“En una ciudad estallada, donde reina el miedo y la angustia, donde muy pocos llegan a fin de mes y hay que juntar unos pesos para prevenirse del estrago de los mosquitos ya que la inyección del dengue cuesta 70 lucas, cuesta andar y sentirse libre. La angustia de la muerte nos atraviesa. Por los trabajadores muertos, por las mujeres, por los chicos sin infancia”, escribe en caliente Silvina Tamous en el editorial que acaba de publicar el diario El Ciudadano.
Esta semana, la violencia volvió a escalar en Rosario: hubo tres atentados contra la vida de trabajadores de los servicios públicos en poco más de 24 horas. Dos taxistas y un colectivero. El impacto a nivel social y político es tal que el intendente municipal, Pablo Javkin, suspendió la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de Rosario. También la marcha del 8M ha sido reprogramada, lo que evidencia la incertidumbre por cómo se ocupará el espacio público.
“Cuando la muerte escala vienen más policías, se encarcela a más gente y se mata más —continúa Tamous en su editorial "En esta puta ciudadd"—. Una sucesión de hechos que se repiten desde aquel 26 de mayo de 2013 cuando asesinaron al líder de Los Monos, Claudio Ariel Cantero, y nada pudo volver atrás. En esa época se ensayaban fotos de allanamientos, con autos de alta gama, con equipos de sonido y con el lujo que se exhibía en La Granada, donde el porcelanato reinaba. Hoy se necesita mostrar otra cosa. Las cárceles de Bukele cuando se abren a los medios buscan mostrar a la sociedad una especie de tortura, una venganza hacia el mal que ubica al político en los más altos rangos de popularidad. Pero reproducir esa foto en Rosario con presos de bajo perfil —ya que son cárceles provinciales— buscó un marketing aislado y confuso, cuando no hay ningún plan para pacificar la ciudad.”
¿Cuál es la trayectoria que convirtió a Rosario y a Santa Fe en las ciudades con más homicidios del país? ¿Cómo se intervino en el conurbano bonaerense, que antes ostentaba ese ranking, para revertirlo? ¿Qué cambia cuando las violencias están explícitamente asociadas con el mercado de drogas ilegalizadas? ¿Cómo consolar las muertes de víctimas civiles que nada tienen que ver con el mundo narco? ¿Cuáles son los vínculos entre los mundos criminales y la acción estatal para hacerles frente?
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Estadísticamente, una persona tiene más chances de ser asesinada en un barrio de Rosario que en una calle de Ramos Mejía. En Rosario las tasas de homicidio son las más altas de toda la Argentina. En nuestro país hay 4,31 homicidios por cada 100 mil habitantes; en Rosario hay 22,1, cinco veces más. La Matanza fue el municipio con mayor cantidad de homicidios de la Provincia de Buenos Aires en 2022, y la diferencia de homicidios totales anuales entre ambos territorios es del doble: 287 en Rosario y 142 en La Matanza.
Estos datos muestran, además, que en la Argentina el promedio de homicidios dolosos viene bajando desde hace una década. En Rosario, en cambio, ocurre a la inversa: en 2022 se registró el promedio más alto de los últimos ocho años. También evidencian que mientras las tasas de homicidio a nivel país son las más bajas de Latinoamérica, los números de Rosario no son tan tranquilizadores. Aunque está cuantitativamente lejos de ser una de las ciudades más violentas del continente, presenta cifras que la emparentan más con urbes conflictivas de México, Brasil, Colombia o Ecuador.
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La regulación policial es el elemento más mencionado por los expertos para explicar las diferencias entre las dos grandes ciudades santafesinas y el conurbano. La Policía Bonaerense aún mantiene un control -relativo e inestable, pero control al fin- de los territorios. Esa regulación se produce en parte con las herramientas legales pero también con acuerdos, negociaciones y pactos entre la policía y el mundo criminal. La más recurrente de esas estrategias es un eficiente sistema de recaudación policial a través de tributos, coimas y cánones -vinculado al poder político-, que permite hacer una regulación suficientemente exitosa del mundo criminal. En Rosario/Santa Fe esa regulación no se produce porque la Policía no respondería de la misma manera al poder político. Incluso hay evidencias judiciales de que algunos sectores de la Policía de Santa Fe están involucrados en tramas delictivas, bajo las órdenes de los capos criminales.
Así, la regulación policial del mundo criminal es útil no sólo como sistema tributario “estatal” (cajas policiales y políticas) sino como forma de ordenamiento de ese mundo criminal. La regulación organiza y controla a los mercados que operan en la informalidad y la ilegalidad.
