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Quiero hablar de lo que resuena cuando se nombra a Venezuela en las discusiones políticas de estos años. Las resonancias son más nítidas en momentos en que el desafío de Guaidó, avalado por una movilización popular enorme y lo que parece el acuerdo previo de varios gobiernos, desnuda la debilidad de Maduro y sus aliados. Bajo esas resonancias vibran algunos problemas ideológicos que el pensamiento de izquierda y las fuerzas políticas populares en América Latina deberán resolver en los próximos años. El fracaso del chavismo en Venezuela es la botamanga a la que el discurso y la imaginación de la derecha le hincaron los dientes. No la van a soltar.
Las conversaciones sobre el presente venezolano se interrumpen pronto con acusaciones. Para que fluya la que podría abrir este texto, me parece útil empezar exponiendo algunas de mis creencias.
Entiendo a la democracia como una forma de gobierno en la que todas las ciudadanas y ciudadanos pueden participar y los gobiernos pueden perder elecciones. Para eso, los opositores tienen que hacer política sin que su libertad o su integridad física corran riesgos, las condiciones de la competencia electoral tienen que ser parejas, los que ganan elecciones tienen que asumir los cargos y los que las pierden se tienen que ir a la casa. En Venezuela quienes hacen política desde la oposición corren riesgos muy serios, la competencia electoral está groseramente inclinada a favor del oficialismo y cuando los resultados de las elecciones legislativas no lo favorecieron, Maduro armó otra asamblea, cambió la constitución, reprimió muy violentamente las movilizaciones opositoras de 2016 y en 2018 renovó su mandato en una elección muy cuestionada. Podemos discutir cuándo Venezuela dejó de parecerse a lo que propongo llamar “democracia”. No tengo ninguna duda de que desde hace varios años vive bajo un régimen autoritario.
Apenas hace falta mencionar el desastre económico y social que produjo el experimento chavista. No conozco otro país que se haya empobrecido tanto y tan rápido. Casi no tiene sentido calcular la inflación porque la moneda se evaporó y, si no se hubiera evaporado, serviría de muy poco, porque hay muy poco para comprar y vender. El éxodo masivo que empezó en 2017 es solo la expresión más reciente de un descalabro que lleva varios años.
En Venezuela, la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes es solamente más baja que la de Siria, que está en medio de una guerra civil, y semejante a las de Honduras y El Salvador, países con Estados débiles y casi ninguna experiencia democrática anterior a los ‘80. El Estado venezolano no ofrece ninguna protección: no regula la producción, el intercambio, el valor de la moneda ni el ejercicio de la violencia. Las conspiraciones de la oposición y la hostilidad de varios gobiernos norteamericanos no son excusas válidas. El chavismo fracasó en todos los frentes.
El fracaso no me sorprende ni me desilusiona. Cuando Chávez reapareció como candidato presidencial a fines de los ‘90, para mí era el militar que por suerte había fallado en el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992. Siempre creí que a su nacionalismo revolucionario le faltaba un golpe de horno, pobre como guía de la política económica y también como boceto de una nueva institucionalidad política. El socialismo bolivariano del Siglo XXI es una doctrina tan rústica como el anticomunismo anacrónico y delirante que abraza la parte más activa del antichavismo en el mundo.
La deriva autoritaria y el derrumbe económico del proyecto chavista eran previsibles. Sin embargo, creo que se puede aprender algo reflexionando sobre esta experiencia. Para eso, es importante recordar algunos de los motivos por los que Chávez entusiasmó a tanta gente a fines de los ‘90. Su llegada a la presidencia en 1999 fue el comienzo del giro a la izquierda en América Latina. La interpretación más común presenta a ese giro como una reacción frente al fracaso de las reformas de mercado de la década previa. En Venezuela esas reformas habían avanzado bastante menos que en países como Argentina o Bolivia. Aún así, en vísperas del ascenso de Chávez, también tenía bajo crecimiento económico y problemas de integración social, pobreza y desigualdad. Las y los presidentes del giro a la izquierda eligieron políticas económicas y alianzas partidarias y sociales muy distintas para resolver esos problemas. Lo que justifica agruparlos bajo una etiqueta común es la repolitización, el esfuerzo por restituir la autonomía de decisión de los Estados y la confianza en que, por primera vez en la historia de la región, se podía elegir estrategias de desarrollo que dieran prioridad a los intereses de los sectores trabajadores y populares sin poner en riesgo la democracia. La retórica revolucionaria y anti-norteamericana de Chávez expresó ese afán repolitizador y autonomista común, solo que lo hizo de modo más audaz y estridente que sus pares.
El rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas en la cumbre de Mar del Plata en 2005 simbolizó la comunidad de propósitos y el objetivo de ganar autonomía para los Estados de la región. Chavez utilizó ese escenario para organizar una contra-cumbre en la que además de confirmar el fin del ALCA anunció su intención de liderar un proyecto de integración comercial y política alternativo. El consenso expresado en Mar del Plata reveló ser puramente negativo. El ALCA cayó pero el proyecto de Chávez no prosperó. Tampoco los varios otros proyectos alternativos que se propusieron en esos años. La parálisis de la integración regional y la persistente dificultad de las economías latinoamericanas para integrarse de modo beneficioso al comercio mundial pueden hacer pensar que el autonomismo anti-norteamericano de 2005 estaba mal orientado. Para evaluar este juicio hay que tener presente que el presidente norteamericano que viajó a Mar del Plata fue George W. Bush, autor de las desastrosas intervenciones en Afganistán e Irak, luego testigo indolente del desorden financiero que llevó a la más profunda crisis global del capitalismo desde 1929 y, antes, principal respaldo político de la decisión que dejar caer a Argentina en 2001.
En mi opinión, el autonomismo de los gobiernos del giro a la izquierda no se parece al anti-imperialismo del Siglo XX. No fue liberacionista, no rechazó la inversión extranjera, no estuvo inspirado en la teoría de la dependencia, no trató de buscar un orden global alternativo al unilateralismo frágil vigente desde principios de los ‘90. Más modestamente, procuró ganar independencia en un orden global en transición, cuando algunos de los mecanismos habituales de regulación internacional (por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio) empezaban a mostrar sus limitaciones. Trató también de desembarazarse de la tutela de un sistema de creencias y un recetario de políticas (desregulación, privatización, descentralización) que a cambio de múltiples traumas sociales solo había traído estabilidad de precios, algunas mejoras fiscales y unos pocos años de crecimiento.
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Hugo Chávez expresó esa vocación autonómica con la liturgia y la retórica de otra época pero los actores de ésta. La suya fue una revolución administrada por militares y con el apoyo fundamental de los pobres urbanos, no de obreros industriales, no de campesinos. Llevó el propósito de autonomía y la repolitización más lejos que cualquiera de sus pares. Paradójicamente, el proyecto termina con el gobierno venezolano sometido a la tutela financiera de los gobiernos de China y de Rusia y con la autoridad política del Estado, principal herramienta de politización, quebrada. Puede ser tentador atribuir el naufragio a la desmesura del proyecto bolivariano, representada en la grandilocuencia de Chávez o la torpeza y la crueldad de Maduro. Creo que sería un error. El fracaso del chavismo deriva, entre otras cosas, de resoluciones inadecuadas a problemas ideológicos y políticos. Esos problemas afectan a todos los gobiernos y las organizaciones populares de la región. Muchos de ellos también han tendido a resolverlos mal.
El primero de esos problemas es el de la sustentabilidad del cambio social promovido desde el Estado. No creo que el Estado deba ser sólo una gran agencia dedicada a la protección de la integridad física de las personas y la corrección de las fallas de los mercados. Creo que los Estados democráticos pueden y deben regular las relaciones de producción e intercambio entre las personas. Desde este punto de vista, comparto la fe en la capacidad transformadora de la intervención estatal que inspiró a los gobiernos del giro a la izquierda. Si los resultados económicos y sociales dependen de cómo intervenga el Estado, es natural pensar que cuando cambian las principales autoridades del Estado pueden cambiar las políticas y, entonces, sus resultados.
El temor a que pase una cosa así puede ser alarmante para quienes se sienten, en algunos casos por buenos motivos, representantes de sectores postergados durante muchos años. Por ejemplo, los partidarios de Evo Morales en Bolivia pueden pensar que una derrota del MAS en la elección presidencial podría retrotraer la situación de los sectores populares bolivianos a la vigente antes de 2005. Algo de ese temor expresó, de modo equívoco y paradójico, la consigna que la Cámpora eligió para uno de los últimos actos públicos durante la presidencia de Cristina Fernández: “Irreversible.” Todas las acciones de los gobiernos son irreversibles en el sentido trivial de que ponen en marcha procesos que de otro modo no hubieran ocurrido. En cualquier otro sentido, no hay nada irreversible en los resultados de las políticas de un Estado democrático. Vista así, la sustentabilidad de los cambios sociales se revela verdaderamente complicada.
