La imagen y el audio comienzan en simultáneo. No hay tiempo para acomodarse en la silla. Cristina ya está hablando. Es una ampliación de la declaración indagatoria en la causa en la que se la acusa de haber encabezado una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante el direccionamiento de contratos para obras viales en Santa Cruz. Pero no lo hace desde los tribunales de Comodoro Py ni por medios oficiales. Enfrente suyo no están los jueces del tribunal. Está en su despacho del Senado, detrás de un escritorio plagado de papeles resaltados. De fondo, la bandera argentina y una foto de ella junto a Néstor. Del otro lado, miles de personas siguen la transmisión en vivo por redes sociales -en apenas pocas horas el video entre Facebook y YouTube superan el millón de visualizaciones- y los canales de noticias amplifican el público a cifras difíciles de sondear. La decisión del tribunal abrió una fisura en el poder de los magistrados de controlar la visibilidad del proceso y trasladó la defensa de la vicepresidenta a la única arena donde tiene sentido: a la arena pública.
La defensa pública de Cristina cobra mucho más sentido en tanto que la propia vicepresidenta explica la persecución política por la vía judicial y mediática a partir de una referencia explícita al lawfare. Este no es un objeto estrictamente jurídico y, por lo tanto, monopolio de los teóricos del derecho. En cambio, el derecho procesal penal creativo sí debería serlo.
El lawfare es un fenómeno eminentemente político, porque es expresión de los debates y luchas que nutren nuestro imaginario democrático y sus límites, a la vez que renuevan las formas y contenidos que estructuran nuestra vida en común.
La búsqueda de Justicia por medios alternativos al Derecho
La referencia de Cristina al lawfare no es nueva ni aislada. Al menos desde el año 2017 viene apelando a este recurso para referirse a “la utilización del aparato judicial, en una articulación con los medios de comunicación, para provocar condenas previas sin juicio a dirigentes políticos”. El lawfare indica una búsqueda de justicia por medios diferentes a los que establece el derecho, por ello produce un corrimiento de los límites del principio legal del debido proceso y una vulneración de las garantías constitucionales que restringen la persecución penal. Es decir, un desplazamiento de la propia lógica jurídica, que ubica a las intervenciones judiciales en el marco de una estrategia más amplia de degradación pública del adversario político.
La eficacia del dispositivo tiene la participación de una autoridad jurisdiccional como necesaria pero no suficiente. La publicitación de la denuncia sobre todo en los casos de corrupción contra funcionarios públicos queda a cargo de los medios de comunicación. Cristina identifica a Clarín y La Nación como “las naves insignia del lawfare”. La colusión judicial mediática favorece la amplificación de la indignación moral y tiende a hacer efectiva la destrucción política de la persona denunciada. También se expande de manera mecánica. Cristina advierte esta peculiaridad: “este no es un juicio a CFK. Este es un juicio al peronismo”.
Cristina le atribuye una función de disciplinamiento político: “El famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares. Es para disciplinar a los políticos. Para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tenga el miedo de firmar, decidir o autorizar”. Como mecanismo disciplinador el lawfare no opera de manera homogénea sobre todo el espectro político ideológico. La parcialidad del “partido judicial” es ostensible.
Independientemente de las consideraciones académicas sobre su pertinencia conceptual, lo cierto es que el lawfare ha emergido como una categoría para denunciar la persecución política sobre líderes populares latinoamericanos y viene a ponerle nombre a las nuevas inclinaciones políticas de la justicia. En una sesión del Senado de la Nación dónde se trató su desafuero en el año 2018, Cristina sostenía: “yo creo que esta instrumentación del Poder Judicial que se da aquí en la Argentina, que se da en Brasil, que se da en Ecuador, es una estrategia regional. No tengo ninguna duda”.
Y enfatizaba sobre la selectividad del instrumento “alguien dijo que esto le puede pasar a cualquiera. ¡Error! ¡Error! ¡Estas cosas no le pasan a cualquiera! ¡Si los cualquiera votan lo que quiere el poder, si los cualquieras o “cualquieros” –cualquieras o “cualquieros”– levantan la manito para reforma previsional, para pacto fiscal, para lo que necesite el poder de turno, no le pasa nada a nadie! ¡Es mentira! ¡Estas persecuciones les pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo! ¡Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos!”.
