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Lunes 04 de Noviembre de 2013

Bolivia: los linchados de El Alto

El Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos (LLILAS) y la revista Anfibia crearon una beca para que un doctorando de la Universidad de Texas y un cronista investiguen y escriban juntos un texto. Después de ganarla, el sociólogo Jorge Derpic viajó a Bolivia y trabajó con el prestigioso cronista Alex Ayala. No fue simple: no hay informes oficiales. La policía los registra como homicidios o tentativas de homicidio, pero basta leer los diarios o ver los noticieros locales para descubrir que todos los meses allí intentan ajusticiar a algún ladrón. En ellos participan desde jubilados a profesionales universitarios. A pesar de que algunos medios los venden como “Justicia comunitaria”, la Defensoría del Pueblo niega terminantemente esta asociación. Como en Fuenteovejuna los asesinos son todos y, a la vez, ninguno. Surge la masa y con ella el pacto de silencio.

Cuando alguien aprieta el botón blanco, Edson gira la cabeza esperando ver un rostro al otro lado de un vidrio.

Periodistas por el intercomunicador (P): ¿Cómo te sientes, Edson?
Edson (E): Todavía mal porque no puedo recuperarme del todo. Sigo con dolor. Tengo que caminar, pero no puedo. Nadie me ayuda. Ése es mi problema.
P: ¿Recuerdas quiénes son las personas que te han prendido fuego?
E: Los mismos vecinos. El presidente de la zona. Los que ayudan por ahí. Los jóvenes. Ellos más que todo. Son revoltosos, ¿no ve?
P: ¿Todos querían golpearte?
E: Sí pues. No me dejaban salir. No sé qué garantías querían, no se les entendía.

Lleva más de dos meses rotando de cama en cama en la moderna sección de quemados del hospital Boliviano-Holandés de la ciudad de El Alto. Pasó de terapia intensiva a la sala cuatro, a la sala uno, a terapia intensiva nuevamente y, desde hace tres semanas, otra vez, a la sala uno. Lo asustan los sonidos inesperados: un cuchillo cuando cae sobre un plato, una puerta que se cierra de golpe. No es consciente aún de que sufre un trastorno de estrés postraumático. Dos veces a la semana, lo trasladan a un quirófano último modelo para hacerle injertos de piel en las regiones chamuscadas de su cuerpo. Y después lo devuelven dopado a su cuarto.
El 27 de mayo, cuando lo internaron, Jorge Romero, el médico que lo operó, cirujano plástico experto en reconstrucción de mamas acostumbrado a lidiar también con epidermis quebradizas y rostros desfigurados, interrumpió una cena privada en un restaurante de La Paz. Le habían dicho que el estado del paciente era realmente complicado. Su primer diagnóstico incluyó la posibilidad de que las heridas lo mataran. Edson, la primera víctima de linchamiento atendida en el Boliviano-Holandés, parecía un cuero de oveja viejo.

***

Cuando te queman, los huesos cambian de color —pasan de un blanco amarillento cremoso a un amarillo oscuro y luego a un negro parrillero—, la carne crepita mientras se derrite lentamente. Cuando te desnudan y te tiran agua helada, lo primero en congelarse son la nariz, las orejas, los dedos. Se adormecen poco a poco las articulaciones, la piel se convierte en una superficie pálida. Y después: el colapso, la muerte celular, las áreas gangrenadas. Cuando te dan una paliza, el cuerpo estalla: la cabeza explota, los párpados se hinchan, un brazo o una pierna se quiebran. Y el holocausto dentro: las hemorragias asesinas, las que te matan, son las internas.
En los linchamientos, suele repetirse el mismo patrón: primero atrapan a alguien in fraganti cometiendo algún delito; luego, hombres y mujeres enfurecidos deciden aplicar la pena capital al extraño que invadió su espacio; un primer manotazo en la cara; patadas; más patadas; alguien que le echa gasolina al sospechoso; alguien, otra sombra, que le prende fuego; después silencio, un muro sordo como epílogo del ruido. Y al final, todos —la turba: decenas, a veces cientos de personas llenas de rabia— vuelven a sus casas como si no hubiera sucedido nada. Siempre, en el principio, el barrio. Siempre, en el final, una masa maltratada que antes era un cuerpo.

