La maquinaria oficial, el desprecio por Nicolás Maduro, el desgaste que dejaron los cuatro meses de protestas, el cansancio social, el rechazo a la violencia y el redireccionamiento de las energías a la lucha cotidiana, sumado al temor del pueblo chavista al revanchismo opositor explican, en dosis variables, el triunfo chavista que sorprendió a propios y extraños. Pablo Stefanoni y Ayelén Oliva analiza las múltiples variables que se pusieron en juego para la victoria electoral de los herederos de Chávez.



Hay punto. En Caracas, vendedores callejeros e incluso algunos taxis colocan cartelitos escritos a mano que indican que cuentan con posnets inalámbricos para pagar con tarjeta. Comerciantes aceptan vender por transferencia bancaria. El corralito de facto, por la falta de billetes, solo permite extraer de los cajeros bastante menos de un dólar blue al día, lo que derivó en una paradójica vía de bancarización de la economía informal y hasta de la ilegal. Ahora Nicolás Maduro quiere introducir el dinero electrónico para ganar la “guerra del billete”.

 

En las últimas semanas, la escasez cedió un poco, al menos en los alimentos. Sin embargo, los precios no regulados que dominan a la inmensa mayoría de productos se vuelven prohibitivos para la mayoría de los venezolanos. Las largas filas en las panaderías, farmacias o supermercados, funcionan como señal de alerta de la entrada de algunos productos regulados. Y ocurre un fenómeno típico de la época de escasez en tiempos de la Unión Soviética: mucha gente hace colas sin saber bien qué podrá comprar. Pero todo sirve, sea para consumirlo, guardarlo o hacer trueque. “La vida se va en la sobrevividera”. Si el lema del socialismo era “quien no trabaja no come”, en su versión venezolana podría reescribirse como “quien no inventa no llevará nada a la boca”. Y el invento va construyendo una sociedad siempre en el límite entre lo legal y lo ilegal.

 

Todo indicaba que este escenario de crisis económica, potenciado por el creciente aislamiento del gobierno de Europa y Estados Unidos, derivaría en una amplia derrota electoral del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones regionales de octubre pasado. Incluso para Maduro, que optó por postergarlas casi un año. Sin embargo, el tercer domingo de octubre, el chavismo se hizo con la mayoría de las gobernaciones, desencadenando euforia en las filas oficialistas y, al mismo tiempo, la fractura del frente opositor.

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La guerra económica pasó a ser parte del manual discursivo oficialista. Maduro llegó incluso a denunciar un “sabotaje internacional” para frenar el envío a Venezuela de los billetes de nuevas denominaciones, impresos en Suecia, cuando los de 100 bolívares pasaron a valer centésimas de dólar.

 

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En opinión de Manuel Sutherland, “la guerra económica se basa en la idea de una especie de colusión absoluta de los empresarios venezolanos y extranjeros para subir los precios de las mercancías (la llamada “inflación inducida”), para contrabandearlas o para destruirlas. Ese tipo de lockout burgués existió por ejemplo durante el golpe de 2002 y luego en el paro petrolero, pero no es sostenible en el tiempo”. Para este economista marxista, “las causas de las crisis son otras: tipos de cambio diferenciados, aumento de la base monetaria de 330.000%, déficit fiscal continuado, problema de acceso de divisas y caída general de la oferta de bienes, fuga de capitales (Venezuela tiene récord mundial), depreciación meteórica de la moneda. Y a esto se acaba de anunciar que se buscará una reestructuración de la deuda externa. Muchas de estos problemas ocurrieron en varios países de América Latina sin gobiernos de izquierda y sin que nadie hablara de guerra económica”.

 

De hecho, Bolivia es el contraejemplo: con un gobierno de izquierda “bolivariano”, su modelo es elogiado por su crecimiento económico de alrededor del 5% anual, la inflación baja y la estabilidad macroeconómica. Todo eso operó como una de sus cartas de triunfo electoral durante sus más de diez años de gestión de Evo Morales.

