La derogación vía decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la medida más conocida del gobierno de Cambiemos respecto de los medios, pero no es la única. El especialista Santiago Marino analiza estas transformaciones y advierte que, ante un mercado acostumbrado a aprovecharse del Estado, se intensifica la lógica de muchas empresas en pocas manos poderosas.



El sistema de medios de comunicación se transformó radicalmente en los primeros meses del gobierno de Cambiemos. No sólo por la serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Macri sino por una activa dinámica en el mercado.

 

Las transformaciones en los medios privados-comerciales operaron en tres ejes:

 

*Compras y fusiones, que potencian mayores niveles de concentración.

 

*Incertidumbre respecto del manejo de la pauta de publicidad oficial, sufrida esencialmente por los medios privados comerciales afines al kirchnerismo hasta diciembre de 2015.

 

*Pérdida de puestos de trabajo en medios públicos (Infojus Noticias, Radio Nacional y La TV Pública) y privados (con el Grupo 23 como paradigma, aunque la cuestión no se reduce a medios que eran oficialistas). Los despidos exhibieron condiciones precarias de trabajo en un sector fuerte económica y simbólicamente, que recibió mucha inversión pública en los últimos siete años (desde la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el Fútbol para Todos).

 

El conjunto de decisiones tomadas por el nuevo Gobierno favorece el desarrollo privado comercial, desconoce al sector sin fines de lucro y no contempla la concentración de la propiedad como un problema. La decisión del Congreso de avalar los Decretos que modificaron las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, el miércoles 6 de abril, blindó esos objetivos.


 

Si se compara la estructura de propiedad del sistema de medios de octubre de 2015 con la actual se perciben muchos cambios. No solo por las ventas de incierta concreción de los medios del Grupo 23 al grupo Indalo (de Cristóbal López). También por la incertidumbre reinante en el sistema. Como sostiene Martín Becerra, el mercado de medios argentino es “proto-capitalista”: no se sostiene en la relación entre la oferta y la demanda. La lógica es la de un sector privado comercial que mama constantemente de la teta del Estado. Sin embargo, ostenta un rasgo propio de un sistema mercantil: la precarización de los trabajadores, aspecto muy visible en los primeros meses de 2016 en los conflictos de los medios del Grupo 23, entre otros.

 

Era esperable una transformación en la relación gobierno-medios que dejara atrás el “conflicto” como elemento articulador: no de la forma y con la velocidad con que sucedió.

 

Respecto del eje concentración-precarización, el crecimiento del dominio de pocos grupos en el mercado de medios de la Argentina macrista sucede de forma “alegal”: al costado de la norma. Así, cuando el Ente Nacional Comunicaciones (Enacom) –el nuevo organismo creado por el gobierno y encargado de la regulación y el control del sistema de medios y telecomunicaciones- aprobó la venta de la empresa de telefonía fija Telecom al empresario extranjero David Martínez (titular del Fondo Fintech, que comparte Cablevisión –tiene el 40%- con el Grupo Clarín) no respetó siquiera el Decreto 267/16 del presidente Mauricio Macri, recientemente avalado por el Congreso.

 

Todo esto sucede en un período que el gobierno califica como “ventana de transición” entre la regulación divergente (es decir, una ley para las telecomunicaciones y otra para las actividades de radio y TV) y el futuro convergente, pero en el que el mercado intensifica su estructura de muchas empresas en pocas manos muy poderosas. El camino a la concentración parece irreversible.

 

Los cambios generados -y permitidos- por las medidas implementadas (y la reacción que habilitó en la dinámica del mercado) tienen un impacto mayor a lo que el gobierno de la alianza Cambiemos está dispuesto a admitir o reconocer. Esto, incluso, podría jugar en contra de su modelo de construcción de poder porque el crecimiento de la concentración va más allá de lo esperado y el tamaño que adquieren estos conglomerados les da un poder económico y simbólico notable. Nada hace pensar que una nueva ley, aprobada en este contexto, establezca límites a la concentración que demande un nuevo proceso de adecuación y reducción de tamaño y control para estas empresas. Además, su expansión hacia otras áreas que sobrepasan el sistema comunicacional las define como conglomerados cada vez más potentes.


 

En los primeros meses de la gestión, se percibe una agenda enfocada en el desarrollo comercial de la información, comprendida como una mercancía. La democratización de un sistema escasamente democrático no es el objetivo central. En ese marco, se ve un escenario favorable a la concentración de la propiedad que debería ser morigerado con límites a su expansión y estímulos a la supervivencia de otros medios, otras miradas y perspectivas.