***

Algunos medios de comunicación venden a sus audiencias la idea de que los apaleamientos en áreas urbanas son prácticas aceptadas, bajo la etiqueta de “justicia comunitaria”. Muchos alteños creen hacer uso de ella cuando queman a un supuesto criminal o lo cuelgan de un poste. Pero si una cosa y otra fueran elementos químicos, ambas estarían muy alejadas en la tabla periódica.
La Defensoría del Pueblo sostiene que en ningún momento se pueden concebir estas agresiones como un tema de justicia paralela. “Vulneran el principio elemental del derecho a la vida, a un juicio previo, a la integridad”, señala uno de sus documentos.
Entre el año 2001 y el primer semestre de 2008 hubo por lo menos 88 intentos de linchamiento en barrios céntricos y alejados de la ciudad de El Alto. Nueve de ellos acabaron con la muerte de los linchados. Los datos surgen de una investigación del sociólogo boliviano Juan Yhonny Mollericona; no hay ningún informe confiable que muestre lo que sucedió desde 2008 hasta 2013. La policía registró esos hechos como homicidios o tentativas de homicidio. Pero basta un simple vistazo a la prensa y a los noticieros para darse cuenta de que hay entre uno y cuatro amagos de linchamiento al mes. Cambian las víctimas, los verdugos, los escenarios, pero las historias se repiten.
Un reporte del Observatorio de Seguridad Ciudadana advierte que cuatro de cada diez alteños identifican la delincuencia como su mayor problema. Ante la ola de delitos, algunos de ellos piensan que lo único que les queda es actuar: el ataque como mecanismo de defensa. Por eso a veces se recurre al linchamiento, que aparece en el imaginario colectivo de algunos sectores de la población como “justicia comunitaria”.
El profesor estadounidense Daniel Goldstein explica que la categoría “justicia comunitaria” nació a finales de los 90, tras una serie de estudios financiados por el Banco Mundial que intentaba interpretar la gran variedad de formas que se usan para resolver conflictos en las comunidades rurales de Bolivia. Hoy en día, está reconocida por la Constitución, que le otorga la misma jerarquía que a la justicia ordinaria y admite que, en las jurisdicciones indígenas, originarias y campesinas, las faltas se castiguen a través de asambleas que imponen diferentes penas: sanciones económicas, trabajo comunal, destierro.



En 2010, Félix Patzi, candidato del presidente Evo Morales a la Gobernación de La Paz por aquel entonces, fue condenado a fabricar mil ladrillos para su comunidad por conducir ebrio. En El Alto, es habitual que se expulse de un barrio a familias enteras si se les pilla robando. Pero la ley establece ciertos límites: dice que los linchamientos no son aceptables y que deben ser prevenidos y sancionados por el Estado.
“Como unidad del orden, debemos resguardar la vida de todas las personas, se trate o no de delincuentes, tengan o no tengan antecedentes”, dice sentado en su despacho el ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de El Alto, Ramiro Magne.
En conversaciones informales, cuando se les consultó sobre la justicia comunitaria, algunos dirigentes bastante experimentados mostraron que no hay una posición única sobre el tema. Dijeron tener claro que usar un cinturón para pegarle a un delincuente es aceptable, pero que jamás permitirían que se atente contra la vida de nadie. ¿Quién determina dónde parar?, eso no lo especificaron.
Goldstein se pregunta si, de acuerdo al énfasis implícito en la Constitución sobre el carácter rural de la justicia comunitaria, es legítimo atribuir su presencia en los centros urbanos con migración indígena o si estos migrantes simplemente se apropian del término en un “acto político de imaginación creativa” que les permite interpretar la confusión que los rodea. Mollericona, el sociólogo, considera que las acciones justicieras son una reacción ante la falta de una presencia efectiva del Estado, de seguridad y de castigo para los delincuentes; y define los ajusticiamientos como “fenómenos extrajudiciales” usados para castigar a los infractores de la ley y a los que no respetan las reglas mínimas de convivencia.

***

—Todo esto lo vamos a pavimentar —dice Esteban Ticona apuntando con el dedo hacia una avenida todavía sin asfaltar en la urbanización 30 de septiembre, donde en 2010 lincharon a una mujer que robó dentro de una casa. Ticona es uno de los policías de la División de Homicidios de la ciudad y el principal dirigente de esta zona. En El Alto, los vecinos organizan cada sector como si se tratara de una especie de gobierno en diminuto: escogen presidente, vicepresidente, secretario de hacienda, secretario de deportes. Desde hace unos meses, Ticona ocupa el cargo más alto de este escalafón.
—Y esta otra vía —dice— es la calle de las Flores.
La tierra parece desmentirlo. No se ve una sola flor. Ni siquiera hay un pétalo en el suelo. El paisaje es repetitivo, similar al que se puede encontrar en otros rincones de la periferia alteña: construcciones de una o dos alturas de adobe y ladrillo descubierto, basura en las esquinas, elevaciones no muy pronunciadas de arena y piedra.
Ticona tiene 42 años y es petiso. Lleva anteojos y una funda de oro en uno de sus dientes. Viste pantalón deportivo y usa sombrero de ala. Se mueve despacio, con pasos anchos, como un dandy. Cuando llegó, este lugar parecía más una parcela de cultivo que un centro habitable. Tuvo que levantar su hogar en medio de rebaños de ovejas y de vacas.
—Ahora esto es otra cosa —aclara—. Ahora tenemos agua potable y hasta gas domiciliario.—Pero antes no, no había nada, antes no había más que pampa.
Aquí, en la calle de las Flores, dice Ticona que atraparon a la mujer, Rosa Huanca Mamani, que intentaba llevarse un televisor. La ataron con sus propias trenzas a un alambrado, la rodearon con llantas, la prendieron fuego. Según Ticona, murió ahogada por el humo. Otros dicen que calcinada. Nadie se apiadó.
—Yo la conocía —dice Ticona—. Tenía siete hijos y robaba para alimentarles. Yo la había salvado antes de otro linchamiento. La habían desnudado. Cuando escapaba con ella, me dejaron cojo de una pedrada (Ticona se remanga el pantalón y muestra la pierna como si aún le doliera). La segunda vez, fue demasiado tarde, no pude hacer nada. Me avisaron por celular. Cuando llegué estaba casi muerta. Llamé a mis compañeros de servicio, di media vuelta y me marché. No quería meterme en líos.
Aquel día, Ticona, el policía acostumbrado a los asesinatos, a levantar cadáveres, coleccionar escenas siniestras, prefirió escapar.
—No había ya ni cómo involucrarse.

