El mapa de medios cambió durante el macrismo. Dos decretos fueron clave: uno que desactivó la famosa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y otro que permitió la expansión a las telecomunicaciones: los grandes operadores en todos los mercados. El discurso de la convergencia, dicen Martín Becerra y Guillermo Mastrini, favoreció a la concentración: si bien la regla es para todos, pocos están en condiciones de usufructuarla.



La discusión sobre los medios en Argentina suele mezclar los efectos fulminantes sobre la economía de los medios tradicionales que provoca la crisis global del sector, con particularidades de la cultura mediática nacional y la valoración de las políticas y reglas de juego cambiantes dispuestas por los últimos gobiernos.

 

Fruto de la combinación variable de esos tres factores es que surgen dos certezas: casi nada es como era en el panorama de los medios argentinos y, lo que es más inquietante, casi nada será mañana como es hoy. Ni las rutinas productivas, ni la relación con los públicos que crea(ba)  hábitos que Eliseo Verón categorizó como “contratos de lectura”, ni los niveles y características de empleo, ni los dispositivos de edición, distribución y uso/consumo, ni la influencia cultural en sentido amplio conservan las regularidades que distinguieron la institucionalidad mediática durante todo el siglo XX y el inicio de este siglo.

 

La crisis global provocada por la digitalización y emergencia de plataformas en red de distribución de contenidos y el rol iconoclasta de conglomerados como Facebook y Google con su poder devastador para la lógica con la que se organizaban los negocios de los medios, suelen estar hoy en el debate. En cambio, se habla menos del ingrediente local que combina una idiosincrasia peculiar con las políticas públicas en un sector que en la Argentina es muy dependiente de las reglas de juego que marca el Estado.

 

 

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Si se observa el mapa de medios al final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015 con el que fue troquelando su sucesor, Mauricio Macri, hasta mayo de 2018, se advertirá que no todos los cambios son fruto de la crisis global, ni son exclusiva responsabilidad de la tradicional estructuración mediática nacional o consecuencia directa de las políticas. Hay, pues, una tutela compartida en la mutación de un ecosistema en el que desaparecieron especies, surgen otras y, entre las que sobreviven, se aprecian considerables modificaciones en su tamaño, ubicación, alineamiento y perspectivas.

 

La implosión del Grupo Szpolski a comienzos de 2016; la inestabilidad del Grupo Octubre, editor de Página/12 y dueño de AM750; la intervención judicial apadrinada por el gabinete de Macri en el Grupo Indalo y las espasmódicas detenciones de Cristóbal López y Fabián de Souza con los despidos de Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales mediante; el cierre del diario La Razón por parte del Grupo Clarín, que también bajó la persiana de la Agencia DyN (Diarios y Noticias), cuyo accionariado protagonizaba junto con La Nación; el ajuste al límite de la supervivencia en Editorial Atlántida; la decisión judicial de declarar en quiebra a Radio Rivadavia; los despidos y retiros “voluntarios” en todas las empresas y en las emisoras de radio y tv del Estado son algunas de las mutaciones del paisaje de los medios argentinos en los últimos dos años y medio.

 

La contracción del escenario de empresas fue compensado por parte de los más poderosos para ampliar horizontes: el Grupo Clarín desembarcó en telecomunicaciones con la fusión entre Cablevisión y Telecom, después de haber amagado con el experimento de Nextel, que resulta tímido al lado de la nueva y gigantesca concentración propiamente “convergente”. En su escala más modesta, La Nación lanzó una señal audiovisual que fue apalancada por el gobierno que posibilitó su inclusión obligada en la grilla de los cableoperadores, a pesar de lo cual su modelo de negocios es precario.

 

La precarización del sector expulsó a periodistas del quehacer noticioso. Algunos de los refugios son las oficinas de prensa o relaciones públicas de organizaciones privadas, estatales o del tercer sector. Otros se adaptan gestionando sus propios productos o programas, en un sistema en el que abunda el subalquiler de espacios por parte de las emisoras audiovisuales y también, a su modo, de los medios impresos y en la web.

 

En un registro ubicado en las antípodas de la consolidación conglomeral, los trabajadores de Tiempo Argentino fundaron una cooperativa y lograron concretar una gestión autogestiva que tiene dos años ya, lo que en la era de la mercantilización extrema de la información parece un milagro.