Cuando hablamos de regulación, hablamos del doble pacto (trabajado por Binder 2009 y Sain 2008) que implica, por un lado, la delegación del gobierno político de la seguridad en manos de la policía y, por otro lado, una relación de regulación del delito de los policías con las organizaciones criminales. La primera cadena del trato se da entre políticos y policías. Los primeros se aseguran una regulación de los conflictos; los segundos ganan autonomía para su gobierno y para las búsquedas más diversas de bienes materiales. La segunda cadena del pacto es entre policías y delincuentes, donde se negocia la regulación del delito. Aquí funciona una matriz ideológica, ya que los políticos le entregan a la policía la regulación de la seguridad porque creen que sólo por medio de su intervención se soluciona el problema de la inseguridad. Para que el pacto funcione debe interceder otro actor más: los administradores de justicia. Jueces, secretarios y fiscales que, por acción u omisión, avalan o dejan hacer a las policías.
¿Qué consecuencias tiene que en Santa Fe no funcione ese sistema de la misma manera que en la provincia de Buenos Aires? Esteban Rodriguez Alzueta, doctor en Ciencias Sociales, ensayista e investigador, cuenta a modo de ejemplo que un abogado de los narcos decía que la “corrupción es muy barata” en Rosario, ya que no hay un sistema de recaudación ilegal-estatal efectivo. La no existencia del sistema de recaudación posibilitó que bandas criminales se autonomizaran del control de la policía y quedaran fuera del radar de la política, pasando incluso a diversificar sus economías hacia otros sectores de las economías ilegales pero también legales (mercado de granos, mercado inmobiliario, clubes de fútbol).
Así, sin quererlo y de forma indirecta, surge un elogio para la Bonaerense. Varios de los expertos con los que conversamos resaltan el rol protagónico de la policía de la provincia para limitar los homicidios en su territorio. Para Marcelo Saín “la Bonaerense sigue teniendo el control de la calle, vale decir que en general las cosas que ocurren en el mercado de drogas son cosas que están admitidas o negociadas con el Estado, pero el Estado a través de la policía manteniendo un lugar predominante. Esto se quebró por completo en Santa Fe, donde la última etapa en la cual la policía controlaba la circulación de mercancías y el mundo del narco fue hasta finales de los años 90”.
En la misma línea Claudio Suarez, especialista en Política Criminal y funcionario de carrera en el Ministerio de Seguridad de la Nación, menciona que “en términos comparativos, el control y regulación de la fuerza no es algo que haya perdido la Bonaerense, conservando cierta hegemonía aún en la atomización”. A modo de contrapunto, Eduardo Villalba, ex Secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación (2019-2021), señala que “la Provincia de Santa Fe no puede estructurar desde hace años una policía profesional, orgánica y alineada al poder político civil provincial, que responda eficazmente al combate, persecución y conjugación de los delitos, y en especial los que ocurren en Rosario”. En ese sentido, para la doctora en antropología Sabina Frederic, ex Ministra de Seguridad de la Nación, la policía de Santa Fe directamente “se fue tornando en los últimos tiempos una banda criminal, una banda narco”.
Paradójicamente, la “maldita policía” Bonaerense es maldita -en tanto recauda y regula- pero esa maldad limita algunas violencias.
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Otra coincidencia sería la evidencia del flujo de capitales del narcotráfico inserto en un largo repertorio de actividades legales. En la ciudad de Rosario se da lo que Claudio Suárez llama un “ambiente de negocios” que propicia ese tránsito desde las economías criminales hacia las economías legales. Contrabando de granos, evasión y elusión fiscal, violación de normas cambiarias, lavado de dinero y activos. Ilegalidades del poder que se evidencian, por ejemplo, en el funcionamiento del mercado inmobiliario y de otras actividades de alta circulación de dinero como el fútbol profesional. Desde ya, las ilegalidades no son exclusividad de las organizaciones delictivas vinculadas a lo narco.
Esta dinámica económica no es exclusiva de Rosario. Sin embargo, en Rosario se maximiza por la falta de regulación estatal. En este mismo sentido, Marcelo Saín dice que “como ha dicho un gran empresario de Rosario: es muy difícil distinguir la guita blanca y negra en el mundo que nos movemos nosotros porque es tanta la plata negra de las actividades legales que es muy difícil diferenciar”. Afirma que en Rosario hay “un vínculo de hecho entre grupos narcos, financieras y política, que no está mediado por la policía. La policía está afuera del negocio. La plata grande del narco va directamente a través de los abogados narco a las grandes financieras y de ahí al mundo de la política”.
