Crónica

Investigación exclusiva, primera parte


Malvinas: tras la pista de los dueños del mar

El gran negocio en Malvinas no es el petróleo, es la pesca. Los isleños viven de las licencias que pagan empresas de distintos países para pescar en una de las zonas del mundo más ricas en calamar. Algunos lo hacen violando la ley, porque operan en las islas, Europa y el continente argentino. Entre ellos hay financistas de la Libertad Avanza. Esta primera parte de la profunda radiografía del sector pone nombres y establece vínculos hasta aquí desconocidos.

Esta investigación fue realizada con el apoyo del Pulitzer Center.

Octubre de 2022, Andalucía. Piloto de aguas turbias

El empresario Fernando Álvarez Castellano —flaco, el pelo canoso revuelto, lentes espejados— sostiene el mate y le habla a la cámara. Atrás suyo, bajo un gazebo improvisado como estacionamiento, hay un auto de rally. Su auto de rally. El chasis ploteado con el nombre y logotipo de dos empresas pesqueras. Una es la que él preside desde 1995, Conarpesa, la mayor exportadora de langostino salvaje de Argentina, fundada por su padre en 1977. El otro sello está ubicado en una de las puertas del auto, y dice: “Wofco, five oceans seafood”. El eslogan es estrictamente cierto: con solo seis años en escena, la empresa gallega ya pesca en todos los océanos. Hace diez días, además de la carrocería del auto, las dos empresas comparten también el negocio. Un negocio al margen de la ley federal de pesca, que triangula Argentina, España, y termina en las islas Malvinas.

—Vamos a probar todas las cosas nuevas durante la carrera— dice Álvarez Castellano en el video subido a la cuenta de Facebook “Conarpesa rally”. Levanta el pulgar izquierdo—. Este es el auto que vamos a llevar al Dakar. El arma del Dakar. Vamos a ver este fin de semana si es letal o no. Un saludo a todos los argentinos.

Aunque vive en nuestro país hace 28 años, el madrileño Fernando Álvarez Castellano suele volver a España para atender negocios o competir. Esta vez, va a correr entre el 18 y el 23 de octubre la edición 2022 del Andalucía Rally. El calendario automovilístico de este año ha sido muy apretado: enero, Dakar en Arabia Saudita, febrero, Jordania y Rusia —en las que subió al podio—, julio, España e Italia, septiembre en Polonia: ganador. Le faltan Portugal, otra vez Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. En diciembre, junto a un copiloto francés, levantarán la copa del mundo Cross-country 2022.

En medio del trajín de viajes, prácticas y competencias, de ponerse al tanto de los chiches que su equipo técnico le ha incorporado al auto para correr la próxima edición del Dakar, Álvarez ha encontrado el tiempo para cerrar la venta de casi la mitad de las acciones de su empresa más importante. El 12 de octubre —feriado en Argentina— apareció la noticia en la prensa especializada: el traspaso del 47,82% de Conarpesa a Worldwide Fishing Company, Wofco, que hasta entonces en lugar de socios habían sido los mejores clientes de la empresa de Álvarez Castellano: le compraban gran parte del “gambón” que su flota de veintidós barcos capturaba en el mar patagónico.

“Líderes en langostinos desde 1977”, dice el título del video promocional de su página web. El dato es cierto: Conarpesa fue de las firmas pioneras en la captura del langostino salvaje y eso la mantuvo entre las más rentables. Lo que no detalla el relato institucional es quiénes fueron sus fundadores y cómo se abrieron paso entre la férrea burocracia castrense. Hay una buena pista si se rastrea la integración del primer directorio. Juan Álvarez Cornejo -padre de Fernando Álvarez Castellano- había llegado de España pocos antes y figura junto a otros españoles como director de la junta que había sido elegida el 1 de diciembre de 1978. Estuvo al mando de la empresa hasta 1995, cuando tres empleados con cargos jerárquicos en la empresa —el gerente y vicepresidente Raúl "Cacho" Espinosa, Guillermo Roberto Schmid y Carlos Alberto Rocca— enfrentados comercialmente se fueron para crear la competencia directa en la captura del langostino: Pesquera San Isidro. El enfrentamiento tuvo su climax en 2003, con el asesinato a sangre fría de Espinosa, pero esa es una historia que se contará en detalle en otra crónica de esta serie. Lo cierto es que Fernando, hijo del entonces presidente de Conarpesa, voló de urgencia desde España para recuperar los bienes que, según él, los empleados infieles le habían robado a su padre: todavía hay un expediente judicial abierto donde reclama dos barcos que siguen pescando para San Isidro. Aquel comienzo traumático signó el carácter de gestión al frente de Conarpesa: desde entonces son habituales los enfrentamientos públicos y los litigios judiciales con trabajadores, sindicalistas, funcionarios de gobierno y jueces y juezas que lo han investigado, denunciado o acusado de algún delito. Una lista larga, todavía está por ocurrir después de aquel octubre de 2022.