El problema de la sustentabilidad admite dos grandes tipos de soluciones: reducir el tamaño del conjunto de gente que quisiera cambiar las políticas o reducir la probabilidad de que cambien las políticas. Muchos militantes, funcionarias y dirigentes de los gobiernos del giro a la izquierda apoyaron y apoyan soluciones del segundo tipo. La versión más primitiva de ese tipo de solución es restringir la competencia política. En el extremo, como lo revela la experiencia chavista, ese tipo de solución no es compatible con la democracia. Si los partidos que gobiernan no pueden perder elecciones, no hay democracia.
Restringir la competencia política es inaceptable. No es compatible con vivir en libertad en una sociedad en la que distinta gente quiere distintas cosas. No conozco ninguna sociedad en la que la misma mayoría de gente quiera siempre lo mismo. Este argumento es suficiente para rechazar ese tipo de solución para el problema de la sustentabilidad. Aunque fuera intrínsecamente justa, la restricción de la competencia es también muy mal negocio de mediano plazo para los sectores populares. Los estudios especializados no encuentran ninguna evidencia de que las democracias redistribuyan a favor de los pobres más que las dictaduras. Hay reglas legislativas y electorales, formas de organización de los actores sociales y modos de circulación de la información política que impiden la redistribución progresiva en muchas democracias. No obstante, la remoción de esos obstáculos es mucho más probable cuando los sectores populares pueden organizarse y expresarse libremente.
Lo mejor que les puede pasar a los pobres de América Latina es que sus representantes ganen elecciones de vez en cuando. La experiencia de los gobiernos del giro a la izquierda probó que se puede adoptar políticas claramente favorables a los pobres en el corto plazo sin correr riesgo de que haya golpe de Estado (la revancha clasista de los ricos, sin embargo, no es débil ni trivial, como voy a comentar más adelante). La sustentabilidad de los cambios que producen esas políticas hay que buscarla ampliando el conjunto de aliados partidarios y sociales que las respalden. Los límites a la competencia, los cambios constitucionales que postergan el reemplazo de los líderes, promovidos desde gobiernos populares, dan motivos a quienes sostienen que los gobiernos que votan mayoritariamente los pobres son una amenaza para la libertad. Intentar limitar la competencia política es injusto, inconveniente y reduce el capital político de largo plazo de las organizaciones que representan a los intereses populares.
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El segundo problema es el de la legalidad que, visto de otro modo, es el de la relación entre el poder económico y el poder político. Como todos los gobiernos, los del giro a la izquierda trataron de saltar los obstáculos legales vigentes para cambiar la política en el sentido que les pareció mejor. Algunos cambiaron las constituciones para postergar su reemplazo en la conducción del Estado y, así, el cambio de las políticas que llevaron adelante. El chavismo, por ejemplo, reformó la Constitución de Venezuela y recurrió muchas veces a cambios legales profundos o a interpretaciones constitucionales para alcanzar sus objetivos.
Como el de la estabilidad de los cambios sociales, el problema de la legalidad plantea a los movimientos políticos que desafían el statu quo social un desafío verdaderamente complicado. Las leyes, como todas las reglas, tienen resultados sesgados. Aunque se apliquen con absoluta imparcialidad, su contenido hace más sencillo que algunos grupos satisfagan sus intereses y más difícil que lo hagan otros. Por eso, tienden a reflejar la distribución de poder extra legal, es decir, la capacidad de alcanzar sus objetivos que los grupos sociales tendrían si no hubiera leyes. Esto aplica tanto para las leyes en sentido estricto, es decir, los textos que aprueban las mayorías en las legislaturas, como a las reglas de identificación, esto es, a las reglas que indican quiénes producen y aplican lo que se considera “ley.” El problema se vuelve todavía más complicado e interesante si se toma en cuenta que la organización de los poderes judiciales, la cultura y las prácticas jurídicas suelen estar aisladas de la influencia de las mayorías políticas democráticas y fuertemente sesgadas en contra de los pobres y a favor de los ricos.
En estas condiciones, no es sorprendente que sectores de las organizaciones y los gobiernos de izquierda hayan visto en las leyes como objeto y en la legalidad como modo de proceder, un escudo para los ricos y un corset que las fuerzas populares tienen que sacarse de encima. Este modo de concebir el asunto es parcial y, creo, equivocado.
