A Donald Trump y a Javier Milei los hermanan las onomatopeyas y también unas amenazas existenciales concretas. Sus administraciones iliberales y revolucionarias penden de un mismo dilema crítico: cómo pagar una deuda desproporcionada, condicionados por un déficit asfixiante de dólares y obligados a evitar una nueva espiral inflacionaria que se los puede llevar puestos. Ambos líderes reaccionarios (sin eufemismos) vienen ganando la batalla cultural contra el progresismo, pero para que sus revoluciones sean sostenibles a corto plazo deberán realizar un esfuerzo colosal para apropiarse de activos financieros de cualquier origen y de todas partes.
No se trata de una rabieta fiscal: sus programas de gobierno son la expansión total de las zonas sin ley del mundo offshore. Un asalto sin cuartel a toda infraestructura institucional que obstruya la consolidación de una nueva hegemonía de los gigantes financieros que están transformando el capitalismo: fondos de inversión, mega plataformas tecnológicas y sus tecno-oligarcas, redes financieras informales, fintechs, shadow banking, non-banking y cripto managers. De eso se trata el deal que Estados Unidos le impuso a sus condescendientes socios del G7, destrozando 13 años de negociaciones que habían conducido al impuesto mínimo global de 15% para multinacionales.
La RAND Corporation, el think tank al servicio del gobierno norteamericano desde el comienzo de la guerra fría, caracterizó a esta etapa como una era neomedieval. Un tiempo inaugurado en 2000, con Estados frágiles, sociedades fragmentadas, desigualdad económica, amenazas globales y guerras informalizadas —disputadas por actores no estatales y medios informales—. Yanis Varoufakis habla de tecnofeudalismo, un sistema jerárquico en manos de pocas empresas que acaparan el excedente y disputan la hegemonía a esferas del poder económico heredadas del siglo XX.
La voracidad por dólares de la segunda presidencia de Donald Trump le debe más al pragmatismo que a la ética protestante que, según Max Weber, está en origen del capitalismo. Estados Unidos arrastra una deuda alevosa y un déficit presupuestario federal en torno al 6% del PIB que condiciona fuertemente el cumplimiento de sus pagos. La mayor potencia del mundo es, a la vez, el mayor prestatario del mundo: el 40% de la emisión mundial de deuda a largo plazo de este año fue tomada por Estados Unidos. La ampliación de favores fiscales a los poderosos añadirá 3,8 billones de dólares a la deuda estadounidense en la próxima década, llevándola a la cifra de 40 billones de dólares (sí, con doce ceros: 40.000.000.000.000). El déficit alcanzaría al 8% de la producción económica en 2026.
La instrumentalización de aranceles, al ser impuestos a las importaciones, no estarían saneando el dilema: si bien pueden ayudar a la reducción del déficit, también se trasladarán a costos y por tanto a precios. Más allá de los inconvenientes judiciales que empieza a tener que gestionar la administración trumpista, estos impuestos a mercancías importadas podrían cambiar con quiénes comercia EE.UU., pero aparentemente no lograrán reducir el déficit general, cuya raíz proviene de sus fuertes desequilibrios macroeconómicos. Por eso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la persona de mayor ascendencia sobre el hombre más imprevisible del mundo, alarmó a los mercados a principios de junio al enfatizar que Estados Unidos “nunca defaulteará su deuda”. ¿Nunca?
Más allá de los múltiples impactos e interpretaciones que esto podría tener en su gasto en Defensa y la competencia estratégica con China, es relevante que la consultora Moody’s degradó la calificación de riesgo de la deuda norteamericana. Por eso, el hombre más poderoso del planeta está hambriento de dólares. Lo que está en juego la estabilidad política de corto plazo de su administración. Para eludir las consecuencias de una potencial suspensión de pagos, y al mismo tiempo cumplir con su compromiso de mantener los recortes de impuestos a corporaciones de su primera presidencia, está dispuesto a terminar con la globalización que Estados Unidos ayudó a construir en los noventa.
El proceso de transformación global y la tensión entre Estados Unidos y China proyecta sus sombras sobre la Argentina. El premio Nobel Joseph Stiglitz dio una pista sobre lo que viene: Trump quiere convertir a su país en la mayor guarida fiscal de la historia. Un informe de la ONG Tax Justice Network le da la razón: EE.UU. encabeza hoy el Financial Secrecy Index, un ranking de países con mayor opacidad fiscal. Y otro estudio alerta sobre cómo los países con menos transparencia financiera marchan firmes hacia la autocracia. Los “bastardos de Hayek” del sur global, con Milei a la cabeza, siguen con atención aquellos procesos.