Cuatro meses después de su anuncio del rally, la planta de procesamiento de Puerto Madryn será allanada por orden judicial e investigada por contaminación ambiental en el Golfo Nuevo, provincia de Chubut. En un año denunciará por coacción, abuso de autoridad y mal desempeño en su condición de funcionario público ante el fiscal Stornelli al subsecretario de Pesca, Carlos Liberman. Una semana después, la aduana filtrará a la prensa que se está investigando a Agropez SA, una de las XXX empresas vinculadas a Conarpesa, por subfacturación en exportaciones de langostinos a China y España. A pesar de aquella sospechas de subdeclaración de ventas para pagar menos impuestos, su rentabilidad es una de las más grandes del sector y se sostiene a lo largo de los años: entre 2020 y 2025, solo Conarpesa y Agropez, las empresas principales del Grupo, exportaron por 610 millones de dólares.

La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca lo distinguirá con el premio “Popa, Caballero del Mar”. Será denunciado por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por presionar a los marineros a firmar contratos individuales a la baja, violando los convenios colectivos. Denunciará al SOMU por amenazar con matones a los marineros para que no suban a sus barcos. Bautizará dos nuevos barcos en Mar del Plata y un tercero en Vigo, que llevará el nombre de su padre. Su empresa Agropez —aquella que fue investigada por evasión— se convertirá en el mayor aportante privado de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre de 2025. El primer día hábil de 2026 se incendiará una de sus plantas de Puerto Madryn y él dirá que la capacidad operativa se mantiene intacta y la actividad productiva no se interrumpe. Que en junio de ese año, el Tribunal Superior de la provincia de Chubut anulará el fallo que absuelve a sus empleados por daño ambiental, luego de detectar graves errores de la jueza en la aplicación de la ley, y ordenará un nuevo juicio. Que unos días después, abrirá su séptima planta de procesamiento en el país: será la segunda de la ciudad de Rawson y la cuarta en la provincia de Chubut. Pondrá en funcionamiento, junto a sus socios de Wofco, una planta procesadora de langostinos en el Parque Industrial Pradera Alta, departamento de Itapúa, Paraguay, a la que abastecerá con parte de los langostinos capturados en el mar argentino, que llegarán por tierra en camiones refrigerados. Luego de reclamos por pagos incumplidos, un grupo de trabajadores y sindicalistas ocuparán la planta de Puerto Madryn. Despedirá a 39. Una jueza embargará sus cuentas para liquidar el pago de varios ex trabajadores de la empresa que lo denunciaron. La misma jueza ordenará dejar amarrados dos barcos, por las demandas judiciales. Álvarez Castellano denunciará a esa jueza en el Consejo de la Magistratura.

Todo le ocurrirá en los próximos cuatro años. Lo que nunca sabremos si Álvarez Castellano sabe, es que al estampar su firma en la venta de una parte de su empresa a Wofco ha empezado a incumplir la ley federal de pesca (24.922). En cualquier caso nadie lo controla ni lo sanciona. En su artículo 27 bis, incorporado en una reforma de mayo de 2008, la norma dispone que ninguna empresa con permisos de pesca en Argentina podrá tener relación “jurídica, económica o de beneficio”, directos o indirectos, con pesqueras que operen bajo licencia del gobierno colonial británico en las aguas de las Islas. 

Abril de 1970, ciudad de Buenos Aires. Un bautismo de ley 

La escena transcurre en un registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, algún día del otoño de 1970. Reinaldo Ernesto Reid, hijo de un argentino y de una británica, sostiene a su pequeño hijo en brazos. La empleada abre el folio 59 del tomo 1ª J del cuaderno donde se inscriben los nacimientos. En el número 117 anota: Juan Alejandro Reid. El hijo de Reinaldo es el segundo de nueve hermanos, pero no es por eso que su historia llega en un suspiro a la tapa de los diarios: es, también, el primer bebé argentino nacido en las Malvinas e inscripto en Argentina después de la ocupación británica de 1833. Al momento de fundar el acta, la empleada anota: “1) que el menor cuya inscripción se solicita nació en las Islas Malvinas, que son territorio argentino, no obstante la ocupación británica. 2) que dicha ocupación origina, de hecho, un impedimento para el ejercicio pleno de la jurisdicción argentina; que se traduce en la inexistencia de Oficina de Registro en el lugar y en la imposibilidad de labrar el nacimiento ante ella”. La mujer justifica su intervención “en resguardo de la integridad del territorio argentino y los derechos de sus ciudadanos; cuyos nacimientos en las Islas Malvinas quedarían al margen de toda posibilidad de inscripción”.