 

El derrotero de las decisiones del nuevo Gobierno comenzó pocos días después de asumir. Hasta ahora combinó medidas propias de la articulación macrista con elementos que buscan desmantelar el corazón del marco regulatorio heredado. Sus efectos más notables radican, en primer lugar, en la constitución de un organismo de aplicación de la ley –el Enacom- directamente dependiente del Poder Ejecutivo, que ostenta capacidades que de haber sido definidas por el gobierno anterior habrían generado críticas muy profundas en varios de los sectores que apoyan y/o constituyen la alianza Cambiemos. Y, en segundo término, en la flexibilización de los límites a la concentración de la propiedad de medios, uno de los dilemas fundamentales del sistema comunicacional argentino.

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Con el Decreto 13/15 se creó un Ministerio de Comunicaciones que le dio entidad de cartera del Poder Ejecutivo a un sector muy potente en términos políticos y económicos. En ese lugar puso a Oscar Aguad, que tiene una orientación vinculada al desarrollo del mercado y desconoce aquello que administra. Luego, el presidente Macri ordenó la intervención de la AFSCA y de la AFTIC durante 180 días. La medida fue adoptada por decreto. “La razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios”, aseguró Aguad.

 

A posteriori, y también por decreto, se disolvieron ambos organismos para reemplazarlos por el Enacom. Dicho ente controla ahora las actividades audiovisuales y de telecomunicaciones. Lo integran siete miembros, al igual que sus antecesores. Pero en el nuevo organismo todos son designados por el Poder Ejecutivo, quien elige cuatro directores, los únicos que han sido nombrados hasta ahora. Los otros tres serán representantes de las minorías del Congreso Nacional, pero todos pueden removidos por el presidente, sin mediar argumentación.

 

El contraste con la integración de las autoridades anteriores es asombroso. El directorio de la AFSCA contemplaba la participación de los partidos de oposición política con presencia en el Congreso (la segunda y tercera minoría), junto a representantes de las provincias y las universidades, que debían ser designados por otro organismo creado en la LSCA (el Consejo Federal de Comunicaciones), integrado por representantes de todos los sectores (dueños de medios, trabajadores de radio, cine y televisión, los sin fines de lucro, entidades gestoras de derechos). Si bien es cierto, que la AFSCA no funcionó integralmente del modo representativo que la ley establecía, por cuestiones políticas y otros aspectos, es imposible que un ente dominado de modo absoluto por el Ejecutivo admita digresiones o planteos críticos. Esto pone al nuevo gobierno en la vereda de enfrente de las condiciones “republicanas” que en sus discursos declama defender.

 

Si a esto le agregamos los nombres de los cuatro representantes del Poder Ejecutivo ya designados, la cuestión se vuelve más clara. El presidente es Miguel Ángel De Godoy -dirigente del partido del gobierno, ex legislador de la Ciudad- y los directores son Alejandro Pereyra –del Frente Amplio Progresista, especialista en regulación que fue impugnado para integrar AFSCA en 2012-, Heber Martínez -ex gerente de Asuntos Corporativos del Grupo Telefe- y Silvana Giudici –ex diputada de la UCR, titular de la ONG Libertad de Expresión y muy vinculada con la defensa de los intereses del Grupo Clarín en la discusión por la LSCA-. Todos están en funciones y toman decisiones cotidianamente. Su origen y vinculaciones con los dos grupos más potentes del sistema de medios argentino -Clarín y Telefónica- y con representantes de la propia Alianza Cambiamos que gobierna el país exhiben el sesgo del organismo.

 

Las políticas de comunicación del nuevo gobierno combinan improvisación y desparpajo. Expone al Estado argentino ante organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y de la propia Organización de las Naciones Unidas. El asunto es claro: no se respetan los estándares de Libertad de Expresión. No se establece un organismo representativo, plural y autónomo respecto del poder político de turno, se flexibilizan los límites a la concentración y se lesionan condiciones de participación ciudadana. Esto fue expuesto por un conjunto de investigadores en políticas de comunicación, colectivo de miembros de universidades públicas y privadas de todo el país que alertó sobre el peligro de estos avances. En ese marco es que el 8 de abril la CIDH realiza una audiencia para evaluar los cambios aplicados a la regulación en argentina mediante los DNUs del gobierno nacional.