 

Por otro lado, mucho del pillaje vinculado al manejo de los recursos estatales en Venezuela es organizado desde sectores de la propia jerarquía del Estado como se vio en las denuncias del nuevo fiscal general Tarek William Saab, nombrado por la Asamblea Constituyente, sobre negociados multimillonarios en la Faja Petrolífera del Orinoco.

 

El subsidio a la gasolina resulta también una fuente de corrupción. Y en el contrabando hacia Colombia participan tanto oficialistas como opositores, civiles como militares, grandes pero también pequeños. Por estos días, el precio de cuatro tanques llenos de un auto particular equivalen al precio de un solo huevo. Al mismo tiempo, la escasez de productos regulados alienta el bachaqueo o reventa del producto a varias veces su valor, promoviendo la especulación y contribuyendo al desabastecimiento. Se dice incluso que se dice que en varias islas del Caribe y en las ciudades de frontera pueden conseguirse esos mismos alimentos que escasean en el país.

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Como correlato de la crisis económica, aumenta la pobreza y la extrema pobreza y se revierten conquistas sociales de años previos. Se ha evidenciado un aumento de la desnutrición infantil, la expansión de enfermedades epidémicas como la malaria, un incremento de las tasas de mortalidad materna e infantil asociadas a la pobreza, así como también a una severa crisis en el sistema de salud debido a la falta de insumos y medicinas esenciales.

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En la madrugada del viernes 18 de agosto, la ex fiscal general María Luisa Ortega y su esposo, el diputado Gustavo Ferrer, se subieron a una lancha y escaparon rumbo a Aruba donde los esperaba un avión privado con destino a Bogotá. La fuga de Caracas tenía un como objetivo esquivar una orden de captura. No viajaban solos, también los acompañaban la subdirectora del Ministerio Público, Carmen González Sánchez y el fiscal anticorrupción Arturo Villar Esteves. Ya en el exterior, Ortega Díaz aseguró que sigue siendo chavista y que continuará defendiendo la Constitución de 1999 convirtiéndose así en la cara visible del llamado chavismo crítico que, en los últimos meses, decidió romper con Nicolás Maduro.

 

Unos meses antes, en el día de los trabajadores, el presidente de Venezuela había convocado sorpresivamente a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “profundamente obrera, comunal, del pueblo”. La lectura resultó sencilla, el oficialismo debía construir una puerta de escape a la presión de la oposición en las calles para así recuperar el control sobre la agenda pública. La estrategia funcionó. Y la instalación de la ANC constituyó un punto de inflexión en la dinámica política de Venezuela.

 

Por el lado del oficialismo, se detuvo la sangría política que venía sufriendo el gobierno desde el resultado de las legislativas de 2015, cuando perdió dos tercios de la Asamblea Nacional. La Constituyente apareció como una línea roja que llegó para dividir a leales de traidores. Entre estos últimos estaba un grupo de dirigentes políticos que acompañaron al oficialismo durante las últimas dos décadas como es el caso de Ortega y Ferrer. Así, el ala más dura del oficialismo se replegó sobre sí misma.

 

Luego de haber denunciado ruptura del orden democrático con el avance de la Justicia sobre las competencias del Poder Legislativo y de cuestionar la legitimidad de la convocatoria a elecciones para la Constituyente, Luisa Ortega fue removida de su cargo por ese mismo órgano y ahora opera desde el exterior contra el gobierno. Desde ese momento, asumió una oposición frontal que la llevó incluso a acusar al gobierno de formar parte de redes de narcotráfico.

