Todos los años impares la Argentina discute sobre la supresión o la continuidad de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), utilizadas por primera vez en 2009. Como todo debate, es legítimo interrogarse sobre la vigencia de los mecanismos que hacen a la democracia electoral. Pero la oportunidad para hacerlo debe estar alejada de las próximas elecciones y lo suficientemente cerca de las pasadas para considerar objetivamente el asunto.
Las PASO se realizaron en siete oportunidades y tuvieron un fuerte impacto sobre nuestro sistema político. La experiencia continua durante los últimos doce años brinda elementos suficientes para hacer un balance de su desempeño y para valorar si deben suprimirse, mantenerse o mejorarse.
El sistema se estableció, junto con otras modificaciones contenidas en la Ley 26.571, para fortalecer y democratizar un sistema político-partidario afectado por la crisis política, económica y social que estalló a fines de 2001. Las secuelas de aquel diciembre incluyeron fragmentación y territorialización partidaria, partidos, candidaturas y alianzas oportunistas creadas o activadas para cada elección, proliferación de bloques parlamentarios y grandes desigualdades en el acceso material a hacer campañas a partir de las posibilidades de recaudación financiera de cada espacio político.
Veamos un ejemplo: para la elección de 2007 se presentaron 14 fórmulas presidenciales y en la Provincia de Buenos Aires fueron 25 las listas de diputados nacionales y 16 las fórmulas a gobernador y vice. Mientras en 1983 los 254 miembros de la Cámara de Diputados se agrupaban en 11 bloques (un promedio de 23 legisladores por bancada), en 2009 los 257 se distribuían en 45 bloques (un promedio de 6 diputados por bancada). Con la obvia excepción del oficialismo, todos los demás partidos se presentaron con nombres y aliados diferentes a cada elección.
Las opciones políticas se volvían indistinguibles para los ciudadanos por tres motivos: la multiplicidad de la oferta, la migración de candidatos entre agrupaciones y la indeterminación de contenidos en competencia. Los electores no podían saber realmente qué estaban votando y la plétora electoral hacía que muchos votantes no consiguieran que los representantes que ellos votaban entraran al Congreso. La variedad de bloques parlamentarios, además, generó una dificultad artificial para lograr consensos, para sustentar una legislación razonable y complicaba el funcionamiento democrático.
A doce años de la implementación de las PASO, la mayoría de los analistas coinciden en un diagnóstico: nuestro sistema partidario no redujo el número de entidades partidarias, pero facilitó la constitución de frentes o alianzas a los efectos de ordenar y darle racionalidad a la competencia electoral y, por primera vez, esas alianzas tienen correlato en la acción parlamentaria y de gobierno trascendiendo los procesos electorales para los que son creadas. Se atenuaron, también, las hasta entonces crecientes tendencias hacia la desnacionalización o territorialización del sistema de partidos. Hoy la mayoría de los sistemas de partidos subnacionales se ordenan siguiendo una lógica similar a la nacional. Esta estabilidad se expresa en la consolidación de dos grandes coaliciones partidarias (FpV/FdT/UxP y Cambiemos/JxC) que, más allá de sus cambios de nombre, manifiestan un conjunto de posiciones políticas claramente reconocibles por los electores.
Combinadas con el Régimen Público de Campañas Electorales, las PASO han logrado que el sistema adquiera la apertura y flexibilidad necesaria para que nuevas opciones políticas no sólo se presenten a elecciones, sino que consigan cargos de representación y también expresen un conjunto de ideas y propuestas identificables para la ciudadanía, como lo hace desde hace años el Frente de Izquierda o, recientemente, La Libertad Avanza, la fuerza más votada en las PASO del domingo 13 de agosto.
Sin embargo, ninguna herramienta electoral es perfecta y las PASO lejos están de serlo, especialmente porque algunas de las particularidades de su diseño pueden generar efectos negativos en contextos de alta polarización como los que sufre nuestro país. Nos referimos al extenso lapso entre las elecciones primarias y las generales y al efecto de los resultados de las PASO como una “gran encuesta” o radiografía de las preferencias sociales.
Por esto, mientras afirmamos que deben mantenerse, reconocemos con honestidad que es necesario pensar en algunas modificaciones que mantengan sus beneficios y, a la vez, mejoren algunas cuestiones pendientes.
1. Simplificación de procedimientos y reducción de plazos
Con los avances tecnológicos, el fortalecimiento funcional de la justicia electoral y la experiencia acumulada en estos años es posible realizar modificaciones normativas y de gestión que simplifiquen —desburocratizando— aspectos administrativos y que permitan que las PASO y las elecciones generales se integren aún más en un mismo proceso electoral, acortando el plazo que media entre unas y otras. Esto evitaría efectos nocivos sobre la gobernabilidad, como ocurrió en 2019.