 

Las políticas se concretan no solo por acción, sino también por omisión. En esta línea, se vacía de sentido poco a poco la Televisión Digital Abierta (TDA). Este programa de desarrollo de televisión digital implementado desde 2010 tuvo regular éxito en materia de cobertura territorial y ampliación de voces y miradas, pero amplió la posibilidad de acceder a contenidos de interés cultural (como, por ejemplo, el Fútbol para Todos) de modo no oneroso en muchas regiones del país. La señal Depor TV, una experiencia fundamental en la transmisión de eventos deportivos, que ofrecía una mirada complementaria a las señales de pago ESPN y TyCSports, se convirtió en un canal de “recuerdos” de cine deportivo. En esa dirección también se conoció, en los últimos días de marzo, que Argentina deja de integrar la señal pluri-estatal Telesur, de la que es miembro fundador, por razones de austeridad y línea editorial, según expresó el encargado de los medios públicos, Hernán Lombardi. Con esta decisión, esa señal desaparece de la oferta de TDA y de la oferta de cable básico. Y si bien es cierto que Telesur tiene un sesgo editorial, en línea con la ideología de los gobiernos del ALBA, la oferta ahora queda reducida a las señales de noticias privadas-comerciales de origen nacional -con una mirada centralista, que no piensa el país sino que informa desde la capital- o internacional, como CNN. Esta gestión nos expone como audiencias al “pluralismo sesgado”: Lombardi sostiene que la decisión se toma porque la señal no representa la diversidad que entiende el nuevo gobierno. Esa definición es, por cierto, tan sesgada como aquello que critican de la etapa anterior. O más.

 

El gobierno tomó medidas específicas para el Programa Fútbol para Todos que beneficiaron de modo directo a algunas empresas de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del sistema público. A partir de este año, depende de la Secretaría General de la Presidencia. El contrato que rige el Programa tiene una vigencia de 10 años, finaliza el 19 de agosto de 2019 y establece como objetivo primero “la gratuidad del acceso a los contenidos”. Hasta noviembre de 2015 fue posible acceder a las transmisiones por TV abierta en varios de los 44 canales del país; mediante la cobertura del sistema de TDA -que cubre el 82% del territorio nacional- o bien por video stream en la web de Fútbol Para Todos. Desde el comienzo fue muy complejo garantizar cobertura territorial para todos los ciudadanos del país, dada la estructura centralizada del sistema de medios y la cantidad de lugares donde no resulta posible ver televisión sin pagar. Con la expansión de la TDA, desde mediados de 2012, esto se resolvió en gran parte, aunque no integralmente.

 

Entre las decisiones que cambiaron la implementación de Fútbol para Todos se destacan los mecanismos de difusión. En esa línea, se acordó con los canales América, Telefé y Canal 13 para que transmitieran el paquete de partidos más importantes de cada fecha a cambio de un aporte en conjunto de $ 180 millones. El monto que suma lo que pagan los canales privados por el paquete de partidos que resulta la crema del negocio cubre apenas el 10% del total de lo que pone el estado. Y si a eso se suma que las empresas de TV pueden vender publicidad y capitalizar el incremento del rating total de su programación, el negocio es redondo. La cesión en exclusiva de partidos a esos canales acota su llegada por aire a CABA y GBA. En segundo lugar, debido a la reducida oferta de señales de la TDA, en la mayoría de las localidades esos contenidos no llegan gratis. Si a eso se suma que se suspendió la transmisión en la web de Fútbol Para Todos, la única opción para acceder es abonarse a algún sistema de televisión.


 

La principal medida del período es la sanción del Decreto 267/15. Con él, se flexibilizan los topes a la concentración, se permite el desarrollo sin límites de los grandes conglomerados y se excluye al mercado de la TV por Cable de la regulación del audiovisual. Esto ataca el corazón de la LSCA. La TV por Cable cubre en Argentina el 70% de los hogares. Es decir, ocho millones de casas. Esa cobertura territorial crece en las localidades de provincias, donde no se puede mirar televisión sin servicio de cable o satélite. Su exclusión de la LSCA permite la expansión de varios grupos, que crecen al calor de la incertidumbre de los que se financiaban exclusivamente con la pauta oficial durante el kirchnerismo. Y al sol del nuevo paradigma que no comprende la concentración como un problema.

 

En la sesión del miércoles 6 de abril, ese decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados y quedó blindado: para rechazarlo se precisaba la negativa conjunta del Congreso. El gobierno de la Alianza Cambiemos, y sus socios en el Congreso, derogaron los aspectos centrales de una ley que fue debatida con la ciudadanía por los tres poderes de la República entre 2009 (el Ejecutivo en los Foros, el Legislativo en las audiencias públicas) y 2013 (la Corte Suprema en las audiencias públicas de los amicus curiae). La ley era un avance democratizador. Un punto de partida. El gobierno anterior lo pensó como un punto de llegada. Ahí nació el problema. La saga de errores se completó, por ejemplo, con la reforma a la Ley de medidas cautelares, que en esta ocasión jugó a favor del macrismo.