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El caso de Ferrer es menos conocido. El marido de Ortega forma parte de un grupo de tres diputados oficialistas que rompieron con el PSUV en agosto, luego de las elecciones a la Constituyente, dando forma a un bloque propio en el Congreso. Junto a Ferrer estuvo el ex militante comunista y funcionario de Hugo Chávez, Eustoqui Contreras, que en el momento de la convocatoria oficialista preguntó públicamente: “¿Vamos a tener dos constituciones chavistas o vamos a sustituir la Constitución chavista por otra Constitución? Eso es algo que yo no entiendo”. También sugirió que debía existir una consulta popular previa a la elección de representes, algo que nunca existió.

 

Pero la puesta en marcha de la Constituyente tuvo consecuencias más graves en el frente opositor. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), creada como una alianza de partidos en 2009 con el único objetivo de aunar fuerzas ante el chavismo, sufre una crisis interna tan fuerte que la empuja al borde de la disolución, una situación que pocos esperaban luego del triunfo de 2015. Unida menos por el amor que por espanto, la MUD supo reunir expresiones políticas de lo más diversas como los tradicionales partidos de Acción Democrática (AD) y Copei, históricos adversarios que dieron forma a la democracia pactada desde 1958 hasta la llegada de Hugo Chávez, con nuevas expresiones políticas como Primero Justicia (PJ), del ex candidato presidencial y ex gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, y Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López, cercano a la derecha de Miami (aunque el partido fue aceptado en una Internacional Socialista de contornos ultraflexibles).

 

Luego de varios meses de protestas sostenidas en las calles, con más de un centenar de muertos y varios detenidos, y de un referéndum opositor en el que la MUD contabilizó sin observadores unos 7 millones de votos contra Maduro, la Asamblea Constituyente comenzó a sesionar a pesar de la escasa legitimidad a causa de las sospechas de irregularidades en el proceso electoral y de la falta de participación opositora. Pocos esperaban lo que finalmente se concretó. Esto resultó un golpe duro para la MUD que en 2015 había pasado a controlar uno de los cinco poderes del Estado en la era chavista y pensó que contaba con el camino allanado para nuevas victorias en las urnas.

 

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De este modo, la Asamblea Nacional (parlamento), que ya venía paralizada por el chavismo por el Tribunal Constitucional adicto al gobierno, pasó a tener por encima al “poder originario” de la Constituyente. Las redes sociales estallaron con insultos a los líderes opositores por parte de sus propias bases. La decepción caló hondo y fomentó la abstención electoral. Y lo que parecía una fortaleza a punto de caer, tras casi dos décadas, se volvía otra vez inexpugnable para la oposición. Y resurgió el debate: ¿apostar a las calles o a las urnas?

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Hace unas semanas, el presidente de Venezuela anunció que fomentaría la cría de conejos como una estrategia contra la crisis alimentaria. Las burlas, dentro y fuera de Venezuela, no se hicieron esperan. El propio Maduro diagramó algunos cálculos sobre la reproducción, la cantidad de proteínas y hasta se quejó de que algunos venezolanos los tomen como mascotas y no como fuente de alimento.

 

Pero el Plan Conejo no es un proyecto que se diagramó aislado sino que se enmarca en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como Claps, una de las bases de supervivencia política y electoral del gobierno. En una publicación convocan a darle “todo el poder a los claps” y cuentan el caso de la Unidad socioproductiva de bomberos y bomberas a la siembra El Valle, que aparecen en la foto exhibiendo conejos de diverso pelaje. En este contexto de crisis alimentaria los Claps, responsables de la distribución de bolsas de comida casa por casa a precios muy bajos, se transformaron en un instrumento de política (y control) social bastante efectivo.

 

Si bien el chavismo no se caracteriza por su eficiencia en la gestión, sí ha logrado poner en marcha infinidad de organizaciones y programas sociales. Así como las ya famosas Misiones fueron claves para el triunfo de Hugo Chávez en el referéndum revocatorio de 2004, hoy existen centenares de formas de supuesta “democracia participativa” asociados al Poder Comunal, que en el imaginario del chavismo radical debería reemplazar a la democracia burguesa.