Juan volverá a Buenos Aires 12 años después, ya con el nombre de John Alexander Reid. Alex. Poco antes de la guerra cruzará el Atlántico para estudiar en una escuela bilingüe del Gran Buenos Aires. En el continente ya estará Dorcas, su hermana mayor, estudiando Magisterio. Alex trabajará como empleado en un centro médico, se casará, se divorciará, y volverá a las Malvinas, en 1994, con ganas de “comprobar cómo eran las cosas”. Y las cosas eran distintas. Muy distintas a lo que recordaba. Con un manantial de riqueza bajo el mar, que los isleños empezaron a explotar después de la guerra. 

En 2007, entrevistado por la televisión británica poco antes del aniversario 25 de la guerra, Alex recordará sus doce años en el continente. Dirá que lo trataron como un rey. Que con el estallido de la guerra la gente le decía: “¡Qué bien, por fin las Malvinas son argentinas!”, y le preguntaba si estaba contento. Alex se quedaba mudo. No sabía qué responder.

—Para mucha gente de las islas mi papá no era más que un traidor— dirá en la entrevista.

En septiembre de 1996, Alex conseguirá un trabajo que le cambiará la vida: en las oficinas de Seaview Ltd, la empresa pesquera. Su periplo en Argentina, paradójicamente, le será de ayuda: la firma buscaba activamente empleados que hablaran español para comunicarse con las tripulaciones.

Principios del siglo XXI, Islas Malvinas. Lafonia, la filial secreta

A comienzos del año 2000, al mismo tiempo que anuncia inversiones en un proyecto de cría de salmón rosado en Santa Cruz, Pescanova desembarca con una nueva empresa mixta en las Malvinas. Pescanova es en ese momento una de las empresas pesqueras más poderosas del planeta. Tiene una flota de 120 barcos pescando en todos los océanos, casi diez plantas de acuicultura, otro tanto de plantas logísticas y de procesamiento en tierra, y 10.000 empleados en 15 países. 

En octubre de 2000, el periódico isleño Penguin News publicó un anuncio de Rodney Lee, presidente de Seafish, que sería el socio local de Pescanova en una de las nuevas joint ventures impulsadas por el gobierno británico: “Un avance importante para Seafish ha sido la creación de una nueva compañía, Nova Seafish Ltd. Nova Seafish representa una empresa conjunta entre Seafish (35 %), Pescanova SA (50 %) y Seaview Ltd (15 %)”. 

En una carta pública a los accionistas —Seafish estaba conformada por 265 propietarios residentes con pequeñas porciones de la sociedad: casi el 10% de la población de las islas—, Lee anunció que la nueva empresa nacía “con miras a presentar con éxito una solicitud de licencia de Loligo para la próxima temporada”, y que para eso comprarían el barco arrastrero FV Saint Denis —en ese momento pescaba en el mar de Canadá—, al que proponía reabanderar en Stanley y bautizarlo Robin M. Lee, en honor a su hermano que acababa de morir.

El tercer socio de esta nueva empresa era Seaview Ltd, donde trabajaba Alex Reid desde 1996. El primer isleño bautizado en Buenos Aires, era ya todo un hombre de su tierra, aportando a los negocios locales. 

La sociedad tripartita de Pescanova, Seafish y Seaview tendrá éxito en la gestión de la licencia de calamar Loligo. Para explotarla, crearán en marzo de 2001, en España, una nueva empresa: Lafonia Seafood SA. Casi nadie en las islas sabría de su existencia hasta muchos años después.

El negocio prosperó limpiamente durante más de una década: tiene permisos de captura del calamar Loligo y de merluza negra en las exclusivas aguas de la Antártida. El enlace de Pescanova con las islas es el gerente de la discreta Lafonia Seafood, Ismael Pérez Bugallo, quien desde Vigo manejará el negocio estrecharando vínculos con Alex Reid que perduran hasta hoy. En 2005, después una temporada de calamar catastrófica en 2004, los isleños sancionaron una ordenanza de Conservación y Administración de Pesca,que buscaba “crear un entorno económico más racional para el sector privado”. Para ello se incorporaron la Cuota Individual Transferible (ITQ) de 25 años especies como el calamar Loligo y la merluza negra, que hasta ese momento debía renovarse anualmente. Ganaron previsibilidad y rentabilidad. Mientras tanto, Pescanova crecía en el continente con Argenova, otra filial, que tenía una flota de entre 16 y 19 de barcos de altura, y era una de las filiales más valiosas de la pesquera multinacional.

