Hoy empieza el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El tema llegó al Congreso después de recorrer un largo camino en la sociedad civil, los partidos políticos y las universidades. Eleonor Faur y Vanesa Vázquez Laba explican por qué en los últimos cien años la maternidad se consideró un deber y se silenció la posibilidad de las mujeres de elegir.



El reclamo por la legalización del aborto tiene una larga historia en la Argentina, pero nunca antes había penetrado con semejante potencia la agenda pública. El feminismo confirmó su capacidad de movilización el 8M y cientos de miles de mujeres (y algunos varones) lucieron el célebre pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el cuello, en la muñeca, en el rostro o en el pecho para exigir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La gran deuda de la democracia con las mujeres y personas gestantes.

 

Por primera vez, el reclamo por el derecho a una maternidad deseada y no forzada traspasó las fronteras de los medios de comunicación y los debates populares, de las universidades y de las organizaciones sociales, de las mesas familiares y de las comisiones legislativas. El gobierno de turno no podía desoír semejante resonancia sin arriesgar capital político. Se sabe que en este terreno la posiciones no responden a una lógica partidaria: están signadas por grietas mucho más antiguas.

 

El debate por el aborto oscila entre dos argumentos explícitos: de un lado, quienes buscan ampliar los derechos de las mujeres (la autonomía de sus decisiones, el derecho a alcanzar el máximo nivel posible de salud y a no perder la vida por causa de abortos inseguros). Del otro, los que priorizan la vida del “niño por nacer” y postulan derechos a los embriones con independencia del sujeto que los aloja.

 

¿Qué se debate cuando la discusión se coloca en términos de “la vida”? ¿La vida de quién se prioriza? ¿Qué se silencia mientras se claman consignas altisonantes?

 

Los grupos conservadores despliegan argumentos vinculados con la bioética, en el estricto sentido de la caracterización del “comienzo de la vida”. Como mostró Pablo Gudiño Bessone, las alianzas formadas por grupos católicos antiabortistas y sus socios laicos desarrollan distintas formas de acción colectiva. Sus batallas también se libran en el espacio público, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero los militantes del sagrado embrión omiten cualquier consideración de contexto. Tanto que el estandarte de su última marcha, el 25 de marzo, fue un feto gigante de cartón. La estrategia de desproveer a un feto de cualquier nexo con la mujer que lo aloja sólo es efectiva si busca esa omisión: des-personalizar a las mujeres como sujetos y no tener en cuenta sus decisiones y las circunstancias en las que son tomadas. El silencio respecto de la maternidad en el siglo XXI es la contracara de la maternalización de las mujeres en el siglo XX.

 

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La maternalización de las mujeres

 

En la Argentina de principios del siglo XX, buena parte de los derechos conquistados por las mujeres se vincularon con su función maternal. Obtuvimos licencias por maternidad varias décadas antes que derechos políticos. El objetivo era proteger la maternidad: las mujeres contribuían como “recursos” mucho antes que como sujetos. “Poblar” el país requería de mujeres que canalizaran la aspiración nacional. La maternalización de las mujeres se sustentaba en su capacidad reproductiva, en la biologización de un rol que es, ante todo, una relación social. Las mujeres tenemos la capacidad para concebir, pero ser madre es mucho más que gestar y parir. Lo que quedaba por fuera era ni más ni menos que la autonomía de las mujeres (y de sus parejas) para decidir sobre sus cuerpos, su reproducción y, por ende, sobre sus vidas.

 

A lo largo de todo el siglo, el Código Civil (de 1869) rigió las relaciones familiares según las visiones de la Iglesia. Cada modificación significó fuertes debates y una importante movilización política. Como sostiene Elizabeth Jelin, las prácticas sociales, entretanto, desplegaban modalidades que discrepaban de las normas legales. Ocurrió con el divorcio, con la patria potestad compartida, con la unión de parejas del mismo sexo y ocurre, de manera persistente, con el aborto. Quizás porque erosionar el mandato de la mujer como madre derriba uno de los pilares más profundamente arraigados en una cultura de la desigualdad entre géneros. Lo que está en juego es el abandono de las ficciones relacionadas con la maternidad, y la necesidad de preservar –por acción u omisión- un modelo de mujer como instrumento de la reproducción social.

 

En el siglo XXI se reconocieron muchos derechos, incluidos el matrimonio igualitario y la identidad de género, medidas pioneras en América Latina. El aborto sigue siendo la gran deuda de la democracia con las mujeres y personas gestantes. No es un dato menor: aquello que las políticas estatales omiten o desatienden queda sujeto a las provisiones (y condiciones) del mercado, que reproduce las ya profundas (y persistentes) desigualdades socioeconómicas.