 

El nuevo gobierno, entonces, completó la mutilación de la LSCA. La validación del decreto se dio a mano alzada (¿para que no quede registro de la votación nominal?), un mecanismo poco republicano. El gesto apresurado se dio dos días antes de la Audiencia ante la CIDH en Washington. En esa instancia, el Cels y otras organizaciones expondrán los efectos negativos para la democracia que tienen las medidas adoptadas. Ante eso, el gobierno deberá argumentar en su defensa.

 

Desde la gestión pública se toman medidas que benefician de modo directo a algunos grupos y condicionan negativamente a otros, como tantas veces en la historia de la Argentina. Así, el Enacom dio por terminados todos los procesos de adecuación de los grupos concentrados al nuevo marco regulatorio, salvo el de Indalo, que quedó abierto y permanece en evaluación. Se renovaron las licencias para todos los operadores, en una tradición del sistema. Y se perdonaron deudas y multas. Por otro lado, y ante la eventual “judicialización” de las medidas implementadas, el neo organismo de aplicación aprobó una resolución mediante la cual se busca “blindar” las decisiones tomadas: la medida establece que una posible medida cautelar que congelara los efectos de sus decisiones no impactaría en los cambios ya efectuados. Dejarlo por escrito es una demostración del camino dispuesto a desandar por la actual gestión e implica que si algún actor (legislador, ONG, medio comunitario) denuncia la norma del mismo modo que hiciera el Grupo Clarín en la etapa anterior, y obtiene una medida cautelar, eso no congelaría las medidas actuales, que seguirían vigentes.

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Los decretos que estructuran la política están además sostenidos por argumentos débiles respecto de supuesta “necesidad” y urgencia”; no respetan estándares internacionales de libertad de expresión; y no hallan sustento en la argumentación de regular para el desarrollo tecnológico. Si el argumento fuera la velocidad de la tecnología, establecer marcos normativos para el paso del tiempo sería imposible.

 

Entonces, preocupa tanto la forma como el contenido. Los cambios se ejecutan a partir de mecanismos que concretan decisiones inconsultas del presidente para reemplazar, por un lado, una norma debatida y sancionada por amplias y diversas mayorías -la LSCA-, sobre la cual los tres poderes de la república dialogaron en instancias institucionales con la ciudadanía; y otra ley -la de Telecomunicaciones, Argentina Digital- que no tuvo el mismo recorrido, pero que al menos fue aprobada en el Congreso Nacional.

 

Todo lo marcado se vincula con el modo en que el nuevo gobierno gestiona la información pública, aspecto clave de la claridad de todo proceso. A medidas tales como dar de baja la web del sistema nacional de industrias culturales, que de modo operativo permitía acceder a datos actualizados del sector en Argentina, se suma la deficiente divulgación de lo actuado en estos meses, fue imposible acceder a las resoluciones y al marco normativo en general. Las actas de reuniones del Directorio de Enacom de enero y febrero de 2016 fueron subidas a su página web los últimos días de marzo luego de muchos reclamos.

 

Mientras tanto, en la ciudad gótica del mercado de medios, los cambios en la estructura de propiedad se sucedieron casi cotidianamente, con compras, fusiones y otro tipo de operaciones que ya no necesitan habilitación estatal. Alcanza con que el silencio dure 90 días para que cada estación de la carrera a la concentración de medios masivos y empresas de telecomunicaciones se consolide. La nueva regulación no exige autorización para realizar ventas. Así, las empresas cambian de dueño y transfieren, además de activos inmuebles, por ejemplo, las licencias de uso de espectro radioeléctrico: un bien que es patrimonio de la humanidad y no exclusivamente un elemento para uso comercial.

 

Las tecnologías tienden a disipar las diferencias tradicionales entre la radiodifusión y las telecomunicaciones. El futuro es la convergencia de sistemas, pero también de modelos de negocio. Y el eje mercantil no debería ser el único que articula la cuestión. Debe pensarse también en el derecho humano a la información.

 

Las decisiones en políticas de comunicación definidas hasta hoy por el gobierno de la Alianza Cambiamos expresan un cambio de temas y prioridades en la agenda, así como un modo integral de gestionar el Estado y la relación del sector público con el capital.  Se propone un nuevo-viejo lugar para la ciudadanía: el de consumidor.


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