Todo iba bien hasta que el 28 de febrero de 2013, la joint venture de Alex Reid y Pescanova estalló por sorpresa. El presidente de la empresa española, Manuel Fernández de Sousa, convocó al consejo de administración de urgencia y comunicó formalmente que la firma entraba en preconcurso de acreedores. Y reconoció ante los auditores que habían sido contratados por la situación de crisis, que existían graves “discrepancias” en su contabilidad. Inmediatamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización de las acciones de Pescanova en la Bolsa. Unos meses más tarde, los síndicos que investigaban la compleja estructura de subsidiarias y filiales —varias de ellas cáscaras vacías, sin actividad real— encontraron una sociedad secreta en unas islas remotas del Atlántico Sur: Lafonia Seafood SL. 

El 11 de julio de 2013, bajo el título “Los correos del maquillaje contable en Pescanova”, el diario español El País publicó fragmentos literales extraídos del informe confidencial que KPMG acababa de entregar al juzgado. Entre los mails que revelaban, había uno del 4 de abril de 2011 de Ismael Pérez Bugallo a Fernández de Sousa, presidente de la compañía: “Estimado Manuel: Muchas gracias. Si no tienes inconveniente, y dado el importe del incentivo y la visibilidad del mismo en las cuentas y en la pequeña estructura de Lafonia y Polar, me gustaría cobrar el saldo pendiente del incentivo por dos o tres vías distintas para que pase lo más desapercibido posible. Saludos cordiales. Ismael”. La respuesta de la presidente, escueta, no tardaba en llegar: “Conforme. MF”.

En esas semanas, los habitantes de Malvinas oían el nombre de Lafonia por primera vez. Hasta entonces, ni siquiera se había escrito en las páginas del Penguin News. En la edición del 3 de mayo, a dos columnas y bajo el título “El silencio de la pesquería de Malvinas ante los problemas de Pescanova” (“Falklands fishery silence on Pescanova problems”), el periódico local consultaba a los responsables para tener una opinión sobre el escándalo que envolvía al socio español. El director de Pesquerías del gobierno isleño, John Barton, y la presidenta de la Asociación de Empresas de Pesca de las Islas Malvinas (FIFCA), Cheryl Roberts, preferían no responder. Alex Reid, tampoco.

Octubre de 2022, Vigo o Buenos Aires. La generación de los traders

Falta exactamente un año para que el escándalo de Pescanova conduzca a su ex presidente Manuel Fernández de Sousa a la cárcel. Ismael Pérez Bugallo, gerente de Lafonia y socio de Reid, pudo demostrar que no ejercía un rol funcional en la ejecución de un plan para cometer el fraude, ni tomaba decisiones sin la aprobación de Fernández de Sousa. Por eso quedó a salvo del brazo (no tan) largo de la ley. 

En Argentina, el desastre de Pescanova también debió traerle consecuancias graves a su filial, Argenova. Desde mayo de 2008 está vigente la ley 26.386 que prohíbe a entidades de un mismo grupo empresario, con vínculos directos o indirectos entre sí, operar simultáneamente en aguas de Malvinas y aguas continentales. Con la información de la quiebra circulando en la prensa y los siete años de actividad en las islas acreditados judicialmente en España, los permisos de pesca argentinos corrían serio riesgo. O debieron correrlo.

Pero no. El 3 de junio de 2014, el presidente de Argenova, Jaime Pérez Pena, salió a decir públicamente que el grupo quería cumplir la ley, que se desprendería de cualquier activo en las Islas Malvinas. Tras un período de dos años de sombras con el destino de la firma, en mayo de 2016 llegó la oferta de compra de Conservas y Frigoríficos del Morrazo.


Frigoríficos del Morrazo es una empresa española especializada en el almacenamiento frigorífico, la logística, el procesamiento y la comercialización de productos pesqueros. Nació a mediados de los 80 por la fusión de dos empresas familiares: Moradiña y Hermanos Gandón. Moradiña era de la familia Barreiro, una estirpe marinera conocida en esa zona de Galicia. Cuando llegan al acuerdo con Pescanova para comprar Lafonia, presidía el directorio Alberto Barreiro Núñez, que será un personaje importante en esta trama.

La operación suponía un gran salto para la compañía: al barco Robin Lee, con el que ya pescaban icefish (pez hielo o draco rayado) en las aguas de las islas, ahora le sumaban otros dos buques con bandera de Malvinas, el New Polar y el Sil. “Hemos hecho una gran apuesta por estos barcos, que están en unas condiciones fantásticas”, le dijo un accionista de Frigoríficos del Morrazo al diario Faro de Vigo el 26 de mayo de 2016. Agregó además que valoraba la “seriedad” de los socios isleños, y la “experiencia” de Ismael Pérez Bugallo, que a pesar del cambio de dueños y del proceso traumático en Pescanova, mantendría su cargo como gerente de Lafonia Seafoods.