 

La clandestinidad del aborto contribuye a que los riesgos sean mayores, pero no a desalentar la práctica. Según la OMS, en todo el mundo, entre 2010 y 2014 se realizaron 25 millones de abortos inseguros. El 97 por ciento en África, Asia y América Latina. En Argentina, los cálculos de Alejandra Pantelides y Silvia Mario hablan de entre 480.000 y 520.000 abortos anuales (en un país donde nacen alrededor de 770.000 niños y niñas). El aborto mueve millones de pesos, atender las complicaciones de salud derivadas de éstos, más aún. Anualmente, alrededor de 100 mujeres mueren por causa de abortos en malas condiciones y muchas más quedan comprometidas en su salud reproductiva.

 

Frente a semejante omisión, organizaciones sociales, comunitarias, políticas e, incluso, las universidades produjeron una amplia red de contención, información y apoyo a mujeres que buscaban interrumpir un embarazo no deseado.

 

Una lucha con historia

 

En la década del 70 en América Latina se discutió la necesidad de incluir a las mujeres de manera activa en los procesos de desarrollo y en la participación política. Entonces se debatía sobre el derecho de la familia, que suponía la posibilidad de decidir el número de hijos y su espaciamiento. En el campo de la incidencia política, se trataba de erosionar la perspectiva instrumental acerca de las mujeres y de su capacidad reproductiva, consagrada en las antiguas políticas de población que las colocaban como un “recurso” ( para “poblar el país” o para “detener el desborde demográfico”, según los tiempos).

 

Entre aquellos tiempos y los actuales, mucha agua ha corrido por el río. Durante el regreso a la democracia, los reclamos de las mujeres por el derecho a decidir comenzaron a hacerse oír. El gobierno de Alfonsín derogó las normas que prohibían el acceso a anticonceptivos e información sobre reproducción, legisladas en 1974 por el gobierno de Isabel Perón. Esta ley no impidió que las mujeres y las parejas planificaran su reproducción, como tampoco la penalización del aborto desalentó a su realización. Pero cada paso en materia de derechos sexuales y reproductivos supuso largas, muy largas luchas.

 

En 1990, la formación del Foro por los Derechos Reproductivos fue un pilar fundamental para la aparición de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que desde 2003 reúne a decenas de organizaciones feministas y junta firmas de diputados para apoyar los proyectos de ley que presenta. Además, acuñó el célebre lema de la Campaña y creó el pañuelo verde, producido por una empresa de mujeres salteñas de la economía social y solidaria y distribuidos de manera gratuita.

 

En 1994, la IV Conferencia Mundial de Población y Desarrollo (El Cairo) abrió la agenda global a la discusión sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. El Plan de Acción amplió la perspectiva sobre las políticas de población, gravitando sobre los derechos de las mujeres a decidir sobre el número de hijos y su espaciamiento. Con ello, se desterraron las nociones ligadas a la planificación estatal en un aspecto tan personal como el tamaño y forma de las familias. Respecto del aborto, los países acordaron la necesidad de considerar al aborto inseguro como un serio problema de salud pública, garantizar una adecuada atención pre y post aborto y facilitar las condiciones seguras en los casos en los que las leyes nacionales lo permiten.

 

Argentina fue uno de los pocos países que colocó “observaciones” a los artículos del Plan de Acción referidos a la igualdad entre los géneros y a los distintos tipos de familia. Se alineó así con las posiciones más conservadoras, provenientes del Vaticano y de los países islámicos. En un texto de 1997, María Alicia Gutiérrez sugirió que, en tiempos en los que la pobreza y la desigualdad crecían de forma sostenida, la posición argentina podría haber sido parte de una negociación para evitar las críticas de este sector a la dureza de las políticas neoliberales y sus impactos sobre los sectores populares, cada vez más pobres y con menos acceso a recursos estatales. Las “observaciones” al plan del Cairo sobrevivieron al menemismo durante casi 20 años más.

 

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Mientras tanto, durante la primera década del siglo XXI el movimiento de mujeres y feminista avanzó en estrategias que plantearon una agenda de derecho a la salud y fundamentalmente del derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Por un lado, el protagonismo de la Campaña sumado a otras organizaciones sociales, políticas y OSC que construyeron un diálogo con el Estado nacional y algunos provinciales para poner en marcha y garantizar el acceso a la salud de las mujeres a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionado en 2003.