 

De esta forma, a diario existen decenas de miles de personas movilizadas, en un ambiente de sobreideologización, denuncias constantes de los enemigos de la revolución y proselitismo permanente, en engranajes de movilización de un “subsuelo de la patria” que a menudo la oposición no llega a comprender en toda su magnitud en un contexto de fuerte segregación territorial. “Acá no se habla mal de Chávez”, dicen los carteles en diversos espacios de Caracas y programas en canales estatales de televisión.

 

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Los Clap tienen vínculo con el programa Una Mujer, las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh), el Frente Francisco Miranda, las Milicias, los Activadores productivos, los “fiscales populares” (cuya función es denunciar a los especuladores) y los comunicadores de los Clap –previamente juramentados en un acto público– “para dar la batalla mediática”. La mayoría de los productos de los Claps son importados, a una tasa de cambio de 10 bolívares por dólar, cuando el dólar blue ya supera los 40.000 bolívares, lo que ofrece una enorme cantera de corrupción para quienes fingen o sobrevalúan importaciones y luego cambian los dólares en el mercado negro. 

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Fue la superpoderosa Asamblea Constituyente, una especie de poder de facto que vota por aclamación, la que convocó a las elecciones a gobernadores tan esperadas por la oposición para dar la estocada final al gobierno y postergadas por casi un año por Maduro con el argumento de que no podía convocarlas mientras la oposición intentaba desestabilizarlo. Por eso, cuando el 15 de octubre en la noche se contabilizaron los votos electrónicos los resultados cayeron como una bomba y como un acertijo al parecer irresoluble ¿Cómo era posible que el oficialismo consiguiera 18 de 23 gobernaciones? En medio de una crisis de dimensiones espectaculares, el oficialismo alcanzaba el 54% de los votos frente al 45% de la oposición, que se ubicaba muy lejos del 70% que esperaban.

 

El oficialismo mantuvo el número de votantes de 2015, casi 6 millones de votos, mientras la oposición perdió en más de 2 millones. Esto se tradujo en que el PSUV conservara 15 de las 20 gobernaciones que había ganado en 2012: perdió cinco pero sumó las tres que estaban en manos de la oposición: Miranda, Lara y Amazonas. Mientras, la MUD perdió esas tres pero ganó otras cinco. Y, un sector, denunció fraude.

 

Sin duda, existió un campo de juego inclinado a favor del oficialismo gracias a los recursos invertidos, al nombramiento de “protectores” en las regiones opositoras que fugen de gobernadores paralelos y reciben recursos públicos, o a estrategias como la del “ratón loco” que consistió en cambiar a último momento ciertos lugares de votación. Las denuncias de fraude, strictu sensu, quedaron más bien restringidas al estado de Bolívar, sede del arco minero, donde oficialismo y oposición quedaron a escasos puntos.

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La abstención, promovida por un sector de la oposición por considerar que el poder electoral es una pieza del oficialismo, jugó también en favor de estos resultados. Al igual que los miles que votaron con los pies y migraron de Venezuela. “2.200.000 venezolanos dejaron de votar y la oposición perdió por 765.000”, trataron de saldar la puja quienes en la oposición combaten el abstencionismo.

 

El último golpe a una oposición tambaleante provino de la viveza criolla que el chavismo maneja a la perfección: obligar a los nuevos gobernadores a jurar frente a ella. La oposición se enfrentó a un dilema: si juraban la reconocían, si no lo hacían serían destituidos. En el punto de no reconocer a la Asamblea todos coincidieron pero mientras el primer vicepresidente del parlamento, Freddy Guevara (VP), insistía en la radicalización de la rebelión ciudadana como salida política a la crisis venezolana desde la tribuna (sin que existan fuerzas ni ánimo para retomar la acción callejera), el expresidente del Legislativo, el viejo zorro de Henry Ramos Allup (AD), negaba con la cabeza. Las diferencias entre Voluntad Popular y Acción Democrática son cada vez más profundas. “Las dictaduras no salen con balas sino con votos”, concluyó Ramos Allup quien dirige un partido de origen antiimperialista fundado en los años 40 siguiendo las ideas apristas de Víctor Raúl Haya de la Torre.