Dos meses antes de que Frigoríficos del Morrazo comprara Lafonia, en marzo de 2016, había nacido Wofco, de la mano de tres jóvenes españoles, hijos o sobrinos de armadores que integraban verdaderas dinastías pesqueras: Alberto Barreiro Nuñez –que mantenía su puesto en Frigoríficos del Morrazo-, Borja Tenorio Riveiro –hijo de un conocido empresario portuario- y Alfredo Méndez, que tras dar sus primeros pasos en Fandicosta, la empresa de su tío, se había ido a probar suerte a Asia creando empresas de trading y plantas de procesado de calamar, y sería la terminal de Wofco en China, Vietnam, Indonesia. Los tres españoles habían completado la junta directiva con dos socios más. que completarían el directorio cada uno: Méndez invitó al chino Kunming Yang –dueño de la empresa Zhoushan Greenfood, especializada en calamares- y Borja Silveiro sumó a Giansandro Perotti, un poderoso empresario atunero de Ecuador, presidente de varias compañías y vicepresidente de la Cámara Nacional de Pesquería de su país.


Aunque los cinco accionistas tenían fracciones iguales del paquete accionario , para evitar conflictos de interés establecieron una regla de gestión estricta: como Yang y Perotti eran también proveedores de materia prima de Wofco, acordaron que los dos extranjeros no participarían en la toma de decisiones del día a día. Se limitarían a cobrar sus dividendos y a aportar su visión estratégica en las reuniones anuales de directorio, o a representar a la firma en ferias globales de pesca en Bruselas, Barcelona o Vigo.

Los primeros años fueron traders. Seguían de cerca las posibilidades en varios océanos del mundo y establecían acuerdos preferenciales con empresas que tenían permisos de pesca y plantas de procesamiento. Tenían el know how, contactos y proveedores de sus experiencias pasadas, y podían jugar con el precio del mercado almacenando sus productos en los frigoríficos. Cada uno conocía una parte del negocio y se complementaban bien. Pronto las ganancias empezaron a llegar y decidieron ampliarse, cubriendo toda la cadena de valor. 

Sabían de sobra que el calamar era un commodity, y conocían bien un caladero que rebosaba de calamar: las Islas Malvinas. El propio Alberto Barreiro Núñez había participado como presidente de Frigoríficos del Morrazo del traspaso de Lafonia. 

Todo quedaba en familia. Así que aprovecharon una reestructuración interna en Frigoríficos del Morrazo –en cuyo directorio Alberto Barreiro ocupaba el triple rol de presidente, consejero y delegado- para llegar con Wofco al caladero de las Malvinas. 

La maniobra fue ejecutada en marzo de 2020 -según la noticia de la prensa especializada de Vigo-, cuando Moradiña (la empresa con la que los Barreiro habían formado a mediados de los ’80 Frigoríficos del Morrazo) le compró en alrededor de 40 millones de euros la mitad que todavía tenía Gandón Hermanos para quedarse con el control total de Frigoríficos del Morrazo. En ese mismo momento, Wofco entró en la operación para comprar el 20% de esas acciones vendidas. Es decir, que Moradiña terminó con el 80% de Frigoríficos del Morrazo, y el 20% restante lo compró Wofco. Así, pudo empezar a gestionar los tres barcos de Lafonia, y acceder a los permisos de pesca de calamar Loligo en Malvinas. 

Esta sucesión de movimientos accionarios fue confirmada –en off– durante esta investigación por una fuente muy cercana a los movimientos de la empresa en aquellos primeros años: confirmó que el verdadero interés de Wofco no era el frigorífico en sí ni las propiedades en tierra, sino la participación en Lafonia Seafoods para acceder al calamar de Malvinas.

—Es un commodity que abre muchas puertas— resumió.

Cuando en octubre de 2022, unos días antes de abordar el avión para ir a competir al rally de Andalucía, Fernando Álvarez Castellano firma la venta de casi la mitad de su empresa a Wofco, la joven compañía viguesa brillaba en el firmamento de la industria pesquera: por segundo año consecutivo, su nombre estaba en la lista del periódico británico Financial Times entre las mil empresas de mayor crecimiento anual de Europa. En menos de seis años de vida, había multiplicado siete veces su volumen de ventas. 

A partir del ingreso de Wofco al capital accionario de Conarpesa, la empresa de Álvarez comenzó a pescar al mismo tiempo en el caladero de las islas y del continente argentino, violando la ley federal de pesca. La misma fuente en off, que conoció de cerca la operación, asegura:

—Un tiempo después, dieron la marcha atrás y volvieron a vender a Frigoríficos de Morrazo su parte, porque claro, al comprar Conarpesa no podían estar en Argentina y en Malvinas.