En la Argentina neomedieval, la destrucción de lo que queda del Estado benefactor está concentrada en la supresión de los gatekeepers (las autoridades administrativas que determinan qué se puede hacer y qué no). La revolución en marcha no sólo consiste en volver al paraíso perdido “hace 100 años”, sino en afianzar dinámicas presentes; liberar las fuerzas de lo que es. Y, por ahora, los campeones de la anti-política revelan una pericia para llevarlo a cabo que está ausente en los representantes de la vieja democracia liberal. Si sólo con firmar decretos de dudosa constitucionalidad y redacción se puede imponer este programa de laissez faire absoluto, es porque se podía. Y se pudo porque el Estado liberal, garante de derechos, ya no estaba ahí. Fue disuelto como por ácido en el proceso de expansión del orden corporativo de la era neomedieval.
Esta caracterización es central para entender por qué el paleo-liberalismo viene por tus dólares. Un fenómeno agravado por una variable argenta clave: el tipo de cambio sostenido artificialmente, rezagado por motivos electorales inhibe la generación de dólares genuinos. Incluso en estos días, donde el dólar tirano cruje —y ya no flota—, recordándole al Gobierno que ni siquiera eso controla del todo. Pero la verdad sea dicha: Milei no destruye un Estado ideal, ni es la primera vez que un gobierno ataca a los dólares no bancarizados de las clases medias: el corralito, en la traumática salida de la convertibilidad, es una herida presente en la memoria y patrimonio de muchos argentinos.
Con la contracción inicial de 5% del PBI y la devaluación, el propio Milei obligó a sus votantes acomodados a cambiar billetes verdes en oscuras cuevas para poder pagar sus gastos. Ahora viene por el resto: por los dólares-cash declarados en cajas de seguridad, por ejemplo, por venta de inmuebles; y por los otros, los que no fueron registrados para eludir los costos fiscales de transacciones, en el mismo ejemplo inmobiliario, y los que por su origen ilícito no pueden ser declarados. Lo que se está cocinando es la transformación neoliberal del capitalismo al tecnofeudalismo.
Por principios y por necesidad, Milei apunta sus cañones a las instancias de control, ARCA, la Aduana, los organismos anticorrupción y de transparencia. Va contra la columna vertebral de la recaudación y, por tanto, de todo eventual programa de desarrollo con justicia social. La acción de su gobierno está orientada a consolidar las guaridas fiscales extranjeras y los circuitos domésticos de lavado de activos. En los hechos, lo que quiere es asfaltar la gran autopista de pesos convertidos a dólares, suprimiendo los costos de las redes informales por las que circula el dinero no declarado.
El “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” debe ser entendido como parte de la urgencia por insertar con fórceps al país en el nuevo juego. Este proyecto prohíbe a la ARCA recoger información de consumos de hasta 10 millones de pesos y movimientos financieros de hasta 50 millones, y termina con registros que exigía la Unidad de Información Financiera (UIF), el gatekeeper controlador de transparencia financiera. También ndica que se deben respetar las normas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero, al mismo tiempo, omite decir que el monitoreo de transacciones es el fundamento de la identificación de conductas financieras criminales. Y eso es precisamente lo que está siendo derogado. La gran victoria del diablo, decía San Agustín, es encubrir su propia existencia. Pues la cadena de valor del narcotráfico, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el contrabando se sustenta en ocultar al fisco sus rentas ilegales. Subestimar la potencialidad corrosiva de flujos de capital anonimizados sale caro a mediano plazo. Este mecanismo tampoco es invento de Milei. Más bien es al revés. Hunde su raíz in illo tempore y le debe su forma presente en gran medida a la laxitud regulatoria casi inalterada desde la dictadura militar.
Las reformas despertaron susceptibilidades y muchos inversores temen cortocircuitos con los sistemas internacionales de compliance, con potencial inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que traería consecuencias económicas y reputacionales. Una de las consecuencias de la crisis de 2008 fue que todos los países acordaron un sistema automático de intercambio de información bancaria y otras medidas de supervisión de los flujos financieros internacionales y de identificación de los dueños reales de empresas. La Argentina, por caso, era hasta hoy el país que más información bancaria compartía en América Latina según un reciente informe OCDE. ¿Qué ocurrirá de acá en más?