 

Hasta ahora muy debilitado por el recuerdo del Caracazo con centenares de muertos, cuando gobernaba el adeco Carlos Andrés Pérez, ahora el partido del mítico Rómulo Betancourt tiene cuatro de los cinco gobernadores opositores, que levantaron la mano delante de la presidenta de la Constituyente y ex canciller Delcy Rodríguez. El gobernador de Zulia de Primero Justicia se negó y fue destituido. El ex presidenciable Capriles pidió disculpas a la militancia y acusó a Ramos Allup de traición. No por nada AD fue el gran partido populista de la historia venezolana. Y su crecimiento en el espacio opositor podría cambiar la dinámica política que predomina desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, con Capriles y López como referentes. 

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En este contexto de crisis, el Carnet de la Patria, un documento de identidad electrónico con código QR que regula el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad, imprescindible para acceder a cualquier tipo de asistencia, aparece como una renovada forma de “biocontrol” que despierta los fantasmas de la oposición. A partir de este tejido de “poder popular” el gobierno puso en marcha una suerte de política de las necesidades vitales con las que, hasta cierto punto, no solo neutraliza sino que puede sacar provecho de lo que a primera vista sería una fuente de crecimiento para la oposición debido al descontento social que generan las gigantescas dificultades cotidianas.

 

Un ejemplo de estas paradojas son los llamados colectivos, una variopinta red de organizaciones armadas, más o menos autónomas y a menudo motorizados, que controlan el reparto de alimentos pero, al mismo tiempo garantizan seguridad en los barrios de una de las ciudades más inseguras del mundo. El propio gobierno intentó en varias oportunidades ponerlos en caja ya que operan como una forma de control político pero, en la medida en que no pueden eliminar a la oposición de manera sencilla, las formas de “negociación” en torno a qué niveles de expresión pública de oposición son tolerados, son bastantes variadas y diversas. Un importante dirigente juvenil de un partido de oposición nos contaba que participa de las reuniones del consejo comunal y su presencia es tolerada al mismo tiempo que, mediante amenazas físicas directas, los colectivos le impusieron límites a su actividad proselitista en el barrio. Pero la toleran porque el descontento crece. De hecho, en barrios emblemáticos como el 23 de Enero –donde votaba Chávez y reposan sus restos– en 2015 triunfó la oposición.

 

El desprecio por Nicolás Maduro, el desgaste que dejaron los cuatro meses de protestas, el cansancio social, el rechazo a la violencia y el redireccionamiento de las energías a la lucha cotidiana, sumado al temor del pueblo chavista al revanchismo opositor explican, en dosis variables, un triunfo que sorprendió a propios y extraños. Pero no se puede entender la coyuntura actual sin incluir también a la enorme maquinaria oficial, el control de la renta petrolera por parte del Ejecutivo, la adhesión militar al gobierno (por razones políticas y económicas) y las diversas formas de inclinar la cancha en favor del oficialismo.

 

Ahora Maduro se entusiasmó tanto que convocó a elecciones para alcaldes y hasta se especula con un adelantamiento de las presidenciales. La oposición, fracturada, anunció que no participará, en un intento de recuperar la unidad. Pero hay quienes quieren competir y no perder las decenas de alcaldías en manos opositoras.

 

“Venezuela es Venezuela, jodidos pero felices”, resumió Maduro una especie de esencia antropológica del carácter nacional. Lo de felices es discutible, pero que “Venezuela es Venezuela” empezaron a entenderlo quienes anticiparon pronósticos demasiado certeros para una realidad demasiado esquiva. 


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