Lo que dice la fuente puede ser cierto. Aunque por tratarse de una transacción privada de acciones, la fecha es confidencial. Pero igual puede suponerse que se vende antes del 25 de julio de 2023, según este asiento del Registro Mercantil donde consta que Conservas y Frigoríficos del Morrazo S.A. le traspasó el 100% de las acciones a un holding familiar creado antes, llamado Barreiro Núñez y Avilleira, S.L. Barreiro Núñez y Avilleira, S.L era una nueva empresa, fundada en junio de 2020, en la que primos, hermanos o tíos que comparten uno o dos apellidos integran su consejo de administración. Es decir, toman las decisiones operativas. El último movimiento se registró el 10 de julio de 2026, cuando Conservas y Frigoríficos del Morrazo S.A. le traspasó todas las acciones de Lafonia Sea Foods S.L. a Barreiro Núñez y Avilleira, S.L. Así, Alberto Barreiro Nuñez quedó apartado de los intereses en Malvinas. 

Como un juego de muñecas rusas, los nombres se diluyen para ponerse a resguardo de la ley, pero el dinero sigue fluyendo hacia las arcas de la dinastía.

Abril de 2026, Malvinas. Tras la pista de los Reid

—Oh, hue’on, él es el don— dice Matías, un chileno simpático que trabaja como guía turístico y me ayuda a orientarme. Acabo de llegar al Lockout Lodge, que será mi alojamiento durante la semana en las islas Malvinas, después de pasar varias horas arriba de un bus esperando que un contingente de ex combatientes correntinos pase los controles migratorios de la base militar de Mount Pleasant. Con Matías estamos en contacto desde hace algunas semanas: yo quiero contactos con gente de la industria pesquera. Él quiere venderme un tour. Acabo de preguntarle cómo puedo encontrar a Alex Reid. 

—No sé, pues. Su empresa está en Lookout Camp.

Se refiere al Lookout Industrial Estate, un predio al este del pueblo, donde se concentran las sedes administrativas y operativas de las principales pesqueras. Matías no sabe exactamente cómo encontrar a Alex. Pero tiene un asiento libre para ofrecerme, más barato que el que me había ofrecido antes, en el minibus que partirá el viernes con cuatro ex combatientes argentinos a Monte Longdon.

Los Reid, con otros siete u ocho apellidos de las islas, encarnan lo que podría pensarse como la aristocracia del mar. Familias que manejan las trece empresas que tienen las codiciadas licencias de calamar Loligo expedidas por el gobierno colonial. Le escribí un mail a Alex Reid y a su secretaria la semana anterior a mi llegada a las islas. Me interesaba su rol en una de las principales compañías de pesca, le decía. Pero sobre todo por su ligazón con la Argentina, y por su historia familiar. Pero todavía no tenía noticias.

Al día siguiente, alguien me cuenta que Alex Reid junto a otros empresarios pesqueros están fuera del archipiélago. En unos días, del 21 al 23 de abril, se celebra en Barcelona la feria Seafood Expo Global. Quien quedó al mando de la empresa mixta Polar Seafish Ltd, que antes estaba asociada con Pescanova es Joesph Reynold Benjamin Reid, o simplemente Joseph, hermano menor y mano derecha de Alex. Es uno de los cuatro directores de la empresa Polar Seafish Holdings Limited, anotada el 4 de noviembre de 2020 en el registro de compañías de las islas Malvinas. Los otros tres directores son Alex, Julian Richard Wylie —quien también es socio de Reid en Lafonia— y un cuarto hombre llamado Derek Simon Clarke.

Me han dicho que algunas mañanas, en un horario incierto y antes de irse para la empresa, Joseph pasa por el Teabarrey café a dejar las medialunas que llegan por mar desde Montevideo. La cafetería gestionan Joseph y su esposa, es un pequeñísimo local de madera ubicado frente al museo de la guerra, a orillas del Atlántico. A unos metros, hay un viejo galpón donde funcionó hasta hace un tiempo el correo postal. El interior es ínfimo, hay lugar para apenas dos mesas y cuatro sillas, todo muy apretado, junto a un mostrador con sánguches y productos de pastelería, detrás del cual la empleada Lyn ahora hace un zoom a Filipinas, donde viven sus hermanos y su mamá. En el Teaberry nunca están sus dueños. Ni Joseph ni su mujer. 

Polar Seafish funciona en 33 de Coastal Road, a metros de una marina donde hay barcos con cascos derruidos y algunos barcos deportivos que se mantienen. Es un predio enorme con una grúa y cientos de redes de encordado verde enrolladas en el patio. Adentro, por fin está Joseph Reid. Habla con un socio español sobre conseguir un container para descargar la pesca que tiene en la bodega. No dan demasiado a basto. 

—Hi Joseph.

—Hola.

—Hablás castellano, qué alivio.

Sonríe, Joseph. Tiene la nariz respingada, la tez pálida, y el pelo lacio y castaño claro.

—Quisiera entrevistarte, a vos, a Alex, para hablar sobre la industria pesquera en la vida cotidiana de las islas, pero también sobre la historia de la familia.