Dólares urgentes y opacidad
En el marco del choque global de titanes, Argentina funciona como eslabón de un mecanismo de desviación encubierta de fondos de la banca multilateral (FMI/Banco Mundial, BID) para financiar reembolsos a los fondos privados. Esa es la naturaleza del favor que el primer Trump hizo a los fondos buitre durante la presidencia de Mauricio Macri. El préstamo récord de 57 mil millones de dólares del FMI se diluyó en pagos de deuda. Lo recibieron en gran medida compañías que compran bonos soberanos defaulteados, hacen juicio al Estado en tribunales de Nueva York y los cobran al 100 por ciento de su valor nominal. Stiglitz las llama “compañías litigantes”: nada de inversión, nada de riesgo.
Hoy la historia se repite. Contra el consejo de casi la mitad del directorio del FMI, la administración Milei-Caputo logró otro empréstito de 20 mil millones de dólares para auxilio del programa monetario. Trump obró nuevamente como representante del lobby corporativo. Así logró que los nuevos desembolsos escalonados llegaran a tiempo para cumplir con los pagos de deuda y al mismo tiempo sostener la fantasía de una baja inflación controlada por el mercado en un contexto de baja emisión monetaria. Sin embargo, esta fantasía encubre que la reducción del índice de inflación se explica en gran medida por el atraso cambiario. La aniquilación de la inflación es una pieza clave de la estrategia y narrativa electoral del oficialismo, que al mismo tiempo incrementa la falta de dólares genuinos, llevando a manotazos de ahogado desreguladores para succionar los dólares del colchón de las clases medias.
A este escenario se le suma un problema estructural que caracteriza al modelo argentino: el ahorro nacional es —a diferencia de lo que ocurre en países como Uruguay, Bolivia y Brasil— en dólares. En otras palabras, la fuga de capitales corresponde, en primer lugar, a la dolarización del excedente generado por los grupos económicos y, en menor medida, al ahorro de las clases medias. En el bimestre abril-mayo se compró una altísima cantidad de dólares para atesoramiento: 5.250 millones —récord solo superado en 2018 con la crisis macrista—, lo que representa un consumo de potenciales reservas, más allá de que hayan sido ofertadas por el sector privado. “Comprá, campeón”, ironizó Toto Caputo hace unos días. Y parece que le están haciendo caso. El dólar ya se encuentra en la mitad superior de la banda cambiaria.
Los parches para paliar urgencias recurriendo a bicicletas financieras no alcanzan para tranquilizar a los mercados. Los CEOs aplauden, sus analistas y gestores de fondos acompañan, pero desconfían. La OCDE, el selecto club de países ricos al que la Argentina aspira integrar, revisó a la baja sus pronósticos de performance económica, incluidos los de Argentina. En este contexto, el Plan de Reparación Histórica, el levantamiento parcial del cepo, las “finanzas abiertas” y el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias consolidados en el proyecto de ley de Inocencia Fiscal vienen acompañados de una retórica que distrae sobre el origen nebuloso de los dólares a la pesca. Si “no hay plata” para dar estabilidad política al programa de gobierno, el Gobierno va por el dólar colchón.
La incompetencia, esa fuerza poderosa
Aunque cruel, el destrozo de hospitales, jubilaciones, ciencia y tecnología, cultura y universidades públicas es el lado cosmético del programa Milei-Caputo. Ajustes para reducir déficit fiscal, meter ese ahorro en reservas para sostener la paridad cambiaria y contener la inflación con intervenciones del Banco Central. El cambio estructural de la revolución libertaria pasa por crear una autopista por la que especuladores y exportadores de materias primas (RIGI mediante) puedan remitir divisas al exterior.
En números y cronologías:
Los dólares comprados desde abril con la eliminación parcial del cepo no terminaron masivamente en cuentas bancarias. Esto es un indicador de tipo forense que permite concluir que la confianza de los ahorristas corre por un carril distinto al de la popularidad del presidente. Quizás lo votarían de nuevo, pero no le comprarían un auto usado.
Entre abril y mayo, un millón de argentinos se zambulleron a comprar 2.048 millones de dólares. Pero sólo una fracción transformó ese ahorro en depósito bancario. El resto fue a parar debajo de los colchones. En abril, el BCRA se desprendió de 711 millones de dólares para sostener la brecha cambiaria y darle sustentabilidad táctica al programa estratégico de transferencia de reservas a los fondos de inversión y a la viabilidad electoral de corto plazo del gobierno: inflación contenida con atraso cambiario.
El FMI miró para otro lado a la hora de evaluar si la Argentina cumplía con las obligaciones que le puso a cambio del nuevo crédito salvador. La condición era que la Argentina reforzara sus reservas en 4.400 millones de dólares (porque el 9 de julio se deben afrontar vencimientos por 4.500 millones de dólares). Informes independientes indican que a pesar de las desregulaciones, el blanqueo y el levantamiento parcial del cepo, el país no llegaría a cumplir el objetivo. Es por eso que el ministro de Economía salió a buscar (en un mal momento porque Wall Street estaba ocupado con la escalada entre EE.UU. e Irán) préstamos por unos 2 mil millones de dólares más con bancos internacionales y al mismo tiempo colocaron bonos de corto plazo para captar unos 7 mil millones más hasta fin de año.