 

Hubo varias iniciativas durante toda una década para garantizar un derecho que comenzaba a tener consenso en la opinión pública. Las organizaciones sociales de base territorial feminista, por ejemplo, adquirieron un protagonismo importante con un despliegue de estrategias que fueron desde el plano de dar información, capacitar a los efectores de salud hasta acompañar las decisiones de las mujeres de interrumpir un embarazo no deseado.

 

En 2009 se lanzó la línea telefónica “Aborto, más información, menos riesgo” que da información sobre cómo hacerse un aborto con medicamentos. Sus creadoras, el colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto, decían: “Se sienta postura sobre el derecho de las mujeres de acceder a la información sobre el Misoprostol (la droga que produce el aborto), el cumplimiento de las recomendaciones de la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post-Aborto, el cumplimiento del deber de confidencialidad del personal hospitalario en la atención post aborto, la producción pública de Misoprostol, y la despenalización y legalización del aborto”.

 

Más tarde, nucleada en la Campaña, surgió la Red Socorristas con representación en varias provincias. Esta iniciativa anclada ideológicamente en las estrategias políticas de las feministas italianas de los ´70 garantiza información y acompañamientos pre y post a las mujeres que deciden abortar. El arco de organizaciones que nuclea esta Red es de base feminista territorial y según los datos de su página web hasta el 2015 acompañaron 2.894 mujeres, con un promedio de 8 acompañamientos diarios ese último año.

 

También aparecieron iniciativas novedosas dentro de los espacios políticos partidarios como las consejerías pre y post aborto del Frente de mujeres, putos, tortas, travas y trans del partido Nuevo Encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los barrios del partido de San Martín por el Frente de Mujeres del Movimiento Evita. Estas acciones iniciadas en 2013 tuvieron la intención de sacar el “aborto del closet” y colocar la información al alcance de todxs. Una de sus referentes decía: “Debatimos sobre los modelos de legalización del aborto seguro, sobre el rol de las organizaciones políticas y de nuestra militancia; cuestionamos el tabú que hay en torno al aborto e hicimos foco en el derecho de acceder a prácticas seguras. Hablamos de la necesidad de cuestionar por qué en pleno siglo XXI se sigue construyendo desde lo hegemónico un discurso del aborto que lejos está de las prácticas que miles de mujeres tienen hoy en día en nuestro país”.

 

En el plano de la abogacía internacional, las organizaciones feministas y de mujeres, en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), hicieron intentos sistemáticos para que el país rectificara su posición en la Conferencia de El Cairo, anacrónica desde el punto de vista de los avances legales. En 2013, finalmente, la Cancillería levantó las observaciones gracias a la movilización de un grupo de diputadxs y senadorxs y a la Embajada argentina ante las Naciones Unidas. Justicia poética: las reservas de El Cairo se levantaron en la Argentina el mismo año en el que Jorge Bergoglio fue proclamado como el Papa Francisco.

 

En 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial que plantea la ampliación de derechos vinculados a “la edad requerida para el ejercicio autónomo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes y, por otro, en relación a las condiciones que deben respetarse para el ejercicio autónomo de derechos por parte de las personas con discapacidad”. En el artículo 19 establece que la vida comienza durante la concepción, pero no se pronuncia sobre el aborto. Así, el texto que logró alinear las normas de familia con los principios de derechos humanos en más de un sentido muestra la persistencia de un grupo de presión que dificulta hasta hoy un debate público serio sobre el aborto.

 

Mientras tanto, se modificó la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2007 y reformada por primera vez en 2010, y se creó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (con una versión mejorada en la segunda edición de 2016). Entre las modificaciones del protocolo, la caracterización como “abortos no punibles” se transforma en “interrupción legal del embarazo”. Las palabras cuentan.

 

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El aborto va a la universidad

 

El derecho al aborto se territorializó y las Universidades no fuimos ajenas a ese proceso. Un proyecto impulsado por el Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la provincia de Buenos Aires organizó ciclos de formación junto a Católicas por el Derecho a Decidir en diferentes universidades, y luego se formalizó en la Universidad Nacional de San Martín con la Diplomatura en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de Género y Derechos Humanos. El objetivo era formar a los efectores de salud que trabajan en los centros de atención primaria a la salud para que garanticen los abortos legales.

 

Ese espacio formativo se relacionó con otras iniciativas que la UNSAM emprendió en 2014 a través del Programa contra la Violencia de Género. La creación de la Consejería Integral en salud sexual y reproductiva y situaciones de violencia de género es un espacio de escucha, asesoramiento y acompañamiento de las estudiantes y las mujeres de la comunidad.