 

Nuevas reglas de juego

 

Las personas curiosas en torno a las políticas de comunicación se preguntaban en el breve lapso que transcurrió entre las elecciones de octubre de 2015 y la asunción de Mauricio Macri en diciembre de dicho año, sobre la capacidad del nuevo gobierno de cambiar el marco regulatorio que había dejado como herencia el kirchnerismo. Concretamente se aventuraba sobre el destino de la famosa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios) aprobada en 2009 y de la menos discutida Ley Argentina Digital (de telecomunicaciones y Tic) sancionada por el Congreso en 2014. No es arriesgado pensar que la mayoría de las respuestas, que luego se mostrarían ingenuas, indicarían que dada la situación de minoría legislativa del PRO, las leyes del sector no se verían alteradas rápidamente.

 

Sin embargo el nuevo elenco dirigente dejó claro desde el primer día que las comunicaciones constituían un área estratégica y que de ninguna manera aceptaría el legado recibido. Por primera vez en la historia argentina se creó un Ministerio de Comunicaciones, que sirvió como cabeza de playa para alterar la jerarquía administrativa del sector, como ente superior de la autoridad que fijaba la LSCA, la AFSCA. Ese Ministerio, que estuvo a cargo del político cordobés Oscar Aguad, removería de raíz principios y regulaciones que impedían mayores niveles de concentración de la propiedad del sector, allanaría el camino para que el Grupo Clarín concrete una nueva etapa expansiva y después de 18 meses sería disuelto en un reconocimiento tácito de que la planificación a futuro y la gestión de los conflictos desatados en las comunicaciones no formaban ya parte de las prioridades del gobierno. El trabajo estaba hecho.

 

Pese a la retórica republicana de respeto a la división de poderes, en el campo de las comunicaciones el gobierno de Macri lleva dos años y medio a golpe de decretos y resoluciones unilaterales que trastocaron las reglas de juego y que, en lo sucesivo, constituyen un antecedente de alteración de las normas al menos con cada cambio de gobierno, lo que corporiza el fantasma de la mentada “inseguridad jurídica” como nunca antes.

 

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Así, en su primer mes de gestión, el presidente y su gabinete firmaron el DNU 267/15, con el que creó una nueva autoridad regulatoria directamente controlada por el PEN, flexibilizó las normas que limitaban la concentración y prorrogó las licencias del sector una vez más (lo hicieron otros presidentes antes, por ejemplo Néstor Kirchner mediante el DNU 527/2005), por cinco años. Con precisión quirúrgica (ya que la mayoría de los artículos de la LSCA continuaron vigentes) y sin debate público, Macri cambió sustancialmente una ley que había sido largamente escrutada por la sociedad argentina. Tras el cimbronazo que significó el DNU 267/15, el gobierno se comprometió, ante los ciudadanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que devolviera a los legisladores su capacidad regulatoria. Luego de varias postergaciones y del montaje y desmonte del Ministerio de Comunicaciones, esa promesa sigue sin cumplirse.

 

La política de comunicación de Mauricio Macri dio con el DNU un giró de 180 grados a las cuestiones promovidas por el kirchnerismo. Se abandonó el discurso de la democratización de los medios y se lo reemplazó por el desarrollo del mercado y la necesidad de atraer inversiones. Con el tiempo, se incluyó la promoción de la convergencia como concepto orientador de una mayor eficiencia en sector que de acuerdo a su diagnóstico se encontraba “atrasado”. Sin embargo, los sucesivos parches zurcidos al calor de las necesidades expansivas del Grupo Clarín a las telecomunicaciones, que celebra con la fusión Cablevisión-Telecom, y de los lamentos de su competidor Telefónica siempre conmutados desde Madrid, tampoco alcanzaron a diseñar un marco normativo realmente “convergente”. La política de Macri en el sector se aparta de la senda trazada por países con legislaciones acordes a la convergencia tecnológica como Reino Unido o México.

 

Por otro lado, durante el año 2016 se registró una baja en el gasto en publicidad oficial que afectó a los medios que durante el kirchnerismo se habían visto beneficiados con este recurso cuya transparencia y efectividad siempre es dudosa. En 2017 el gasto en pauta estatal aumentó sin llegar a los niveles de discriminación de los gobiernos anteriores. En tanto, los medios de gestión estatal que pasaron a tener una programación formalmente más diversa (o menos sectaria) que durante los gobiernos de Cristina Fernández, al tiempo que su audiencia mermó notablemente y los conflictos internos se incrementaron, lo que conduce a replantear desde otra perspectiva el eslogan de “público” con el que se alude al Canal 7, Radio Nacional y la Agencia Télam.

 

El grupo Clarín terminó de efectivizar la compra de Nextel (iniciada en las postrimerías del gobierno de CFK) con lo que retornaba al sector de la telefonía en un movimiento que mostró la correspondencia entre el discurso gubernamental y la estrategia de negocios del mayor grupo infocomunicacional del país.