En este sentido, se pueden reducir los plazos de gestión de la inscripción y oficialización de precandidatos/as (y candidatos/as) y boletas mediante una plataforma digital desarrollada para la Justicia Electoral que efectúe en forma automatizada las comprobaciones respecto a su inclusión en el registro de electores, el cumplimiento de los requisitos constitucionales (edad), legales (domicilio/paridad) y estatutarios (afiliación), toda la documentación exigible (Certificado de antecedentes, etc) y las declaraciones juradas. La misma plataforma incorporará los resultados del escrutinio definitivo de resultados de las PASO y aplicará el sistema electoral generando no sólo las listas definitivas de candidatos/as, aplicando las normas que correspondan, sino que diseñará boletas sobre la base de plantillas precargadas. Así, mientras se abrevian los plazos judiciales para comprobar las condiciones de participación de precandidatos/as y listas, también se unifican los actos procesales correspondientes a cuestiones de mera administración, quedando para la resolución judicial únicamente los conflictos que se susciten.
2. Sistema electoral
Respecto de las fórmulas ejecutivas, la posibilidad de seleccionar mediante las PASO sólo a quien encabece la fórmula presidencial —habilitando a la agrupación política a completarla posteriormente mediante la designación de un candidato/a a la vicepresidencia— permitiría una mayor flexibilidad a la hora de reconfigurar la oferta electoral posterior a las mismas. En el mismo sentido, permitir las precandidaturas múltiples —de modo que los precandidatos a presidente y vice pudieran ser, en caso de perder la primaria, candidatos a senadores o diputados— les quitaría el dramatismo actual de ser competencias “a todo o nada” fomentando el interés de potenciales desafiantes internos y reduciendo el costo que la derrota puede significarles a los sectores más poderosos de la coalición. La prohibición de la doble candidatura es absolutamente lógica en las elecciones generales, pero en las primarias resulta excesivo, contraproducente y ha tenido el efecto no deseado de desincentivar la competencia.
La participación de las minorías en las listas legislativas está garantizada por mandato constitucional. Sin embargo, con las reglas actuales, las condiciones de esa participación están en manos de las agrupaciones políticas que las definen en sus reglamentos electorales pudiendo establecer condiciones que impiden en los hechos la participación de las listas minoritarias. Un ejemplo de esto ocurrió en las recientes elecciones primarias de Unión por la Patria en la Provincia de Buenos Aires donde a las minorías se le asignaban lugares tan inferiores en las listas definitivas que jamás podrían obtener ese cargo. Sería razonable unificar legalmente el sistema electoral para la confección de las listas de candidatos a diputados y parlamentarios del Mercosur estableciendo la aplicación del sistema D'Hondt, con un piso del 25% por ejemplo.
3. Obligatorias. ¿En qué caso?
Otra reforma, aún más profunda, sería que sólo los partidos y coaliciones cumplieran con el carácter obligatorio de la elección, dejándola como optativa para los votantes. De esta manera, las PASO seguirían cumpliendo con su tarea de ordenar y agregar la oferta partidaria, pero sin funcionar como una gran encuesta nacional —algo que induce al voto estratégico y refuerza las tendencias a la polarización—.
Un beneficio evidente de esta modificación es que incentivaría a los partidos a aceptar la competencia interna, no sólo para alcanzar el piso electoral que se establezca para participar de la elección general, sino también para mostrarse más fuertes frente a sus potenciales rivales que no lo hagan.
4. Impedir abusos financieros
Como en otras oportunidades, en las primarias 2023 se ha comentado extensamente —y ha generado cierto escándalo— el monto de los aportes destinados a la impresión de boletas, otorgado en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que extendió un beneficio legalmente establecido.
Se trata del aporte financiero requerido para imprimir un número de boletas equivalente a la cantidad de electores de un padrón completo por distrito. Así, cada fórmula de precandidatos a presidente o cada lista de parlamentarios del Mercosur por el distrito nacional reciben lo necesario para imprimir algo más de treinta y cinco millones de boletas. Al mismo tiempo, cada lista de diputados y senadores reciben lo correspondiente a los electores del distrito al que representan.
Antes de la Ley 26.571, en caso de presentarse a elecciones internas, cada agrupación que compitiera debía conseguir los recursos para imprimir las boletas que estimaban necesarias. Al establecer la obligatoriedad de las PASO, la ley dispuso un aporte económico de modo que la necesidad financiera no se convirtiera en un impedimento para la competencia.
Es necesario limitar los aportes para la impresión de boletas al equivalente a cinco padrones del distrito por categoría, divididos entre la totalidad de las agrupaciones intervinientes, sin perjuicio de la cantidad de listas o fórmulas internas que se presenten. La fórmula de distribución sería igual que la de los espacios publicitarios en medios de comunicación; es decir, el 50% de ese monto que permita imprimir el equivalente a 5 padrones se reparte por igual entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen precandidatos, mientras que el restante 50% será proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para la categoría diputados nacionales. Así se evitaría una situación que pervierta su sentido y convierta a algunas campañas electorales en una ocasión para la estafa.
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La revisión critica de la praxis política y las leyes electorales debe ser una práctica constante destinada a acortar la distancia entre la realidad y las normas, siempre al servicio de la representación institucional de las expectativas ciudadanas.
La reforma político electoral de 2009 cumplió suficientemente con sus objetivos en lo que respecta a ordenar la oferta electoral, pero la experiencia muestra que nuevas reformas pueden y deben pensarse para sus distintos componentes con el fin de continuar simplificando los procesos electorales y, en definitiva, continuar mejorando la calidad de nuestra democracia.