La foto del problema de Rosario son las cuevas cambiarias donde se cruzan desarrolladores inmobiliarios, jefes narcos criminales, productores agropecuarios, valijeros de la política. Allí se materializa esa confluencia de economías legales, ilegales e informales.
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Un punto ineludible: no existe una relación directa entre violencias y mercado ilegales. De hecho existen numerosos mercados ilegales, que movilizan millones de dólares, con niveles bajos o nulos de violencia física. Los mercados ilegales no siempre necesitan de la violencia: ¿entonces?
En los mercados ilegales el uso de la violencia tiene que ver con dinámicas de competitividad y la intervención del Estado. La violencia es un recurso y se usa según diferentes criterios. Puede utilizarse para resolver conflictos internos, reducir los comportamientos desleales o mantener posiciones en el mercado. O puede no usarse. En Rosario la violencia se usa más que en el conurbano bonaerense.
Dos son las razones por las que los mundos criminales son más violentos en la provincia de Santa Fe. Uno: la falta de regulación. La poca o deficiente intervención de las administraciones públicas en los mercados de drogas dejó el escenario propicio para un uso mayor de la violencia. Dos: la fragmentación del mercado de drogas en Rosario habilitó el uso de la violencia. Hay muchas bandas peleando por un territorio y la violencia funciona como un recurso eficaz para hacerse valer en esos espacios.
La hipótesis de Rodriguez Alzueta nos da una pista. Él sostiene que la violencia emotiva o espontánea de jóvenes “bardo” es convertida durante el paso de esos jóvenes por el sistema penal en violencia utilitaria, y usada para ingresar al mundo del narco en Santa Fe. “Pibes cachivaches” que a partir de ser encuadrados en el narco obtienen reputación y le impregnan valor a la violencia. En este razonamiento, el narcotráfico aparece como un mundo de posibilidades y fantasías para los jóvenes de sectores populares. La violencia espontánea usada en peleas callejeras o en pequeños delitos predatorios se reconduce, a partir del paso por prisión, en violencia utilitaria vinculada a la seguridad privada o al sicariato. El sistema penal provoca que se crucen trayectorias de pibes (siempre de barrios pobres) “barderos” con narcos y transas, y que esos pibes al salir de la cárcel empiecen a participar de estructuras narco.
Además, los administradores de los negocios del narco en Rosario y en el conurbano poseen trayectorias diferentes, cuenta Marcelo Saín, ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Las trayectorias delictivas de los encargados del negocio en la provincia de Buenos Aires están marcadas por el control de la violencia y la relación con las policías. Muchos de ellos tienen experiencias en otros tipos de delitos, donde no se usa la violencia en demasía y se negocia con las fuerzas de seguridad, como los piratas del asfalto. En cambio, en Rosario son menos “profesionales” y usan las violencias de manera más letal y recurrente.
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La respuesta a la pregunta ¿quién muere? muestra una similitud. Tanto en el conurbano bonaerense como en Rosario y Santa Fe mueren los más pobres. La violencia letal está distribuida desigualmente. Los homicidios ocurren en territorios muy delimitados y si bien hay excepciones, que son las que traccionan la visibilidad del fenómeno, la regla es que los delitos violentos se mantengan en determinados barrios y zonas. Tanto en el conurbano como en la provincia de Santa Fe mueren los más pobres, los más vulnerables. Eugenia Cozzi, investigadora de CONICET, dice que en ciertos barrios de Rosario “la muerte o la posibilidad de ella se convirtió en una experiencia cotidiana”. El origen pobre de los muertos explica la “tolerancia social” (política, judicial y policial) a esos crímenes, como señalan desde el CELS. Y habilitan un accionar distinto de la Justicia: en Rosario solo el 33% de los homicidios de 2022 fueron esclarecidos, números similares a los que muestra la Provincia de Buenos Aires. Homicidios que casi no se investigan, muertos que no importan.
Nicolas Barrera, doctor en Humanidades y Artes, señala un elemento central para tener en cuenta: la extrema precariedad de la situación social en los barrios, donde la plata que circula o la gestión de aspectos de lo social de esas comunidades pasa en buena parte por las bandas narco (incluyendo fiestas, espacios de sociabilidad). Barrera también señala que a esas bandas, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Brasil, no les interesa regular la vida social ni tener un “control jurisdiccional” del territorio, sino solamente controlar la distribución de drogas y los mercados ilegales, por lo que frente a cualquier conflicto los vecinos no pueden recurrir a ellos ni tampoco al Estado, cada vez menos presente. Bala y droga para los barrios pero poca regulación social: lo que importa no es la gobernanza criminal sino manejar el clima de los barrios, manejar el terror.