 

A fines de 2016, el gobierno sancionó un nuevo decreto (1340/16)  para el sector de la comunicación, que facilitaría la expansión de las telecomunicaciones hacia el sector audiovisual, y del audiovisual hacia las telecomunicaciones. En resumidas cuentas, dejaba atrás los tabiques legales y permitía –en un plazo de dos años- a todos los grandes operadores estar presente en todos los mercados. Para los pequeños y medianos, para los cooperativos y comunitarios, ese decreto reservaba ciertas cuotas de protección que luego serían eliminadas en el proyecto de “ley corta” de telecomunicaciones presentado al Congreso en marzo de 2018, y que es el primero con el que el gobierno participa de la discusión al Poder Legislativo.

 

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El discurso de la convergencia favorece, en la versión macrista, el proceso de concentración; si bien la regla opera para todos, pocos están en condiciones de usufructuarla. En concreto, Clarín, Telefónica, Claro y, tal vez, DirectTV. El Grupo Clarín obtuvo un beneficio adicional al permitírsele utilizar licencias de espectro en 2,5 Ghz. para usarlo en telefonía móvil con su empresa Nextel, vía reatribución de su empleo. Originalmente dichas licencias no se podían utilizar para telefonía móvil y por lo tanto su valor era considerablemente menor. En relación a internet se protegió a los operadores que construyeran redes, con el bloqueo a la competencia en la utilización de la “última milla” por un plazo de 15 años. Finalmente se autorizó a DirecTV a prestar Internet. Un juego donde todos los grandes ganan, aunque algunos ganan más que otros.

 

La “convergencia” habilitada por Macri amoldó de esta manera sus dos principales prendas a la anatomía de los dos operadores más importantes del sector de la televisión de pago y relega tanto a los actores medianos y pequeños del audiovisual que compiten con Cablevisión y DirecTV, como también a los conglomerados de las telecomunicaciones y a las compañías de Internet. A la luz de los decretos de Macri y de las acciones emprendidas por el Ministerio de Comunicaciones y por el Ente gubernamental ENaCom, la costura de la convergencia es tan selectiva que solamente quienes dominan el 70% del lucrativo mercado de la tv paga podrían aprovecharla integralmente.

 

Tras el decreto las telefónicas, especialmente la de origen español, mostraron su disgusto y amenazaron con demorar inversiones. El gobierno de Macri, en políticas de comunicación, juega con dos canchas inclinadas. Primero la inclina entre grandes operadores y el resto, y luego la inclina un poco más dentro del selecto grupo “champions league” a favor del Grupo Clarín.

 

Fusión larga, ley corta

 

Sin haber cumplido la promesa de presentar un nuevo proyecto de ley, pero con la tarea cumplida en cuanto la adaptación del marco regulatorio a las necesidades de los grandes operadores del mercado, en julio de 2017 mediante otro DNU se disolvió el Ministerio de Comunicaciones y se reubicaron sus funciones en el Ministerio de Modernización mientras se anunciaba la megafusión de Cablevisión y Telecom, la mayor de la historia de las comunicaciones en América Latina.

 

Para atender las quejas de Telefónica, el proyecto de “ley corta” hoy en trámite en el Senado habilitaría a las telefónicas a dar tv satelital y a usar la infraestructura “pasiva” del resto de los operadores pequeños, medianos y cooperativos (que tendrán así incentivos para convertirse en meros dealers de los grandes del sector). De esta forma, se limitaría la asimetría existente para acceder al cuádruple play entre el Grupo Clarín, Telefónica y Claro. Velocidad de decreto para Clarín, velocidad parlamentaria para Telefónica y Claro.

 

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El análisis del conjunto de la política de comunicación del gobierno de Macri muestra que su actividad en el sector ha sido intensa. Las empresas que reclamaban que “la mejor ley de medios es la que no existe”, ven con agrado la lluvia de decretos. Lejos del discurso liberal que proclama la prescindencia de la intervención estatal, se aprecia una profunda revisión del marco regulatorio  y una reorientación de la intervención del mercado. Con el discurso de la convergencia y la competencia se han establecido reglas que favorecen a los actores dominantes del sector. Y en todo caso cabrá esperar que respondan con algunas inversiones.