***

En Bolivia, el linchamiento como forma de organización colectiva para sancionar una injusticia de manera violenta no es nuevo. A los casos ocurridos durante las rebeliones indígenas de principios del siglo XX —en las que fueron asesinados corregidores y terratenientes de algunos sectores rurales del país—, se añade el del linchado más famoso de la historia nacional: Gualberto Villarroel.
En julio de 1946, el presidente Villarroel fue derrocado por una turba que lo apuñaló y lo golpeó con saña dentro del Palacio de Gobierno de La Paz. Tiraron su cuerpo a la Plaza Murillo desde uno de los balcones; lo colgaron de un farol, lo expusieron al público. Según los promotores de aquel linchamiento, con su muerte se evitó una guerra civil. Hoy, en los barrios de El Alto, algunos de sus habitantes dicen que con acciones similares buscan evitar que la criminalidad se extienda.
En Franz Tamayo, un barrio a media hora de distancia de La Ceja, el corazón de El Alto, cuando hay lo que ellos llaman “movimientos raros”, como si estuvieran en Carnaval, los vecinos se avisan entre sí con petardos y silbatos. A veces también lo hacen con sus celulares: por mensaje de texto. Todos están en constante alerta. Lo último que hicieron arder, dice Ricardo Peñasco —35 años, lentes ligeramente oscuros, bizco, dueño de una las carnicerías más prósperas de este sector—, fue un vehículo blanco, sin ocupantes.
—Era de unos ladrones. Se escaparon. Estábamos emputados por lo que había ocurrido con mis primos y les quemamos el carro. Lo que pasa es que a uno le da rabia y reacciona, no tanto por los hurtos, sino por las muertes.
Cerca de aquí, a unas pocas cuadras, unos meses atrás, alrededor de las cinco de la mañana, estrangularon a Víctor Hugo y a Verónica Peñasco, de 36 y 32 años, comunicadores de profesión, primos de Ricardo.
Durante el día, Franz Tamayo parece un pueblo lleno de mujeres solas. Los hombres —plomeros, artesanos, albañiles, oficinistas— salen a trabajar desde temprano y son muchas las mujeres que se quedan a cargo de los hogares: hacer mercado, cocinar, coser, limpiar, planchar. Roly Tarifa, tiene 27 años y es uno de los pocos hombres que paran de vez en cuando por el barrio: vende lechón al horno los fines de semana y entre semana se dedica a otras tareas.
—Aquí hace tiempo que ya no pasa nada —dice—, pero antes había raptos y robos en casas. Por eso nos hemos organizado. En cada cuadra, hay un encargado de seguridad. Y cuando pasa algo, damos la alarma.
Otro vecino, Jesús Zenteno, agrega que el problema es que ya nadie conoce a nadie porque el lugar ha crecido demasiado: “la cara vemos, corazón no sabemos”.
En otros sectores de la ciudad de El Alto, sobre todo en los más periféricos, la vigilancia también se ha convertido en una rutina más. En Villa Egüez, organizan de vez en cuando rondas nocturnas utilizando estrategias similares a las de los uniformados. “Cuando vemos un taxi sospechoso, un vecino se para a un lado, otro al otro, revisamos la puerta y la maletera y al chofer lo interrogamos”, explica el policía Gonzalo Chura, presidente del barrio.
Lo dice como si fuera lo correcto.

***

De camino al domicilio de Ticona, hay un muñeco enorme, sin cara, colgado de una luminaria, con una estaca en el pecho y pintura que parece sangre.
—Es una advertencia, para que los delincuentes no se acerquen—explica.
En la pared vecina, una pintada también amenaza: “ladrón será colgado”.  

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