iba a rodar: Bullrich echó al director de Inteligencia Criminal de su cartera, Ricardo José Ferrer, y lo responsabilizó de aportar información falsa sobre Grillo.
Curiosamente, el 31 de marzo, a Kaloian Santos Cabrera, el fotógrafo que identificó a Guerrero en una imagen y que trabajaba para la Secretaría de Cultura de la Nación, no le renovaron el contrato.
La ministra fue subiendo la apuesta: además de presentar el proyecto de “ley antibarras”, acusó también a intendentes del conurbano y a dirigentes de izquierda “violentos” de organizar la movida. Un tiro por elevación al gobernador Axel Kicillof, claro oponente en las próximas elecciones. Todas las medidas que toma Bullrich son políticas, dirá el ex ministro de seguridad y senador por la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
Bullrich sería medida por el gobierno para disputarle al PRO la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires en la pelea de familias con apellidos que empiezan con M, y rápidamente reemplazada por el vocero presidencial Manuel Adorni.
Llamada al orden
Hubo frenos. El primero vino del Poder Judicial, cuando la jueza Karina Andrade liberó a los 114 detenidos en la marcha del 12 de marzo. Bullrich instruyó a su Ministerio para que la denunciara penalmente. Ella también fue denunciada por organismos de Derechos Humanos, por los delitos de privación de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad. A partir de un planteo de inconstitucionalidad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el gremio de periodistas SiPreBa y Amnistía Internacional, fue la Justicia la encargada de monitorear la aplicación del protocolo antipiquetes en la manifestación del miércoles 19. En la causa en la que se imputa al responsable del disparo, donde la familia Grillo se presentó como querellante, se pidió investigar la responsabilidad de Bullrich. Beatriz Blanco también realizó una denuncia penal. Y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentó de oficio dos denuncias centradas en los dos ataques.
Otro freno, clave, llegaría desde las entrañas del gobierno. El martes 18 de marzo al mediodía —en la previa a la marcha del 19, convocada por jubilados y organizaciones sociales—, se realizó una reunión de contenido secreto (quién pudiera ser mosca) en la oficina de Santiago Caputo en Casa Rosada, con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert —“señor 5” en el código de los espías— ; el “señor 8”, Diego Kravetz, y otros personajes de alto rango. Si bien el discurso del Poder Ejecutivo apunta a “quieren derrocar al gobierno”, la reunión dejó en claro que el costo político era alto. ¿Mejor prevenir que reprimir?
Como resultado de esa reunión, el gobierno montó un operativo de seguridad espectacular y puso los dispositivos de inteligencia en alerta. Ese día, vestida de riguroso verde oliva, Bullrich dio una conferencia de prensa donde pidió correr el eje: “Me gustaría que hablen de la violencia de los manifestantes, no de la respuesta de las fuerzas de seguridad”. Una respuesta cuyos excesos había que frenar.
Luego llegó el freno desde el Poder Legislativo. Diputados de distintos bloques recibieron a personas reprimidas y a testigos presenciales, periodistas, reporteros gráficos y analistas de seguridad que mostraron las debilidades e inconsistencias en las acusaciones de Bullrich. Y el 1 de abril, la Bicameral de Servicios de Inteligencia del Parlamento pidió un informe por la participación de la SIDE en la organización de los operativos de seguridad y citó a la ministra para que diera explicaciones sobre el accionar de las fuerzas en la marcha del 12.
¿La frena la democracia? Cambia, todo cambia: solo un par de meses después, la ministra volvió recargada. Desenfrenada.
El piquete de las fuerzas
El 19 de marzo, en las horas previas a la marcha por los jubilados, dos videos del ministerio de Seguridad que Bullrich posteó en Instagram ofrecían recompensa y alertaban:
Video 1: Marcha o violencia: no es lo mismo. Recompensa para quien denuncie a los violentos. Llamá al 134.
En el barrio se diría: Ponete la gorra. ¿A qué violentos habría que denunciar?
Video 2: Marcha o violencia: no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán.
Yo te avisé.
Esa tarde no se aplicó el protocolo antipiquetes pero sí hubo un vallado férreo y un espectacular operativo de seguridad desplegado en los alrededores del Congreso, convertido en “zona estéril”. Participaron 1.000 efectivos de las fuerzas federales y 900 de la policía metropolitana. Otro video oficial bastante distópico proyectado en las estaciones de trenes, en el lugar donde se espera ver los horarios, advertía, por si no había quedado claro: "La policía va a reprimir todo atentado contra la República”. Como para no meter miedo.
El 24 de Marzo, en la multitudinaria marcha de la Memoria, Verdad y Justicia a Plaza de Mayo en rememoración del último golpe militar, tampoco se cumplió el protocolo ni hubo fuerzas desplegadas, más allá de grupos de policías en las calles aledañas, donde las vallas impedían el ingreso de autos. Bullrich dijo que no iba a congregar a sus fuerzas porque era una “fecha histórica”. En cambio, monitoreó la marcha desde el Comando Unificado. Ahí, en las fotos, se observa su mirada panóptica. Guarda que te estoy mirando.
Aunque parezca lo contrario, al gobierno le importa el costo político: en una marcha tan convocante, represión podría equivaler a masacre. Está comprobado que las manifestaciones donde las fuerzas oficiales y las parafuerzas o “infiltrados” no participan, ocurren pacíficamente. Así sucedió este miércoles en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en apoyo a Cristina, donde también hubo controles poblacionales y requisas a los micros que llegaron de las distintas provincias. La Ministra, naturalmente, los justificó, minimizó el número de manifestantes y reveló la cifra de custodios asignados a la ex Presidenta.
Dos años atrás, Bullrich se ubicaba del lado del Nunca Más. Según declaró en el canal A24: "Independientemente de si fueron 30 mil u 8 mil (los desaparecidos), lo de fondo es que Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas como los que tuvo". Interesante para pensar en fratricidio cuando ordena a las fuerzas federales disparar contra “hermanos” en las marchas.
El 26 de marzo, en una nueva marcha de jubilados, se registraron 38 heridos por gases lacrimógenos, entre ellos una nena de ocho años que salía del dentista. Ese día, el gobierno de Milei oficializó un aumento del 2,4 por ciento para jubilados y pensionados, y ratificó el bono de 70 mil pesos, congelado desde hace un año. Este caso remite al 11 de septiembre de 2024, cuando durante una manifestación en contra del veto presidencial a la reforma de la fórmula jubilatoria otra nena de 10 años fue rociada con gas lacrimógeno por un agente de la Policía Federal. El gobierno había acusado a una manifestante y Bullrich, como siempre, defendió la actuación policial: argumentó que no fue intencional y que la nena “ya estaba gaseada”. Pero en mayo de este año, el policía quedó procesado por la Justicia.
Los “ataques preventivos” que acciona la ministra son funcionales a las medidas de ajuste hasta que se desenfrena. Ahí, parece, la llaman al orden. Por un rato. La firma reciente del decreto 383, que modifica sustancialmente las funciones históricas de la fuerza y les da mayor libertad de acción, muestra que el desenfreno para el control de la ciudadanía y la apuesta al punitivismo es lo que en realidad funciona para el gobierno nacional.