Hablar de lawfare no es una maniobra distractiva para ocultar la penosa situación económica que atraviesa el país y una exorbitante concentración de la riqueza a la que las políticas económicas del Frente de Todos no han dejado de contribuir. Las reglas del espacio público para incluir o descartar asuntos no son lineales. El lenguaje económico no es único y, tal vez, ni siquiera el más indicado para discutir la injusta distribución de felicidad y sufrimiento que padecen las mayorías populares. El lawfare, como lo define Cristina, pone la justicia y la injusticia en el ojo de la tormenta: “No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento, vienen por eso, y vinieron por eso”.
Cristina frente al pelotón de fusilamiento
A fines del 2019 el mismo tribunal había rechazado la solicitud de Cristina Kirchner de televisar en vivo su declaración, intentando suavizar el posible impacto público de lo que tenía para decir sobre la causa y el modo en que había sido manejada. Pero en esta oportunidad, tres años después, parece haber tenido un efecto no calculado. La respuesta pública fue casi inmediata. El mismo lunes, al conocerse el pedido de 12 años de condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una multitud se acercó a Recoleta para respaldar a la vicepresidenta. Las coordenadas de reunión, la esquina de Uruguay y Juncal, habían sido fijadas en el GPS de los medios de comunicación opositores que batían el parche para la manifestación en su contra y a favor del pedido de proscripción. El volumen de la manifestación a favor de la líder del peronismo acabó por desplazar las expresiones en su contra.
El respaldo encarnó en las voces y los cuerpos de los principales referentes políticos del Frente de Todos y el peronismo se declaró en estado de alerta y movilización para “defender la vigencia de una verdadera democracia y los derechos conquistados, sin persecución a la más importante líder del pueblo argentino”.
Al respaldo de la militancia y las posiciones públicas de los representantes del frente político, se sumaron voces de la cultura, organismos de derechos humanos y la solidaridad internacional de Dilma Rousseff, Evo Morales, Ernesto Samper y Jean-Luc Mélenchon entre otros. Incluso representantes de los partidos de izquierda nacionales como Miriam Bregman y Nicolás del Caño, rechazaron el pedido de condena de los fiscales y definieron la situación como una persecución política.
La oposición nucleada en Cambiemos interpretó las manifestaciones de apoyo como una afrenta contra las instituciones del estado de derecho e incitación a la violencia. ¿De qué derecho estamos hablando? La defensa pública de Cristina Kirchner parece ser lo único que tiene sentido cuando el derecho que se le aplica es uno de excepción. Su defensa en sede judicial, si bien necesaria, no resulta suficiente bajo la propia percepción de la vicepresidenta de que la sentencia ya está escrita.
Conclusión razonable, ya que el tratamiento que vienen teniendo todas las acusaciones en su contra tienden a invertir la carga de la prueba, desconocen el principio de inocencia y mandan a la acusada a tener que probar que no cometió los delitos que se le imputan. La presunción de culpabilidad fue defendida en las últimas semanas por algunos expertos en derecho, aunque es difícil entender la aplicación práctica del principio de inocencia bajo la presunción de culpabilidad.
Tres toneladas de pruebas
Hasta ahora, tanto en la causa Vialidad como en otras en que se acusa a Cristina de hechos de corrupción -Hotesur/Los Sauces, por ejemplo- el problema de las denuncias es que no encuentran las pruebas. Pero hay una ventaja en favor de los denunciantes: probar judicialmente no implica demostrar la adecuación entre la denuncia y ciertos hechos. La finalidad de la prueba no es otra que formar un juicio subjetivo sobre los hechos en quien o quienes deben dictar sentencia, los jueces. En ese sentido, un hecho se considera o no probado según que los elementos de juicio sean considerados suficientes para formar esa convicción. Las partes involucradas en el litigio pueden producir abundante prueba sin producir con ella tal convicción. O como se hizo evidente en el caso de Luis Ignacio “Lula” da Silva en Brasil: la convicción sin pruebas de un juez ignoto puede mandar a la cárcel al principal dirigente político de una potencia regional.
La posición de la vicepresidenta, nada descabellada dado lo amañado del proceso, es que la convicción de los jueces es incluso anterior a las “tres toneladas de prueba” en su contra que los fiscales dicen haber pesado pero que, durante el juicio, brillaron por su ausencia.
Las últimas pruebas intrusadas en el alegato final por los fiscales Luciani y Mola, con la venia de los jueces del Tribunal, estaban orientadas a dotar de verosimilitud el pedido de condena por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz ya que durante las audiencias los propios testigos habían demolido la acusación.
En este juicio no hubo prueba que doble la convicción. Esta es solo una de las causas del laberinto judicial que desvela a CFK. Lo que queda es la defensa pública.