 

Ganadores y perdedores

 

El principal beneficiado es el Grupo Clarín, que vio cómo desaparecieron los límites a su expansión, se le facilitó el acceso a nuevos mercados y se reguló en forma asimétrica a los otros grandes grupos para pavimentar su despegue en telecomunicaciones, mientras que, con la misma orientación gubernamental, algunos de sus competidores achicaron sus posiciones (venta de Telefé por parte de Telefónica a Viacom en 2016). La fusión entre Clarín y Telecom, donde el grupo pasa a detentar el control operativo, es la frutilla del postre. Si bien resta la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el regulador gubernamental ENACOM autorizó ya la operación que supone que el Grupo Clarín pase a dominar a nivel nacional el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% en TV paga. Nadie dispone de un poder de mercado similar. Y esto sin considerar los medios gráficos, radiales y televisivos que aumentan su poder de negociación por su influencia en la opinión pública.El Grupo Clarín resulta el gran ganador del mercado de medios en la era Macri en dos niveles: por todo lo que compró y por lo que vendieron sus competidores. De esta forma, la distancia entre el grupo y su más inmediato competidor se amplió aún más. Y encima sus medios ocupan un lugar inigualado en la formación de la opinión pública.

 

Otro grupo que incrementó su participación en el mercado es Albavisión del mexicano Ángel Remigio González que sumo parte de las radios del grupo Prisa (Continental, los 40 principales). Su expansión continua siendo silenciosa y fantasmagórica. Finalmente cabe destacar, los grupos Fox y Turner que supieron jugar fuerte para quedarse con los derechos de televisación del fútbol, un mercado muy apetecible.

 

La Nación, con la consignada ayuda gubernamental en la distribución de su señal de cable y, en menor medida, Perfil, acceden a la publicidad oficial que les retaceaba o negaba el kirchnerismo (según el lapso). El Grupo Perfil obtuvo además licencias de radio y televisión aún no operativas.

 

Entre los perdedores se encuentran en primer lugar la estructura de medios dependiente de la publicidad oficial en el gobierno anterior. A la implosión del grupo Spolski-Garfunkel que dejó a la deriva los medios a su cargo en los primeros días del gobierno Macri, se suma la situación de virtual quiebra de los medios del Grupo Indalo de Cristóbal López. Los medios de buena sintonía con el kirchnerismo resultan así las principales víctimas de la nueva política. Claro que para entender su colapso no debe pensarse tanto en la gestión macrista como en su incapacidad para establecer un modelo de negocios que lograra márgenes de autonomía respecto de la profusa ayuda estatal.

 

Las empresas españolas han perdido algunas posiciones, en este caso por decisiones estratégicas de sus casas matrices, que decidieron abandonar posiciones en el país. Telefónica se desprendió de Telefé y su red canales del interior que fue adquirido por el Grupo Viacom. Como se ha visto, Prisa cedió parte de sus medios a Ángel González.

 

También el grupo De Narváez ha reorientado sus inversiones y abandonado sus participaciones en medios, en este sentido en favor de un grupo de permanente buena llegada a cualquier oficialismo: el grupo Uno de Daniel Vila y José Luis Manzano, rebautizado América, que se asoció con Claudio Belocopitt.

 

Una situación particular presenta el grupo Octubre, vinculado al sindicato de porteros liderado por Víctor Santamaría. Si bien en el período incorporó al matutino porteño Página 12, la situación económica de sus medios, especialmente el diario, pende de un hilo y en su emisora radial AM750 es discriminado por el manejo de publicidad oficial que administra, con lógica de premios y castigos, la Secretaría de Comunicación que depende de Jefatura de Gabinete.

 

La turbulencia provocada en el sistema de medios argentino por las nuevas pautas definidas por el elenco dirigente que rodea a Macri es tan profunda como la dependencia de una parte importante del sistema de medios y productoras periodísticos a las políticas estatales. Ello es potenciado por un cataclismo meditático global que ninguno de los actores locales puede controlar y que apenas atisban a comprender. Si lo comprendieran, advertirían que las políticas públicas puede agravar, mitigar o reconducir hacia otros horizontes la crisis en el sector de los medios y que sus consecuencias serían diferentes para la sociedad que se nutre de las noticias y los entretenimientos cada día.

 

En los últimos meses, los empresarios que suelen pontificar los prodigios del mercado libre, han comenzado a señalar su preocupación por la concentración de las comunicaciones a nivel macro y, aprovechando el escándalo de venta de perfiles de 87 millones de usuarios de Facebook a Cambridge Analytica con fines de manipulación de la opinión pública, enuncian en tono cada vez más alto su crítica al rol de conglomerados como Facebook, Google, Amazon y, en menor medida, Netflix. Probablemente en los próximos meses pidan que el Estado intervenga para equilibrar la cancha. Una vez más, recurrirán al poder político para que los proteja/favorezca cuando su posición es amenazada por actores superiores a ellos. Tal vez, esta vez ni siquiera alcance con un árbitro tan parcial como Macri para volver a dominar el partido.


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