Estos equilibrios inestables, basados en la toma discrecional de deuda de múltiples fuentes se producen en un contexto en el que las reservas brutas internacionales habían acumulado un retroceso de 2.106 millones de dólares en los primeros meses del año.
Y todo esto en un escenario en que —con altas tasas, vientos celestiales y recortes de retenciones— se había logrado una liquidación récord de exportaciones agropecuarias: 3 mil millones de dólares en mayo y 3.700 millones en junio; un total de 15 mil millones acumulados en el primer semestre.
A pesar de todo esto, el stock de reservas cayó hasta 36.854 millones de dólares, “el nivel más bajo desde la llegada de los dólares frescos de organismos internacionales a mediados de abril”. Entonces no intervino la mano invisible de Adam Smith. Se impuso más bien la mano cleptocrática de los especuladores financieros, amigos del Gobierno y adictos a la bicicleta. Y así nació el bono BONTE 2030, una oferta de deuda a tasa elevadísima, 29.5% con vencimiento en 2027: una escupida al cielo que caerá en la cabeza del propio gobierno, que se verá obligado a pagar altísimos intereses en un año de elecciones presidenciales.
El gobierno da por descontado que el FMI accederá a una dispensa, un waiver, por no cumplir los objetivos de reservas. Sin embargo, el problema contable está colocado en el segundo semestre, tiempo electoral en el que no habrá cosecha gruesa ni Vaca Muerta que venga al rescate. Más allá de manifestar observaciones al incumplimiento de la meta de acumualción de reservas, el FMI probablemente no pedirá correcciones al programa económico antes de las elecciones de este año. Pero por desgracia para las fuerzas del cielo, los operadores del mercado no siempre están alineados con los objetivos políticos que EE.UU. impone en el FMI.
Así, el INDEC reveló a finales de junio un déficit de la cuenta corriente del primer trimestre de 2025 de 5.191 millones de dólares, con una cifra récord en turismo. Se encendieron todas las alarmas. El banco JP Morgan aconsejó «dar un paso atrás» con los bonos argentinos y empezar a desarmar el carry trade, ya que, habiendo obtenido suficientes ganancias, los riesgos del déficit de la cuenta corriente (superior al 2% del PBI), el estancamiento de las reservas y las turbulencias electorales aconsejan actuar con prudencia. El desmonte del carry trade implicará una presión en el mercado cambiario. Incluso se cuestiona si la vista gorda del FMI será suficiente para llegar sin turbulencias a las elecciones.
Criptoevasores, los gamers al poder
La destrucción creativa de los aparatos de Estado es más que evidente en la cruzada por institucionalizar la evasión fiscal y reemplazar incluso al dólar abrazando criptomonedas desvinculadas por completo de la economía real. El affaire $LIBRA, una estafa que involucra al presidente argentino, se desprende de este principio.
Trump, pionero en la emisión de meme coins, apenas llegó al gobierno ordenó al Departamento del Tesoro levantar las sanciones a operadores y plataformas acusadas de lavado de activos al tiempo que sus legisladores revirtieron los controles de la administración precedente. Como si fuera poco, lanzó una poco convincente “reserva estratégica de criptomonedas” anunciada con pólvora húmeda durante la primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca. Y hasta colocó a Paul Atkins, un manager de criptoactivos y sistemas financieros no bancarios, al frente de la US Securities and Exchange Commission (SEC), la agencia encargada de regular y supervisar los mercados financieros.
La industria de las criptomonedas está en su mejor momento. Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo sumó bitcoins a su portfolio por 150 mil millones de dólares. Y Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, una plataforma que funciona como mercado de criptomonedas, predijo que la creciente deuda de Estados Unidos hará que el bitcoin “acabe sustituyendo al dólar como moneda de reserva mundial”.
Allá va Trump 2.0 y con él, el mundo: a salir del régimen de transparencia que obligaba a compartir la verdadera identidad de los propietarios de empresas, retirar a EE.UU. de las negociaciones de un convenio marco de la ONU para la cooperación fiscal y, la frutilla del postre, su opaca y masiva apertura al mundo cripto. El desmontaje de mecanismos de transparencia como los que aplican Milei y Caputo para capturar dólares colchón sólo puede terminar favoreciendo la geopolítica criminal.