 

Las estudiantes que se acercan a la Consejería lo hacen en su mayoría porque quieren interrumpir un embarazo no deseado. Encuentran una escucha respetuosa, desprejuiciada y de fácil acceso: la oficina está en el campus, el lugar por donde ellas circulan cotidianamente. Es un espacio íntimo que genera confianza para contar, pensar y tomar sus propias decisiones. Muchas llegan acompañadas por amigas, compañeras, vecinas, muy pocas se acercan con sus parejas varones o solas.

De los 45 casos que fueron atendidos en la Consejería 36 solicitaron realizarse un test de embarazo y 9 directamente consultaron por la interrupción de sus embarazos. Todas eran mujeres cis de entre 14 y 40 años y estudiantes universitarias o de nivel secundario. De los resultados del test, 14 de ellas estaban embarazadas y de 7 no tenemos información.

 

Como protocolo les hacemos algunas preguntas; una tiene que ver con la decisión de continuar o no con la gestación. De los casos que atendimos sólo 7 dijeron que continuarían con el embarazo, 18 que lo interrumpirían y 20 estaban indecisas. A partir de estas dos últimas situaciones se hicieron los acompañamientos tanto para garantizar un aborto legal a través de la derivación a un centro de salud como para transmitir información clara y precisa.

 

Cuando deciden interrumpir el embarazo las mujeres se sienten más seguras cuando esa opción no se hace en soledad y es consultada con amigas, compañeras de militancia y/o de estudio. Pareciera que estamos vislumbrando un cambio de paradigma del modelo de decisión: lo que parecía absolutamente individual termina siendo consultado y “colectivo”. Esto significa que las redes de cuidado y acompañamiento fortalecen las decisiones de las mujeres, empoderan los deseos individuales muchas veces obstruidos o llenos de culpa por las ideologías conservadoras de las creencias religiosas y/o de los modelos modernos de familia.

 

Las universidades como otras organizaciones sociales pasamos a ocupar un lugar sumamente importante en una nueva etapa de la politización de las cuestiones “íntimas-personales” de las mujeres. A 200 años de la reforma universitaria estamos avanzando en poner en el centro del debate cómo “lo personal es político” no sólo en términos de producir conocimiento en torno a los temas de la agenda feminista sino, también, en pensar para transformar el sexismo y las relaciones de desigualdad de poder de género en instituciones sociales complejas como la universidad.

 

Llevamos adelante varias acciones: algunos Consejos Superiores y Directivos se pronunciaron a favor del proyecto de ley de despenalización y legalización del embarazo; se creó en el CONICET la Comisión lnterdisciplinaria del Observatorio de Violencia Laboral en el marco del “Protocolo de actuación para la prevención, difusión y capacitación en situaciones de violencia en ambientes de trabajo”; los protocolos de actuación en las Universidades nacionales a lo largo y ancho del territorio; y recientemente el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) incorporó a la Red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias a sus comisiones de discusión de política universitaria.

 

Es extraño: en 2018, las mujeres pueden votar y ser votadas, pueden denunciar si sufren algún abuso o violencia sexual, pueden –incluso- cambiar de género. Pero no pueden renunciar a una maternidad que llega sin haber sido deseada. Si lo que discute es la vida pero las mujeres mueren por abortos, si lo que se penaliza es la interrupción voluntaria del embarazo pero son escasas las sanciones legales efectivas, si lo que se trata es de desincentivar su práctica pero medio millón por año recurre a la interrupción del embarazo, el legrado o la aspiración ¿cuál es el tema de fondo?

 

Lo que está en juego, a nuestro juicio, no es la vida del embrión, sino la maternidad como salvaguarda de un modelo de género y de familia que se transformó. Lo que está en juego es el derecho de no ser madre. Pero de eso los grupos conservadores no hablan, y los lobbys antiabortistas ya ni siquiera hablan de las mujeres. Porque en 2018 hablar de mujeres es hablar de ampliación de derechos.

 

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El Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM reúne a sociólogos, antropólogos, historiadores y economistas que investigan y dictan clases de grado y de posgrado a casi 2000 estudiantes. Nació hace 20 años como una propuesta de un espacio innovador en la formación de posgrado; dos décadas después es uno de los institutos de relevancia en el campo académico argentino, con enorme vitalidad y vanguardismo. El IDAES ha acompañado a Anfibia desde su nacimiento, estando ambos proyectos hermanados por una misma concepción de la universidad pública, del rol de los debates políticos-intelectuales y de la exploración de nuevas formas de pensar y de contar la sociedad argentina. Anfibia acompaña al IDAES en la celebración de sus 20 años invitando a sus profesores e investigadores a ser autores de 20 notas que se publicarán durante el 2018 para reflexionar sobre las controversias y dilemas de una sociedad heterogénea, desigual y altamente politizada.


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