La legalidad es un lenguaje y un conjunto de organizaciones complejo. Pero es también el instrumento a través del cual el Estado interviene la trama social. Una legalidad débil o incompleta hace un Estado imprevisible. Un Estado imprevisible es un Estado arbitrario y también uno ineficaz, limitado en su capacidad de inducir comportamientos deseados y disuadir los indeseados. Si el Estado es un instrumento de las fuerzas populares, la legalidad es un capital que ellas deben dedicarse a preservar.
La relación entre el poder social y el poder político puede pensarse en un sentido similar. América Latina es una región poco dinámica desde el punto de vista económico y muy injusta desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y los ingresos. La productividad de las firmas latinoamericanas es baja, igual que la inversión del sector privado. Las tasas de imposición son también bajas y la evasión impositiva, muy alta. Las tasas de empleo no son tan altas como la altísima tasa de informalidad en el empleo sugeriría (es un argumento interesante para evaluar el impacto potencial sobre el empleo y los ingresos de la desregulación de los empleos formales). En síntesis, hay buenos motivos para creer que los ricos en América Latina invierten, innovan y emplean poco y pagan pocos impuestos y bajos salarios. Por ese motivo, es verosímil el modo en que muchos han presentado la relación entre los gobiernos del giro a la izquierda y los sectores productivos: una cruzada de los representantes de los pobres ocupando circunstancialmente el Estado contra los “poderes concentrados” y permanentes del sector privado.
Como toda caricatura, esa tiene algo de cierto. Los dueños de las empresas y sus representantes combaten fuertemente a los gobiernos que adoptan políticas a favor de los pobres. Sin embargo, mientras las decisiones de empleo e inversión estén en manos de agentes privados es necesario encontrar un modus vivendi. Este problema es muy complicado de resolver para todos los gobiernos y todavía más complicado para los gobiernos de izquierda. La solución que propuso el chavismo tuvo resultados catastróficos. La convivencia conflictiva o la colusión con los “socios del proyecto,” ensayadas en otros países, tampoco tuvieron buenos resultados. Las fuerzas populares también necesitan elaborar una respuesta estable para este problema.
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No me gustaría que lo que observo se entienda como un llamado a la moderación irreflexiva. La politización, la confianza en la capacidad transformadora de la política y de la acción de los gobiernos democráticos, es una herencia valiosísima de los gobiernos de izquierda latinoamericanos. El opuesto de la politización, la anemia ideológica de los sectores dominantes del Partido Demócrata en los Estados Unidos o de los partidarios de la Tercera Vía en Europa, no ayudó a evitar el aumento de la desigualdad en el mundo y explica la debilidad global de los sectores progresistas. Hay que seguir buscando un modo para criticar profundamente y ayudar a transformar las condiciones en las que vivimos. Para eso, me parece importante calibrar las brújulas ideológicas.
El legalismo y el aparente compromiso democrático de las derechas conservadoras que gobiernan Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y Argentina no son creíbles. Si de veras se tratara de forzar la salida de gobiernos ilegítimos, el Departamento de Estado y las derechas latinoamericanas se tendrían que haber pasado la vida promoviendo la autoproclamación de presidentes encargados para llamar a elecciones. Se hubieran evitado muchas muertes si su convicción fuera sincera y su compromiso, consistente. En el caso de Venezuela persiguen un objetivo defendible, forzar la salida de un gobierno autoritario, pero lo hacen por motivos malos: porque creen que ese gobierno amenaza los intereses sociales a los que representan. Si de verdad les preocupara la legalidad, debieron haber denunciado en Brasil y en Argentina los mamarrachos procesales y constitucionales que denunciaron en Venezuela. En Venezuela los denunciaron. En Brasil y en Argentina los promovieron. Y promueven mamarrachos procesales y constitucionales en Brasil en Argentina, por el mismo motivo por el que intervienen decididamente en Venezuela: porque sienten amenazados los intereses a los que representan. El elemento común es la defensa de esos intereses, no la convicción legalista ni el compromiso democrático. Las fuerzas populares también representan intereses. A diferencia de las derechas conservadoras, fueron protagonistas de las luchas para restituir la democracia y promover la plena vigencia de la legalidad y la protección de los derechos humanos. Esa participación les da una ventaja política. Hay que defenderla.
El autor agradece a Pablo Beramendi, Paula Lambertini, Julia Narcy, Martín Rodríguez y Abelardo Vitale, quienes leyeron amablemente y ayudaron a corregir una versión previa de este texto.