—Sí, lo que pasa es que ando con muy poco tiempo porque en diez días cierra la campaña. Pero tengo tu teléfono, me lo pasaron del negocio, así que si encuentro un momento te llamo.

—Perfecto, va a ser solo media hora —insisto. Pero probablemente ya ha decidido que no va a atenderme.

El 15 de abril, en la noche, recibo en mi casilla de correos un mail de John Alexander Reid. Me agradece por ponerme en contacto -han sido varios mensajes-, y me explica que estará de viaje toda la semana. Sabe que desde el gobierno isleño me han gestionado una reunión con miembros del directorio de FIFCA. En el correo dice: “Creo que con esa reunión tendrás bastante material. El actual presidente de física es John (Barton) y él fue director de pesquerías durante muchísimos años en las islas y tiene muchísimo conocimiento sobre la formalización de la pesquería y la economía que rodea la industria”.

La frase final es una promesa:

“Quedo a disposición para una charla remota si lo consideras útil; lo ideal sería cuando regrese a las islas, que será en algún momento de mayo”. 

Le escribí después de mi viaje a Vigo, en junio.

Alex Reid no volvió a contestar.

Quienes sí respondieron a mis solicitudes fueron Barton, mencionado por Alex Reid, y Andrea Clausen, jefa del Ejecutivo gubernamental. Con ellos encontraré las respuestas que busco. Y las contradicciones que encierra el negocio de la pesca en Malvinas. 

Agosto de 2025, Mar del Plata. El hombre del bolsillo oficial

El agua golpea contra los espigones del muelle y el cielo amenaza con una fina llovizna. En las instalaciones de SPI Astilleros del Puerto de Mar del Plata, transcurre la ceremonia del bautismo de mar de los buques pesqueros "S. Tenorio" y "J. Barreiro”, en honor a Silvino y José, los padres de Alberto Barreiro Nuñez y Borga Tenorio. La alianza comercial entre Wofco y Conarpesa está plasmada, ahora, en el casco de los buques. En la carpa que se improvisó a unos metros del muelle, funcionarios, empresarios, algunos empleados e incluso algún sindicalistas escuchan Verano Porteño, la obra cumbre de Piazzolla.

—Me retiraré cuando esté cansado y no tenga más ganas de pelear. Tengo las ganas intactas, tengo socios nuevos jóvenes que serán mi relevo, y la idea mía es dejarle la empresa lo más ordenada posible —le dice Álvarez Castellano al periodista que le está haciendo unas preguntas. 

Hace un tiempo, ha empezado a decirle a la gente que lo frecuenta que no falta mucho para que deje su lugar en el directorio de la compañía. Pero la empresa no está tan ordenada. La buena noticia que recibirá mañana, sobre la absolución de dos empleados por el beneficio de la duda en el juicio por contaminación ambiental del mar de Chubut. Álvarez Castellanos apunta contra el fiscal Alex Williams, que instruyó la causa judicial y consiguió las pericias que incriminan a Conarpesa: con un tope permitido de 50 miligramos por litro de materia orgánica, las muestras obtenidas durante la investigación registraron valores superiores a 1.500 miligramos por litro. Pero la alegría no durará mucho: diez meses después el Tribunal Superior de Justicia de la provincia anulará el fallo de la jueza que los absolvió y ordenará un nuevo debate oral.

—Déjame que te diga que yo creo que este gobierno puede andar bien —sigue diciendo el Presidente de Conarpesa, en la celebración del puerto—. Y yo siempre he dicho: yo de corazón soy kirchneritsta, pero de bolsillo soy oficialista. Y en este caso, habla mi bolsillo.

Diez días más tarde, el 4 de septiembre de 2025, Agropez Sociedad Anónima, una de las doce compañías que funcionan en espejo y cuyas acciones le pertenecen en una abrumadora mayoría a Álvarez Castellano, transfiere 137.500.000 de pesos a una cuenta bancaria de La Libertad Avanza desde una cuenta del Banco Galicia. Se convierte así en el mayor aportante privado del partido de gobierno de cara a las elecciones legislativas que se avecinan en octubre. Y, por caso, en uno de los artífices de su triunfo.

Aquella colaboración crucial durante las elecciones legislativas, fue mucho antes de la cadena nacional del presidente Javier Milei, y del repentino proyecto de ley que amenaza con sancionar empresas, accionistas y proveedores que hacen negocios en Malvinas. Álvarez Castellano, el excéntrico corredor de rally, jura ahora públicamente que ni un dólar de su fortuna lo hizo pescando en las aguas de las islas: algo que desmiente la historia que hoy se ventila. 

Septiembre de 2026, San Pablo. Un llamado al bajar del avión

Jueves 17 de septiembre. Cinco y cuarenta y cuatro de la tarde. Llega un mensaje desde San Pablo, Brasil. “Hola disculpa recién aterrizo en San Pablo camino a Buenos Aires”. Es la respuesta del presidente de Conarpesa a mis llamados de esa mañana, dos, y al mensaje de Whatsapp. Hablamos por teléfono durante media hora, antes de cerrar esta primera nota. Me escucha: 

—El tema está en agenda a partir de la cadena nacional del presidente y de la presentación del proyecto de ley. Se anuncia que además de las empresas que explotan el petróleo las multas y sanciones se van a extender a otras empresas que exploten recursos naturales en las islas. Y eso obviamente incluye la pesca.

Álvarez Castellano me dice que no escuchó ni leyó nada sobre el proyecto, porque acaba de aterrizar en San Pablo, en una escala de regreso a Buenos Aires. Me dice que viene de Hong Kong a Buenos Aires. Y rápidamente se corrige: ahora dice que viene de Bangkok. Los diarios, en cambio, dicen que ni uno ni el otro: que viene de cerrar una operación en Taiwan. Lo cierto es que en uno de los tres países de Asia - me cuenta la operación - acaba de comprar un barco. Se llamaba “Ocean Venture II”, tenía bandera de Vanatú, y ha quedado en un astillero de puerto de Yantai, al oeste de China. La idea de Álvarez Castellano es que tenerlo el verano que viene pescando calamar bajo otro nombre: “Puerto Madryn 1995”. La fecha y el lugar que lo unieron con Argentina.

—Como no tengo ningún tipo de relación, ni mis nuevos socios de hace 3 años, con ninguna empresa de Malvinas, tampoco sé mucho del tema —dice el empresario—. En su momento, antes de venderle una parte de la empresa a Wofco, ese tema salió en la agenda y ellos me dijeron que toda su vinculación con cualquier empresa o relación con Malvinas la habían dejado porque habían vendido el negocio. A Borja Tenorio, uno de los dueños de Wofco, yo le he vendido langostino desde que estoy en Argentina.  Conoce todas las reglas de juego en Argentina. 

—Le quería preguntar específicamente por eso. Wofco tenía una parte de una empresa que se llama Frigoríficos del Morrazo, que a su vez manejaba Lafonia, la empresa que pescaba en Malvinas. 

—Puede ser. No lo sé. Es que te juro: de esto soy un burro. Porque me dedico las 24 horas del día a hacer y a cuidar lo que tengo en Argentina, porque yo vivo en Argentina, hice todo lo que tengo en Argentina y me voy a morir en Argentina.

Álvarez Castellano jura que cuando cerraron el trato, el tema de las Malvinas se tocó. Que sus nuevos socios le aseguraron que se habían desprendido de todo y que él, sin pedir detalles, confió. Lo mismo cuenta aquella fuente en off ya mencionada, pero con una diferencia temporal no menor: dijo que habían vendido “un tiempo después” de comprar Conarpesa, para ponerse a derecho. 

—Según lo que yo investigué —insistí—, la incompatibilidad se daría cuando Wofco compra una parte de Conarpesa y pasa a ser socio suyo. Si Wofco sigue teniendo intereses en Malvinas, ahí entra en contradicción con la ley. 

—No, ahí no entra en contradicción, porque cuando Wofco compró mi parte, lo primero que se puso encima de la mesa fue ésto lo y no hacía falta ni repreguntarlo: los intereses que hubieran tenido o no en Malvinas o alguien de ellos en el pasado, pasado estaba.

Lo llevé hacia otro tema:

—Usted le hizo, a través de Agropez, un aporte muy grande a La Libertad Avanza en las últimas elecciones. ¿Cuál fue el motivo?

—Pues sí, porque creo más en este gobierno (...). El aporte fueron 100.000 dólares, el equivalente en pesos. Creo que para una empresa que factura 150 millones de dólares, está bien. Lo aporté con mucho orgullo y en las próximas elecciones, si quieren, también lo voy a aportar.

—O sea, usted cree que para la actividad pesquera este gobierno lo está haciendo bien. 

—Sí, exacto. Yo quiero que le vaya bien, eso está claro. A la actividad pesquera este gobierno le está haciendo bien. Luego, otra cosa, es lo que pasa con el general de la gente, la clase media lo está pasando fatal porque está todo muy caro, pero a la actividad de la pesca este gobierno y las políticas de este gobierno le están yendo bien, me parece que estamos por el buen camino. 

Al terminar la conversación pienso en la distancia entre los empresarios y los trabajadores. Algo que entendí muy bien en el vuelo en que volví de Malvinas, junto a James Wallace, dueño de Fortuna, la pesquera más grande de las islas, y dos de sus empleados heridos. Una historia que contaré en la segunda parte de esta investigación, junto con los números apabullantes del dinero que han ganado las empresas en esa zona gris entre las aguas que controla el gobierno argentino y las que controlan los isleños.